La tasa de inversión en los países emergentes aumenta siguiendo las tendencias de fondo de la economía mundial y las características de sus sistemas políticos no la frenan ni la frustran; en todo caso, como en la Argentina, lo que hacen es disminuir su intensidad.
El nivel de pobreza, la debilidad institucional, el peso de la corrupción no son lo decisivo; lo crucial son las tendencias de fondo, ante todo demográficas, y derivados : consumo per cápita, ampliación del mercado interno y capacidad exportadora .
HSBC, el segundo banco del mundo, decidió ampliar sus operaciones en la Argentina e invertirá U$S 106 millones en tres años. La decisión se tomó tras “valorar el potencial económico de largo plazo, más allá de lo coyuntural, a partir de las perspectivas de valorización de sus productos exportables”.
¿Cuáles son las tendencias de largo plazo de la economía global? La población mundial (6.900 millones de habitantes) superará los 9.000 millones en 2050 (ONU) y crece 75 / 80 millones por año.
El 98% del aumento tendrá lugar en los países emergentes.
Este giro está acompañado de dos cambios económicos centrales, de largo plazo: los países emergentes crecen 3 veces más rápido que los avanzados (7% / 8% vs. 1,5% / 2% anual) y más de 80% del crecimiento global es obra del mundo emergente.
Dentro de esta tendencia hay un vector cualitativo, decisivo económicamente: el auge de la clase media global (con ingresos entre U$S 5.000 y U$S 30.000 anuales), que podría alcanzar en 2021 a 2.000 millones de personas de los países emergentes (Brookings Institute). Para entonces su capacidad de compra sería U$S 5,6 billones. Hay que agregar que 75% del crecimiento de esta clase media global tiene lugar sólo en dos países: China e India.
China tiene 50% más de usuarios de Internet que la población norteamericana (457 millones) e India, más portadores de telefonía móvil que la población sumada de EE.UU. y Canadá. El mayor diario de lengua inglesa no es The New York Times, sino Times of India , con 200 millones de lectores.
El auge de la clase media global es sinónimo de urbanización y ésta, de incremento del consumo de energía, proteínas y metales. El cálculo del mercado de Londres es que en los próximos 10 años se consumirán más recursos naturales que en los últimos 100.
Una consecuencia central de esta tendencia de fondo es que crece el desequilibrio entre oferta y demanda agroalimentaria , arrastrado por el hecho de que los principales países emergentes (China / India), al carecer de tierras fértiles no utilizadas y experimentar una severa restricción acuífera, aumentarán sus importaciones alimentarias.
Brookings calcula que la capacidad de consumo de la clase media asiática sería 59% del total mundial en 2030 (hoy 23%). Por eso Wal Mart tiene hoy en China 267 hipermercados y planea abrir otros 300 para 2020.
La República Popular se transformaría así en un país de clase media (+ de 50% de la población) en 12 años .
En los últimos 20 años, 200 millones de campesinos chinos pasaron del campo a las ciudades, el mayor proceso de urbanización de la historia . Ahora se estima que 300 millones migrarán a las urbes en las próximas dos décadas. Unos 3 millones de campesinos arriban a los centros urbanos por semana.
Lo real es lo actual y lo posible. Si Argentina recibiera un porcentaje semejante de inversión extranjera directa (IED) al que reciben sus vecinos (Brasil / Uruguay / Chile), obtendría este año más de U$S 35.000 millones, estimación conservadora.
Hay que sumarle que probablemente es el país de América latina de más alta tasa de ahorro, sólo que en el exterior y ajeno a la inversión , como lo indican los U$S 60.000 millones que se han fugado desde 2007.
La falta de capitales ha dejado de ser una restricción en el proceso de acumulación del siglo XXI.
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lunes, 20 de junio de 2011
Las provincias desmienten a Moreno. Por Alfonso Prat-Gay
Cuando era un piojo de jardín de infantes, mi hija se pasaba horas mirando unos libros de imágenes muy ingeniosos llamados ¿Dónde está Wally? Las láminas mostraban grandes multitudes en las situaciones más divertidas y diversas, y en todas ellas, camuflado entre tanta gente, aparecía un joven desgarbado de anteojos y camisa a rayas rojiblanca que tanto nos costaba identificar: ¡Wally! Pasábamos horas jugando al Dónde está Wally.
La evolución de los índices oficiales de inflación en la Argentina me recuerdan a Wally. Antes de que Néstor Kirchner le ordenara a Guillermo Moreno la intervención del Indec, era dificilísimo distinguir el índice de precios al consumidor (IPC) que el Indec mide en el área metropolitana de Buenos Aires de los otros índices oficiales recabados por las direcciones estadísticas de 17 provincias. Había que resaltar mucho la línea del Indec -una licencia que Wally jamás hubiera permitido- para poder encontrarla en medio de la maraña de índices que decían lo mismo. Recuerdo que cuando presidía el Banco Central, con el objetivo de mantener la inflación lo más baja y más estable posible en todo el país, reclamábamos un índice de precios federal. Pero lo hacíamos sin apuro, ya que veíamos que las diferencias estadísticas aquí y allá eran insignificantes -lo que para el Indec fue 4,4% en 2004, para el promedio de las provincias fue 4,2%.
Acceda al informe
¿Dónde está (el secretario de Comercio Interior) Moreno? El pasatiempo se torna aburrido, y una pesadilla más que un juego, a partir de 2007: Moreno queda rápidamente en evidencia por su falsificación del IPC. También por la discontinuación, en marzo de 2008, de los índices que conformaban el IPC nacional (CABA, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Catamarca, Tucumán) que ahora Amado Boudou dice querer recuperar con la ayuda del FMI. Lo vemos también a partir de 2008 en la desaceleración de la inflación de Mendoza, que pasó a ser una provincia oficialista, y en la aceleración en Santa Fe, que dejó de serlo.
En consecuencia, para desenmascarar a Moreno y las mentiras del Indec no es necesario recurrir a los consultores a quienes Moreno multa por decir la verdad . Hay un contraste institucionalmente más potente y es el que surge de la comparación con las mediciones independientes de muchas provincias de esta república federal. Y si bien es cierto que las canastas y las metodologías son diversas, sus mediciones siempre dijeron más o menos lo mismo. Cuando hay un aumento sostenido y generalizado de precios, la correlación de precios es tan alta que distintas canastas dan resultados similares. De otro modo no se explica que la inflación de "liberales trasnochados de los ?90" coincida con la de Moyano. De hecho, hay 40 millones de canastas de precios que desmienten a Moreno.
En abril, la inflación de Moreno marcó 08% mensual. En las provincias, en cambio, estuvo entre 2 y 2,9% -¡el triple! En los últimos 12 meses, la inflación oficial de las 11 provincias independientes fue del 23,3%, casi lo mismo que consiguió Moyano en su negociación salarial.
El Gobierno podrá encontrar consuelo en que la inflación en los tiempos de Boudou-Marcó del Pont aún es más baja que en los tiempos de Fernández-Redrado. Consuelo de tontos, realmente, ya que gracias a ella hoy hay más pobres, menos exportaciones, menos empleo y más incertidumbre. Ya que en vez de enfrentar las obvias inconsistencias en la política económica, todo se tapa, todo se niega, nadie se hace cargo. Tristemente, ¿Y dónde está el piloto? le gana hoy a ¿Dónde está Wally?
El autor es diputado nacional (CC) y ex presidente del Banco Central. Leer más...
La evolución de los índices oficiales de inflación en la Argentina me recuerdan a Wally. Antes de que Néstor Kirchner le ordenara a Guillermo Moreno la intervención del Indec, era dificilísimo distinguir el índice de precios al consumidor (IPC) que el Indec mide en el área metropolitana de Buenos Aires de los otros índices oficiales recabados por las direcciones estadísticas de 17 provincias. Había que resaltar mucho la línea del Indec -una licencia que Wally jamás hubiera permitido- para poder encontrarla en medio de la maraña de índices que decían lo mismo. Recuerdo que cuando presidía el Banco Central, con el objetivo de mantener la inflación lo más baja y más estable posible en todo el país, reclamábamos un índice de precios federal. Pero lo hacíamos sin apuro, ya que veíamos que las diferencias estadísticas aquí y allá eran insignificantes -lo que para el Indec fue 4,4% en 2004, para el promedio de las provincias fue 4,2%.
Acceda al informe
¿Dónde está (el secretario de Comercio Interior) Moreno? El pasatiempo se torna aburrido, y una pesadilla más que un juego, a partir de 2007: Moreno queda rápidamente en evidencia por su falsificación del IPC. También por la discontinuación, en marzo de 2008, de los índices que conformaban el IPC nacional (CABA, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Catamarca, Tucumán) que ahora Amado Boudou dice querer recuperar con la ayuda del FMI. Lo vemos también a partir de 2008 en la desaceleración de la inflación de Mendoza, que pasó a ser una provincia oficialista, y en la aceleración en Santa Fe, que dejó de serlo.
En consecuencia, para desenmascarar a Moreno y las mentiras del Indec no es necesario recurrir a los consultores a quienes Moreno multa por decir la verdad . Hay un contraste institucionalmente más potente y es el que surge de la comparación con las mediciones independientes de muchas provincias de esta república federal. Y si bien es cierto que las canastas y las metodologías son diversas, sus mediciones siempre dijeron más o menos lo mismo. Cuando hay un aumento sostenido y generalizado de precios, la correlación de precios es tan alta que distintas canastas dan resultados similares. De otro modo no se explica que la inflación de "liberales trasnochados de los ?90" coincida con la de Moyano. De hecho, hay 40 millones de canastas de precios que desmienten a Moreno.
En abril, la inflación de Moreno marcó 08% mensual. En las provincias, en cambio, estuvo entre 2 y 2,9% -¡el triple! En los últimos 12 meses, la inflación oficial de las 11 provincias independientes fue del 23,3%, casi lo mismo que consiguió Moyano en su negociación salarial.
El Gobierno podrá encontrar consuelo en que la inflación en los tiempos de Boudou-Marcó del Pont aún es más baja que en los tiempos de Fernández-Redrado. Consuelo de tontos, realmente, ya que gracias a ella hoy hay más pobres, menos exportaciones, menos empleo y más incertidumbre. Ya que en vez de enfrentar las obvias inconsistencias en la política económica, todo se tapa, todo se niega, nadie se hace cargo. Tristemente, ¿Y dónde está el piloto? le gana hoy a ¿Dónde está Wally?
