domingo, 14 de marzo de 2010

El problema no son las reservas, es el gasto. Por Andrea y Miguel Angel Broda

(Publicado en el Suplemento Económico de La Nación - Domingo 14/03/2010)

La característica saliente en toda la era K ha sido el permanente crecimiento del gasto público y el grosero incumplimiento, año tras año, de los presupuestos que aprobó el Congreso. En efecto, el gasto consolidado (Nación más provincias más municipios) pasó de 27,6% del PBI en 2003 a 41,3% en 2009 y camina para más de 42% en 2010.
Estas cifras impactan si tenemos en cuenta que el promedio del gasto entre 1980 y 2002 fue de 29,2% del PBI y más aún si consideramos que tan sólo en los tres últimos años el gasto aumentó ¡más de diez puntos del producto!, el doble que en Grecia.

Además, el kirchnerismo gastó siempre muy por encima de lo presupuestado: gastó $ 10.767 millones más en 2005; 14.041 millones en 2006; 31.012 millones en 2007 y 34.000 millones en 2008. En esos años, ese mayor gasto se financió con mayores recursos (el Gobierno subestimaba los ingresos del presupuesto para luego gastar discrecionalmente los excedentes).
Y en 2009, pese a que sus ingresos resultaron muy inferiores a los esperados, el Gobierno siguió gastando por encima de lo presupuestado, generando déficit fiscal (bien medido, el déficit financiero -caja- de la Nación fue de $ 21.114 millones el año pasado).
El deterioro fiscal, la inseguridad jurídica y la mala política económica K hicieron que hoy tengamos cerrado el acceso a los mercados de deuda a tasas inferiores al 15% anual, mientras que Grecia, casi quebrada, acaba de colocar 5.000 millones de euros a diez años a una tasa de 6,39 por ciento.
Con este aumento del gasto alocado e insostenible, que llevó a un fuerte incremento de las necesidades de financiamiento, y sin acceso a los mercados, hoy el problema de fondo es de dónde obtener las fuentes de fondeo para cubrir necesidades financieras en ascenso. O sea, el conflicto actual es por las fuentes de financiamiento de un importante agujero fiscal.
Para darse una idea, en 2008 había que atender necesidades de financiamiento (netas de pagos intrasector público) por $ 42.450 millones, en 2009 éstas ascendieron a 51.250 millones y en 2010 treparían significativamente a un rango de entre 70.000 millones y 84.000 millones (si el gasto primario del sector público nacional -SPN- crece entre 28% y 34% interanual). Siempre usaron reservas
El problema central no son las reservas. De hecho, siempre se utilizaron reservas para atender pagos de deuda en moneda extranjera.
En 2009 se usaron US$ 6353 millones, que el Tesoro le compró al Central vendiéndole los derechos especiales de giro (DEG, por $ 9583 millones) y usando los pesos que el propio BCRA le prestó (adelantos transitorios). En 2010, si el Tesoro tuviera que comprarle al Central las reservas que necesita para pagar deuda en moneda extranjera (US$ 6569 millones o $ 26.900 millones), tendría que destinar los adelantos (por un máximo permitido de $ 12.600 millones) y una parte de las utilidades que el BCRA le gira al fisco ($ 7500 millones de un total de 20/24.000 millones) a tal fin.
Y, además, tendría que utilizar los desembolsos de organismos ($ 6800 millones) para cubrir el resto de los pagos en dólares. Así, no le quedarían al kirchnerismo recursos suficientes para financiar subsidios, aviones, propaganda oficial, "fútbol para todos", etcétera.
En cambio, si el Gobierno logra (vía DNU/proyecto Verna) llevarse las reservas sin tener que comprárselas con pesos al Central y sin usar desembolsos, liberaría $ 26.900 millones para financiar la "fiesta del gasto". Moraleja: el conflicto actual no es por las reservas, sino por la necesidad de financiar un preocupante comportamiento gastomaníaco del oficialismo (que la mayor parte de la oposición parece también avalar).
Nótese que si el Gobierno cumpliera con el austero presupuesto 2010, no faltaría plata. Sólo falta plata si, como viene sucediendo, el kirchnerismo vuelve a gastar mucho más de lo aprobado en el Congreso (el propio Gobierno ya está trabajando internamente con un gasto para este año $ 55.000 millones mayor al del presupuesto). Los verdaderos retos
O sea, el problema hoy no es que hayan aumentado las amortizaciones de deuda o que se paguen las obligaciones en moneda extrajera con reservas (de hecho, en la última semana, el Tesoro le compró al BCRA US$ 365 millones de reservas con pesos de un anticipo de utilidades). El problema hoy pasa por cuán abultadas terminen siendo las necesidades de financiamiento de 2010 (que a su vez dependen de la suba del gasto), por cuánto emita el BKRA para financiar al fisco (o sea, si trabaja "turno simple o doble") y por cuánto quede para 2011 de las "erosionadas latas" que se han venido utilizando.
Los autores son economistas





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domingo, 28 de febrero de 2010

Intereses detrás del ataque a la ciencia climática. Por Jeffrey D. Sach


(Publicado en el Suplemento Económico de La Nación. Domingo 28/02/2010)

En las semanas previas y posteriores a la conferencia sobre cambio climático en Copenhague en diciembre, la ciencia del cambio climático sufrió ataques por parte de críticos que sostienen que los científicos han ocultado evidencias y que la ciencia tiene graves fallas. El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC, según sus siglas en inglés) ha sido acusado de parcialidad.
El público se siente desconcertado. Si los expertos no pueden ponerse de acuerdo respecto de la existencia de una crisis climática, ¿por qué debieran los gobiernos gastar miles de millones de dólares para enfrentarla?

Los críticos -que son pocos, pero agresivos- están utilizando tácticas que perfeccionaron más de 25 años. Han exagerado los desacuerdos científicos para detener las acciones dirigidas a controlar el cambio climático, y sectores con intereses como Exxon Mobil los financian.
Merchants of D oubt (Mercaderes de la duda), un nuevo libro de Naomi Oreskes y Erik Conway, que aparecerá a mediados de 2010, dará una versión autorizada de sus conductas tramposas. Los autores muestran que el grupo de malintencionados, que cuentan con una plataforma gracias a los ideólogos del libre mercado de The Wall Street Journal , ha tratado de confundir al público y desacreditar a los científicos cuya visión está ayudando a salvar al mundo del daño no intencional al medio ambiente.
Quienes llevan adelante la campaña contra las acciones para controlar el cambio climático tienen el apoyo de los mismos lobbies que tomaron partido por la industria del tabaco para desacreditar la ciencia que vinculó el hábito de fumar con el cáncer de pulmón. Más tarde combatieron las evidencias científicas de que el óxido de sulfuro de las usinas a carbón causaba la lluvia ácida. Luego, cuando se descubrió que ciertos productos químicos llamados CFC estaban causando la reducción de la capa de ozono en la atmósfera, los mismos grupos lanzaron campañas malévolas para desacreditar también esa ciencia.
El mismo grupo defendió más tarde a los gigantes del tabaco contra las acusaciones de que el humo de segunda mano causa cáncer y otras enfermedades. Y luego, a partir de la década de 1980, este mismo grupo se enfrentó a quienes batallan contra el cambio climático.
Aunque estos ataques contra la ciencia han estado equivocados por más de 30 años, siguen sembrando dudas sobre hechos reconocidos. Hay mucho dinero respaldando a los negadores del cambio climático, se trate de compañías que no quieren pagar el costo extra de aplicar nuevas normativas, o ideólogos del libre mercado opuestos a cualquier tipo de control estatal.
La última ronda de ataque incluye dos episodios. El primero fue el hackeo de un centro de investigaciones sobre el cambio climático en Inglaterra. Los correos electrónicos robados sugerían la falta de claridad en la presentación de algunos datos del clima. Cualesquiera que sean los detalles de este caso específico, los estudios en cuestión representan una fracción diminuta de las pruebas científicas abrumadoras que demuestran la realidad del cambio climático provocado por el hombre y la urgente necesidad de una respuesta.
El segundo asunto fue un error notorio respecto de los glaciares que apareció en un informe del IPCC. El IPCC edita miles de páginas de texto. Los errores muestran la inevitabilidad de las debilidades humanas y no fallas en la ciencia del clima.
Cuando salieron a la luz los correos electrónicos y el error del IPCC, editorialistas de The Wall Street Journal lanzaron una campaña que describía la ciencia del clima como un embuste. Sostuvieron que los científicos estaban fabricando evidencias para obtener subsidios para investigación, una acusación absurda. Pero entonces recordé que esta línea de ataque -acusar a los científicos de conspiración para llamar a los empresarios a rechazar la ciencia- fue casi idéntica a la utilizada por The Wall Street Journal y otros en el pasado cuando lucharon contra los controles sobre el tabaco, la lluvia ácida, la destrucción de la capa de ozono, el humo de segunda mano y otros contaminantes peligrosos.
La ciencia del cambio climático es una actividad intelectual maravillosa. Grandes mentes científicas a lo largo de muchas décadas aprendieron a "descifrar" la historia de la Tierra, para comprender cómo funciona el sistema del clima. Y el mensaje es claro: el uso a gran escala de petróleo, carbón y gas amenaza la biología y la química del planeta. Estamos alimentando cambios peligrosos en la química del clima y los océanos, provocando tormentas, sequías y otros eventos extremos que afectan la producción de alimentos y la calidad de vida en el planeta.
Necesitamos transformar urgentemente nuestros sistemas de energía, transporte, alimenticio, industrial y de construcción, para reducir el peligroso impacto humano sobre el clima. Es nuestra responsabilidad escuchar, entender el mensaje y actuar.

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Las consecuencias de décadas de una política errática de la Argentina. Por Emilia Subiza y Diego Cabot


(Publicado en el suplemento económico de La Nación. Domingo 28 de febrero de 2010)

La política energética que siguió la Argentina en las últimas dos décadas, más específicamente la vinculada con el petróleo, vuelve a ser cuestionada en un escenario donde subyace la posibilidad de que los británicos encuentren petróleo en las aguas cercanas a las islas Malvinas. La actividad exploratoria en la Argentina, sobre todo la offshore, que requiere aún más inversión, quedó relegada mientras que otros países de la región, con Brasil como caso paradigmático, no dejan de anunciar nuevos descubrimientos mar adentro.
¿Qué pasó? ¿Hay petróleo cerca de las costas de la Argentina o es una utopía pensar en yacimientos considerables mar adentro? Esas son algunas de las preguntas que se hacen a diario los petroleros. Y las respuestas aún no son unánimes. Primero, las causas. En voz baja los ejecutivos de las petroleras y a viva voz los consultores, todos coinciden en que la Argentina perdió mucho tiempo cuando el crudo no dejaba de batir récords en su cotización a mediados de la década pasada. Después el precio bajó y la rentabilidad de esos proyectos ya no fue la misma. La otra razón, coinciden, es una falta de política de Estado capaz de mantener los programas que, se sabe, llevan años de maduración.


