(Nota publicada en La Nación, martes 18 de enero de 2011)
En los últimos veinte años, la economía argentina experimentó una profunda transformación. En el Gobierno siempre se habla del crecimiento y de los cambios operados durante el período kirchnerista, pero esto induce a error, ya que el cambio se inició en 1989 y el alto crecimiento sólo se explica a partir de las reformas estructurales de la década del 90 y de la revolución tecnológica.
Entre 1990 y 1998, el producto bruto interno creció un 60%. Luego bajó un 20% hasta 2002, y a partir de allí aumentó un 70%. La cuenta total arroja un plus del 126%, y por habitante, algo más del 100%. Aun ajustando algunas cifras del PBI (cuyo cálculo nunca es exacto), el crecimiento ha sido fenomenal, muy superior al histórico (que en el siglo pasado fue, en promedio, del orden del 3,5% anual, con un mucho mayor crecimiento poblacional que en las últimas dos décadas). Pero, además, el crecimiento de 1990 a 2010 estuvo acompañado de transformaciones cualitativas profundas, entre las que se destaca la telefonía móvil y la computadora personal con Internet.
Las causas básicas de este alto crecimiento son tres:
1. Las privatizaciones de la década del 90, mediante las cuales se logró una sensible mejora en los servicios públicos, se dio un fuerte impulso al crecimiento económico, se eliminó una carga insoportable para las finanzas públicas y se obtuvieron importantes ingresos fiscales adicionales. YPF pasó a ser el mayor contribuyente, tanto globalmente como en relación con el impuesto a las ganancias, que antes no pagaba. En materia de telefonía, pasamos de 2,7 millones de líneas en 1990 -que funcionaban defectuosamente- a 8 millones de conexiones fijas y más de 50 millones inalámbricas, por celular. En materia de electricidad, las usinas privatizadas que antes constituían la estatal Segba operan a plena capacidad (que ha sido fuertemente aumentada, sobre todo por introducción del ciclo combinado), con mínimos inconvenientes -a pesar de los palos en la rueda que pone el Gobierno-, cuando en la crisis de enero de 1989 Segba trabajaba a un tercio de su capacidad. En materia portuaria, la mejora es sideral; aquí se suma a la privatización la desregulación. La siderúrgica Somisa sólo podía operar con alta protección y precios elevados, mientras que su sucesora Siderar opera con alta eficiencia, exportando acero, y obtiene ganancias y paga altos importes por el correspondiente impuesto. Y suma y sigue. Sin las privatizaciones, el crecimiento de la primera década del nuevo siglo simplemente no hubiera sido posible. A pesar de que el Gobierno se ocupó, a partir de 2002, de poner trabas a las empresas privatizadas, éstas siguieron operando en forma eficiente. Este es el meollo de la cuestión: el Estado es intrínsecamente ineficiente, en especial cuando maneja empresas.
2. La revolución tecnológica, que tuvo su pico en la década del 90 y que fue la mayor de toda la historia de la humanidad, tuvo un formidable efecto sobre el crecimiento económico. Se concentró en tres aspectos: telefonía (en especial teléfonos móviles); computación y sistemas informáticos (en especial, Internet), y biotecnología (en especial, la elaboración de semillas genéticamente modificadas). Aparte de esto, hubo muchos otros avances; por ejemplo, la introducción generalizada de la siembra directa en nuestra agricultura y la fenomenal expansión de feedlots . Además, la computación también transformó las máquinas, con mayor automaticidad y mucha más productividad por operario. Hubo una verdadera explosión tecnológica.
3. La aparición de China y luego de India y otros países, como grandes compradores de commodities que la Argentina exporta. Gracias a ello, el precio internacional de la soja aumentó a más del doble. Pero el fenómeno no sólo afectó a cereales y oleaginosas, sino a toda suerte de metales y minerales que la Argentina produce y exporta en creciente cantidad, e incentivó inversiones en minería. Esto permitió también que la recesión mundial de 2009 tuviera poco impacto en la Argentina, ya que, a diferencia de la crisis del 30, cuando los precios de nuestras commodities se derrumbaron, esta vez se mantuvieron relativamente altos. Los términos de intercambio se modificaron dramáticamente a favor de nuestro país por la suba del precio de las commodities que exportamos y por la baja en el precio de computadoras y productos conexos, que importamos. Si medimos el precio de las maquinarias importadas, no por su peso, sino por su productividad, también hay bajas.
En este contexto, y conforme al "modelo" de los Kirchner, el Estado creció mucho. En sus tres niveles (nacional, provincial y municipal) requería menos del 30% del producto bruto interno en 1990, mientras que ahora está cerca del 40%. Teniendo en cuenta el crecimiento del período, esto significa que en términos absolutos y reales (sin tener en cuenta la inflación), el sector público gasta el triple que hace 20 años, cubriendo la casi totalidad con ingresos genuinos. Además, por el drástico corte de la deuda pública y la reducción compulsiva de intereses, se redujo la carga de los mismos a una fracción de lo que era antes.
Esto permitió implementar políticas sociales que en otras épocas hubieran sido financieramente imposibles: el otorgamiento masivo de subsidios a familias muy pobres; el aumento de las jubilaciones mínimas (muy por encima de la inflación); la incorporación al régimen jubilatorio de unos 2,3 millones de personas que habían cumplido con la edad requerida, pero no con los aportes; el subsidio a 3,5 millones de menores; el regalo de 500 pesos a los que perciben la jubilación mínima y el creciente subsidio a las tarifas de servicios públicos esenciales (electricidad, gas, agua, transporte público), que beneficia fundamentalmente a personas de menores ingresos.