El autor es diputado nacional (CC) y ex presidente del Banco Central. Leer más...
jueves, 16 de junio de 2011
Las patas de la mentira ya no son tan largas. Por Adrián Simioni
Es raro: el debate electoral debería poner sobre la mesa una cuestión clave que, sin embargo, parece obturada por la creencia instalada que da por hechas la postulación y la victoria de Cristina Fernández y porque la agenda económica se oculta tras
escándalos de poca monta.
La cuestión es que el “modelo” –ahora autodenominado “proyecto nacional y popular”, como si el resto de las fracciones políticas fueran “británicas y oligárquicas”– ha variado de manera sustancial. La progresiva de-saparición de los superávit gemelos (el fiscal y el comercial) y del colchón de competitividad de salarios bajos derivados de la devaluación duhaldista modificará la política económica luego de las elecciones (si no antes).
Esto no es el pronóstico de ninguna hecatombe, que nadie prevé. Es sólo que, por dar apenas un ejemplo, ya sin tantos recursos excedentes para sostener déficits como el de Aerolíneas Argentinas, será difícil dedicar cuatro años a seguir autoelogiándose por la decisión de reestatizarla y mantener a los gremios aeronáuticos en relativa calma.
El caso de la inflación. Seguir con el simplismo de falsear la inflación es un claro ejemplo de los límites que se están tocando. Y por razones no sólo políticas –como el absurdo de que ahora la cifra más creíble la dé la oposición, con base en el promedio simple de datos privados–, sino financieras.
El lunes, en una reunión de la Fundación Mediterránea, el economista Jorge Vasconcelos planteó, entre otras cosas, que también se han achicado los márgenes para que el Estado nacional siga pagando los vencimientos de la deuda de la administración pública con los dólares de lo que debería ser un organismo autárquico, como el Banco Central.
Entre 2010 y 2011, se destinaron 15 mil millones de dólares de las llamadas “reservas de libre disponibilidad” a cancelar obligaciones. Y, según el cálculo de Vasconcelos, hacia fin de este año quedará, según la definición actual de esas reservas, un margen de entre dos mil y tres mil millones de dólares para aplicar al mismo fin.
En parte, esto es por el achique del superávit comercial, que tiende a dejar un menor margen de dólares en el país. Y, con una reducción de su superávit fiscal, el Estado tiende a contar con menos chances que en años anteriores de afrontar los pagos con su propio dinero.
Como los vencimientos superan la cifra de dólares que, se supone, estarán disponibles, lo esperable es que el Estado deba esforzarse, por primera vez en muchos años, por conseguir crédito. Financiamiento real, no el de la Anses, que también ve achicarse sus márgenes. Anses podría obtener recursos para prestarle al Estado si vendiera las acciones en las que se invirtieron los ahorros previsionales de la década de 1990. Pero eso implica obstáculos económicos (tiraría abajo la Bolsa) y políticos (¿cómo explicarlo en 6,7,8?).
La plata es lo de menos. No es que el Estado no consiga que hoy le presten. Pero debe convalidar una tasa de nueve por ciento anual, muy superior al cinco por ciento que paga, por ejemplo, Brasil. Y que puede llegar a ser más alta si cambia el panorama internacional de tasas súper deprimidas.
Si quiere abaratar ese costo, Argentina está forzada a cambiar la percepción de los prestamistas sobre su nivel de riesgo. Mentir la inflación es una de las cosas que menos ayuda a ser creíble. No en vano el ministro de Economía, Amado Boudou, abrió una puertita para que, sin que los votantes kirchneristas lo noten demasiado, el Fondo Monetario Internacional (FMI) le avale una nueva forma de medir la variación de precios. Una alternativa es impulsar políticas para que la inflación baje, ya sean “nacionales y populares”, como las de controles de precios, o “liberales y salvajes”, como las de ajuste.
El de la inflación es sólo un ejemplo sobre cómo un marco económico que cambió obligará a modificar varias políticas públicas, que además están encadenadas. El próximo Gobierno tendría, posiblemente, dos opciones:
Correr hacia adelante. Aquí se explican los temores empresarios a que el Gobierno busque nuevos modos de apropiación de rentas, como la nacionalización del comercio de granos, pero en un contexto en el que los tres niveles del Estado se apropian ya del 34,7 por ciento del producto interno bruto.
Doblar más o menos en “U”. Lo cual tendría fuertes costos políticos frente a los sectores estatales, sindicalizados, protegidos de la competencia y/o subvencionados.
Quién sabe... capaz que los perdedores de las próximas elecciones terminen festejando la derrota como una victoria. Después de todo, hoy no parece buen negocio hacerse cargo del futuro gobierno. Y lo mejor sería que quien encendió el horno se encargue de sacar los bollos. Leer más...
La cuestión es que el “modelo” –ahora autodenominado “proyecto nacional y popular”, como si el resto de las fracciones políticas fueran “británicas y oligárquicas”– ha variado de manera sustancial. La progresiva de-saparición de los superávit gemelos (el fiscal y el comercial) y del colchón de competitividad de salarios bajos derivados de la devaluación duhaldista modificará la política económica luego de las elecciones (si no antes).
Esto no es el pronóstico de ninguna hecatombe, que nadie prevé. Es sólo que, por dar apenas un ejemplo, ya sin tantos recursos excedentes para sostener déficits como el de Aerolíneas Argentinas, será difícil dedicar cuatro años a seguir autoelogiándose por la decisión de reestatizarla y mantener a los gremios aeronáuticos en relativa calma.
El caso de la inflación. Seguir con el simplismo de falsear la inflación es un claro ejemplo de los límites que se están tocando. Y por razones no sólo políticas –como el absurdo de que ahora la cifra más creíble la dé la oposición, con base en el promedio simple de datos privados–, sino financieras.
El lunes, en una reunión de la Fundación Mediterránea, el economista Jorge Vasconcelos planteó, entre otras cosas, que también se han achicado los márgenes para que el Estado nacional siga pagando los vencimientos de la deuda de la administración pública con los dólares de lo que debería ser un organismo autárquico, como el Banco Central.
Entre 2010 y 2011, se destinaron 15 mil millones de dólares de las llamadas “reservas de libre disponibilidad” a cancelar obligaciones. Y, según el cálculo de Vasconcelos, hacia fin de este año quedará, según la definición actual de esas reservas, un margen de entre dos mil y tres mil millones de dólares para aplicar al mismo fin.
En parte, esto es por el achique del superávit comercial, que tiende a dejar un menor margen de dólares en el país. Y, con una reducción de su superávit fiscal, el Estado tiende a contar con menos chances que en años anteriores de afrontar los pagos con su propio dinero.
Como los vencimientos superan la cifra de dólares que, se supone, estarán disponibles, lo esperable es que el Estado deba esforzarse, por primera vez en muchos años, por conseguir crédito. Financiamiento real, no el de la Anses, que también ve achicarse sus márgenes. Anses podría obtener recursos para prestarle al Estado si vendiera las acciones en las que se invirtieron los ahorros previsionales de la década de 1990. Pero eso implica obstáculos económicos (tiraría abajo la Bolsa) y políticos (¿cómo explicarlo en 6,7,8?).
La plata es lo de menos. No es que el Estado no consiga que hoy le presten. Pero debe convalidar una tasa de nueve por ciento anual, muy superior al cinco por ciento que paga, por ejemplo, Brasil. Y que puede llegar a ser más alta si cambia el panorama internacional de tasas súper deprimidas.
Si quiere abaratar ese costo, Argentina está forzada a cambiar la percepción de los prestamistas sobre su nivel de riesgo. Mentir la inflación es una de las cosas que menos ayuda a ser creíble. No en vano el ministro de Economía, Amado Boudou, abrió una puertita para que, sin que los votantes kirchneristas lo noten demasiado, el Fondo Monetario Internacional (FMI) le avale una nueva forma de medir la variación de precios. Una alternativa es impulsar políticas para que la inflación baje, ya sean “nacionales y populares”, como las de controles de precios, o “liberales y salvajes”, como las de ajuste.
El de la inflación es sólo un ejemplo sobre cómo un marco económico que cambió obligará a modificar varias políticas públicas, que además están encadenadas. El próximo Gobierno tendría, posiblemente, dos opciones:
Correr hacia adelante. Aquí se explican los temores empresarios a que el Gobierno busque nuevos modos de apropiación de rentas, como la nacionalización del comercio de granos, pero en un contexto en el que los tres niveles del Estado se apropian ya del 34,7 por ciento del producto interno bruto.
Doblar más o menos en “U”. Lo cual tendría fuertes costos políticos frente a los sectores estatales, sindicalizados, protegidos de la competencia y/o subvencionados.
Quién sabe... capaz que los perdedores de las próximas elecciones terminen festejando la derrota como una victoria. Después de todo, hoy no parece buen negocio hacerse cargo del futuro gobierno. Y lo mejor sería que quien encendió el horno se encargue de sacar los bollos. Leer más...
domingo, 12 de junio de 2011
El verdadero reto será en el 2013. Por Rodolfo Terragno
Los dos próximos años serán difíciles para cualquiera. Si hay reelección, habrá desencanto. Si hay cambio, añoranzas.
El período 2002-2011 ha sido propicio para la Argentina: elevadas tasas de crecimiento, aumento del empleo y explosión de consumo. Estas fueron las razones de la bonanza:
1. La introducción de la semilla transgénica (1996). Sumada a la siembra directa, multiplicó la productividad de la agricultura sojera. Eso convirtió a la Argentina en uno de los mayores proveedores de soja en el mundo.
2. El fuerte incremento de la demanda global, provocado por China (2001-2011). Solamente en soja, China quintuplicó, en diez años, sus importaciones: pasó de 10 millones de toneladas a 50 millones.
3. El boom de los commodities (2001-2011). La demanda china catapultó los precios: la soja pasó de 170 a 540 dólares la tonelada.