Eso no es todo. Precios de referencia en el mercado interno que están lejos de los valores internacionales, falta de seguridad jurídica -un bien insustituible en proyectos largos- y también una posición cómoda de las petroleras que miraron para otro lado a la hora de atender la exploración en el mar. La consecuencia fue previsible. Hay pocos relevamientos y datos (exploración sísmica) elaborados con la última tecnología. Un ejecutivo de una petrolera lo ejemplificó de la siguiente manera: "Los grandes proyectos de exploración offshore los hizo la YPF estatal. Entonces se hacía sísmica 2D [bidimensional]. Ahora todo lo nuevo es 3D [tridimensional]. Pero estas exploraciones recién comenzaron. Y la diferencia entre uno y otro es como la que hay entre una radiografía y una tomografía computada".
Así las cosas, el país no ha desarrollado su cuenca marítima. ¿Hay petróleo? Nadie lo sabe a ciencia cierta. Por ahora, hay alguna inquietud, casi un acto reflejo por lo que está sucediendo en el vecindario. Pero certezas, pocas. Habrá que invertir para sacarse las dudas.
"La Argentina tiene muy pocos y muy malos contratos para exploración offshore de petróleo. Se usa la figura del concesionario que en el resto del mundo no se aplica desde los 80 y Enarsa es apenas un socio minoritario", dijo un ex secretario de Energía durante el gobierno de Ricardo Alfonsín, Gustavo Calleja. El especialista señaló que por falta de inversión no se ha descubierto ningún nuevo yacimiento de importancia ni siquiera en tierra, y el último importante fue a manos de la antigua petrolera estatal YPF.
La inversión que demanda un proyecto de exploración de petróleo offshore es mucha y varía de acuerdo con variables como la profundidad del agua y la magnitud del proyecto. Calleja cree que con los valores actuales del crudo (más de US$ 80) pueden ser rentables estos proyectos. Dice, además, que países como Gran Bretaña, Brasil o Chile no tienen en mente la rentabilidad sino que buscan el autoabastecimiento.
El consultor Gerardo Rabinovich contó que para Brasil el piso de precio a partir del cual conviene extraer del mar es de US$ 40 por barril: "Actualmente el margen de rentabilidad es más que interesante". Hay quienes dicen que con un precio menor que los US$ 100 por barril, Petrobras no extraerá crudo.
El ex secretario de Energía Daniel Montamat explicó que el negocio exploratorio se basa en la apropiación de la renta y que en la década del 80 había mejores condiciones de largo plazo, a pesar de que el precio internacional del petróleo era inferior. "Ahora hay un gran precio de referencia internacional, pero acá está acotado por las retenciones. En Brasil, en cambio, las empresas pueden tomar la referencia internacional y hacer proyectos de largo plazo", sostuvo.
La ley 25.943 de creación de Energía Argentina Sociedad Anónima (Enarsa), en noviembre de 2004, otorgó a la empresa estatal la titularidad de los permisos de exploración y concesiones de explotación de todos los bloques ubicados en la plataforma continental argentina que no estuvieran adjudicados a la fecha de su creación. Estos bloques se distribuyen en las cuencas sedimentarias del Salado, del Colorado, de Rawson, península Valdés, San Jorge, San Julián, Malvinas, Austral, Argentina y costa afuera.
Los proyectos exploratorios, si bien se cuentan con los dedos de una mano, se han vuelto a poner en marcha. Enarsa trabaja junto con YPF y ENAP Sipetrol (filial de la estatal chilena ENAP) en la cuenca Austral. Según datos proporcionados por YPF en ese proyecto se habrían perforado tres pozos exploratorios, a una distancia de 35 kilómetros de Santa Cruz, con una inversión de alrededor de US$ 71,5 millones.
Enarsa también está asociada a Repsol YPF, Petrobras y PetroUruguay para explorar frente a las costas de Mar del Plata, pero aún no se perforó el fondo marítimo allí.
Según un informe del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG), en la década del 80 se hicieron 84 pozos de exploración en la Argentina, mientras que en los años 90 este número cayó a 46. Y, entre 2002 y 2009 sólo se hicieron apenas nueve, todos ellos en los últimos años, después de una prolongada sequía en materia exploratoria offshore.
"Se hace muy poca exploración en el mar porque la responsabilidad de convocar a licitaciones y llegar a acuerdos es de Enarsa, que hace una intermediación parasitaria, no pone nada y no cuenta con el know how. Además los precios están topeados", dijo Montamat en relación con las retenciones a la exportación que le ponen un máximo al valor del barril. Para el especialista, los pocos proyectos en aguas nacionales de exploración offshore fueron hechos por Repsol YPF porque está obligada a hacer algo de exploración por imagen y por el programa que se comprometió con el Gobierno. La ley de Enarsa
Según la ley, las compañías asociadas a Enarsa son responsables de aportar los fondos necesarios para financiar las inversiones correspondientes a Enarsa durante la etapa de exploración. Este financiamiento será a fondo perdido si las partes decidieran no solicitar la comercialidad del área, mientras que, de producirse un descubrimiento comercial, la empresa estatal se compromete a reintegrar a los socios del consorcio, durante la etapa de explotación y en función de su porcentaje de participación, los fondos aportados por éstos en la etapa de exploración correspondientes al porcentaje de Enarsa.
El proceso hasta que se obtiene petróleo de una cuenca offshore lleva entre 10 y 12 años entre las etapas de sísmica y de perforación, que es la que ahora iniciarán los británicos. Y opinó que en no más de ocho meses la empresa Desire Petroleum sabrá si hay petróleo y en qué magnitud. Montamat contó que Repsol YPF tenía un presupuesto de US$ 100 millones para un pozo en la cuenca Austral y que éste dio resultados negativos. Sólo como muestra, el mayor descubrimiento de Brasil offshore, en Tupí, costó unos US$ 250 millones.
El académico del Instituto Tecnológico Buenos Aires (ITBA) Juan Rosbaco opinó que la estatal Enarsa no hace demasiado para atraer los capitales privados y además hay otros lugares más convenientes por razones geológicas y también por las regulaciones en el precio que la Argentina. "Algunas pocas compañías actúan, pero pondrían ser más fichas si las condiciones fueran mejores", comentó.
"La Argentina no tiene un programa sistemático de presencia en el mar continental, al contrario de lo que hizo Brasil en el mar y Uruguay en su costa. Todos están ávidos, menos la Argentina", dijo el ex secretario de Energía Alieto Guadagni. Esto se explica, de acuerdo con su visión, por la falta de seguridad jurídica y estabilidad tributaria para la actividad en el país. Guadagni señaló que el Gobierno no tiene para invertir y tampoco da reglas de juego claras para que lo hagan los privados. "Enarsa no tiene una política clara de atracción de capitales de riesgo que se necesitan para estas exploraciones", agregó.
Enarsa se defiende. "Desde su creación Enarsa ha desarrollado una intensa actividad de exploración en la plataforma continental argentina", dijo a La Nacion mediante un comunicado. Sólo el tiempo dirá si es verdad.
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jueves, 11 de febrero de 2010

Sálvese quien pueda. Por Carlos Melconián


Dentro de una semana el proyecto para tomar reservas del Banco Central por motivos fiscales cumple dos meses. A hoy, su destino es incierto. Lo mismo vale para el presupuesto público 2010, aprobado antes e incumplible desde el mismo día que se votó.
Respecto de su tratamiento futuro en el Congreso de la Nación, hemos oído o leído durante el fin de semana pasado varias definiciones y hasta propuestas. Entre ellas:
1- Los gobernadores deben acompañar, pero también reclamar los recursos del impuesto al cheque.
2- Debe cambiar la coparticipación del impuesto al cheque y agilizarse el Fondo de ATN.
3- El Fondo no se usará para las provincias, sino será para deuda de la Nación con los acreedores.
4- Para apoyar el Fondo con el voto tendrá que haber recursos para gastos corrientes.

5- Todos estamos de acuerdo con el Fondo, el problema es si es ley o DNU.
6- Debe asegurarse la provisión de recursos frescos a las provincias en forma permanente.
7- No puede haber un cheque en blanco contra promesas vagas.
8- Hay que encontrar una fuente alternativa al uso de reservas.
Las definiciones provienen, según el caso, del Poder Ejecutivo o sus representantes, o de los provinciales o sus representantes. También de lo que se supone que es la oposición. En principio, no opinan la gente común ni probables candidatos a presidente 2011.
No es un tema menor, ya que el camino que seguramente terminará tomando la utilización de recursos del Banco Central va a tener consecuencias macroeconómicas directas de corto plazo (2010) justamente para la gente común y de mediano plazo (2012) para el próximo presidente.
Para entender las consecuencias hay que recordar el origen del problema. Las necesidades de fondos fiscales para 2010 son de $ 40.000 millones (aproximadamente, $ 20.000 millones por lo que sería déficit del Tesoro, $ 7000 millones por déficit de los fiscos provinciales ?más sus vencimientos de deuda menos lo que está acordado refinanciar por la Nación? y $ 13.000 millones por vencimientos de la deuda pública nacional en pesos por capital e intereses netos de lo que se autocobrará el sector público por títulos que tiene tras la toma de las AFJP) y US$ 6500 millones también por vencimientos de deudas del Estado, pero en dólares.
El Fondo del Bicentenario, se supone, calza con este último agujero. Como se ve, aun consiguiendo algún financiamiento externo (cada vez más difícil por cuestiones internas y externas), el tema fiscal no estará resuelto, ni en monto ni en tipo de moneda (faltan pesos más que dólares).
Por lo tanto, más allá de la aprobación del Fondo del Bicentenario, el fisco deberá nutrirse de otros proveedores de financiamiento: el sistema bancario, la Anses y además emisión monetaria lisa y llana, para la que hasta podrían necesitarse ampliaciones adicionales a las actuales vía Carta Orgánica del BCRA, para no salirse de la ley.
Una pesada carga
Aclarado conceptual y numéricamente el tema, vuelvo a los dichos y propuestas del fin de semana.
Medido "almaceneramente", y bajo el concepto de "caja única", el tema no es la redistribución del impuesto al cheque, la automaticidad del envío de fondos o si es DNU o ley.
El problema es que las necesidades de $ 40.000 millones y US$ 6500 millones no cambian. Es cierto que un gobernador o un legislador provincial quiere asegurar lo propio y que el Poder Ejecutivo, con el Fondo del Bicentenario, ha querido asegurar lo suyo, y así sucesivamente. O sea, se trata, hasta ahora, más bien de un sálvese quien pueda. Con excepciones: la gente común y el próximo presidente, que tendrán que cargar con el muerto.
Dado que lo que viene es plata del Central, sí o sí en dólares y en pesos, esta regresión ochentista de emisión más uso de reservas lleva a más inflación monetarista y devaluación para la gente común. ¿Cuánto? Más de lo que el propio "modelo" ya traía inercialmente, y dependiendo de la amortiguación cambiaria o no del real y de la soja. O sea, cuarto año consecutivo a dos dígitos, pero 2010 empezando con dos...
Por otro lado, ¿quiénes tendrán la voz cantante en la mesa de negociación del Congreso para, simultáneamente, llevar al menos al equilibrio operativo a los fiscos nacionales y provinciales a diciembre de 2011? Como se ve en los números proyectados, algo así como $ 30.000 millones ($ 20.000 millones más $ 10.000 millones), que es el monto a que han llegado los déficit operativos de Nación-provincias, de los que alguien se tendrá que hacer cargo a mediano plazo.
Es un mínimo camino de recomposición. No hay que olvidarse de que, hasta hace apenas un año, el ¡superávit! fiscal era uno de los gemelos y ancla del modelo. Aquí sólo se trata del pasaje de una administración a otra por lo menos en equilibrio.
Así, la descapitalización ganadera, energética y primaria ha llegado a las reservas para evitar un default. Pero, aun así, la inflación monetarista y su repercusión en salario, tipo de cambio, rentabilidad, crédito, etc. será inevitable. Por lo tanto, cualquier negociación sensata, además de evitar un default y el sálvese quien pueda, deberá agregar al menos estos temas.