Frente a la abundancia de recursos del Estado, se plantea inevitablemente el interrogante de si en materia social no se podría haber hecho más o haber hecho las cosas mejor. Sin duda, si el Estado no hubiera dilapidado tantos recursos en los últimos años se podrían haber destinado más recursos a programas sociales, especialmente a la vivienda, un problema crítico. El aumento del número de empleados públicos en cerca de un millón en la última década era innecesario. Además, la reestatización de empresas privatizadas y la creación de nuevas empresas estatales tuvo un alto e innecesario costo para el Estado. También hubo dilapidación en la ejecución de inversiones públicas, por proyectos deficientes y mala ejecución, y por haber asumido inversiones que podrían haber hecho (mejor y más barato) empresas privadas. Además, hubo importaciones caras e innecesarias de gasoil, mientras se exportaba el mismo combustible a menor precio. Finalmente, hubo mucho subsidio injustificado, directo e indirecto, a personas pudientes.
Pero, aparte de esto, en materia de vivienda se podría haber hecho más, con métodos constructivos más racionales, con traslado de tareas de terminación a los propios beneficiarios y con apoyo a programas de autoconstrucción y de cofinanciación. Pero, además, el problema no tiene solución si mantenemos una alta inmigración de personas paupérrimas, que pasan a constituir la mayor parte de los pobladores de las villas de emergencia. Nuestro fuerte crecimiento crea un mayor desnivel con países pobres del subcontinente y atrae más inmigrantes.
Un último punto: la ocupación ha crecido mucho menos que el PBI, con una elasticidad-empleo cada vez más baja, de que modo que la desocupación y la subocupación se mantienen más altas de lo que debería ser, con la agravante de una altísima proporción de trabajadores en negro. Los coeficientes serían muy superiores aún si el Estado no hubiera empleado tanta gente que no necesitaba. Este tema requiere ser pensado en profundidad: en especial, es imprescindible repensar la política laboral dando prioridad a los incentivos para emplear más personal por sobre las mejoras a los privilegiados que ya trabajan en blanco.
© La Nacion
El autor, economista, fue ?secretario de Hacienda de la Nación
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martes, 18 de enero de 2011
lunes, 10 de enero de 2011
Desinversión y subsidios sostienen a grandes empresas. Por IDESA
Información referida a las 500 empresas más grandes de la Argentina, producida por el INDEC, señala que entre los años 2003 y 2009 los salarios, las utilidades y el pago de impuestos crecieron muy por encima de lo que aumentó el valor agregado de esas empresas. El desbalance se compensó con disminución de la inversión y fuerte crecimiento de los subsidios. Esto testimonia la creciente dependencia que tienen las grandes empresas de los subsidios que distribuye el Estado y sugiere que la exuberancia del consumo no está siendo acompañada por inversiones que le den sustento para el futuro.
Recientemente el INDEC actualizó, con datos del año 2009, la Encuesta Nacional a Grandes Empresas (ENGE). En este documento se publica información económica referida a las 500 empresas no financieras más grandes del país. Se trata de un segmento de alta importancia dentro del aparato productivo, al punto que son las empresas que generan aproximadamente el 20% del valor agregado total (o PBI) de la economía argentina. Esto implica que, más allá de las particularidades derivadas de su tamaño y concentración, las tendencias en este reducido grupo de empresas tienen un peso importante en el comportamiento general de la economía.
Desde el punto de vista de la registración contable macroeconómica, el valor agregado generado en un período tiene como contrapartida la retribución al trabajo (salarios), a las empresas (utilidades), a los servicios del Estado (impuestos), a los ahorristas (intereses) y a la reposición del capital consumido (amortizaciones). Según el informe del INDEC, entre los años 2003 y 2009 el valor agregado de las 500 empresas más grandes aumentó en términos reales (es decir, corregido por inflación) un 56%. Este alto crecimiento se explica por la profundidad de la crisis del 2002, pero lo más significativo es que en la distribución de este crecimiento del valor agregado se destacan las siguientes tendencias:
• La retribución al factor trabajo –es decir, el pago de salarios e indemnizaciones– aumentó, en el mismo período, un 130%.
• La retribución a las empresas –es decir, las utilidades– aumentó un 118%.
• La retribución a los servicios del Estado –es decir, el pago de impuestos– creció un 80%.
Los datos señalan que entre las grandes empresas la retribución al trabajo, las utilidades de las empresas y el pago de impuestos crecen muy por encima de lo que aumenta el valor agregado generado por esas empresas. En otras palabras, la generación de riqueza creció menos que los ingresos distribuidos a favor de los trabajadores, los capitalistas y el Estado. El desbalance se compensa con menores inversiones y con el incremento de los subsidios del Estado a favor de las empresas.
La menor disposición a invertir se refleja en que las amortizaciones caen un 17% entre los años 2003 y el 2009. Si bien el fenómeno puede estar reflejando una subestimación contable, no deja de ser muy sugerente que entre las grandes empresas disminuya el monto del capital consumido. También es muy sugerente que el pago de intereses por créditos para la producción muestre una caída, en términos reales, del orden del 13%. Esto, en parte, refleja las bajas tasas de interés prevalecientes, pero también manifiesta que el crédito para financiar la ampliación de la capacidad productiva es muy limitado.
Pero lo más importante que surge de la Encuesta es que el componente más dinámico dentro del financiamiento de las grandes empresas son los subsidios del Estado. Entre los años 2003 y 2009 los subsidios aumentaron en un 345% en términos reales, llegando a representar el 6,5% del valor agregado. Como es un promedio, donde hay empresas que no reciben y otras que sí, es claro que entre estas últimas se impone una lógica empresarial en la que no se prioriza seducir consumidores en base a la calidad y precios de los productos sino en congraciarse con los funcionarios que administran los subsidios. Es el “capitalismo de amigos”, que sustituye al “capitalismo de mercado” . Bajo estas reglas no prospera el innovador, el emprendedor, el que arriesga y se esfuerza, sino el lobbista, el amigo, el que mejor "llegada" logra a las autoridades.
Con sus limitaciones, los datos oficiales sugieren que la exuberancia del consumo presente tiene bases débiles de sustentabilidad. Las empresas –al menos, las grandes- muestran limitada vocación por ampliar su capacidad productiva, la inversión se financia fundamentalmente con utilidades (ya que es muy escaso el crédito para la producción) y la brecha que generan los incrementos de salarios, de impuestos y utilidades por encima del aumento en el valor agregado se cubre con subsidios. Se trata de otro indicio consistente con la idea de que es necesario un cambio estructural de reglas de juego para evitar que la Argentina dilapide, otra vez, la oportunidad de iniciar un proceso de desarrollo sustentable.