4. La devaluación . Los exportadores no sólo facturaron mucho más (por el crecimiento de la demanda) sino que pasaron a recibir 3 pesos (no 1) por cada dólar exportado. El comercio exterior actuó como locomotora de la economía. Hubo un raudo crecimiento de las reservas y del ingreso fiscal. El país gozó de superávits gemelos.
5. La renegociación de la deuda (2006). Una quita que parecía inalcanzable permitió disminuir sensiblemente la carga de la deuda.
Los años que vienen no serán como los que se fueron:
1. Diversificación de la producción mundial . Brasil aprobó la semilla transgénica nueve años después que la Argentina. Sin embargo, hoy produce 13 millones de toneladas más que la Argentina y es el segundo proveedor mundial, detrás de los Estados Unidos.
2. Desaceleración de la demanda global.
La tasa de crecimiento china podría descender este año de 10 a 7 por ciento. Europa está en una época de austeridad. A los Estados Unidos los preocupa el desempleo creciente.
3. Perspectivas de competencia . En los últimos años, EE.UU., Brasil y la Argentina se apoderaron del mercado chino para la soja. Ahora, la gran compradora, China, está impulsando la producción propia y ya está casi en la mitad de lo que produce la Argentina.
4. Retraso cambiario.
La inflación, al aumentar los costos de producción, reduce el valor real del dólar que reciben los exportadores. Esto restringe la exportación y favorece que los productos importados inunden el mercado interno. El dólar está hoy a 4,10, pero si se le descuenta la inflación acumulada desde 2002, está a 0,95.
5. Deuda y fuga de divisas . Hoy la deuda triplica a las reservas. No es una relación alarmante; pero debe tenerse en cuenta la fuga de dinero, que en los últimos 8 años sumó 66.000 millones de dólares.
En este contexto, se hace más difícil resolver problemas nuevos, que de por sí presentan grandes dificultades.
La inflación . Cálculos independientes dicen que la inflación anual está en 25 por ciento: la segunda del continente y la sexta del mundo. En otras épocas, esto se solucionaba (con trágicas consecuencias de largo plazo) apreciando el peso. Con eso, lo importado eran más barato que lo nacional y obligaba a los productores locales a reducir márgenes. Con la tablita y la convertibilidad aprendimos que eso es pan para hoy, hambre para mañana.
El gasto público . En los últimos años imitamos a la cigarra, no a la hormiga. Las cuentas públicas se han hecho cada vez menos halagüeñas y el fisco ha debido recurrir a fondos de los jubilados y reservas del Banco Central: recursos que (legítimos o no) sólo sirven para remendar.
Los subsidios . El Estado gasta 11 millones de pesos por hora para subsidiar actividades y precios. Si se quitaran tales subsidios no sólo aumentaría la inflación sino que se produciría una rebelión social. El público, acostumbrado a los precios subsidiados, no toleraría un brusco pase a la realidad. A la vez, si se mantuvieran los subsidios, se marcharía hacia una crisis fiscal.
La lucha contra la inflación demandará medidas fiscales y monetarias que, inevitablemente, desacelerarán el crecimiento y el consumo. La racionalización del gasto público también será un arma de doble filo. En el largo plazo será beneficiosa, pero en el corto tendrá víctimas que, naturalmente, no se quedarán calladas. La eliminación de los subsidios – aunque sea parcial y se la ejerza paulatinamente- provocará fuertes reacciones. Mucho o poco, habrá un aumento sensible de los servicios públicos.
Esto significa que, gobierne quien gobierne, los próximos años serán arduos.
Si a fines de año hay reelección, la Presidenta no podrá continuar la marcha fácil del período 2003-2011 y provocará un comprensible desencanto. Además, ella tendrá poco tiempo para sortear obstáculos. Como no hay segunda reelección, la temprana puja por la sucesión resentirá muy pronto la capacidad de decisión de su nuevo gobierno.
Si lo que hay es cambio, el nuevo gobierno deberá afrontar comparaciones con el “ayer” y el “hoy”. La gente razonará que “antes” no existían los problemas que irán surgiendo.
Las soluciones para esos problemas no serán populares y el Gobierno, que no tendrá mayoría en el Congreso, se verá hostigado por el sindicalismo y las fuerzas opositoras .
Nada de esto significa que estemos condenados. Ni la reelección ni el cambio tienen por qué ser dramáticos si todos los candidatos toman conciencia de los problemas a resolver y acuerdan (antes de la elección) que podrán disentir en un sinfín de doctrinas, pero que los problemas más apremiantes exigen coincidencias sobre los remedios a aplicar .
La idea es que el próximo gobierno haga lo que debe hacer, y la oposición lo acompañe.
No es una posición idílica: todo quien sienta que tiene posibilidades de sentarse en el sillón tendrá que pensar, en algún momento, en el 11 de diciembre. Advertirá entonces que sólo (o sola) no podrá. El momento decisivo, en el cual hay que pensar desde ahora, será 2013. Sólo entonces sabremos si el país se ha encaminado, o si hay que tomar nuevos rumbos. Leer más...
El período 2002-2011 ha sido propicio para la Argentina: elevadas tasas de crecimiento, aumento del empleo y explosión de consumo. Estas fueron las razones de la bonanza:
1. La introducción de la semilla transgénica (1996). Sumada a la siembra directa, multiplicó la productividad de la agricultura sojera. Eso convirtió a la Argentina en uno de los mayores proveedores de soja en el mundo.
2. El fuerte incremento de la demanda global, provocado por China (2001-2011). Solamente en soja, China quintuplicó, en diez años, sus importaciones: pasó de 10 millones de toneladas a 50 millones.
3. El boom de los commodities (2001-2011). La demanda china catapultó los precios: la soja pasó de 170 a 540 dólares la tonelada.
4. La devaluación . Los exportadores no sólo facturaron mucho más (por el crecimiento de la demanda) sino que pasaron a recibir 3 pesos (no 1) por cada dólar exportado. El comercio exterior actuó como locomotora de la economía. Hubo un raudo crecimiento de las reservas y del ingreso fiscal. El país gozó de superávits gemelos.
5. La renegociación de la deuda (2006). Una quita que parecía inalcanzable permitió disminuir sensiblemente la carga de la deuda.
Los años que vienen no serán como los que se fueron:
1. Diversificación de la producción mundial . Brasil aprobó la semilla transgénica nueve años después que la Argentina. Sin embargo, hoy produce 13 millones de toneladas más que la Argentina y es el segundo proveedor mundial, detrás de los Estados Unidos.
2. Desaceleración de la demanda global.
La tasa de crecimiento china podría descender este año de 10 a 7 por ciento. Europa está en una época de austeridad. A los Estados Unidos los preocupa el desempleo creciente.
3. Perspectivas de competencia . En los últimos años, EE.UU., Brasil y la Argentina se apoderaron del mercado chino para la soja. Ahora, la gran compradora, China, está impulsando la producción propia y ya está casi en la mitad de lo que produce la Argentina.
4. Retraso cambiario.
La inflación, al aumentar los costos de producción, reduce el valor real del dólar que reciben los exportadores. Esto restringe la exportación y favorece que los productos importados inunden el mercado interno. El dólar está hoy a 4,10, pero si se le descuenta la inflación acumulada desde 2002, está a 0,95.
5. Deuda y fuga de divisas . Hoy la deuda triplica a las reservas. No es una relación alarmante; pero debe tenerse en cuenta la fuga de dinero, que en los últimos 8 años sumó 66.000 millones de dólares.
En este contexto, se hace más difícil resolver problemas nuevos, que de por sí presentan grandes dificultades.
La inflación . Cálculos independientes dicen que la inflación anual está en 25 por ciento: la segunda del continente y la sexta del mundo. En otras épocas, esto se solucionaba (con trágicas consecuencias de largo plazo) apreciando el peso. Con eso, lo importado eran más barato que lo nacional y obligaba a los productores locales a reducir márgenes. Con la tablita y la convertibilidad aprendimos que eso es pan para hoy, hambre para mañana.
El gasto público . En los últimos años imitamos a la cigarra, no a la hormiga. Las cuentas públicas se han hecho cada vez menos halagüeñas y el fisco ha debido recurrir a fondos de los jubilados y reservas del Banco Central: recursos que (legítimos o no) sólo sirven para remendar.
Los subsidios . El Estado gasta 11 millones de pesos por hora para subsidiar actividades y precios. Si se quitaran tales subsidios no sólo aumentaría la inflación sino que se produciría una rebelión social. El público, acostumbrado a los precios subsidiados, no toleraría un brusco pase a la realidad. A la vez, si se mantuvieran los subsidios, se marcharía hacia una crisis fiscal.
La lucha contra la inflación demandará medidas fiscales y monetarias que, inevitablemente, desacelerarán el crecimiento y el consumo. La racionalización del gasto público también será un arma de doble filo. En el largo plazo será beneficiosa, pero en el corto tendrá víctimas que, naturalmente, no se quedarán calladas. La eliminación de los subsidios – aunque sea parcial y se la ejerza paulatinamente- provocará fuertes reacciones. Mucho o poco, habrá un aumento sensible de los servicios públicos.
Esto significa que, gobierne quien gobierne, los próximos años serán arduos.
Si a fines de año hay reelección, la Presidenta no podrá continuar la marcha fácil del período 2003-2011 y provocará un comprensible desencanto. Además, ella tendrá poco tiempo para sortear obstáculos. Como no hay segunda reelección, la temprana puja por la sucesión resentirá muy pronto la capacidad de decisión de su nuevo gobierno.
Si lo que hay es cambio, el nuevo gobierno deberá afrontar comparaciones con el “ayer” y el “hoy”. La gente razonará que “antes” no existían los problemas que irán surgiendo.
Las soluciones para esos problemas no serán populares y el Gobierno, que no tendrá mayoría en el Congreso, se verá hostigado por el sindicalismo y las fuerzas opositoras .
Nada de esto significa que estemos condenados. Ni la reelección ni el cambio tienen por qué ser dramáticos si todos los candidatos toman conciencia de los problemas a resolver y acuerdan (antes de la elección) que podrán disentir en un sinfín de doctrinas, pero que los problemas más apremiantes exigen coincidencias sobre los remedios a aplicar .
La idea es que el próximo gobierno haga lo que debe hacer, y la oposición lo acompañe.