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lunes, 8 de febrero de 2010

La salida es el desarrollo. Por Juan J. LLach


La preocupante situación de las finanzas públicas es la clave detrás del DNU del Fondo del Bicentenario, y también de la posterior avasallante remoción del presidente del Banco Central y de los conflictos desatados en su torno. Surge como nota auspiciosa un mayor equilibrio de poderes, con mayor protagonismo del Poder Judicial y del Congreso. La cuestión fiscal puede verse desde dos ángulos. La mirada habitual se dirige hacia el déficit. Después de un récord histórico de seis años, de un superávit del 1,43% del PBI, después del pago de intereses de la deuda, en 2009 la Argentina entró en déficit. Lo propio hicieron casi todos los países desarrollados y muchos países emergentes, por ser ésa una de las principales herramientas de política económica para combatir la peor crisis global en ochenta años.

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Pero hay una gran diferencia, y es que casi todos esos países pueden recurrir al mercado de capitales, interno o externo, para financiarse, mientras que desde hace tres años la Argentina ha hecho todo lo posible para no poder hacerlo. Además, nuestro país no ahorró lo suficiente durante la bonanza de 2003-2008, y por ello tampoco pudo recurrir, como Chile y algunos otros países, a esos recursos.
Otra mirada sobre la cuestión fiscal es la del gasto público consolidado, que incluye todas las erogaciones financiadas con impuestos o contribuciones obligatorias de la Nación, las provincias, los municipios y las obras sociales. Este gasto había llegado ya a un máximo histórico de 37,7% del PBI en 2008. En 2009, el gasto nacional aumentó 30,7%. Dada la escasez de recursos de provincias y municipios, hacemos un supuesto muy conservador de un 23% de aumento del gasto total en 2009, lo que implica un 43% del PBI.
Si se persistiera en seguir gastando como hasta ahora, el gasto público total llegaría en 2010 al 45% del PBI: unos 592.000 millones de pesos, o 144.000 millones de dólares. Este es un nivel sólo superado por una docena de países muy desarrollados. Como dirían los chicos, suena muy loco. Por un lado, la evasión allá es mucho menor que en la Argentina (hay que tener en cuenta que quien paga todos los impuestos aporta aquí la mitad de sus ingresos anuales, y en el caso del agro, aún más). Nuestras tasas impositivas para los cumplidores son las de un país desarrollado.
Además, el jubileo tributario de la moratoria y el blanqueo, que anula todas las sanciones a quien cumpla de aquí en más, ha deteriorado la moral impositiva media, aun en los contribuyentes cumplidores, que era uno de los progresos atesorados por la Argentina en las últimas dos décadas. Por otro lado, por la deficiencia de los servicios públicos, son muchos los que deben pagar por su cuenta la educación, la salud, la seguridad, y a veces hasta la justicia, mediante los arbitrajes. Se trata, en síntesis, de un nivel de gasto muy difícil de financiar normalmente.
A pesar de haber llegado a tales alturas, es clara la intención del Gobierno de seguir gastando tanto como sea posible. Quiérase o no, 2010 también será "un año electoral", y el Gobierno desea perpetuarse, aunque sus probabilidades de lograrlo sean bajísimas. Por ello, también se reducirán al mínimo los ajustes de precios de la energía y los combustibles, que, en parte, serían de estricta justicia y le darían una fuente genuina de financiamiento, al reducir los subsidios. Es probable que éstos sean mantenidos también para la producción de carne (aunque, insólitamente, sólo en feedlots ), con lo que se intenta vanamente retrotraer los fuertes aumentos de precios originados en la política previa de reprimir la producción. En línea, pues, con seguir consumiendo los stocks de petróleo, gas y carne vacuna, a cuenta de los próximos gobiernos y, lo que es mucho peor, de las generaciones futuras, se fueron buscando otros activos para meter mano. Primero fue la expropiación de los fondos acumulados en las cuentas de capitalización de las AFJP, incluso las de quienes habían confiado ingenuamente en el Estado, eligiendo a la administradora del Banco Nación. El año pasado se consumieron también los fondos entregados por el FMI por el aumento de las cuotas de sus miembros.
Ahora se intentará, con el canje de deuda, lograr algún acceso al financiamiento voluntario, que probablemente se consiga en montos limitados. Por eso les llegó el turno a las reservas del Banco Central. En un país con una historia monetaria más normal y acceso al financiamiento voluntario, usar las reservas como recurso de financiamiento complementario pasaría inadvertido, salvo para los especialistas. Pero en la Argentina, un país que ha desfondado repetidamente el BCRA, generando inflaciones desbocadas, y que hoy no tiene acceso al financiamiento, se trata de un recurso peligroso que sería mejor no utilizar. Es probable, sin embargo, que una negociación política permita la aprobación legislativa del Fondo del Bicentenario, al precio de un nuevo aumento del gasto público para aliviar a provincias y municipios que el propio poder central ha ahogado con su centralismo tributario. Por ello harán falta más fuentes de financiamiento, y ellas consistirán en "bicicletear" a contratistas y proveedores, lo que puede aportar mucha caja, y un clásico argentino: el impuesto inflacionario. En este contexto, y más allá de lo que se piense respecto de la autonomía del Banco Central, hubiera sido mucho mejor para generar confianza en el peso y calmar las muy riesgosas expectativas de inflación nombrar una conducción del BCRA con mayor independencia del poder político. Por cierto, las nuevas autoridades tienen abierta la oportunidad de hacerlo.
Ante este cuadro, también la oposición enfrenta un complejo dilema. Dadas sus buenas posibilidades de imponerse en 2011, el camino elegido por el Gobierno, de seguir con una política fiscal muy expansiva, unido a insostenibles niveles de subsidios y a precios relativos distorsionados, les dejará una pesadísima herencia a sus sucesores. Por otro lado, no ayudar al Gobierno a encontrar una salida, o pedir un ajuste fiscal, le podría acarrear costos políticos, aunque muchas veces se subestima a los votantes cuando se piensa que ellos no entenderían un mensaje realista sobre los peligros que se corren. Frente a tan difícil situación, surgen algunas visiones extremas. Hay quienes piensan que un gasto público del 45% del PBI no podrá financiarse y deberá licuarse con devaluación e inflación crecientes. Es decir, un brusco aumento del impuesto inflacionario. Otros creen que es posible hacer un gran ajuste fiscal para reducir el gasto rápidamente en varios puntos del PBI. Alguna moderación del gasto habrá de todos modos, por las buenas o por las malas. Pero existen además, y pueden intentarse, otros caminos. El principal de ellos es apostar por el desarrollo, más allá de la recuperación en curso, y hacerlo por vías genuinas, y entonces sí licuar el gasto, pero por el crecimiento de la economía.
No va en esta dirección el trascendido de que parte de las reservas del BCRA podrían usarse para financiar al sector privado, algo que sólo pueden permitirse países más creíbles y con reservas mucho mayores. De lo que se trata es de alentar la inversión con un programa financiero creíble, diciendo la verdad y desarmando gradualmente la maraña de medidas que desalientan la producción. También aquí la oposición tiene un papel por jugar, desde el Congreso y también anticipando sus propuestas de desarrollo a partir de 2011, porque ello ayudará a recuperar la credibilidad en el país, clave pare crecer y evitar los peores caminos. ©LA NACION
El autor es economista y sociólogo.
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domingo, 24 de enero de 2010

El guardián de las reservas. Por Martín Redrado


Como cualquier funcionario, en un Estado de Derecho el presidente del Banco Central no puede hacer lo que quiere, sino lo que debe, dado que un exhaustivo cuerpo normativo delimita sus facultades y sus deberes.
Además, si bien no es elegido por el voto popular, recibe un mandato de la ciudadanía a través de sus representantes, los miembros del Congreso, al que debe ajustar sus decisiones. En consecuencia, por las atribuciones que le reserva la carta orgánica, no está expuesto al dilema de "obedecer" o "rebelarse" ante instrucciones del Ejecutivo. Simplemente, no las puede recibir.

Uno de los deberes esenciales del Banco Central es proteger las reservas internacionales, que no son un ahorro convencional, sino que sirven como garantía de estabilidad monetaria, cambiaria y financiera. El presidente de la institución debe ser el "guardián de las reservas".
Este mandato cobra importancia crítica en un país con la historia de inestabilidad que caracterizó a la Argentina en los 40 años previos a 2003, donde la sucesión de procesos de inflación y devaluación culminó repetidamente en crisis financieras que atentaron contra el crecimiento y los ahorros de los argentinos.
Así, la política de acumulación y custodia de las reservas que siguió la institución en los últimos años, a pesar de iniciativas políticas que pretendían distraerlas hacia fines de corto plazo, fue lo que permitió absorber los efectos de la mayor crisis internacional de los últimos 80 años y preservar nuestros ahorros y el poder adquisitivo de los salarios, sin abruptos movimientos cambiarios ni el cierre de ningún banco, a diferencia de lo ocurrido en otros países.
Ese mandato no es pétreo: puede ser cambiado si la comunidad, a través de sus legisladores, decidiera asignar las reservas a otros fines -el pago de la deuda pública o el combate de la deuda social-. Por eso, desde el momento en que ingresó en el Banco el decreto sobre el Fondo del Bicentenario, se siguieron los procedimientos vigentes para su tratamiento. En los informes de los cuerpos profesionales de la entidad se señala que la intervención y aval de ese decreto por parte del Congreso es condición insoslayable para su puesta en marcha, posición resaltada por la Justicia en primera y segunda instancia. Valorar la necesidad de intervención del Congreso en el tratamiento del Fondo del Bicentenario no es la desobediencia de un cuerpo de tecnócratas a la autoridad presidencial, sino una muestra de respeto a la división de poderes.
En estos días también hemos destacado que la independencia de criterio del Banco Central respecto del Poder Ejecutivo responde a simples principios básicos de sana administración pública, a saber:
"Control por oposición" del financiamiento del gasto: la emisión de moneda no puede estar en manos de quien ejecuta el gasto (el Ejecutivo), para que nadie caiga en la "ilusión" de pensar que tiene "la máquina de la felicidad" y puede crear riqueza mediante la impresión de dinero.
"Coherencia temporal": como los efectos nocivos de la emisión monetaria "descontrolada" aparecen entre 4 y 8 trimestres más tarde, el gobernante -tal vez, con fines electorales- podría tentarse de aumentar el gasto y financiarlo con emisión en una magnitud superior a la prudencial, legando a su sucesor problemas inflacionarios.
Esto no es confundir autonomía con autismo. Me habrán escuchado hablar sobre la necesidad de la coordinación de la política monetaria, financiera y cambiaria con el resto de los brazos de la política macroeconómica, como condición necesaria para la estabilidad. Pero tampoco debe confundirse coordinación con subordinación. La política fiscal no puede recorrer un sendero autónomo y requerir que el resto de las variables -tipo de cambio o inflación- se adapten pasivamente a las necesidades de financiamiento.
Sería de mi parte una irresponsabilidad aceptar presiones que dejen el camino libre a quienes quieren manejar las reservas de todos los argentinos sin seguir los pasos que marca la ley para la remoción de los directores del BCRA. Sería delegar mis deberes en quienes exhiben una actitud temible, que proponen medidas que podrían dejar al país expuesto ante los "fondos buitre".
Por todo esto, mantengo mi decisión de seguir desempeñando mis deberes de funcionario hasta que el Congreso disponga lo contrario, para ser leal al interés general, a la misión que me impone la ley y a mis convicciones.