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Recientemente el INDEC actualizó, con datos del año 2009, la Encuesta Nacional a Grandes Empresas (ENGE). En este documento se publica información económica referida a las 500 empresas no financieras más grandes del país. Se trata de un segmento de alta importancia dentro del aparato productivo, al punto que son las empresas que generan aproximadamente el 20% del valor agregado total (o PBI) de la economía argentina. Esto implica que, más allá de las particularidades derivadas de su tamaño y concentración, las tendencias en este reducido grupo de empresas tienen un peso importante en el comportamiento general de la economía.
Desde el punto de vista de la registración contable macroeconómica, el valor agregado generado en un período tiene como contrapartida la retribución al trabajo (salarios), a las empresas (utilidades), a los servicios del Estado (impuestos), a los ahorristas (intereses) y a la reposición del capital consumido (amortizaciones). Según el informe del INDEC, entre los años 2003 y 2009 el valor agregado de las 500 empresas más grandes aumentó en términos reales (es decir, corregido por inflación) un 56%. Este alto crecimiento se explica por la profundidad de la crisis del 2002, pero lo más significativo es que en la distribución de este crecimiento del valor agregado se destacan las siguientes tendencias:
• La retribución al factor trabajo –es decir, el pago de salarios e indemnizaciones– aumentó, en el mismo período, un 130%.
• La retribución a las empresas –es decir, las utilidades– aumentó un 118%.
• La retribución a los servicios del Estado –es decir, el pago de impuestos– creció un 80%.
Los datos señalan que entre las grandes empresas la retribución al trabajo, las utilidades de las empresas y el pago de impuestos crecen muy por encima de lo que aumenta el valor agregado generado por esas empresas. En otras palabras, la generación de riqueza creció menos que los ingresos distribuidos a favor de los trabajadores, los capitalistas y el Estado. El desbalance se compensa con menores inversiones y con el incremento de los subsidios del Estado a favor de las empresas.
La menor disposición a invertir se refleja en que las amortizaciones caen un 17% entre los años 2003 y el 2009. Si bien el fenómeno puede estar reflejando una subestimación contable, no deja de ser muy sugerente que entre las grandes empresas disminuya el monto del capital consumido. También es muy sugerente que el pago de intereses por créditos para la producción muestre una caída, en términos reales, del orden del 13%. Esto, en parte, refleja las bajas tasas de interés prevalecientes, pero también manifiesta que el crédito para financiar la ampliación de la capacidad productiva es muy limitado.
Pero lo más importante que surge de la Encuesta es que el componente más dinámico dentro del financiamiento de las grandes empresas son los subsidios del Estado. Entre los años 2003 y 2009 los subsidios aumentaron en un 345% en términos reales, llegando a representar el 6,5% del valor agregado. Como es un promedio, donde hay empresas que no reciben y otras que sí, es claro que entre estas últimas se impone una lógica empresarial en la que no se prioriza seducir consumidores en base a la calidad y precios de los productos sino en congraciarse con los funcionarios que administran los subsidios. Es el “capitalismo de amigos”, que sustituye al “capitalismo de mercado” . Bajo estas reglas no prospera el innovador, el emprendedor, el que arriesga y se esfuerza, sino el lobbista, el amigo, el que mejor "llegada" logra a las autoridades.
Con sus limitaciones, los datos oficiales sugieren que la exuberancia del consumo presente tiene bases débiles de sustentabilidad. Las empresas –al menos, las grandes- muestran limitada vocación por ampliar su capacidad productiva, la inversión se financia fundamentalmente con utilidades (ya que es muy escaso el crédito para la producción) y la brecha que generan los incrementos de salarios, de impuestos y utilidades por encima del aumento en el valor agregado se cubre con subsidios. Se trata de otro indicio consistente con la idea de que es necesario un cambio estructural de reglas de juego para evitar que la Argentina dilapide, otra vez, la oportunidad de iniciar un proceso de desarrollo sustentable.
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Venderle naranjas al Paraguay. Por Alieto Guadagni
El Gobierno acaba de suscribir 18 pagarés por un total de 819 millones de dólares a favor de la empresa petrolera? estatal de Venezuela (Pdvsa). De esta manera, se saldan deudas pendientes por? las importaciones de fueloil vendido, pero no producido por esta empresa. Recordemos que hace? años, cuando alguien proponía en la Argentina una operación de comercio exterior que carecía de sentido económico, se decía: "Eso es como querer venderle naranjas al? Paraguay".
El caso es que ahora, lamentablemente, deberíamos decir esto: "Es? tan absurdo como comprarle fueloil contaminante a la empresa estatal Pdvsa de Venezuela sin licitación". Veamos por qué; comencemos por indicar que el Plan Energético Nacional (2004-2008), anunciado en 2004 por el secretario de Energía, Daniel Cameron, indicaba que se compraría directamente fueloil vendido por Pdvsa, pero sin ningún tipo de concurso abierto de precios y calidades a fin de asegurar buenos precios para la Argentina.? Pero el caso es que desde hacía décadas el país tenía una balanza de exportaciones-importaciones de fueloil? fuertemente superavitaria, si bien en meses críticos de invierno por razones de falta estacional de gas era necesario importar puntualmente fueloil.
El caso es que ahora, lamentablemente, deberíamos decir esto: "Es? tan absurdo como comprarle fueloil contaminante a la empresa estatal Pdvsa de Venezuela sin licitación". Veamos por qué; comencemos por indicar que el Plan Energético Nacional (2004-2008), anunciado en 2004 por el secretario de Energía, Daniel Cameron, indicaba que se compraría directamente fueloil vendido por Pdvsa, pero sin ningún tipo de concurso abierto de precios y calidades a fin de asegurar buenos precios para la Argentina.? Pero el caso es que desde hacía décadas el país tenía una balanza de exportaciones-importaciones de fueloil? fuertemente superavitaria, si bien en meses críticos de invierno por razones de falta estacional de gas era necesario importar puntualmente fueloil.