No es una posición idílica: todo quien sienta que tiene posibilidades de sentarse en el sillón tendrá que pensar, en algún momento, en el 11 de diciembre. Advertirá entonces que sólo (o sola) no podrá. El momento decisivo, en el cual hay que pensar desde ahora, será 2013. Sólo entonces sabremos si el país se ha encaminado, o si hay que tomar nuevos rumbos. Leer más...
El país ya no se autoabastece. Por Jorge Lapeña
La Argentina ha perdido en 2010 su condición de país autoabastecido en materia energética. Este había sido un objetivo largamente perseguido por los gobiernos argentinos desde el descubrimiento de petróleo, en 1907. Esa condición se alcanzó finalmente en 1989, y fue posible por la conjunción de factores políticos, institucionales y técnicos: 1) la existencia de una política nacional permanente; 2) el descubrimiento por YPF de las grandes reservas de gas natural en las décadas del 70 y el 80, y 3) el incremento sostenido de la producción nacional de hidrocarburos en un marco de inversión creciente.
Las causas son conocidas: la caída productiva crónica y sin precedente de nuestros yacimientos, que está asociada a la disminución de las reservas comprobadas, producto de la falta de inversión de riesgo en exploración de estos años. Nuestro país combina a lo largo de esta década oferta decreciente con demanda creciente: el déficit es una resultante natural.
Un caso interesante para ver cómo la Argentina ha degradado su condición energética es el del gas natural, la columna vertebral del sistema. El país firmó hasta 2004 contratos de exportación de gas natural por 27 millones de m3/día que aproximadamente representan un saldo exportable de un 25% del mercado total. Hoy las exportaciones son apenas el 1% de lo comprometido. En cambio, las importaciones (por gasoducto desde Bolivia y como gas natural licuado desde los puertos de Bahía Blanca y Escobar) hoy ascienden a 26 millones de m3/día con tendencia creciente. Las importaciones incluyen además cantidades crecientes de gasoil y fueloil para la generación eléctrica.
La pérdida del autoabastecimiento viene acompañada de dos efectos indeseables. Lo primero será el cambio de signo no coyuntural de la balanza comercial energética: hasta ahora el sector aportaba dólares, y ahora comenzará a demandarlos en forma creciente. En 2006 el saldo de la balanza comercial era de unos US$ 5600 millones; en 2011 habrá un saldo negativo que superará los US$ 1000 millones; las proyecciones a mediano y largo plazo indican que las importaciones crecerán en magnitud.
En segundo lugar, las importaciones agravarán las cuentas del Tesoro aumentando los subsidios, porque los precios del producto importado son muy superiores al valor con que dicho producto se comercializa en el mercado interno. Si las estaciones de servicio vendieran el GNC al precio de importación, éste debería subir en el surtidor en un 150%; evitar esto implica elevar subsidios. Los subsidios energéticos son crecientes e insostenibles y comprometen junto con los subsidios al transporte un alto porcentaje del PBI. Una cuestión adicional sobre las importaciones de gas natural: dudo que las soluciones que se están implementando con el apuro sean las más convenientes y las más racionales para la planificación energética estratégica. Habrá que poner la lupa sobre este tema; transparentar y sobre todo ver si los precios que pagamos son competitivos y están exentos de sobrecostos.
El autor fue secretario de energía de la Nación Leer más...
Las causas son conocidas: la caída productiva crónica y sin precedente de nuestros yacimientos, que está asociada a la disminución de las reservas comprobadas, producto de la falta de inversión de riesgo en exploración de estos años. Nuestro país combina a lo largo de esta década oferta decreciente con demanda creciente: el déficit es una resultante natural.
Un caso interesante para ver cómo la Argentina ha degradado su condición energética es el del gas natural, la columna vertebral del sistema. El país firmó hasta 2004 contratos de exportación de gas natural por 27 millones de m3/día que aproximadamente representan un saldo exportable de un 25% del mercado total. Hoy las exportaciones son apenas el 1% de lo comprometido. En cambio, las importaciones (por gasoducto desde Bolivia y como gas natural licuado desde los puertos de Bahía Blanca y Escobar) hoy ascienden a 26 millones de m3/día con tendencia creciente. Las importaciones incluyen además cantidades crecientes de gasoil y fueloil para la generación eléctrica.
La pérdida del autoabastecimiento viene acompañada de dos efectos indeseables. Lo primero será el cambio de signo no coyuntural de la balanza comercial energética: hasta ahora el sector aportaba dólares, y ahora comenzará a demandarlos en forma creciente. En 2006 el saldo de la balanza comercial era de unos US$ 5600 millones; en 2011 habrá un saldo negativo que superará los US$ 1000 millones; las proyecciones a mediano y largo plazo indican que las importaciones crecerán en magnitud.
En segundo lugar, las importaciones agravarán las cuentas del Tesoro aumentando los subsidios, porque los precios del producto importado son muy superiores al valor con que dicho producto se comercializa en el mercado interno. Si las estaciones de servicio vendieran el GNC al precio de importación, éste debería subir en el surtidor en un 150%; evitar esto implica elevar subsidios. Los subsidios energéticos son crecientes e insostenibles y comprometen junto con los subsidios al transporte un alto porcentaje del PBI. Una cuestión adicional sobre las importaciones de gas natural: dudo que las soluciones que se están implementando con el apuro sean las más convenientes y las más racionales para la planificación energética estratégica. Habrá que poner la lupa sobre este tema; transparentar y sobre todo ver si los precios que pagamos son competitivos y están exentos de sobrecostos.
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Colectivos insaciables: un cheque diario de $ 10 millones en subsidios. Por Diego Cabot
ES tanto, pero tanto que resulta complicado de dimensionar. El kirchnerismo ha logrado algo inédito: convertir a los colectivos urbanos y de larga distancia, que jamás en la historia tuvieron subsidios, en un yunque para las finanzas de la Argentina.
Desde 2002, salieron de la ventanilla oficial pagos por $ 34.000 millones destinados a los empresarios del transporte, que, claro está, benefician a los usuarios que pagan una tarifa baja, sobre todo en Capital Federal y el Gran Buenos Aires. ¿Qué significa este número que se parece a una peregrinación de nueve ceros seguidos? Por ejemplo, que cada día que pasó desde aquel aciago mayo de 2002, cuando la Argentina estaba aturdida por la crisis, el Estado aportó 10 millones diarios o, lo que es lo mismo, 425.000 por cada 60 minutos.
Desde entonces, cuando se instauró un precio diferenciado de gasoil para todos los colectivos que andan por el país, se entregaron 5300 millones de litros de ese combustible. A diferencia de otros consumidores, los transportistas pagan casi el 80% del gasoil que consumen a $ 0,97, muy por debajo de los 3,60 a los que se consigue en los surtidores porteños.
Si se lo quisiera acopiar, habría que tener un recipiente cúbico de 176 metros de largo por la misma altura para colocar todo el combustible que se subsidió al sector. Simple ejercicio gráfico: para cargar los 388 millones de litros de gasoil que el Gobierno entregó sólo al transporte porteño en 2010 se necesitaría una fila de alrededor de 640.000 Volkswagen Gol -el auto más vendido de la Argentina- que carguen su tanque. Cuando el primero termine de cargar el combustible en el Congreso, el último de la cola estaría a pocos kilómetros de Río Gallegos.
Este festival de cifras y millones que acompañan al transporte argentino no es más que la información pública que da a conocer mes a mes la Secretaría de Transporte y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y que La Nacion compiló en una base de datos que se irá actualizando mes por mes y que permitirá tener una radiografía de un sector clave, tanto para los usuarios como para la economía.
Como se dijo, las cifras abruman. En promedio, cada uno de los 9516 colectivos que circulan por la ciudad -según datos a diciembre de la CNRT- recibe 3410 litros de gasoil a precio diferencial, lo que da un total anual de 40.870 litros. Si el transportista tuviese que pagar ese combustible, necesitaría desembolsar $ 147.118. Sin embargo, gracias al precio subsidiado paga 39.640; del resto, 107.478, se hace cargo el Estado. A esa cifra habrá que sumarle una transferencia en efectivo que desde 2002 reciben los dueños de las líneas para hacer frente a los mayores costos -mucho mayores- con una tarifa prácticamente congelada. En promedio, cada colectivo que circula por la Capital Federal -numerados del 1 al 200- cobra para andar 23.367 por mes, lo que da un total anual de 280.410.
Así las cosas, cualquier usuario porteño que se pare en una esquina de Buenos Aires y que vea pasar uno de los 9516 colectivos que están declarados como que circulan puede estar seguro de que el Estado le entregó ese día $ 1062 a cada uno de ellos. Mañana, otro tanto, y pasado mañana, otro monto similar.
Nadie parece estar tan cómodo en un esquema que empezó en la emergencia, que se acentuó con los años y que ahora se tornó una carga para funcionarios y empresarios. Más allá de las sospechas que siempre rodearon y rodean a un sector que liquida esta catarata de millones con la simple presentación de una declaración jurada, la bola de nieve que se formó es cada vez más complicada de desarticular, especialmente en el transporte urbano.
Daniel Millaci, presidente de la Cámara de Empresarios del Autotransporte de Pasajeros, que reúne a gran parte de los dueños de colectivos porteños, le pone palabras al pensamiento de gran parte del sector. "Creemos que hay necesidad de incrementar las tarifas del sector porque el desfase que existe es enorme", dice. En la Capital Federal hay tres secciones de boleto que pagan $ 1,10, 1,20 y 1,25 pesos. "Cuando llega un delivery a su casa -dice a La Nacion-, seguro que le da más de un peso. Ya nada sale un peso." La realidad es que, según los datos que tienen los propios transportistas, el subsidio en efectivo más el gasoil subvencionado representan el 70% del total de lo que se recauda por cada unidad. Sólo $ 3 de cada 10 los aporta la tarifa.