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domingo, 17 de enero de 2010

¿No habíamos salido del default? Por Alfonso Prat Gay


Mirando a través de la polvareda que levantó la última crisis institucional provocada por el kirchnerismo, van surgiendo, nítidos, algunos de sus más preocupantes escombros. Hay ahora anarquía en la conducción del Banco Central, la entidad autónoma encargada de velar por la estabilidad de la moneda. Esto ocurre justo en el inicio de un proceso de aceleración inflacionaria que vuelve a poner la inflación cerca del 20%, a pesar de que el crecimiento es aún anémico. Hubo un nuevo embargo, en este caso por más de US$ 3.500 millones en las cortes de Nueva York. Hay un doble conflicto de poderes gatillado por un Poder Ejecutivo que no respeta las decisiones autónomas del Poder Judicial y que simultáneamente pretende apropiarse de facultades exclusivas del Poder Legislativo. Hay, también, una nueva escalada en el peligrosísimo conflicto de poder entre la Presidenta y su Vicepresidente
Es cierto que nuestros males empalidecen frente a la tragedia que sufren hoy los habitantes de Haití. Pero la contemporaneidad de ambos terremotos no nos permite esquivar aquél adagio popular según el cual nuestra bendita tierra está, en general, exenta de los frecuentes desastres naturales de otros pagos porque está, en cambio, excesivamente expuesta a los desastres provocados por el hombre –especialmente nuestros dirigentes–.
Como en todo terremoto, en medio del desastre que se manifiesta en la corteza terrestre (el epicentro) poco importa detenerse en los desplazamientos tectónicos que dieron origen a la tragedia. Sabemos bien, sin embargo, que es poco aconsejable ignorar los movimientos del centro porque éstos se pueden repetir. En efecto, identificar los movimientos de las entrañas de la tierra muchas veces permite anticiparse y evitar nuevas tragedias y salvar miles de vidas.
Tomemos de la periferia el nuevo embargo del juez Griesa, que dio lugar, primero, a una insólita conferencia de prensa en la que el ministro de Economía lo acusó de formar parte de la conexión internacional de la conspiración en contra del gobierno de los Kirchner; segundo, a un fallido anuncio del secretario de Finanzas acerca de una falsa indulgencia del juez; finalmente, a una exoneración por parte de la Presidenta de la Nación, por considerarlo más probo y más expeditivo que nuestros propios jueces. Que lo anec-dótico no nuble la vista de la sustancia. La analogía del terremoto es por demás pertinente. Fueron muchos los temblores y remezones legales desde la renegociación de la deuda en 2005, todos ellos cabalmente ignorados por las mentes brillantes que idearon el Fondo del Bicentenario para el Desendeudamiento y la Estabilidad. Dos de esos remezones, de hecho, no han sido resueltos aún, a pesar de que el ministro intente negarlo. Hay todavía US$ 200 millones de la ANSES (desde la época de la nacionalización de las AFJPs) y US$ 105 millones del BCRA (desde la época del pago anticipado de la deuda al FMI) congelados en Nueva York a la espera de un fallo definitivo de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos.
Podríamos decir entonces que hoy subsisten tantos embargos como intentos del Poder Ejecutivo por quedarse con cajas ajenas.
Mientras pienso en embargos, nuevos y pasados, y pienso en los cada vez más necesarios (y más generosos) canjes de deuda –para garantizar el éxito del último de ellos, se nos dijo, es que se montaba aquél Fondo de extenso nombre– me pregunto, ¿acaso no habíamos salido del default?
A medida que recorro el trayecto inverso, del epicentro al centro, me topo con el titular de tapa de un diario del 3 de marzo de 2005: “La Argentina salió del default: la aceptación del canje fue de 76,07%”. El subtítulo agrega: “La deuda pública quedó en 125 mil millones de dólares”.
Es comprensible la confusión del ciudadano común. Hoy debemos más, a pesar del fuerte superávit fiscal de los últimos años, no nos prestan, nos embargan y tenemos que esconder nuestros aviones y nuestros ahorros para que las cortes internacionales no los confisquen.
Quizás el origen de lo que ocurre hoy haya que buscarlo en lo que no se hizo y en lo que se ocultó en aquella reestructuración de deuda “tan exitosa” de 2005. No se obtuvo la quita que se anunció en aquél momento. Ni se recuperó el acceso al crédito, que es uno de los principales objetivos de tal negociación ya sea que se trate de un país soberano o de una empresa pequeña o mediana.
En aquella ocasión se recompraron bonos por US$ 78 mil millones a cambio de US$ 38 mil millones en efectivo y nuevos bonos (una quita nominal del 51%). Se les regaló a los acreedores, además, la posibilidad de un ajuste por inflación, cuando se sabía que después de semejante devaluación la inflación inexorablemente le iba a ganar al dólar en los años subsiguientes.
Se les regaló también un premio a los bonistas, asociándolos a la mejora del PBI de argentina que inevitablemente iba a ocurrir cuando volvieran a emplearse al menos una parte de los recursos que quedaron ociosos después de la crisis social y económica más extraordinaria de nuestra historia. Estos dos regalos barrieron con la quita de capital.
Para tapar el fracaso de aquella reestructuración, el Gobierno sucesivamente envió a Moreno a intervenir el INDEC, se apropió de fondos de las provincias, se llevó los ahorros de las AFJPs, usó fondos de la ANSES y ahora intenta llevarse puesta la autonomía del BCRA y sus reservas.
Quizás haya que ir más atrás y detenerse en las raíces del default de 2001 y también en el origen y autenticidad de la deuda pública argentina. Pero no hay dudas de que con una verdaderamente exitosa negociación de la deuda en 2005, ninguno de los injustificables atropellos institucionales más recientes hubiera sido siquiera necesario. Los argentinos pagamos hoy, entre otras cosas, el costo de la mentira, de la mala praxis y de la obsesión por el corto plazo. La mentira, como lo están comprobando Cristina y Néstor Kirchner, Boudou y el propio Redrado, tiene patas cortas.
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BCRA: de lo que no se habla. Por Javier González Fraga


En las últimas semanas se ha hablado y escrito muchísimo sobre el conflicto generado por la creación del Fondo del Bicentenario, posibilitando la utilización de las reservas del Banco Central, mal llamadas excedentes, para el pago de deudas del Tesoro Nacional. Y también ocupó muchísima atención pública la consecuente intención del Gobierno de desplazar por mecanismos no previstos en nuestra Ley, al presidente de la entidad monetaria.

Esta discusión no es poco importante, pero tampoco agota el debate. Efectivamente, se está tratando del cumplimiento de la Ley, lo que es la base principal de la tan mentada “seguridad jurídica”. Resulta difícil de entender que se esté dispuesto a violentar la Ley para intentar lograr una mayor credibilidad internacional, como resultaría del uso de las reservas para pagar deudas. En algún punto del proceso de gestación de esta idea se cometieron gruesos errores jurídicos, y sobre el impacto en la imagen del país de estos atropellos. Sin duda, más grave aún que lo acontecido, es el mecanismo poco profesional e impulsivo por el cual se están tomando las principales decisiones en nuestro país.
Otra cuestión, menos debatida, es la discusión de fondo sobre la conveniencia de la utilización de las reservas del BCRA para cancelar deudas del Tesoro, más allá de las trabas establecidas por los límites y procedimientos fijados por la Carta Orgánica del Banco Central. Esto nos lleva a otro tema muy delicado, como es el sentido y el alcance de la autarquía del Banco Central, tanto en el plano de la Ley, como del sentido común.
Independencia del BCRA. La Carta Orgánica actual contiene demasiados “residuos” de la convertibilidad. Cuando en la década pasada el gobierno decidió abolir la política monetaria y cambiaria, adoptando la convertibilidad del Peso, se decidió conformar un banco central (así, con minúsculas) que fuera una caja de conversión. Esta caja de conversión no necesitaba ni pensar ni opinar sobre ninguna política monetaria, ni cambiaria, y por lo tanto podía afirmarse que “no recibirá instrucciones del Poder Ejecutivo”.
Pero en un contexto de flotación administrada del Peso, con una política monetaria activa, es inevitable que el Banco Central coordine su accionar con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Economía. Y aún mucho más, es importante que bajo la dirección del Presidente de la Nación, y del jefe de Gabinete, funcione un grupo de funcionarios, ocupados de controlar la inflación, que incluya al Banco Central. Esta entidad no solo tendría que asesorar en la materia al resto del Gobierno, sino hacer el seguimiento pormenorizado de las variables monetarias, cambiarias y de precios. Así se hace en casi todos los países que han logrado controlar el flagelo inflacionario. En la Argentina nadie se ocupa de contener la inflación real, sólo interesa disimularla.
Por eso considero que es una tarea pendiente la reformulación de la Carta Orgánica, para que se parezca más a los proyectos elaborados en el año 1990, previos a la convertibilidad. En esos proyectos prevalecía la idea de independencia o autarquía funcional con un solo propósito: limitar el financiamiento inflacionario que el Tesoro, a través del ministro de turno pudiera requerirle al Banco Central. Este es el sentido principal de constituir un Banco Central con cierta independencia: establecer un límite al financiamiento inflacionario.
La definición de un nivel óptimo de reservas está íntimamente ligada al punto anterior, y no puede depender exclusivamente, ni principalmente, de una fría relación entre la base monetaria y las reservas. Obviamente, cualquier comparación entre estas dos magnitudes obliga a definir el tipo de cambio. Pero en un contexto de flotación cambiaria, el tipo de cambio debe estar definido por una serie de condiciones macroeconómicas, internas y externas, y debe ser una variable de ajuste, y nunca una condición establecida por las necesidades fiscales.
Adoptar, como lo hace el pretendido Fondo del Bicentenario, una definición de “reservas excedentes”, en un contexto de creciente déficit fiscal generado por una decisión política de aumentar el gasto público, es un pasaporte a la devaluación y a la inflación. Y esto justamente es lo opuesto al propósito excluyente que tiene el Banco Central.
La inflación es la gran ausente del debate en estos días. Mientras desde el Gobierno se defiende la potestad de la Presidenta de tomar las decisiones, y desde la oposición se defiende, con razón, la vigencia de las leyes y los procedimientos, el país avanza hacia un riesgo inflacionario, y hacia un nuevo “festival de endeudamiento”.
Quienes impulsan el crecimiento del gasto público, sin importar a quién benefician esos recursos, con la falsa ilusión de lograr un crecimiento mayor en 2010, están ignorando todas las lecciones de los años 70 y 80, en los cuales se dispararon la inflación y el endeudamiento. Están olvidando que la inflación puede subir mucho más rápidamente que lo que aumente el déficit fiscal, o la expansión monetaria, porque el fenómeno que debemos observar es lo que técnicamente se llama “demanda de dinero”. Esto podría traducirse como la voluntad de los consumidores de mantener saldos monetarios en sus bolsillos, o en sus bancos. Si se quiebran las expectativas de una moderada estabilidad, puede quebrarse muy rápidamente esa demanda de dinero, y generarse una huída hacia bienes, consumo o divisas. Y ese mayor gasto público, en un contexto adverso a la inversión, será inflacionario, ya se pague con reservas, o con endeudamiento.
Aún estamos muy lejos de esa situación, y a tiempo de revertir el proceso, recuperando la solvencia fiscal. Pero cuanto más tiempo se demoren las decisiones de ajustar el gasto que beneficia a los que más tienen, especialmente los que se benefician de las tarifas de gas, luz y transporte, fuertemente subsidiadas en la Ciudad de Buenos Aires, más complicado será controlar la inflación en el futuro.