La cuestión es que entre 2004 y 2009 exportamos más de 8 millones de toneladas y, al mismo tiempo, sorprendentemente importamos? 4,8 millones. Las estadísticas indican algo muy extraño: aumentan las exportaciones, pero también crecen las importaciones.
Concretamente, de cada 100 toneladas importadas, apenas se justifican? alrededor de 40 porque las otras 60 llegaron a nuestros puertos en meses en los que al mismo tiempo salían barcos cargados de fueloil rumbo al exterior, particularmente a Nueva York. Quiere decir que el argumento estacional no alcanza para justificar esta masiva y redundante operación.
Es así como compramos innecesariamente nada menos que alrededor de 2,8 millones de toneladas. Aunque supongamos que todos los precios sean competitivos (es decir, con licitaciones abiertas de precio y calidad) y, en consecuencia, sin sobreprecios, existe inevitablemente un importante quebranto económico, que se traduce al mismo tiempo en un quebranto fiscal cuando el que compra es el gobierno a través de un ente como Cammesa (la empresa mixta que opera el mercado eléctrico).
La razón es muy simple: existe una amplia diferencia -en el orden de los 122 dólares la tonelada- entre los valores CIF (el precio cotizado por el vendedor incluye costo, seguro y flete hasta el destino final) y FOB ( free on board o libre a bordo; el vendedor pone las mercancías a bordo de un transporte y a partir de allí se hace cargo el comprador), a la que hay que agregar el incremento en los costos logísticos vinculados con toda esta redundante operación portuaria de movimiento de grandes cantidades de fueloil.
Pero aquí no concluye el perjuicio a nuestro país; además, se sabe que el fueloil argentino es de buena calidad ambiental (con bajo contenido de azufre) y que se vende en mercados exigentes (Nueva York), cosa que no ocurre con el que estamos importando, ya que ahora está amparado por la resolución?150 de 2008, por la que el secretario de Energía postergó indefinidamente la vigencia de la buena norma ambiental? que él mismo, con muy buen criterio, había establecido dos años antes (resolución 1283, de 2006).
O sea que, para comprarle fueloil en exceso a Pdvsa, además, había que tolerar que tuviera un alto contenido de azufre contaminante, por encima del que posee? nuestro propio fueloil. Pero esta práctica se llevó a cabo también durante 2010, ya que en el primer semestre del año pasado la Argentina aumentó las exportaciones de fueloil mientras que las importaciones ?también trepaban. Es decir, suben los quebrantos económicos y fiscales, que pueden ser estimados por encima de 330 millones de dólares (hasta diciembre de 2009). Toda esta cuestión podría ser solucionada en 24 horas; simplemente, bastaría con que Cammesa, ente con amplia participación privada, estableciera, como indican las buenas prácticas empresariales, que todas sus compras de fueloil se hicieran mediante licitaciones abiertas y competitivas de precios, calidades y financiamiento. Si se hiciera eso, inmediatamente se evaporaría la inmensa mayoría de estas compras injustificadas, ya que naturalmente los productores nacionales estarían en condiciones de ofrecer los mejores precios.
Este tema es de interés público porque las compras que ahora Cammesa realiza directamente a Pdvsa (que simplemente intermedia en este negocio porque el fueloil no es de la compañía venezolana) son financiadas por fondos públicos.
Una reflexión final: todos conocemos el drama de la gente humilde en el conurbano, donde lamentablemente aún 6 de cada 10 familias no tienen cloacas y 4 de cada 10 no tienen agua potable de red. Con el innecesario y enorme sobrecosto de esta operación de fueloil, se pudo haber llevado agua potable y cloacas a medio millón de personas. Es hora de priorizar un gasto público sensato y transparente. Es muy difícil mejorar las condiciones de vida de los más humildes, si el gasto público no es socialmente responsable.
El autor es economista y fue secretario de Energía de la Nación
Concretamente, de cada 100 toneladas importadas, apenas se justifican? alrededor de 40 porque las otras 60 llegaron a nuestros puertos en meses en los que al mismo tiempo salían barcos cargados de fueloil rumbo al exterior, particularmente a Nueva York. Quiere decir que el argumento estacional no alcanza para justificar esta masiva y redundante operación.
Es así como compramos innecesariamente nada menos que alrededor de 2,8 millones de toneladas. Aunque supongamos que todos los precios sean competitivos (es decir, con licitaciones abiertas de precio y calidad) y, en consecuencia, sin sobreprecios, existe inevitablemente un importante quebranto económico, que se traduce al mismo tiempo en un quebranto fiscal cuando el que compra es el gobierno a través de un ente como Cammesa (la empresa mixta que opera el mercado eléctrico).
La razón es muy simple: existe una amplia diferencia -en el orden de los 122 dólares la tonelada- entre los valores CIF (el precio cotizado por el vendedor incluye costo, seguro y flete hasta el destino final) y FOB ( free on board o libre a bordo; el vendedor pone las mercancías a bordo de un transporte y a partir de allí se hace cargo el comprador), a la que hay que agregar el incremento en los costos logísticos vinculados con toda esta redundante operación portuaria de movimiento de grandes cantidades de fueloil.
Pero aquí no concluye el perjuicio a nuestro país; además, se sabe que el fueloil argentino es de buena calidad ambiental (con bajo contenido de azufre) y que se vende en mercados exigentes (Nueva York), cosa que no ocurre con el que estamos importando, ya que ahora está amparado por la resolución?150 de 2008, por la que el secretario de Energía postergó indefinidamente la vigencia de la buena norma ambiental? que él mismo, con muy buen criterio, había establecido dos años antes (resolución 1283, de 2006).