Desde el Gobierno apuntan al Sistema Unico de Boleto Electrónico (SUBE) como la manera de transparentar el complejo sistema que prácticamente tiene desarticulados los controles desde hace años. Juan Pablo Schiavi, secretario de Transporte, habló anteayer con lanacion.com. "El Estado tiene, por primera vez, un control absoluto de todas las transacciones que existen gracias a la memoria electrónica, lo que permite blanquear todas las actividades económicas ligadas a este sector y tener una idea clara de la cantidad de viajes y de pasajeros transportados en la ciudad", explicó. Admitió que la medida despertó resistencias en algunas empresas de transporte, pero ya fueron superadas.
Tener en línea las transacciones no soluciona el problema. El SUBE tiene un costo que se paga a las empresas que intervienen en la comercialización, recarga, administración, almacenamiento y procesamiento de los datos. ¿Quién pagará por ese servicio si la tarifa está congelada? ¿Serán los transportistas relegando algo de su dinero o el Estado con más subsidios? La gimnasia de estos años indica que siempre que se incrementaron los costos, fue el Estado el que puso el dinero. En la Capital, los principales receptores de dinero público fueron el Grupo Plaza (de los Cirigliano), la línea 60 (Monsa), la 216, Azul (una empresa rosarina) y DOTA, el principal actor si se suman todas las empresas que tiene. Estas empresas son del grupo de las que reciben más de $ 100 millones por año.
El asunto no tiene principio ni fin en los límites de la Capital Federal. Desde hace años, el sistema de ómnibus de larga distancia también tiene fuertes subsidios, no en dinero en efectivo, pero sí en gasoil. Cada una de las unidades que transitan por el país lo hace con combustible barato. Desde 2006, se otorgó un cupo de 5200 millones de litros. Allí, los principales receptores de gasoil subsidiado son Flecha Bus (de la familia entrerriana Derudder), Plaza, Vía Bariloche, Nueva Chevallier y Crucero del Norte.
Años de políticas públicas, erradas o no, formaron esta maraña de millones. Es fácil aproximarse desde una base de datos y contar la fila de ceros que forman cada número; pero es imposible desarmarla de un día para otro. Leer más...
Desde 2002, salieron de la ventanilla oficial pagos por $ 34.000 millones destinados a los empresarios del transporte, que, claro está, benefician a los usuarios que pagan una tarifa baja, sobre todo en Capital Federal y el Gran Buenos Aires. ¿Qué significa este número que se parece a una peregrinación de nueve ceros seguidos? Por ejemplo, que cada día que pasó desde aquel aciago mayo de 2002, cuando la Argentina estaba aturdida por la crisis, el Estado aportó 10 millones diarios o, lo que es lo mismo, 425.000 por cada 60 minutos.
Desde entonces, cuando se instauró un precio diferenciado de gasoil para todos los colectivos que andan por el país, se entregaron 5300 millones de litros de ese combustible. A diferencia de otros consumidores, los transportistas pagan casi el 80% del gasoil que consumen a $ 0,97, muy por debajo de los 3,60 a los que se consigue en los surtidores porteños.
Si se lo quisiera acopiar, habría que tener un recipiente cúbico de 176 metros de largo por la misma altura para colocar todo el combustible que se subsidió al sector. Simple ejercicio gráfico: para cargar los 388 millones de litros de gasoil que el Gobierno entregó sólo al transporte porteño en 2010 se necesitaría una fila de alrededor de 640.000 Volkswagen Gol -el auto más vendido de la Argentina- que carguen su tanque. Cuando el primero termine de cargar el combustible en el Congreso, el último de la cola estaría a pocos kilómetros de Río Gallegos.
Este festival de cifras y millones que acompañan al transporte argentino no es más que la información pública que da a conocer mes a mes la Secretaría de Transporte y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y que La Nacion compiló en una base de datos que se irá actualizando mes por mes y que permitirá tener una radiografía de un sector clave, tanto para los usuarios como para la economía.
Como se dijo, las cifras abruman. En promedio, cada uno de los 9516 colectivos que circulan por la ciudad -según datos a diciembre de la CNRT- recibe 3410 litros de gasoil a precio diferencial, lo que da un total anual de 40.870 litros. Si el transportista tuviese que pagar ese combustible, necesitaría desembolsar $ 147.118. Sin embargo, gracias al precio subsidiado paga 39.640; del resto, 107.478, se hace cargo el Estado. A esa cifra habrá que sumarle una transferencia en efectivo que desde 2002 reciben los dueños de las líneas para hacer frente a los mayores costos -mucho mayores- con una tarifa prácticamente congelada. En promedio, cada colectivo que circula por la Capital Federal -numerados del 1 al 200- cobra para andar 23.367 por mes, lo que da un total anual de 280.410.
Así las cosas, cualquier usuario porteño que se pare en una esquina de Buenos Aires y que vea pasar uno de los 9516 colectivos que están declarados como que circulan puede estar seguro de que el Estado le entregó ese día $ 1062 a cada uno de ellos. Mañana, otro tanto, y pasado mañana, otro monto similar.
Nadie parece estar tan cómodo en un esquema que empezó en la emergencia, que se acentuó con los años y que ahora se tornó una carga para funcionarios y empresarios. Más allá de las sospechas que siempre rodearon y rodean a un sector que liquida esta catarata de millones con la simple presentación de una declaración jurada, la bola de nieve que se formó es cada vez más complicada de desarticular, especialmente en el transporte urbano.
Daniel Millaci, presidente de la Cámara de Empresarios del Autotransporte de Pasajeros, que reúne a gran parte de los dueños de colectivos porteños, le pone palabras al pensamiento de gran parte del sector. "Creemos que hay necesidad de incrementar las tarifas del sector porque el desfase que existe es enorme", dice. En la Capital Federal hay tres secciones de boleto que pagan $ 1,10, 1,20 y 1,25 pesos. "Cuando llega un delivery a su casa -dice a La Nacion-, seguro que le da más de un peso. Ya nada sale un peso." La realidad es que, según los datos que tienen los propios transportistas, el subsidio en efectivo más el gasoil subvencionado representan el 70% del total de lo que se recauda por cada unidad. Sólo $ 3 de cada 10 los aporta la tarifa.
Desde el Gobierno apuntan al Sistema Unico de Boleto Electrónico (SUBE) como la manera de transparentar el complejo sistema que prácticamente tiene desarticulados los controles desde hace años. Juan Pablo Schiavi, secretario de Transporte, habló anteayer con lanacion.com. "El Estado tiene, por primera vez, un control absoluto de todas las transacciones que existen gracias a la memoria electrónica, lo que permite blanquear todas las actividades económicas ligadas a este sector y tener una idea clara de la cantidad de viajes y de pasajeros transportados en la ciudad", explicó. Admitió que la medida despertó resistencias en algunas empresas de transporte, pero ya fueron superadas.
Tener en línea las transacciones no soluciona el problema. El SUBE tiene un costo que se paga a las empresas que intervienen en la comercialización, recarga, administración, almacenamiento y procesamiento de los datos. ¿Quién pagará por ese servicio si la tarifa está congelada? ¿Serán los transportistas relegando algo de su dinero o el Estado con más subsidios? La gimnasia de estos años indica que siempre que se incrementaron los costos, fue el Estado el que puso el dinero. En la Capital, los principales receptores de dinero público fueron el Grupo Plaza (de los Cirigliano), la línea 60 (Monsa), la 216, Azul (una empresa rosarina) y DOTA, el principal actor si se suman todas las empresas que tiene. Estas empresas son del grupo de las que reciben más de $ 100 millones por año.
El asunto no tiene principio ni fin en los límites de la Capital Federal. Desde hace años, el sistema de ómnibus de larga distancia también tiene fuertes subsidios, no en dinero en efectivo, pero sí en gasoil. Cada una de las unidades que transitan por el país lo hace con combustible barato. Desde 2006, se otorgó un cupo de 5200 millones de litros. Allí, los principales receptores de gasoil subsidiado son Flecha Bus (de la familia entrerriana Derudder), Plaza, Vía Bariloche, Nueva Chevallier y Crucero del Norte.
Años de políticas públicas, erradas o no, formaron esta maraña de millones. Es fácil aproximarse desde una base de datos y contar la fila de ceros que forman cada número; pero es imposible desarmarla de un día para otro. Leer más...
La industria mejoró, pero sin un salto tecnológico. Por Alejandro Rebossio
La industria se recuperó de la profunda crisis en que se sumergió entre 1998 y 2002, pero sin cambiar la matriz productiva heredada. Esta conclusión se desprende de un trabajo publicado recientemente por la investigadora del Instituto de Desarrollo Económico y Social (IDES) Adriana Marshall.
El estudio se titula "Fuentes de crecimiento de la productividad del trabajo en una etapa expansiva (2003-2008): ¿Qué sugiere el análisis interindustrial?" y destaca que en los primeros seis años de la era kirchnerista, antes de que la economía cayera en 2009 por la crisis mundial, "la productividad por hora trabajada se expandió a una tasa promedio de 3,7%", según el Ministerio de Economía. Sin embargo, Marshall advierte que en términos históricos ese incremento fue moderado y "no se evidencia un proceso de reestructuración a favor de actividades industriales con niveles de productividad más elevados que haya contribuido al crecimiento de la productividad promedio".
"No se produjeron transformaciones significativas (especialmente, en términos de inversión en tecnología y su correlato, creciente presencia de personal con altas calificaciones) que indiquen que ese crecimiento de la productividad haya sido impulsado por un proceso generalizado de nuevas inversiones con incorporación de progreso técnico", concluye Marshal, que también es investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) e integrante del consejo honorario del IDES. De ese consejo también participan Alfredo Eric Calcagno, Torcuato Di Tella, Aldo Ferrer, Juan Carlos Gómez Sabaini, Bernardo Kosacoff, Arturo O'Connel y Juan Vital Sourrouille.
Marshall pone en contexto histórico el aumento de productividad de 2003-2008 y recuerda que en la segunda mitad del siglo XX "los aumentos más significativos en la productividad del trabajo industrial se vincularon con oleadas de introducción de nuevas actividades y/o plantas y equipamiento más modernos, que en general coincidieron con el ingreso de capitales extranjeros al sector", como en la década del 60, o "con el abaratamiento relativo de los bienes de capital en los períodos de apreciación cambiaria y disminución de las restricciones a las importaciones", como en 1979-1981 y la década del 90. Los aumentos de productividad también se lograron a costa de un alto precio: cambios regulatorios que facilitaron los despidos, según la investigadora.