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Más que el Fondo del Bicentenario, lo que viene es el Fondo del Bienio. Por Carlos Melconián


Desde finales del año pasado se ha venido pronosticando que 2010 sería un año mejor que 2009. Se trataba de un pronóstico relativamente sencillo. Una recuperación de veinte millones de toneladas de soja a precios buenos no récord, y un boom exportador de autos a Brasil serían casi suficientes para ello. Se mantendría así, el superávit de comercio de más de USD 15.000 millones. Hay, además, una variable clave, la fuga de capitales que durante dos años, entre finales de 2007 y 2009, se encargó de vaciar al superávit del comercio generando una recesión, aunque se pudo evitar una crisis cambiaria.
La fuga en la Argentina es una variable muy difícil de pronosticar. Pero basado en la distensión financiera que hay en el mundo y que ya lleva varios meses, se la proyecta a mitad de camino de lo que se estaba fugando. Es muy fuerte la nueva “borrachera financiera mundial”: fortificó al real a 1.70 reales por dólar (desde 2.40), permite financiar a Brasil a menos del 6% y a Uruguay a menos del 7% anual en dólares a larguísimo plazo. Es decir, si para la modesta demanda Argentina este machazo fenómeno permitiera que sólo se fugara la mitad de lo que se iba, ya el mercado cambiario y monetario se lubricaría de tal manera que le permitiría a la economía recuperar lo que perdió en 2009. Hasta aquí, la base de la recuperación proyectada, con la inversión y el empleo estancados. Pero aún en este escenario se presentaban además desafíos complejos para la economía.
O sea, se trata de un escenario que no habilitaba un salto directo a ponerse a pensar “non stop” en 2011. Mucho menos a hablar de que vuelven tasas chinas de crecimiento. Tampoco es cierto que todo iba a ir bien, salvo que se cometiera algún error político. El camino aún en la recuperación estaba lleno de desafíos de carácter estrictamente económico. Desde ya que el mundo y la política también juegan un partido. Pero bastante antes que saltara el problema Fondo del Bicentenario-Redrado había desafíos pendientes para 2010, todos económicos. Lo ocurrido ahora genera un “empiojamiento” adicional y se trata de un enorme error político-económico-jurídico, el famoso Fondo. Por lo tanto, no es que veníamos impecablemente bien para un 2010 a toda orquesta y los acontecimientos recientes lo pudrieron. Definitivamente no. La política efectivamente tenía (tiene) incorporado el riesgo de la personalidad de Néstor Kirchner. Pero está primordialmente, la economía.
Entre los desafíos está, por ejemplo, la tasa de inflación, que va a entrar en el cuarto año consecutivo a dos dígitos y es previo al affaire Banco Central. Todavía en la cabeza del argentino “normal”, 20% anual luce llevadero. Es más, hay hasta un riesgo adicional: que al Gobierno no le conforme sólo crecer recuperando lo perdido en 2009 y entonces quiera darle más al gasto público para ir más rápido. Entonces acumulará más inflación. Por cada punto adicional de producto que quiera sumar acumulará cinco de inflación. O sea, cinco por uno. Por arriba del 3,5%/4% de crecimiento genuino de 2010 la inflación va a ir por arriba del 20% anual. Pero el caso emblemático económico, previo al conflicto, es la situación del fisco argentino y su financiamiento. Un aspecto crucial notablemente subestimado por el Gobierno, la oposición y curiosamente ignorado hasta el conflicto por el propio mercado de bonos local que aprovechaba el pago con reservas de todo 2009 y le saca a la Argentina el doble de renta que al Uruguay, en una extraordinaria timba. Este es el verdadero origen del problema de estos días. Aún en el “mejor 2010”, la proyección del deterioro fiscal y las necesidades de financiamiento empeoran.
El conflicto se arrastra de varios años de aceleración de gasto. Pero tiene su punto de inflexión en 2009. Argentina pasa de un superávit primario bien medido de $ 31.000 millones a un déficit de $ 5.000 millones, quedándose en el camino con un adicional de $ 14.000 millones de la recaudación anual que iba a las AFJP antes de la reforma. O sea, hay un deterioro del orden de los $ 50.000 millones o casi cinco puntos del PBI que son irreversibles en 2010 antes del affaire.
El financiamiento de este agujero, más los servicios de la deuda pública neta en pesos y dólares ya viene efectuándose intra sector público. Esto es: el Banco Nación y otros Organismos públicos financiaron los pesos. Mientras tanto, la parte en dólares (unos US$ 6.000 / 7.000 millones ya fueron financiados en 2009 por el Banco Central). En silencio, sin el alboroto armado con el Fondo del Bicentenario, de manera legal y contablemente bajo “tres pretextos” macroeconómicamente irrelevantes: adelantos transitorios (que la historia muestra que son permanentes); transferencia de utilidades por la devaluación del peso de treinta centavos por dólar a lo largo del año; y la contabilización como ingreso fiscal de los Derechos Especiales de Giro realizada por el FMI. Todo antes de la grandilocuencia del Fondo del Bicentenario.
Las reservas no mostraron caída pese a tamaña utilización con fines fiscales dado que el BCRA ha estado asumiendo pasivos en distintas operaciones con el Banco de Basilea y por los encajes en dólares originados en los depósitos en dólares de argentinos en el sistema bancario local. De esta manera, se pudo mostrar que las reservas subieron a pesar de haber sido usadas, en parte, para pagar la deuda.
Llegado hasta aquí, estamos hoy igual que el 13 de diciembre, un día antes de que se desatara todo este conflicto. En esto no tiene nada que ver ni el rechazo al decreto 2010 ni los embargos en los EE.UU. Se trata de un problema endógeno, que ya venía y que no ha sido enfrentado genuinamente.
Hoy, indudablemente, habrá que darle salida. Para ello hay que entender varias cosas:
1. Que si bien se trató de un error de carácter político, la grandilocuencia de mostrar que la plata está toda de golpe aquí presenta un problema cuyo origen tiene estricto carácter económico.
2. Que para 2010, efectivamente, se necesitan entre US$ 5000/6000 millones para afrontar los vencimientos en moneda extranjera y que, más allá de los mecanismos de apropiación legal de esos dólares del Banco Central, si son dólares comprados con emisión monetaria del superávit comercial cuando el Tesoro se los lleve no entregará pesos, justamente porque no tiene, por lo tanto habrá un impacto monetario para atender, si no la inflación se va a encargar de ello.
3. Que más allá de estas necesidades en dólares que dieron origen al pretendido Fondo del Bicentenario y el culebrón, hay en 2010 un problema fiscal todavía mayor que son necesidades en pesos. En efecto, el Gobierno argentino aun habiéndose apropiado de los stocks de deuda de las AFJP en 2008, necesita entre vencimientos y déficit fiscal probable en 2010, casi dos Fondos del Bicentenario más, pero en pesos, que ni han aparecido en la actual discusión como si no estuvieran en la mente de nadie.
Por lo tanto, la política tiene varios desafíos a futuro. Por supuesto, hay que resolver el problema de quien será el próximo “gerenciador”, más que presidente del BCRA. Pero tiene además otro tema clave, que es encontrar el financiamiento menos traumático posible para lo que resta del actual mandato presidencial, empezando por 2010. Nótese que esta es una tarea que debió haber resuelto el presupuesto público para 2010, votado y aprobado hace varios meses. Si este agujero ya existía: ¿Cómo se financiaba lo votado? ¿Los números del agujero eran éstos que aquí se han mencionado? ¿O terminaba cerrando con “otras fuentes de financiamiento”?, ¿es eso cerrar el presupuesto?
Por supuesto, la política podrá negociar simultáneamente otros temas de carácter político, la Ley 26.122, la curiosa definición post Convertibilidad de reservas excedentes, la eventual reasignación autónoma del gasto público en cabeza del poder ejecutivo, etc.. Pero está claro que, simultáneamente o acto seguido, al “pliego de condiciones” de la negociación le llega el “pliego de propuestas”, cuyo alcance ortodoxo u heterodoxo o mixto y su costo político, será parte de esa negociación. Bajo estas condiciones, se abre entonces una altísima probabilidad hipócrita, aunque acorde a la realidad que vive la Argentina. Discutir cierta “engaña pichanga” para otorgar un salvoconducto porque la alternativa es el default. Las fórmulas que la política termine encontrando para el financiamiento de la transición 2010-2011 que no cuesta mucho imaginar: i) financiamiento del BCRA en dólares, pero también en pesos bajo distintos pretextos ii) financiamiento crediticio al sistema bancario local donde el “atajo” diría encajes en pesos o dólares (otra hipocresía con caída de reservas), o iii) financiamiento liquidando parte del Fondo de Garantía de la ANSES, o sea, plata de los jubilados “stock”, adicional al “flujo” de los aportes mensuales que ya se lo tragaron las cuentas públicas en 2008.
Todo lo que se viene discutiendo va en ese sentido. Por ejemplo, ampliar el cupo de adelantos transitorios del Banco Central. Dejar de lado el Fondo del Bicentenario grandilocuente y gigante y “calzar” el uso de reservas con cada vencimiento: es lo mismo, pero en cuotas. Que sea el Tesoro y no el Banco Central quien absorba la emisión monetaria de la compra del superávit comercial. Y así sucesivamente.
Insisto, para esta transición hacia un nuevo gobierno a finales de 2011, la regresión ochentista está a la vista. El fondo de la cuestión no es “un puñado” más o menos de reservas. Es que estamos frente a la contraparte de un barril sin fondo en el gasto. Ahí sí, un mínimo gesto va a hacer falta. Y quienes hoy están en la oposición deben sí, dejar claro, de quién es la responsabilidad porque si no cargará con ese ajuste a futuro. Y aquí vamos llegando a la “madre del borrego” del tema Bicentenario, reservas, Redrado: se ha confundido una recuperación económica con desafíos económicos importantes, con el hecho de que si la política no interfiere “va todo en coche” en 2010 con un poquito de esfuerzo otra vez a “tasas chinas”. ¿Alguien cree que el agujero señalado en esta nota, aún con la economía recuperándose, es del último mes o post affaire?
O sea, en el actual culebrón, las luces mediáticas se encendieron para enfocar la resistencia del Banco Central a otorgar las reservas, la destitución de su presidente y su posterior restitución. Recién ahí se levantaron todas las voces. Pero, reitero, esto ya viene ocurriendo en magnitudes relevantes a lo largo de 2009, dándole cada vez más a la Carta Orgánica una actitud permisiva. Lo que pasa es que “el barril sin fondo sigue in crescendo”. El Fondo del Bicentenario dándole los dólares al Tesoro bajo la metodología demandada por el Gobierno Nacional, muy probablemente hubiera abierto la puerta para que las excusas y pretextos usados en 2009 para llevarse dólares (las mencionadas utilidades, diferencias de cambio, etc.) tornaran en 2010 a emisión monetaria lisa y llana para las necesidades en pesos. Ahí sí, ya estaríamos en la Argentina de hace veinte años, en materia fiscal. Un gravísimo y severo retroceso ochentista adicional a todo lo que ha ocurrido a lo largo de estos últimos años.
En síntesis, en los próximos “x” días o “x” semanas se estará discutiendo, cada sector desde su fortaleza política, el Fondo del Bienio, para no defaultear nuevamente. Es el salvoconducto. Desde ya, el “nuevo modelo” cierra con inflación y una nueva administración en 2011 se tendrá que encargar de volver a patrones internacionales. El tema central en este proceso es no asustar financieramente a la gente, que tiene mucha experiencia de cómo moverse en esos casos.
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jueves, 14 de enero de 2010