O sea que, para comprarle fueloil en exceso a Pdvsa, además, había que tolerar que tuviera un alto contenido de azufre contaminante, por encima del que posee? nuestro propio fueloil. Pero esta práctica se llevó a cabo también durante 2010, ya que en el primer semestre del año pasado la Argentina aumentó las exportaciones de fueloil mientras que las importaciones ?también trepaban. Es decir, suben los quebrantos económicos y fiscales, que pueden ser estimados por encima de 330 millones de dólares (hasta diciembre de 2009). Toda esta cuestión podría ser solucionada en 24 horas; simplemente, bastaría con que Cammesa, ente con amplia participación privada, estableciera, como indican las buenas prácticas empresariales, que todas sus compras de fueloil se hicieran mediante licitaciones abiertas y competitivas de precios, calidades y financiamiento. Si se hiciera eso, inmediatamente se evaporaría la inmensa mayoría de estas compras injustificadas, ya que naturalmente los productores nacionales estarían en condiciones de ofrecer los mejores precios.
Este tema es de interés público porque las compras que ahora Cammesa realiza directamente a Pdvsa (que simplemente intermedia en este negocio porque el fueloil no es de la compañía venezolana) son financiadas por fondos públicos.
Una reflexión final: todos conocemos el drama de la gente humilde en el conurbano, donde lamentablemente aún 6 de cada 10 familias no tienen cloacas y 4 de cada 10 no tienen agua potable de red. Con el innecesario y enorme sobrecosto de esta operación de fueloil, se pudo haber llevado agua potable y cloacas a medio millón de personas. Es hora de priorizar un gasto público sensato y transparente. Es muy difícil mejorar las condiciones de vida de los más humildes, si el gasto público no es socialmente responsable.
El autor es economista y fue secretario de Energía de la Nación
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sábado, 8 de enero de 2011
La riqueza cambiante de las naciones. Por Manuel de la Rocha
Un aspecto ampliamente conocido de la economía global del siglo XXI es el surgimiento de los llamados países emergentes. Pero el realineamiento económico mundial de las dos últimas décadas va mucho más allá y representa una transformación de importancia histórica, comparable a la revolución industrial, de la que destacamos los siguientes aspectos:
1. El centro de gravedad de la economía internacional se desplaza rápidamente hacia Oriente y el Sur: aún más dramático, más de la mitad del crecimiento económico a nivel mundial en los últimos 15 años ha sido generado por los países emergentes y en desarrollo. Como consecuencia, las economías que no son miembros de la OCDE ya representan el 49% del PIB global, que según las proyecciones llegará al 57% en 2030. La crisis económica que ha golpeado fundamentalmente a los países de la OCDE ha acentuado estas tendencias.
2. La división tradicional entre países desarrollados y países en desarrollo ya no es tan significativa. Las enormes divergencias entre países requieren de una nueva clasificación que defina mejor su evolución económica. La OCDE
[Shifting Wealth: Perspectives on Global Development. 2010] propone una descripción dinámica del mundo, dividido en cuatro categorías basado en el crecimiento de las dos últimas décadas: países prósperos: los de la OCDE; países convergentes, con tasas de crecimiento per cápita que doblan las de la OCDE; países con dificultades (struggling), con tasas de crecimiento per cápita solo ligeramente superiores a la OCDE y; países pobres, que sufren bajas tasas de crecimiento y renta per cápita por debajo de los 950 dólares al final del periodo. Esta categorización va más allá de la tradicional división entre Norte y Sur, y proporciona una visión mucho más completa de la evolución dinámica del desarrollo global. Así, se muestra claramente que un grupo importante de países en desarrollo, entre los que destacan casi toda Asia, parte de Latinoamérica y amplias zonas de África, van convergiendo hacia niveles de riqueza de los países prósperos, otros están luchando para penetrar en ese selecto club, mientras que unos 25 países siguen sufriendo bajo el peso de la pobreza extrema, esencialmente en África Occidental y Central.
Muchas de las causas de este cambio estructural de la economía internacional son bien conocidas, otras no tanto. Primero, la apertura exterior de economías, anteriormente cerradas, como China, India y la URSS entre otras, produjo una sacudida en la oferta del mercado laboral mundial. Cerca de 1.500 millones de trabajadores se incorporaron a la economía de mercado en la década de 1990. Esto redujo el coste de numerosos bienes y servicios comerciados, posibilitando el despegue de varios países convergentes, principalmente en Asia. Segundo, el crecimiento en los países emergentes alimentó la demanda de materias primas y energía, lo que produjo una transferencia de riqueza hacia los países exportadores de estos productos, impulsando así el crecimiento en África, Latinoamérica y Oriente Próximo. Y tercero, muchos países emergentes han pasado de ser deudores a acreedores netos, acumulando grandes cantidades de divisas, especialmente China, lo que ha permitido mantener bajas las tasas de interés en los países desarrollados.
3. La creciente importancia del Sur para el Sur: la intensificación extraordinaria de los flujos económicos y financieros entre los gigantes emergentes y los países pobres, a través del comercio y la inversión extranjera directa, es una de las grandes novedades de esta nueva era. Es probable que esta tendencia continúe. En 2009 China se convirtió en el principal socio comercial de Brasil, India y Sudáfrica. Los países en desarrollo ahora mantienen cerca del 37% del comercio mundial, y el comercio intrasur representa alrededor de la mitad de ese total, constituyéndose potencialmente como el gran motor del crecimiento mundial en la próxima década.
4. La pobreza extrema se ha reducido en términos absolutos, pero ha aumentado la desigualdad al interior de los países. El realineamiento de la economía mundial ha permitido reducir el número de pobres en 120 millones durante los noventa y aproximadamente 300 millones en la primera mitad de la década del 2000. Solo en China, por ejemplo, entre 1990 y 2005 la pobreza extrema disminuyó del 60% al 16% de la población. A pesar de la reducción de la pobreza absoluta, la desigualdad a nivel global no se ha reducido. El aumento gigantesco de la desigualdad en países como China o India ha surgido de estructuras económicas duales, por la incorporación de muchos millones de trabajadores desde zonas rurales de bajísimos ingresos a los sectores urbanos impulsados por los servicios y las manufacturas. El aumento de la desigualdad también se ha producido en las grandes economías del norte, como EE UU o Reino Unido, y está en el origen estructural de la crisis financiera del 2008. Por el contrario, otros países como Brasil o Sudáfrica han sido capaces de crecer vigorosamente y reducir los niveles de desigualdad.