El aumento de la productividad de la década pasada, en la que se destacó la recuperación del empleo, se explica por "la evolución de la demanda y sus posibles efectos sobre la capacidad productiva y su grado de utilización", razona Marshall. "El hecho de que la productividad laboral no creciera más aceleradamente en industrias con mayores recursos (financieros y otros), como lo son las actividades más concentradas y con mayores capacidades tecnológicas, sugiere que entre las fuentes principales de aumento de la productividad no figura preponderantemente el progreso tecnológico".
La autora se basa en indicadores oficiales. Por ejemplo, advierte que entre 2004 y 2008 sólo entre 22/24% de los anuncios de inversión en el país provino de la industria. En 2007 el gasto de las fábricas en mejoras de proceso suponían sólo 0,34/0,55% de las ventas; en investigación y desarrollo, 0,34%, y en creación de productos, 0,51 por ciento. Leer más...
El estudio se titula "Fuentes de crecimiento de la productividad del trabajo en una etapa expansiva (2003-2008): ¿Qué sugiere el análisis interindustrial?" y destaca que en los primeros seis años de la era kirchnerista, antes de que la economía cayera en 2009 por la crisis mundial, "la productividad por hora trabajada se expandió a una tasa promedio de 3,7%", según el Ministerio de Economía. Sin embargo, Marshall advierte que en términos históricos ese incremento fue moderado y "no se evidencia un proceso de reestructuración a favor de actividades industriales con niveles de productividad más elevados que haya contribuido al crecimiento de la productividad promedio".
"No se produjeron transformaciones significativas (especialmente, en términos de inversión en tecnología y su correlato, creciente presencia de personal con altas calificaciones) que indiquen que ese crecimiento de la productividad haya sido impulsado por un proceso generalizado de nuevas inversiones con incorporación de progreso técnico", concluye Marshal, que también es investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) e integrante del consejo honorario del IDES. De ese consejo también participan Alfredo Eric Calcagno, Torcuato Di Tella, Aldo Ferrer, Juan Carlos Gómez Sabaini, Bernardo Kosacoff, Arturo O'Connel y Juan Vital Sourrouille.
Marshall pone en contexto histórico el aumento de productividad de 2003-2008 y recuerda que en la segunda mitad del siglo XX "los aumentos más significativos en la productividad del trabajo industrial se vincularon con oleadas de introducción de nuevas actividades y/o plantas y equipamiento más modernos, que en general coincidieron con el ingreso de capitales extranjeros al sector", como en la década del 60, o "con el abaratamiento relativo de los bienes de capital en los períodos de apreciación cambiaria y disminución de las restricciones a las importaciones", como en 1979-1981 y la década del 90. Los aumentos de productividad también se lograron a costa de un alto precio: cambios regulatorios que facilitaron los despidos, según la investigadora.
El aumento de la productividad de la década pasada, en la que se destacó la recuperación del empleo, se explica por "la evolución de la demanda y sus posibles efectos sobre la capacidad productiva y su grado de utilización", razona Marshall. "El hecho de que la productividad laboral no creciera más aceleradamente en industrias con mayores recursos (financieros y otros), como lo son las actividades más concentradas y con mayores capacidades tecnológicas, sugiere que entre las fuentes principales de aumento de la productividad no figura preponderantemente el progreso tecnológico".
La autora se basa en indicadores oficiales. Por ejemplo, advierte que entre 2004 y 2008 sólo entre 22/24% de los anuncios de inversión en el país provino de la industria. En 2007 el gasto de las fábricas en mejoras de proceso suponían sólo 0,34/0,55% de las ventas; en investigación y desarrollo, 0,34%, y en creación de productos, 0,51 por ciento. Leer más...
jueves, 9 de junio de 2011
Falacias de la inflación benigna. Por Juan José Llach
Al compás de la campaña electoral y de los buenos números de la economía, se ha ido gestando la teoría de que la alta inflación, lejos de ser dañina, es benigna al permitir aumentos del consumo, de la producción, de la recaudación fiscal, del gasto público, de los salarios, de los planes sociales y de las jubilaciones, y dejar a todo el mundo contento.De ser cierta esta visión, estarían equivocados 183 de los 185 países del mundo que en 2010 se esforzaron por mantener la inflación por debajo del 20%, y, más aún, los 161 países que no permitieron que superara el 10%. Acertarían, en cambio, Afganistán y Venezuela, que estuvieron cerca del 20 y del 30%, respectivamente.
¿Y la Argentina? Aquí se ha vuelto riesgoso hablar de la inflación. No hace falta recurrir a odiosas defensas corporativas para preocuparse por el autoritarismo de sancionar a quienes procuran reemplazar los falaces números del Indec. Quienes lo hacen pasan por alto que las pocas provincias que todavía se animan a mediciones independientes muestran números muy superiores a los del Indec y semejantes a las estimaciones privadas; a saber, un 23,3% de aumento anual de los precios al consumidor hasta marzo o abril de este año. Es de esperar que las provincias no sean también sancionadas por eso. Otros indicadores del propio Indec muestran lo mismo; por ejemplo, el aumento del 28,1% anual del rubro "gastos generales" de la construcción, que representa un conjunto significativo de bienes y servicios.
Amén de considerar satisfactorio el comportamiento reciente de la economía pese a los aumentos de precios, los teóricos de la inflación benigna acercan otros dos argumentos. El primero es que nuestro país ya convivió sin mayores problemas durante unos treinta años con la "inflación latina", que promediaba un 25 o 30% anual.
La verdad es que, pese a algunos ciclos favorables, el crecimiento de la economía entre 1945 y 1974 estuvo lejos de ser brillante y sostenido. Pero no se dice, además, que si la inflación pudo mantenerse a raya hasta 1974 fue porque se intentaron en el camino cuatro planes importantes de estabilización, en 1952, 1959, 1967 y 1973, dos de ellos durante presidencias de Perón, que detestaba la inflación aunque no siempre actuara en consecuencia. Pese a los aciertos iniciales ninguno de estos cuatro planes pudo evitar que al tercer año la inflación volviera a subir. Pero sin estas políticas de estabilización la "megainflación", que se inició en 1975 y se mantuvo catorce años por encima del 100% anual, habría llegado mucho antes.
La otra línea argumental de la inflación benigna es cuestionar que sean los pobres quienes más se perjudican con ella por ser el impuesto inflacionario el más regresivo de los tributos. Ello sería así porque el incesante aumento del gasto público y de los programas sociales -tales como la bienvenida asignación por hijo o la sustancial ampliación del número de los jubilados- mitigaría o anularía el castigo a los más pobres.
Estudios recientes, sin embargo, muestran otras facetas. Así, un trabajo del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (Cifra, ligado a la CTA) subraya que el aumento de los salarios reales del conjunto de trabajadores se estancó desde 2007, aunque siguió vigente para los trabajadores registrados. Como consecuencia, la participación de los asalariados en el ingreso se encontraba en 2010 todavía por debajo de los primeros años de la década del 90. En fin, desde 2007 en adelante se estancó la sustancial reducción de la pobreza lograda hasta entonces, observándose en 2010 valores del 22,9% de la población para la pobreza y del 6,1% para la indigencia, más del doble de los estimados por el Indec.
Coinciden con estas apreciaciones, agregando valor, los resultados del último informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (ODSA). Tal como en el estudio de Cifra, se observa en la mayoría de los indicadores económicos y sociales de los hogares una sustancial mejora entre 2004 y 2007 y un estancamiento o caída de allí a 2010.
Uno de los valores agregados por el ODSA es que permite conocer con mayor detalle lo ocurrido a los más pobres. Los indicadores relevados son muy diversos, pero aquí nos concentraremos en los vinculados al nivel de ingresos, a saber, la suficiencia del ingreso monetario mensual, la capacidad de ahorro, la necesidad de recortar gastos en atención de la salud y medicamentos o de postergar pagos de servicios, alquileres o cuotas hipotecarias, el déficit de ropa de abrigo y calzado y, en fin, el riesgo alimentario general. Desde 2007 en adelante, todos estos indicadores han empeorado para el promedio de la población, salvo el del ingreso mensual insuficiente. Para el 25% de la población de menores ingresos empeoraron todos los indicadores, sin excepciones y más intensamente que para el resto de la sociedad. Es cierto que desde 2007 hasta 2010 la economía creció la mitad, que se atravesó una crisis global sin precedente y que la creación de empleos fue menor. Pero es claro que la principal causa del deterioro de los ingresos, especialmente de los más pobres, ha sido la inflación. Una evidencia al respecto es que para el conjunto de la población relevada entre 2009 y 2010 empeoraron cinco de los siete indicadores, y para los más pobres seis de los siete, quedando a salvo sólo el riesgo alimentario general, que bajó levemente, aunque sin mejoras respecto de 2006. Esta caída de los ingresos reales al pasar de un año de recesión y despidos como 2009 a otro de clara recuperación como 2010 no puede explicarse, sino por la aceleración de la inflación.
Los precios al consumidor no parecen estar acelerándose, pero sí lo están haciendo los precios mayoristas, los costos de la construcción y los salarios, estos últimos en respuesta a una inflación de la que los trabajadores no son responsables y que perciben creciente, procurando aumentos preventivos. Todo esto no augura un buen futuro para el IPC, que tampoco se corregirá con el anunciado congelamiento. Además, como ocurre siempre en alta inflación, hay precios que se están retrasando, en especial los de la energía, y en menor medida, el tipo de cambio. Y si bien es cierto que la Argentina tiene hoy un marco externo propicio, que permite financiar estas distorsiones mediante subsidios, su duplicación en lo que va de 2011 muestra el riesgo de tal política.