Venezuela repite la historia de Argentina 1975, ¿algún parecido con la Argentina de hoy? Por Domingo Cavallo


Lo que está pasando en Venezuela es muy parecido a lo que pasó en Argentina en 1975. Se trata del episodio conocido en nuestra historia económica como “el Rodrigazo”.

Desde 1973, cuando los términos del intercambio eran muy favorables a nuestro país, el Gobierno de Cámpora, primero, y el de Perón, inmediatamente, después aplicaron un programa económico que buscaba mejorar rápidamente el nivel de vida de los sectores populares a partir de una fuerte expansión del gasto público, acompañada por un congelamiento del precio del Dólar y fuertes controles administrativos de prácticamente todos los precios de la economía. También se re-nacionalizaron empresas, se impusieron controles de cambio y fuertes restricciones al comercio exterior. Al cabo de dos años, cuando los precios en dólares de nuestros productos de exportación comenzaron a bajar, el fuerte déficit fiscal y el desequilibrio en la cuenta corriente de la Balanza de Pagos obligaron al gobierno a producir una fuerte devaluación del Peso. Los sindicatos reaccionaron pidiendo fuertes aumentos de salarios nominales. A pesar de los controles de cambio y de los controles de precios, la fuga de capitales y la inflación se acentuaron. Ese año comenzó el episodio estanflacionario que duró 15 años y que terminó en hiperinflación.
En Venezuela, el Gobierno de Chávez viene aplicando, desde hace varios años, políticas muy parecidas a las de Cámpora y Perón entre 1973 y 1975. En el caso de Venezuela estas políticas se pudieron mantener por mas años que en Argentina porque el precio del petróleo estuvo aumentando hasta mediados de 2008. Después de un año y medio de recibir precios más bajos, ahora Chávez no tuvo otra alternativa que hacer lo que el gobierno de Isabel Perón hizo en Junio de 1975: producir una fuerte devaluación del Bolívar y acentuar los controles de precios. Es muy probable que el resultado de estas medidas sea el mismo que el del Rodrigazo en Argentina 1975.
El esquema cambiario que ahora existe en Venezuela es muy parecido al que han venido utilizando el Gobierno Argentino desde 2002 en adelante. Hay cambios múltiples en ambos países. Allá han sido creados explícitamente, como un tipo de cambio para importaciones indispensables (alimentos y medicamentos) y para los dólares que genera el Petróleo, que se aplica a todas las demás importaciones y exportaciones. En Argentina han sido creados a través de las retenciones y las prohibiciones para exportar. Pero el propósito es el mismo: mantener más bajo el precio de los alimentos mientras el dólar más alto permite al gobierno hacerse de mas recursos fiscales: en el caso de Venezuela convirtiendo los dólares que al gobierno le genera el Petróleo en más bolívares y, en Argentina, a través del ingreso que generan a las arcas del gobierno las retenciones agropecuarias.
Como en Venezuela, en Argentina también se han producido re-estatizaciones de empresas, abundan los controles de precios y el gobierno distribuye fuertes subsidios a las actividades económicas a las que afecta negativamente con sus otras intervenciones.
Hay un gran riesgo de que en algunos meses Argentina repita la historia de la Venezuela de estos días. El detonante no va ser una devaluación decidida por el gobierno, sino un aumento de muchos precios atrasados, que tendrá un efecto equivalente. Los aumentos provendrán de la necesidad de reducir el monto de los subsidios y devolver estímulos a la producción agropecuaria, cuando estos cambios se tornen inevitables. Cuando ello ocurra, el riesgo de inflación con estancamiento, que ya estamos viviendo, será tan alto como el que hoy existe en Venezuela. Este es el riesgo al que me refiero en mi libro “Estanflación”, que hoy tiene aun más vigencia que cuando lo escribí en el 2008.
La peligrosa incompetencia del Gobierno de los Kirchner en materia de manejo de las relaciones financieras con el exterior, los exabruptos relacionados con el Fondo del Bicentenario y el intento de cambiar la conducción del Banco Central, es muy parecida a la demostrada por Chávez en todos sus manejos financieros y fiscales de los últimos años.

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La novela del Banco Central. Por Martín Lousteau


(Nota publicada en La Nación. Jueves 14 de enero de 2010)

En una entrevista reciente, el futbolista Guillermo Barros Schelotto sostuvo que la principal falla que ve en los jóvenes jugadores pasa por "la responsabilidad: juegan contra Boca y lo primero que piensan es tirar un caño; hay más preocupación por el lucimiento personal que por lo beneficioso para el equipo".

Gran parte de los problemas que padece nuestra sociedad reflejan una extensión de este comportamiento más allá de la esfera futbolística. El actual conflicto en torno al Banco Central de la República Argentina es, en ese sentido, paradigmático.
Todo se inicia cuando el Gobierno, consciente de su debilitamiento fiscal, decreta la transferencia de reservas del Banco Central a un pomposo Fondo del Bicentenario para el Desendeudamiento y la Estabilidad.
Así, mediante un muy cuestionable decreto de necesidad y urgencia -cuyas falencias técnicas generan, además, discusiones e inconvenientes de toda índole-, engrosa las arcas del Tesoro Nacional por un monto de 6500 millones de dólares, al tiempo que se asegura un mecanismo de financiamiento de mediano plazo, con márgenes que casi triplican ese monto.
A la actual situación financiera se ha llegado porque la administración kirchnerista nunca ha aceptado corregir el rumbo de sus acciones. Ni siquiera al comienzo de la administración de Cristina Fernández, cuando la oportunidad se presentaba como propicia.
En lugar de rever su concepción económica, el Gobierno persiste en la centralización e improvisación para la toma de decisiones y, ante el fracaso, busca en nuevos y más complejos paliativos los recursos para frenar su deterioro político, saltándose los procedimientos legales adecuados y obviando mínimas normas de cortesía política.
Pero tampoco ayuda, lamentablemente, que gran parte de la oposición transforme en héroe mediático a todo aquel que se oponga circunstancialmente a Néstor Kirchner.
El accionar de ambas partes es la única manera de entender cómo el Poder Ejecutivo termina ensañándose con un presidente del Banco Central que le fue absolutamente funcional durante cinco años y cómo éste, súbitamente, se rebela para hacer su propio juego político y termina contando con el respaldo unánime del resto del arco político.
Como si nadie hubiera percibido la subordinación previa en materia de política monetaria y cambiaria, la inacción ante las tasas crecientes de inflación, el silencio frente a los cambios anteriores llevados a cabo en la Carta Orgánica de la entidad y la inapropiada distribución de dividendos. Tan sólo durante 2009, el Banco Central transfirió al Tesoro 8800 millones de dólares, equivalentes al 12 por ciento del gasto primario.
La Argentina se está transformando, con mayor celeridad, en una sociedad viciosa: prefiere recompensas moderadas inmediatas, aun a cambio de elevados costos a futuro. Así, lo que debiera ser estratégico se vuelve táctico, y temas que resultan de trascendencia para definir el perfil de sociedad que habremos de ser en un futuro son discutidos con poco tiempo y liviandad en los medios, para ser luego tratados en un par de sesiones del Congreso.
Así ha ocurrido ya con la estatización de los fondos de pensión, la ley de medios, la reforma política y la asignación universal por hijo. La actual controversia constituye sólo un paso más: el tipo de autonomía que debe tener el Banco Central de la República Argentina, con lo que eso implica en términos de política antiinflacionaria en un país que ha sufrido y sufre ese flagelo, se está reduciendo a una telenovela desquiciada.
La salida de este embrollo deberá provenir de la política y no de su judicialización; los enredos procesales y los tiempos de la Justicia sólo aportarán ruido a un tema de gran sensibilidad y potenciales consecuencias financieras.
Pero la solución no es sencilla. En su excepcional Silla del águila , Carlos Fuentes narra cómo tienen lugar las conspiraciones para la sucesión presidencial en un futuro donde, a raíz de un conflicto con los Estados Unidos, México se queda sin plataforma de comunicaciones de ninguna especie.
Si la Argentina atravesara una situación similar, es decir, sin televisión ni Internet, no tendrían relevancia muchos de los actores políticos actuales, ya que abundan los líderes mediáticos, con escasa preparación y nula ideología, sin equipos y faltos de estructuras partidarias.
No son ellos quienes podrán sacarnos del laberinto. O, como diría Barros Schelotto, no son los novatos que tiran caños sino los que piensan cómo ganar el encuentro los que son necesarios.
El Parlamento y, más precisamente, el peronismo y el radicalismo, con sus años de práctica política pero en sus versiones y vertientes actuales, deberán articular una respuesta que saque al Gobierno del incómodo lugar en el que se ha puesto, al tiempo que le marque los límites que deberá aprender a respetar hacia adelante.
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El desborde del gasto lleva a más presión inflacionaria. Por Roberto Cachanosky



La desesperación del Gobierno por controlar el BCRA e intentar volver al mercado voluntario de deuda pública tiene dos razones. En primer lugar durante este año hay vencimientos de deuda por US$ 13.680 millones, de los cuales casi US$ 5000 millones son en moneda extranjera. En segundo lugar, los números fiscales de 2009 fueron horribles a pesar de la contabilidad creativa con que se presentaron los datos para mostrar un déficit menor al real. Durante el año pasado el gasto creció a una tasa anual del 30% y los ingresos (con todos los trucos incluidos) aumentaron al 12%. Como el Gobierno no es proclive a bajar el gasto público y la economía no crecerá a tasas chinas como para generarle grandes ingresos fiscales, es claro que la desesperación del Gobierno es por pesos y por dólares. El tema de fondo es de dónde saldrán los fondos para financiar vencimientos de deuda y el déficit fiscal nacional, dejando de lado los serios problemas fiscales provinciales que no es otro problema menor.