De la evolución descrita se desprende que la velocidad y magnitud de los cambios han sido más profundas de lo que se pensaba hace 30 años, cuando la ideología neoliberal comenzaba su dominio y se destacaban las oportunidades que la globalización ofrecía para el crecimiento y el desarrollo, y por tanto la necesidad de abrirse y adaptarse para aprovecharlas. Pero mientras las transformaciones han sido de mayor calado que el inicialmente previsto, las políticas de reforma y redistribución en los países de la OCDE no han sido a menudo suficientes para compensar los desafíos de la globalización, y la desigualdad y vulnerabilidad social han aumentado.
Veinte años después, los mercados financieros globales imponen su dictadura, muchos Gobiernos nacionales se ven impotentes y la ciudadanía apenas percibe diferencias en las salidas a las crisis entre Gobiernos progresistas y conservadores. Y es que aunque los problemas siguen siendo locales, las soluciones pasan por propuestas y políticas globales. En este sentido, se señalan tres áreas claves para un programa socialdemócrata de alcance global:
La primera prioridad es el establecimiento de una nueva gobernanza global: si los problemas del planeta cada vez son más globales, la responsabilidad y las soluciones deben compartirse entre todos. Pero la reforma de las instituciones internacionales no ha estado a la par con los cambios que se requieren para mejorar la gobernabilidad mundial. El resultado ha sido una pérdida de legitimidad profunda y una crisis en cuanto a su eficacia. La aparición del G-20 y los acuerdos que de ahí han surgido son pasos positivos, pero quedan todavía lejos de conformar un sistema de gobernabilidad global realmente democrático e inclusivo, y que debe incluir la reforma de la ONU.
En segundo lugar, hay que lograr instrumentos de fiscalidad internacional. La protección y promoción de los bienes públicos internacionales (cambio climático, investigación contra enfermedades de transmisión, lucha contra la pobreza, etcétera), requieren de fondos suficientes y predecibles para financiarlos. El establecimiento de figuras impositivas internacionales representa de mejor manera la búsqueda de soluciones globales a problemas de todos y debe ser un ámbito diferenciador para la socialdemocracia. El debate ha comenzado con los impuestos al carbono, a los bancos o a las transacciones financieras. Además, una nueva fiscalidad internacional debe llevar a la erradicación de los paraísos fiscales.
En tercer lugar, cuando las líneas divisorias entre países ricos y pobres se difuminan, también lo hacen las trayectorias de las migraciones humanas. Ya no es solo a los países de la OCDE donde emigran los trabajadores de los países pobres, sino que los flujos migratorios sur-sur se han vuelto casi tan importantes como los anteriores. Por eso, es necesario un acuerdo migratorio global, que considere a los emigrantes fundamentalmente como seres humanos protegidos por derechos elementales, al mismo tiempo que se aprovechan sus capacidades productivas en beneficio de todos.
Las tres propuestas mencionadas, junto a otras como el reforzamiento de la regulación de los mercados financieros, el establecimiento de un mínimo social global o un nuevo orden para el comercio internacional, deben constituir el eje de una agenda global socialdemócrata renovada, que muestre a los ciudadanos que dos décadas después, en la era de la globalización acelerada multipolar, existen aún diferencias entre las opciones de progreso y las conservadoras. Leer más...
1. El centro de gravedad de la economía internacional se desplaza rápidamente hacia Oriente y el Sur: aún más dramático, más de la mitad del crecimiento económico a nivel mundial en los últimos 15 años ha sido generado por los países emergentes y en desarrollo. Como consecuencia, las economías que no son miembros de la OCDE ya representan el 49% del PIB global, que según las proyecciones llegará al 57% en 2030. La crisis económica que ha golpeado fundamentalmente a los países de la OCDE ha acentuado estas tendencias.
2. La división tradicional entre países desarrollados y países en desarrollo ya no es tan significativa. Las enormes divergencias entre países requieren de una nueva clasificación que defina mejor su evolución económica. La OCDE
[Shifting Wealth: Perspectives on Global Development. 2010] propone una descripción dinámica del mundo, dividido en cuatro categorías basado en el crecimiento de las dos últimas décadas: países prósperos: los de la OCDE; países convergentes, con tasas de crecimiento per cápita que doblan las de la OCDE; países con dificultades (struggling), con tasas de crecimiento per cápita solo ligeramente superiores a la OCDE y; países pobres, que sufren bajas tasas de crecimiento y renta per cápita por debajo de los 950 dólares al final del periodo. Esta categorización va más allá de la tradicional división entre Norte y Sur, y proporciona una visión mucho más completa de la evolución dinámica del desarrollo global. Así, se muestra claramente que un grupo importante de países en desarrollo, entre los que destacan casi toda Asia, parte de Latinoamérica y amplias zonas de África, van convergiendo hacia niveles de riqueza de los países prósperos, otros están luchando para penetrar en ese selecto club, mientras que unos 25 países siguen sufriendo bajo el peso de la pobreza extrema, esencialmente en África Occidental y Central.
Muchas de las causas de este cambio estructural de la economía internacional son bien conocidas, otras no tanto. Primero, la apertura exterior de economías, anteriormente cerradas, como China, India y la URSS entre otras, produjo una sacudida en la oferta del mercado laboral mundial. Cerca de 1.500 millones de trabajadores se incorporaron a la economía de mercado en la década de 1990. Esto redujo el coste de numerosos bienes y servicios comerciados, posibilitando el despegue de varios países convergentes, principalmente en Asia. Segundo, el crecimiento en los países emergentes alimentó la demanda de materias primas y energía, lo que produjo una transferencia de riqueza hacia los países exportadores de estos productos, impulsando así el crecimiento en África, Latinoamérica y Oriente Próximo. Y tercero, muchos países emergentes han pasado de ser deudores a acreedores netos, acumulando grandes cantidades de divisas, especialmente China, lo que ha permitido mantener bajas las tasas de interés en los países desarrollados.