El problema de inflación que enfrenta la Argentina es serio, y más preocupante aún por perjudicar más a los pobres, pero puede resolverse. Por ello no deja de sorprender la pertinaz actitud del Gobierno de negar la realidad y sortear así también su cura. Siempre hay excusas: en 2008 porque subían las commodities ; en 2009 porque estaban la crisis global y el año electoral ; en 2010 habrá sido por el Bicentenario, y en 2011 porque hay elección presidencial. También se esgrime como prueba de la benignidad y para justificar la inacción el hecho de que la sociedad no le otorga prioridad a este problema en las encuestas y, ya se sabe, se gobierna para ellas, aquí y en otros lados. La gente no está obligada a conocer los riesgos de estas políticas y, en el entramado de las excusas y las encuestas, se la amenaza con el fantasma de que estabilizar es igual a caer en recesión, lo que es falso como lo prueban numerosos casos en nuestro propio continente. Lo que hay es una opción por las conveniencias de corto plazo y un descuido temerario por los costos que ya están pagando los más pobres y se extenderán luego a la sociedad, salvo que se reaccione a tiempo.
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Amén de considerar satisfactorio el comportamiento reciente de la economía pese a los aumentos de precios, los teóricos de la inflación benigna acercan otros dos argumentos. El primero es que nuestro país ya convivió sin mayores problemas durante unos treinta años con la "inflación latina", que promediaba un 25 o 30% anual.
La verdad es que, pese a algunos ciclos favorables, el crecimiento de la economía entre 1945 y 1974 estuvo lejos de ser brillante y sostenido. Pero no se dice, además, que si la inflación pudo mantenerse a raya hasta 1974 fue porque se intentaron en el camino cuatro planes importantes de estabilización, en 1952, 1959, 1967 y 1973, dos de ellos durante presidencias de Perón, que detestaba la inflación aunque no siempre actuara en consecuencia. Pese a los aciertos iniciales ninguno de estos cuatro planes pudo evitar que al tercer año la inflación volviera a subir. Pero sin estas políticas de estabilización la "megainflación", que se inició en 1975 y se mantuvo catorce años por encima del 100% anual, habría llegado mucho antes.
La otra línea argumental de la inflación benigna es cuestionar que sean los pobres quienes más se perjudican con ella por ser el impuesto inflacionario el más regresivo de los tributos. Ello sería así porque el incesante aumento del gasto público y de los programas sociales -tales como la bienvenida asignación por hijo o la sustancial ampliación del número de los jubilados- mitigaría o anularía el castigo a los más pobres.
Estudios recientes, sin embargo, muestran otras facetas. Así, un trabajo del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (Cifra, ligado a la CTA) subraya que el aumento de los salarios reales del conjunto de trabajadores se estancó desde 2007, aunque siguió vigente para los trabajadores registrados. Como consecuencia, la participación de los asalariados en el ingreso se encontraba en 2010 todavía por debajo de los primeros años de la década del 90. En fin, desde 2007 en adelante se estancó la sustancial reducción de la pobreza lograda hasta entonces, observándose en 2010 valores del 22,9% de la población para la pobreza y del 6,1% para la indigencia, más del doble de los estimados por el Indec.
Coinciden con estas apreciaciones, agregando valor, los resultados del último informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (ODSA). Tal como en el estudio de Cifra, se observa en la mayoría de los indicadores económicos y sociales de los hogares una sustancial mejora entre 2004 y 2007 y un estancamiento o caída de allí a 2010.
Uno de los valores agregados por el ODSA es que permite conocer con mayor detalle lo ocurrido a los más pobres. Los indicadores relevados son muy diversos, pero aquí nos concentraremos en los vinculados al nivel de ingresos, a saber, la suficiencia del ingreso monetario mensual, la capacidad de ahorro, la necesidad de recortar gastos en atención de la salud y medicamentos o de postergar pagos de servicios, alquileres o cuotas hipotecarias, el déficit de ropa de abrigo y calzado y, en fin, el riesgo alimentario general. Desde 2007 en adelante, todos estos indicadores han empeorado para el promedio de la población, salvo el del ingreso mensual insuficiente. Para el 25% de la población de menores ingresos empeoraron todos los indicadores, sin excepciones y más intensamente que para el resto de la sociedad. Es cierto que desde 2007 hasta 2010 la economía creció la mitad, que se atravesó una crisis global sin precedente y que la creación de empleos fue menor. Pero es claro que la principal causa del deterioro de los ingresos, especialmente de los más pobres, ha sido la inflación. Una evidencia al respecto es que para el conjunto de la población relevada entre 2009 y 2010 empeoraron cinco de los siete indicadores, y para los más pobres seis de los siete, quedando a salvo sólo el riesgo alimentario general, que bajó levemente, aunque sin mejoras respecto de 2006. Esta caída de los ingresos reales al pasar de un año de recesión y despidos como 2009 a otro de clara recuperación como 2010 no puede explicarse, sino por la aceleración de la inflación.
Los precios al consumidor no parecen estar acelerándose, pero sí lo están haciendo los precios mayoristas, los costos de la construcción y los salarios, estos últimos en respuesta a una inflación de la que los trabajadores no son responsables y que perciben creciente, procurando aumentos preventivos. Todo esto no augura un buen futuro para el IPC, que tampoco se corregirá con el anunciado congelamiento. Además, como ocurre siempre en alta inflación, hay precios que se están retrasando, en especial los de la energía, y en menor medida, el tipo de cambio. Y si bien es cierto que la Argentina tiene hoy un marco externo propicio, que permite financiar estas distorsiones mediante subsidios, su duplicación en lo que va de 2011 muestra el riesgo de tal política.
El problema de inflación que enfrenta la Argentina es serio, y más preocupante aún por perjudicar más a los pobres, pero puede resolverse. Por ello no deja de sorprender la pertinaz actitud del Gobierno de negar la realidad y sortear así también su cura. Siempre hay excusas: en 2008 porque subían las commodities ; en 2009 porque estaban la crisis global y el año electoral ; en 2010 habrá sido por el Bicentenario, y en 2011 porque hay elección presidencial. También se esgrime como prueba de la benignidad y para justificar la inacción el hecho de que la sociedad no le otorga prioridad a este problema en las encuestas y, ya se sabe, se gobierna para ellas, aquí y en otros lados. La gente no está obligada a conocer los riesgos de estas políticas y, en el entramado de las excusas y las encuestas, se la amenaza con el fantasma de que estabilizar es igual a caer en recesión, lo que es falso como lo prueban numerosos casos en nuestro propio continente. Lo que hay es una opción por las conveniencias de corto plazo y un descuido temerario por los costos que ya están pagando los más pobres y se extenderán luego a la sociedad, salvo que se reaccione a tiempo.
viernes, 3 de junio de 2011
Cuenta pendiente: la reforma tributaria. Por Carlos Petroli
(Publicado en La Voz del Interior, Suplemento Agropecuario, 03/06/2011)
Cambios importantes en el encuadramiento impositivo del agro están contenidos en la propuesta de reforma tributaria que esta semana llevaron al Congreso las principales cámaras empresarias de la Región Centro.
En la proximidad de la campaña electoral, la presentación no califica sólo por su valor coyuntural, de oportunidad. Su mayor relevancia es de otro rango: contribuye a instalar y poner de nuevo sobre el escenario político un tema de fondo para los intereses estratégicos de largo plazo del país.
Gane quien gane las elecciones y se instale en la Casa Rosada y el Congreso, los puntos centrales del documento seguirán mostrando la punta del iceberg: la necesidad “inmediata e impostergable”, como advierten los empresarios, de implementar una reforma integral del sistema tributario en sus tres niveles (nacional, provincial y municipal).
Con ese ambicioso expediente, en un marco de crecientes demandas sociales, la Argentina podría fomentar las inversiones productivas, fortalecer el desarrollo económico y social y aumentar el nivel de actividad y el empleo.
Aguad y Juez, presentes. Oscar Aguad y Luis Juez, actuales legisladores nacionales por Córdoba y aspirantes a la gobernación, recibieron a la comitiva de técnicos y empresarios de la Región Centro, junto a otros miembros del Congreso.
La creación de un Consejo Económico y Social que asesore al Congreso sobre la reforma en materia de impuestos al comercio exterior, sugerida en el documento, también está en los planes de Ricardo Alfonsín. Durante un encuentro con los ruralistas de Carbap, el candidato presidencial de la UCR apuntó que un Consejo Económico y Social, similar al que funciona en Brasil, permitiría una fluida interacción del Gobierno con los actores sociales y económicos.
En los lineamientos elaborados por una treintena de técnicos y cámaras empresarias de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, se menciona que dicho Consejo asesoraría al Congreso “sobre la implementación o no” de derechos de exportación y las alícuotas a aplicar. “Si se decide su aplicación, deberán tener alícuotas moderadas, respetar la realidad económica y la no confiscatoriedad, deberá existir razonabilidad y proporcionalidad y deberá asegurar un óptimo equilibrio fiscal. Debería permitirse su utilización como pago a cuenta del Impuesto a las Ganancias”, recomiendan los empresarios.
¿Qué utilidad tendría el análisis multisectorial con participación del Estado nacional, el Congreso, las organizaciones empresarias y sociales?
Según los privados, tal abordaje radica en que la imposición al comercio exterior tiene aristas complejas: está vinculada al perfil que asume el país dentro de la economía mundial y es un tema estrechamente conectado con el rumbo de la política económica nacional, con implicancias cambiarias, fiscales y monetarias.
En el caso de las retenciones agropecuarias, los técnicos de la Región Centro eluden un abordaje oportunista: las ubican en la categoría de “otros tributos que merecen un análisis especial”, junto con el impuesto de Sellos y sobre los Ingresos Brutos.
En cambio, enumeran en la lista de “tributos que deberían eliminarse” a los de Ganancia Mínima Presunta; contribución especial sobre el capital de las cooperativas; impuesto a los débitos y créditos bancarios y varias tasas municipales.
La gran cantidad de impuestos nacionales y alta complejidad en su administración son parte de un diagnóstico contundente: si se mide la presión teórica sobre los que pagan, la carga tributaria en relación con el producto interno bruto formal habría ascendido al 48 por ciento en 2010, por encima de varios países del primer mundo. Leer más...
Cambios importantes en el encuadramiento impositivo del agro están contenidos en la propuesta de reforma tributaria que esta semana llevaron al Congreso las principales cámaras empresarias de la Región Centro.
En la proximidad de la campaña electoral, la presentación no califica sólo por su valor coyuntural, de oportunidad. Su mayor relevancia es de otro rango: contribuye a instalar y poner de nuevo sobre el escenario político un tema de fondo para los intereses estratégicos de largo plazo del país.