En este contexto, es claro que la insistencia del Gobierno por quitarle la independencia al BCRA tiene como objetivo volver a utilizarlo como fuente de financiamiento al igual que en los 80 y décadas anteriores, cuando la inflación derretía el poder adquisitivo de la población y se producían fuertes pujas por la distribución del ingreso. Algo que el gobierno de los Kirchner ha vuelto a reinstaurar en nombre del modelo productivo y la solidaridad social.
El conflicto institucional que creó Cristina Kirchner se plantea en un contexto de alta tasa de inflación. De acuerdo a mediciones privadas, la Canasta Básica Total que necesita una familia compuesta por un matrimonio y dos hijos de 5 y 8 años para no ser pobre tenía un costo en diciembre del año pasado de $ 1694, un 19% más que en diciembre de 2008. Este número es bastante consistente con el incremento de la emisión monetaria del BCRA durante el año pasado que fue del 16% más una caída del PIB no menor al 4 o 5 por ciento. Es decir, hubo más pesos en circulación y menor cantidad de bienes ofertados, y cabe aclarar que la expansión monetaria no fue mayor por la fuga de capitales del primer semestre. Puesto de otra manera, no hubo más inflación porque, irónicamente, la fuga de capitales jugó a favor de los intereses del Gobierno, aunque no a favor de la gente.
Hasta ahora, la mayor causa de la emisión monetaria se originaba en las compras de divisas que hacía el BCRA para sostener el tipo de cambio "competitivo" como le gusta decir al Gobierno. Tipo de cambio competitivo que ha dejado de existir en términos reales. Es decir, se financiaba con el impuesto inflacionario el dólar competitivo.
Ahora bien, lo que sabemos hacia el futuro es que mientras haya superávit de balance comercial, el BCRA tendrá que seguir emitiendo moneda si es que sigue con este modelo cambiario, pero ahora se le agrega la necesidad de pesos que tiene el Gobierno por el creciente déficit fiscal. Esto significa que aún manoteando las reservas para financiar los gastos corrientes, esas reservas habrá que transformarlas en pesos porque, por ejemplo, a los jubilados seguramente les van a pagar en pesos y no en dólares.
¿Cómo se transformarán esos dólares en pesos? Mediante emisión monetaria. El BCRA le entregará dólares al tesoro, éste le dará al Central un bono "paga dios" y el Central le comprará los dólares al tesoro emitiendo pesos, con lo cual, en el fondo, se estará financiando nuevamente el gasto público con emisión monetaria deteriorando el patrimonio del BCRA.
Si partimos, en forma optimista, de una inflación del 20% anual, es de imaginar el resultado inflacionario que puede esperarse para 2010, y más si, por problemas fiscales, el Gobierno tiene que empezar a controlar parte del gasto incrementando las tarifas de los servicios públicos (transporte público y energía fundamentalmente) para reducir en algo la orgía de subsidios que ha implementando para disimular la realidad. El Gobierno le ha puesto una bomba de tiempo a la economía y, encima, con su comportamiento institucional y desvaríos económicos, acorta todos los días la mecha de la bomba.
Si a esta altura del partido no se reconoce que el país está sumergido en una profunda crisis política, económica e institucional, habrá que redefinir el concepto de crisis. Pánico de los empresarios para invertir, inflación de dos dígitos anuales, delicada situación fiscal, imposibilidad de acceder a los mercados voluntarios de deuda, desocupación, pobreza, indigencia, destrucción de sectores productivos completos como el ganadero y el lácteo, y demás problemas institucionales que por una cuestión de espacio no incluiré en esta nota.
Lo concreto es que, ante el desborde de gasto público que ha generado el Gobierno, sin una contrapartida de calidad del mismo (salvo que alguien afirme que en la Argentina tenemos una educación de excelencia, una salud pública del primer mundo y seguridad que nos permite dormir con la puerta abierta de nuestras casas), el sector privado está ahogado impositivamente. El Gobierno ha exprimido a la población con una carga tributaria salvaje. Y a pesar de esa carga tributaria salvaje, tuvo que confiscar los ahorros de la gente para su jubilación y ahora quiere manotear las reservas del Central.
Lo que le queda al Gobierno, dada su negativa a bajar el gasto público, es confiscar más activos líquidos o bien acelerar el proceso inflacionario. Si opta por la primera alternativa, el sistema financiero sufrirá una nueva conmoción. Si elige el camino de incrementar el impuesto inflacionario, considerando el ejercicio que la población ha adquirido para defenderse de años de alta inflación, el final es obvio. Huída de la moneda, aceleración de la inflación y lucha por la distribución del ingreso.
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jueves, 17 de diciembre de 2009

El Grupo Fénix no es responsable de la caída de la convertibilidad. Por Marcelo Lascano

En mi carácter de ex miembro del Grupo Fénix y aun cuando estoy desde hace tiempo desvinculado del mismo, no puedo menos que responder brevemente a la nota publicada por el ex ministro de Economía, Dr. Domingo Cavallo, con el único propósito de corregir el argumento central de la misma, cual es demonizar al Grupo con el pretexto de hacerlo responsable del derrumbe del régimen de Caja de Conversión implantado a principios de 1991.
En efecto, en LA NACION del 22 de noviembre pasado, el ex ministro afirma temerariamente que "los ideólogos del Plan Fénix impulsaron el abandono de la convertibilidad y promovieron la pesificación de los depósitos y contratos en dólares con fuerte devaluación del peso".
Lo cierto es que el sistema se cayó antes de que el Grupo cuestionara el régimen monetario-cambiario de marras, aunque pudiera creerse, como en mi caso, que podría haber servido como solución de corto plazo, mas no como opción definitiva de política económica, tal cual lo expreso en mi obra "La economía de los 90", publicada por Macchi a principios de 2000.
El corralito, el corralón, el megacanje, entre otros auxilios ideados para salvar al régimen, son testimonios incuestionables de la vulnerabilidad que afectaba al mismo, es decir, antes de que el Grupo Fénix instalara sus consideraciones en el público, que por lo demás, estaban dirigidas a llenar un vacío intelectual que desafiaba el porvenir de la República.
Un pequeño grupo de profesores titulares por concurso de la UBA encaró la tarea no ideológica sino técnica para salir del marasmo ahijado del régimen. Después de la liquidación de activos nacionales y de agotado el financiamiento externo, son las insolvencias externa y fiscal las causas determinantes de un derrumbe largamente anunciado. Otra interpretación constituiría un engaño a una opinión pública fatigada de tantas magias y utopías.
* El autor es economista
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Cavallo fue el responsable. Por Jorge Gaggero

En una columna, publicada bajo el título “La prueba histórica de un fraude intelectual” (La Nación, 22 de noviembre pasado), el responsable tanto de la adopción como de la mayor parte de la gestión y la caída final del “régimen de convertibilidad” argentino (1991-2001) señaló que “los ideólogos del Plan Fénix impulsaron el abandono de la convertibilidad y promovieron la pesificación de los depósitos y contratos en dólares con fuerte devaluación del peso...”. Se trata de un burdo intento –uno más– del ex ministro Domingo Cavallo de descargar sus propias responsabilidades históricas sobre terceros.

La siguiente es una breve descripción de los principales hechos vinculados con el derrumbe final del “régimen de convertibilidad”, que incluye también un más objetivo señalamiento de las responsabilidades del caso. Ha sido tomada de un trabajo que elaboré el año 2003, “La cuestión fiscal bajo el régimen de convertibilidad (Argentina 1991-2001)”, y publicado por la revista Realidad Económica (Nº 207, octubre/noviembre 2004).
“El derrumbe de 2001 ha adquirido un patetismo sin igual en la historia argentina contemporánea (y también en la mundial, al menos si se lo compara con sucesos registrados en economías de tiempos de paz). En una secuencia casi simultánea se terminó produciendo: la quiebra del Estado y el default inevitable de la deuda pública; una profunda depresión con ruptura de la cadena de pagos y desocupación rampante; una fuga masiva de depósitos y capitales, que huían de la moneda nacional (provocando su acelerada desaparición) y la pérdida de toda confianza en las instituciones bancarias (incluida la banca multinacional); la indisponibilidad de los depósitos en el sistema financiero; el control de capitales y una obligada devaluación, que en una primera instancia decidió “el mercado”.
Una vez caído el gobierno electo en 1999 se sucedieron la declaración oficial de default; la devaluación formal y posterior “flotación” del tipo de cambio y un contradictorio –en su primera fase, al menos– intento de “repesificar” la economía argentina, en las peores circunstancias que puedan imaginarse: emitiendo deuda pública adicional, buena parte de ella en moneda extranjera, en una magnitud todavía difícil de precisar y facilitando la “licuación” de grandes deudas empresarias a costa de las exhaustas arcas públicas.
Resulta paradójico, por fin, que hayan sido el fundador del régimen de convertibilidad y el presidente electo en 1999 –quien convocó al primero para sostener a toda costa la paridad “1 a 1” y el pago regular de la deuda pública– quienes terminasen adoptando, antes de su salida del gobierno (el 19 y 20 de diciembre de 2001), las medidas que acabaron con él. La adopción del régimen de indisposición de depósitos e inversiones bancarios (denominado “corralito”) y las medidas de control conexas (de cambios y capitales) a partir del 30 de noviembre de 2001 –que resultaron en una primera devaluación, del orden del 20/25 por ciento, decidida por “el mercado” en los días siguientes– y el primer default público efectivo, verificado el 19 de diciembre (el no pago de comisiones de 47 millones de dólares por el megacanje), fueron todas decisiones póstumas de los más devotos y encumbrados defensores del régimen de “caja de conversión”. El presidente de la Nación y su ministro de Economía fueron expulsados casi de inmediato por multitudes exasperadas el 19 y 20 de diciembre de 2001”
* Economista del Plan Fénix
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El rey de los sofistas. Por Abraham Leonardo Gak

(Publicado en Página 12 del día 3 de diciembre de 2009, en respuesta a la nota de Domingo Cavallo)
Domingo Cavallo ha publicado en el diario La Nación, el pasado 22 noviembre, un artículo en el que califica de “prueba histórica de un fraude intelectual” a la propuesta del Plan Fénix de un dólar alto para mejorar la competitividad del sector exportador argentino, el abandono de la convertibilidad y la promoción de la pesificación de depósitos y contratos en dólares.
Voy a dejar de lado la utilización mañosa de estadísticas –herramienta que suelen manejar con mucha habilidad los sofistas– por haber sido ya replicada por otros colegas.