3. La creciente importancia del Sur para el Sur: la intensificación extraordinaria de los flujos económicos y financieros entre los gigantes emergentes y los países pobres, a través del comercio y la inversión extranjera directa, es una de las grandes novedades de esta nueva era. Es probable que esta tendencia continúe. En 2009 China se convirtió en el principal socio comercial de Brasil, India y Sudáfrica. Los países en desarrollo ahora mantienen cerca del 37% del comercio mundial, y el comercio intrasur representa alrededor de la mitad de ese total, constituyéndose potencialmente como el gran motor del crecimiento mundial en la próxima década.
4. La pobreza extrema se ha reducido en términos absolutos, pero ha aumentado la desigualdad al interior de los países. El realineamiento de la economía mundial ha permitido reducir el número de pobres en 120 millones durante los noventa y aproximadamente 300 millones en la primera mitad de la década del 2000. Solo en China, por ejemplo, entre 1990 y 2005 la pobreza extrema disminuyó del 60% al 16% de la población. A pesar de la reducción de la pobreza absoluta, la desigualdad a nivel global no se ha reducido. El aumento gigantesco de la desigualdad en países como China o India ha surgido de estructuras económicas duales, por la incorporación de muchos millones de trabajadores desde zonas rurales de bajísimos ingresos a los sectores urbanos impulsados por los servicios y las manufacturas. El aumento de la desigualdad también se ha producido en las grandes economías del norte, como EE UU o Reino Unido, y está en el origen estructural de la crisis financiera del 2008. Por el contrario, otros países como Brasil o Sudáfrica han sido capaces de crecer vigorosamente y reducir los niveles de desigualdad.
De la evolución descrita se desprende que la velocidad y magnitud de los cambios han sido más profundas de lo que se pensaba hace 30 años, cuando la ideología neoliberal comenzaba su dominio y se destacaban las oportunidades que la globalización ofrecía para el crecimiento y el desarrollo, y por tanto la necesidad de abrirse y adaptarse para aprovecharlas. Pero mientras las transformaciones han sido de mayor calado que el inicialmente previsto, las políticas de reforma y redistribución en los países de la OCDE no han sido a menudo suficientes para compensar los desafíos de la globalización, y la desigualdad y vulnerabilidad social han aumentado.
Veinte años después, los mercados financieros globales imponen su dictadura, muchos Gobiernos nacionales se ven impotentes y la ciudadanía apenas percibe diferencias en las salidas a las crisis entre Gobiernos progresistas y conservadores. Y es que aunque los problemas siguen siendo locales, las soluciones pasan por propuestas y políticas globales. En este sentido, se señalan tres áreas claves para un programa socialdemócrata de alcance global:
La primera prioridad es el establecimiento de una nueva gobernanza global: si los problemas del planeta cada vez son más globales, la responsabilidad y las soluciones deben compartirse entre todos. Pero la reforma de las instituciones internacionales no ha estado a la par con los cambios que se requieren para mejorar la gobernabilidad mundial. El resultado ha sido una pérdida de legitimidad profunda y una crisis en cuanto a su eficacia. La aparición del G-20 y los acuerdos que de ahí han surgido son pasos positivos, pero quedan todavía lejos de conformar un sistema de gobernabilidad global realmente democrático e inclusivo, y que debe incluir la reforma de la ONU.
En segundo lugar, hay que lograr instrumentos de fiscalidad internacional. La protección y promoción de los bienes públicos internacionales (cambio climático, investigación contra enfermedades de transmisión, lucha contra la pobreza, etcétera), requieren de fondos suficientes y predecibles para financiarlos. El establecimiento de figuras impositivas internacionales representa de mejor manera la búsqueda de soluciones globales a problemas de todos y debe ser un ámbito diferenciador para la socialdemocracia. El debate ha comenzado con los impuestos al carbono, a los bancos o a las transacciones financieras. Además, una nueva fiscalidad internacional debe llevar a la erradicación de los paraísos fiscales.
En tercer lugar, cuando las líneas divisorias entre países ricos y pobres se difuminan, también lo hacen las trayectorias de las migraciones humanas. Ya no es solo a los países de la OCDE donde emigran los trabajadores de los países pobres, sino que los flujos migratorios sur-sur se han vuelto casi tan importantes como los anteriores. Por eso, es necesario un acuerdo migratorio global, que considere a los emigrantes fundamentalmente como seres humanos protegidos por derechos elementales, al mismo tiempo que se aprovechan sus capacidades productivas en beneficio de todos.
Las tres propuestas mencionadas, junto a otras como el reforzamiento de la regulación de los mercados financieros, el establecimiento de un mínimo social global o un nuevo orden para el comercio internacional, deben constituir el eje de una agenda global socialdemócrata renovada, que muestre a los ciudadanos que dos décadas después, en la era de la globalización acelerada multipolar, existen aún diferencias entre las opciones de progreso y las conservadoras. Leer más...
jueves, 6 de enero de 2011
Los mecanismos de financiamiento, al servicio del "modelo". Por Roberto Cachanosky
Es curioso, pero una de las grandes críticas que solía formular en mis artículos de los 90 era el constante aumento del gasto público y la inconsistencia entre convertibilidad y el déficit fiscal que reapareció en 1994. Hoy la crítica es la misma que me cansé de publicar en 1990, con el agravante que el incremento del gasto público ha sido mucho más pronunciado sin contrapartida en la calidad del mismo (seguridad, educación, salud, etc.) y, además, se han utilizado todos los mecanismos disponibles para financiar el gasto. Aún usando todos los mecanismos disponibles para financiar el gasto, tenemos un déficit fiscal del orden de los $ 33.4000 millones acumulados en los últimos 12 meses cuando se elimina la contabilidad creativa de ganancias ficticias que incluye el Gobierno entre sus ingresos corrientes, sin contar el uso de las reservas del Banco Central para financiar el pago de deuda en moneda extranjera.