Gane quien gane las elecciones y se instale en la Casa Rosada y el Congreso, los puntos centrales del documento seguirán mostrando la punta del iceberg: la necesidad “inmediata e impostergable”, como advierten los empresarios, de implementar una reforma integral del sistema tributario en sus tres niveles (nacional, provincial y municipal).
Con ese ambicioso expediente, en un marco de crecientes demandas sociales, la Argentina podría fomentar las inversiones productivas, fortalecer el desarrollo económico y social y aumentar el nivel de actividad y el empleo.
Aguad y Juez, presentes. Oscar Aguad y Luis Juez, actuales legisladores nacionales por Córdoba y aspirantes a la gobernación, recibieron a la comitiva de técnicos y empresarios de la Región Centro, junto a otros miembros del Congreso.
La creación de un Consejo Económico y Social que asesore al Congreso sobre la reforma en materia de impuestos al comercio exterior, sugerida en el documento, también está en los planes de Ricardo Alfonsín. Durante un encuentro con los ruralistas de Carbap, el candidato presidencial de la UCR apuntó que un Consejo Económico y Social, similar al que funciona en Brasil, permitiría una fluida interacción del Gobierno con los actores sociales y económicos.
En los lineamientos elaborados por una treintena de técnicos y cámaras empresarias de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, se menciona que dicho Consejo asesoraría al Congreso “sobre la implementación o no” de derechos de exportación y las alícuotas a aplicar. “Si se decide su aplicación, deberán tener alícuotas moderadas, respetar la realidad económica y la no confiscatoriedad, deberá existir razonabilidad y proporcionalidad y deberá asegurar un óptimo equilibrio fiscal. Debería permitirse su utilización como pago a cuenta del Impuesto a las Ganancias”, recomiendan los empresarios.
¿Qué utilidad tendría el análisis multisectorial con participación del Estado nacional, el Congreso, las organizaciones empresarias y sociales?
Según los privados, tal abordaje radica en que la imposición al comercio exterior tiene aristas complejas: está vinculada al perfil que asume el país dentro de la economía mundial y es un tema estrechamente conectado con el rumbo de la política económica nacional, con implicancias cambiarias, fiscales y monetarias.
En el caso de las retenciones agropecuarias, los técnicos de la Región Centro eluden un abordaje oportunista: las ubican en la categoría de “otros tributos que merecen un análisis especial”, junto con el impuesto de Sellos y sobre los Ingresos Brutos.
En cambio, enumeran en la lista de “tributos que deberían eliminarse” a los de Ganancia Mínima Presunta; contribución especial sobre el capital de las cooperativas; impuesto a los débitos y créditos bancarios y varias tasas municipales.
La gran cantidad de impuestos nacionales y alta complejidad en su administración son parte de un diagnóstico contundente: si se mide la presión teórica sobre los que pagan, la carga tributaria en relación con el producto interno bruto formal habría ascendido al 48 por ciento en 2010, por encima de varios países del primer mundo. Leer más...
miércoles, 1 de junio de 2011
Brasil puede pagar cara su dependencia de la demanda china. Por Jorge Castro
Brasil es el país del mundo más transformado por el vuelco de la economía global hacia el Asia, y en primer lugar China. Las exportaciones brasileñas a China ascendieron a U$S 30.790 millones en 2010, treinta veces más que diez años antes; y en ese período, las importaciones de China crecieron veinte veces (U$S 25.600 millones en 2010).
En los próximos 5 / 10 años, Brasil comienza la explotación de los yacimientos petrolíferos del Pre-Sal, la segunda o tercera reserva de crudo del mundo, después de Arabia Saudita. En ese período, China comprará más de 40% de la demanda mundial de petróleo y un porcentaje semejante de la producción del Pre-Sal.
El vínculo entre las dos mayores economías emergentes recién comienza.
El salto en los términos de intercambio experimentado en el comercio internacional ha sido el fundamento de la transformación de Brasil en los últimos 10 años. Estos términos, que han tenido una mejora de 40 puntos en la década, otorgaron a Brasil un saldo estructural en su balanza comercial de U$S 100.000 millones, que lo salvó del hundimiento en 2008-2009 , e hizo posible financiar el gasto social que en las condiciones de macroestabilidad logradas a partir de 1994 le permitieron incluir a 30 millones de brasileños en la clase media y asegurar a otros 50 millones su alimentación.
Pero el vínculo con China ha provocado una caída extraordinaria de las exportaciones industriales, en especial manufactureras.
Eran 58% del total en 2000 y cayeron a 38% en 2011. El déficit de la balanza industrial alcanzó a U$S 37.000 millones en 2010; el manufacturero fue mayor, quizás U$S 70.000 millones.
Al mismo tiempo, las exportaciones primarias (mineral de hierro / soja), que eran 22% en 2000, aumentaron a 46% en 2010; y si se les suma celulosa y pasta de papel superaron 60% en ese período. Se han duplicado en 10 años.
Este proceso es coincidente con una extraordinaria apreciación del real, que se valorizó 119% entre 2004 y 2011 . Un porcentaje semejante equivale al saldo de la balanza comercial en ese período. El real se aprecia porque Brasil recibe un flujo de capitales gigantesco. Atrajo en 2010 más de U$S 300.000 millones (Bolsa de San Pablo), entre ellos, U$S 54.000 millones de inversión directa (IED); y entre enero y abril de este año se incrementó 42%.
Según la Confederación Nacional de la Industria (CNI), 45% de las firmas industriales que compiten con productos chinos perdieron participación en el mercado doméstico entre 2006 y 2010; y a 67% de las firmas que exportan le sucedió lo mismo. Los factores que están detrás de la pérdida de mercado son el alto costo de la producción y la escasa productividad / competitividad, acentuados por la apreciación del real.
Los costos de producción están directamente relacionados con el costo del capital, con una tasa de interés de 12% anual, tres veces mayor a la de China; y una presión impositiva que es 37% del PBI, dos veces y media la de la República Popular.
Lo que frena las exportaciones industriales no es la apreciación del real, o la competencia china, sino el “costo Brasil”: modernización insuficiente de la infraestructura y el sistema público, escasa productividad y altos costos de producción.
El papel de Brasil en el comercio internacional es esencialmente pasivo; su superávit depende del precio de los commodities en el mercado mundial (demanda china) y no del propio Brasil.
La “reprimarización” significa un retroceso histórico ; implicaría retroceder en el proceso de acumulación lanzado por Getulio Vargas (Volta Redonda), consolidado por Juscelino Kubischek y el régimen militar, sobre todo en las presidencias de Emilio Médici y Ernesto Geisel.
El problema de Brasil no es China, ni la apreciación del real, sino la falta de una visión estratégica de largo plazo , que fije prioridades y objetivos a un proceso sistemático de reformas internas, económicas, sociales e institucionales. Leer más...
En los próximos 5 / 10 años, Brasil comienza la explotación de los yacimientos petrolíferos del Pre-Sal, la segunda o tercera reserva de crudo del mundo, después de Arabia Saudita. En ese período, China comprará más de 40% de la demanda mundial de petróleo y un porcentaje semejante de la producción del Pre-Sal.
El vínculo entre las dos mayores economías emergentes recién comienza.
El salto en los términos de intercambio experimentado en el comercio internacional ha sido el fundamento de la transformación de Brasil en los últimos 10 años. Estos términos, que han tenido una mejora de 40 puntos en la década, otorgaron a Brasil un saldo estructural en su balanza comercial de U$S 100.000 millones, que lo salvó del hundimiento en 2008-2009 , e hizo posible financiar el gasto social que en las condiciones de macroestabilidad logradas a partir de 1994 le permitieron incluir a 30 millones de brasileños en la clase media y asegurar a otros 50 millones su alimentación.
Pero el vínculo con China ha provocado una caída extraordinaria de las exportaciones industriales, en especial manufactureras.
Eran 58% del total en 2000 y cayeron a 38% en 2011. El déficit de la balanza industrial alcanzó a U$S 37.000 millones en 2010; el manufacturero fue mayor, quizás U$S 70.000 millones.
Al mismo tiempo, las exportaciones primarias (mineral de hierro / soja), que eran 22% en 2000, aumentaron a 46% en 2010; y si se les suma celulosa y pasta de papel superaron 60% en ese período. Se han duplicado en 10 años.
Este proceso es coincidente con una extraordinaria apreciación del real, que se valorizó 119% entre 2004 y 2011 . Un porcentaje semejante equivale al saldo de la balanza comercial en ese período. El real se aprecia porque Brasil recibe un flujo de capitales gigantesco. Atrajo en 2010 más de U$S 300.000 millones (Bolsa de San Pablo), entre ellos, U$S 54.000 millones de inversión directa (IED); y entre enero y abril de este año se incrementó 42%.
Según la Confederación Nacional de la Industria (CNI), 45% de las firmas industriales que compiten con productos chinos perdieron participación en el mercado doméstico entre 2006 y 2010; y a 67% de las firmas que exportan le sucedió lo mismo. Los factores que están detrás de la pérdida de mercado son el alto costo de la producción y la escasa productividad / competitividad, acentuados por la apreciación del real.
Los costos de producción están directamente relacionados con el costo del capital, con una tasa de interés de 12% anual, tres veces mayor a la de China; y una presión impositiva que es 37% del PBI, dos veces y media la de la República Popular.
Lo que frena las exportaciones industriales no es la apreciación del real, o la competencia china, sino el “costo Brasil”: modernización insuficiente de la infraestructura y el sistema público, escasa productividad y altos costos de producción.
El papel de Brasil en el comercio internacional es esencialmente pasivo; su superávit depende del precio de los commodities en el mercado mundial (demanda china) y no del propio Brasil.
La “reprimarización” significa un retroceso histórico ; implicaría retroceder en el proceso de acumulación lanzado por Getulio Vargas (Volta Redonda), consolidado por Juscelino Kubischek y el régimen militar, sobre todo en las presidencias de Emilio Médici y Ernesto Geisel.
El problema de Brasil no es China, ni la apreciación del real, sino la falta de una visión estratégica de largo plazo , que fije prioridades y objetivos a un proceso sistemático de reformas internas, económicas, sociales e institucionales. Leer más...
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