El artículo pretende reducir la propuesta del Grupo Fénix al abandono de la convertibilidad y a la devaluación del peso, ocultando el conjunto de propuestas encaminadas hacia un plan estratégico económico y social en el que estos dos temas están incluidos. Al mismo tiempo, le adjudica una responsabilidad intelectual por la “traumática discontinuidad en las reglas de juego de la economía que se produjo alrededor del Año Nuevo de 2002”.
Conviene recordar que el Proyecto Estratégico Plan Fénix de la Universidad de Buenos Aires es una propuesta elaborada desde la universidad pública como un aporte hacia la comunidad, en cumplimiento de una función básica del estatuto universitario como lo es colocar sus conocimientos al servicio de la sociedad. En ese sentido, el objetivo ha sido señalar un camino de recuperación económica y sobre todo de redistribución del ingreso que garantice una vida digna para todas/os nuestras/os conciudadanas/os, rompiendo con el discurso único instalado, acorde con el Consenso de Washington. En este sentido, no hemos sido ni somos gobierno y defendemos a rajatabla nuestra independencia y libertad de pensamiento.
Para nosotros, la estrategia del dólar alto es una condición necesaria –aunque no suficiente– para instalar un modelo económico diferente. No se puede ignorar que la convertibilidad –y la apreciación cambiaria inédita que generó– junto con la apertura indiscriminada de los mercados han sido una verdadera bomba neutrónica que implosionó en nuestro país, produciendo el cierre de miles de pequeñas, medianas y algunas grandes empresas, una desocupación descomunal, una caída del Producto de más del 10 por ciento y niveles de pobreza e indigencia que aún hoy nos cuesta remontar. En este sentido, reivindicamos nuestra responsabilidad en la “traumática discontinuidad en las reglas de juego de la economía que se produjo alrededor del Año Nuevo de 2002”.
También es bueno recordar que quien rompió la estructura de la convertibilidad fue el propio ex ministro Cavallo el 3 de diciembre de 2001, luego de llevar a cabo –con la complicidad del FMI– un megacanje que no sólo empeoró el escenario de la deuda sino que también significó el pago de comisiones fraudulentas, por las que ahora el ex ministro debe rendir cuentas ante la Justicia. Tanto el megacanje como el “corralito” fueron esfuerzos desesperados para evitar una catástrofe. Fue realmente la Crónica de una muerte anunciada que dejó de ser un giro literario para referirse a una triste realidad, ya que no fue sólo una sino muchas las muertes que precedieron a la búsqueda de un nuevo camino.
El verdadero fraude intelectual es adjudicarnos como único aporte la propuesta de un dólar alto y pretender además borrar la verdadera diferencia que nos separa en materia económica y en muchas más. La realidad es que la política de Cavallo, que continuó el proyecto iniciado por la última dictadura militar, se tradujo en beneficios para unos pocos, de afuera y de adentro, contribuyendo incluso a una extranjerización inédita de nuestra economía. En cambio, nuestro pensamiento está dirigido a ofrecer caminos que nos coloquen en el mundo como un país soberano, independiente y sensible a las necesidades de todas/os y cada una/o de sus habitantes.
Por este motivo, nuestra propuesta excede ampliamente la estrategia del dólar alto. Incluye la recuperación de la presencia del Estado en la mediación, regulación y promoción económica; volver a tener el manejo de la política cambiaria, monetaria y fiscal, pasos indispensables para salir de la terrible crisis a la que nos llevaron precisamente las políticas con las que Cavallo castigó a la sociedad argentina, ayudado por las complicidades internas y externas que él ha sabido cultivar.
Omite reconocer nuestra propuesta de renegociación de la deuda externa, llevada al límite de lo impagable justamente por quien hoy pretende ser juez de un proceso en el que no ha tenido por suerte ninguna participación. Hablamos también de recuperar la moneda local, colocando a la actividad financiera al servicio de la transformación social y productiva. Nos referimos a la necesidad de acordar una nueva agenda en materia de políticas de fomento productivo y tecnológico, incluyendo una nueva política industrial que abarque las interrelaciones entre la industria, el agro y las demás ramas de la economía. Postulamos también la necesidad de la generación de empleo, que conlleve una mejora de su calidad y que favorezca especialmente a los trabajadores menos calificados.
Asimismo, hemos señalado la necesidad del apoyo y la reconversión de las estructuras productivas de las economías regionales, con especial preferencia hacia el segmento de la pequeña producción rural y urbana.
Con la inestimable colaboración de nuestros colegas integrantes del Plan Fénix, hemos planteado además la necesidad de lograr un mejor y eficiente Estado que contemple el fortalecimiento de aquellas instituciones y programas que promuevan nuevos equilibrios en los planos de la redistribución del ingreso. Hemos marcado la necesidad de corregir el desequilibrio generado por la insuficiencia en la provisión de bienes públicos (salud, educación, justicia, etc.), que afecta negativamente los ingresos públicos y, en consecuencia, contribuye a su déficit.
Tampoco hemos dejado de señalar la necesidad de tener una presencia de fuerte perfil en las negociaciones multilaterales y un creciente compromiso con la integración latinoamericana.
Finalmente, con ánimo de no cansar a los lectores, a esta lista no exhaustiva sumamos la necesidad de promover patrones de comportamiento empresario que se asemejen, en todo lo posible, a los esperables en mercados eficientes.
Tal vez Cavallo, con la sensibilidad que lo distingue para captar los intereses de los poderosos, considere que los efectos de la crisis mundial limitan los alcances y las ventajas de la aplicación de nuestras propuestas y piense que ha llegado el momento de la revancha. Le diría que no se ilusione. Hay caminos que las/os argentinas/os no queremos volver a transitar. Con dificultades, con retrocesos y avances, nuestro país alcanzará las metas que, a doscientos años del nacimiento de nuestra patria, razonablemente se merece una sociedad solidaria y equitativa.
Recibir la crítica del ex ministro de Economía nos ubica en el campo del pensamiento económico y ético en el que queremos estar
* Profesor honorario de la Universidad de Buenos Aires, profesor honorario de la Universidad Nacional de Salta.
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La prueba histórica de un fraude intelectual. Por Domingo Cavallo


(Publicado en La Nación (suplemento económico) el domingo 22 de noviembre de 2009)
Los ideólogos del Plan Fénix impulsaron el abandono de la convertibilidad y promovieron la pesificación de los depósitos y contratos en dólares con fuerte devaluación del Peso, con el argumento de que el “atraso cambiario” de los 90s había deprimido las exportaciones y, por consiguiente, era responsable de la recesión y del desempleo.
Han pasado ya ocho años de este cambio de paradigma y disponemos de datos estadísticos para examinar la validez empírica de esta teoría. Es importante que los estudiosos de la economía contrasten todas las teorías con la realidad, pero particularmente la del dólar alto como clave de la competitividad, porque es la responsable intelectual de la traumática discontinuidad en las reglas de juego de la economía que se produjo alrededor del Año Nuevo de 2002.
A modo de desafío intelectual, pido a los ideólogos del Plan Fénix que expliquen, a partir de su teoría, la realidad que describen las cifras de los dos cuadros siguientes (quienes se interesen por los datos anuales en los que se basan estos cuadros y sus fuentes, pueden recurrir a mi blog: www.cavallo.com.ar):
Porcentaje de crecimiento de la exportaciones en el período:
País Argentina Brasil Chile
1980/1991 49 56 73
1991/2001 121 84 89
2001/2009 99 166 123
Tipo de cambio real promedio del período:
País Argentina Brasil Chile
1980/1991 114 103 93
1991/2001 64 89 98
2001/2009 121 113 111
En el período 1980/2009 las exportaciones de Chile y de Brasil crecieron más que las de Argentina. Esto no necesita una teoría especial para ser explicado. Es sabido que en los últimos 29 años, Chile es el país que mejor manejó su economía y Brasil, tradicionalmente, tuvo más agresividad exportadora que Argentina.
La comparación interesante surge al dividir estos 29 años en tres períodos bien definidos: el de los 80s, el de la Convertibilidad y el de la vigencia intencional de la política de tipo de cambio alto en nuestro país. En el cuadro donde se presentan los promedios de los respectivos índices del tipo de cambio real, surgen, casi como si se tratara de un experimento preparado para testear la teoría del tipo de cambio alto, claras diferencias en la trayectoria de Argentina, en comparación tanto con Brasil como con Chile. Nuestro país pasó de un tipo de cambio real alto (113) entre 1980-1990 a otro que fue apenas superior a la mitad del anterior (64) para volverlo a subir a casi el doble desde que entró en vigencia la política de tipo de cambio alto (121). En los otros dos países se produjeron variaciones en la misma dirección, determinadas principalmente por los vaivenes del dólar en el mundo, pero mucho menos acentuadas que las variaciones en Argentina.
Miremos ahora el comportamiento de las exportaciones: en los dos períodos de tipo de cambio alto, las exportaciones de Chile y de Brasil crecieron mucho más rápido que las de Argentina. Por el contrario en el tan denostado período de la convertibilidad, o del “atraso cambiario” como lo llaman los teóricos del tipo de cambio alto, las exportaciones de Argentina crecieron al 121 % contra un crecimiento sólo el 89 % de las chilenas y el 84 % las de Brasil.
Sería bueno que los profesores del Plan Fénix pidan a sus estudiantes, como ejercicio práctico, encontrar explicaciones para esta aparente paradoja. Los estudiantes que razonen sin las anteojeras ideológicas de sus profesores van a descubrir que los dos determinantes principales de la competitividad exportadora de un país son: a) la política comercial externa, medida por la brecha entre el tipo de cambio efectivo de las exportaciones (reducido por las retenciones y las trabas cuantitativas a las exportaciones) y el tipo de cambio efectivo de las importaciones (aumentado por los aranceles y las restricciones cuantitativas a las importaciones) y, b) los incentivos a la inversión modernizadora de la economía, que no es otra que la inversión eficiente. A mayor sesgo anti-exportador de la política comercial externa y a menor aliento a la inversión eficiente, menor crecimiento de las exportaciones.
Cuando se trata de compensar con una moneda extremadamente devaluada un sesgo anti-exportador deliberadamente introducido en la economía y se desalienta la inversión modernizadora, lo único que se logra es que la inflación deteriore el salario real y desmejore la distribución del ingreso. Eso es exactamente lo que han conseguido al promover el abandono de la convertibilidad.
La década de los 90s, por más mentiras que se repitan sobre ella, va a quedar registrada en la historia económica de Argentina no sólo como la década en la que erradicamos la inflación, sino también como la década del mejor desempeño exportador.
Y la teoría del tipo de cambio alto, como estrategia de crecimiento, va a ir al tacho de la basura en el que terminan las elucubraciones de economistas que en lugar de trabajar por el bien común ponen su intelecto al servicio de intereses de empresarios cortesanos o se afanan, dejando de lado la objetividad científica, por revivir sus viejas teorías, desmentidas por la historia no sólo de Argentina sino de toda la humanidad.

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