¿Cuáles son los mecanismos de financiamiento del gasto y cuáles ha usado el Gobierno? Los mecanismos son: a) impuestos, b) endeudamiento, c) emisión monetaria y d) consumo de capital.
En materia impositiva, el actual gobierno ha superado todos los récords de carga tributaria. No sólo incrementó los derechos de exportación, sino que también ha congelado los mínimos no imponibles del impuesto a las ganancias para hacerle pagar más impuestos a los empleados, al tiempo que no se permiten ajuste por inflación en los balances. Es decir, el Gobierno cobra impuestos sobre ganancias inexistentes.
Decía que la carga tributaria ha llegado a niveles récord superando inclusive a países desarrollados. Pero bueno es aclarar que esa carga tributaria es asfixiante para quienes trabajan en el mercado formal, porque la misma recae sólo sobre ellos mientras que los que están en el mercado informal no soportan esa presión impositiva. Dicho de otra manera, el promedio da una cosa, pero la carga efectiva sobre los que trabajamos en blanco es mucho mayor al promedio.
El otro mecanismo de financiamiento es el endeudamiento. Mucho se habla desde el Gobierno de la política de desendeudamiento, por ejemplo el pago al contado al FMI, pero el BCRA tenía en 2004 un stock de Lebacs, Nobacs y pases de $ 10.000 millones y actualmente ese stock está en los $ 80.000 millones. Multiplicó por 8 la deuda de corto plazo llevándola al equivalente a unos U$S 20.000 millones. El doble de lo que se le pagó al FMI. Si a este dato se le agrega la deuda que el tesoro coloca a diferentes organismos públicos, más la deuda no registrada como es el no pago a los jubilados por juicios pendientes por no ajuste de haberes, no sólo no hubo política de desendeudamiento sino que se uso intensamente la deuda como forma de financiar el gasto.
En lo que hace a la emisión monetaria, la emisión primaria de moneda viene creciendo a un ritmo del 34% anual, generando un proceso inflacionario del orden del 27% en el nivel general y cercano al 40% en el rubro alimentos. Es decir, no sólo el Gobierno nos mata con impuestos sin contraprestación alguna, sino que, además se endeuda y cobra un fenomenal impuesto inflacionario.
Con semejante emisión monetaria no debe sorprender que estemos en una suerte de corralito de hecho dado que los cajeros automáticos no tienen efectivo y en varias provincias tienen que pagar los sueldos de los empleados públicos en diferentes días por falta de billetes físicos. Ya estamos en la serie S de los billetes de $ 100 que se imprimieron en Brasil y en la M en los billetes que se imprimen aquí. Dentro de poco tendrán que imprimir los billetes de un solo lado para poder llegar a tiempo a abastecer el mercado.
Pero todo esto no ha sido suficiente y también se consumió el stock de capital para financiar más consumo en forma artificial. La pérdida de millones de stock ganadero, rutas que están en pésimo estado, transporte público agonizando y el sistema energético colapsado.
Justamente el embate que estamos viendo contra las empresas distribuidoras de energía es resultado de una clara política populista de hacerle creer a la gente que tiene energía barata. Los miles de millones de pesos que se destinan a subsidiar la energía van fundamentalmente a financiar la generación, que además es cara por los sistemas que se están utilizando. La distribución de energía no recibe directamente subsidios. Por más que sea políticamente incorrecto decirlo, en los 90 también hubo picos de mucho calor y mucho frío y sin embargo no faltaba gas en invierno ni energía en verano. ¿Por qué? Porque el sistema energético tenía reservas de capacidad de generación y distribución para afrontar los picos de calor y los de frío. Al congelarse demagógicamente las tarifas de energía que pagan los usuarios domiciliarios se optó por consumir el stock de capital y no disponer de suficientes reservas para los picos de calor y frío, con el agravante que se gastan millones de pesos al año en generar energía en forma ineficiente y más cara. Es decir, la brecha entre el costo de generar energía y el precio que se paga en el domicilio se amplió por la forma más onerosa en que se genera electricidad. Brecha que, obviamente no se paga en la boleta de luz, pero se paga con el impuesto inflacionario.
Si bien este gobierno dice llamarse progresista y suele formular discursos que son música para la izquierda, la realidad es que ese discurso parece ser más para la tribuna dado que las políticas que se aplican son populismo en estado químicamente puro. Y el populismo sólo es sostenible mientras haya recursos. Cuando se acaban los recursos para financiar la demagogia las cosas se complican como acabamos de ver en Bolivia con don Evo Morales o en Venezuela con el dictador comandante que se mandó una flor de devaluación.
Así como en los 90 mi argumento era que el sistema solo podía funcionar mientras nos financiaran del exterior, ahora los mecanismos de financiamiento son múltiples y con un contexto internacional mucho más favorable, como Brasil con un dólar barato y la soja en buen precio internacional.
Si se acepta que estamos frente a un modelo típicamente populista y que el populismo sobrevive mientras pueda aumentar el gasto, la pregunta es: ¿qué ocurrirá con el gasto en este 2011? Seguro que seguirá subiendo en forma sideral. La segunda pregunta es: ¿hay margen para seguir financiando más gasto? Margen siempre hay, por ejemplo, el impuesto inflacionario. Pero el gran interrogante es qué tasa de inflación está dispuesta a pagar la gente sin que se produzca un impacto político negativo en la imagen del gobierno.
Stock de capital para consumir hay, siempre que la población aguante los serios problemas de infraestructura que tenemos (transporte público, energía, rutas, etc.). Deuda pública el BCRA puede seguir colocando total, dentro de la improvisación del populismo, mañana se verá a quién perjudicar si la cosa se complica. Y, finalmente, el margen para aplicar más carga tributaria también parece haber con la decisión de no modificar los mínimos no imponibles.
En síntesis, cuanto más dure esta fiesta populista, más inflación, más atada con alambre la infraestructura y más carga tributaria. La gente tendrá que acostumbrarse a que la plata no le alcance para llegar a fin de mes, a viajar como ganado en el transporte público, a viajar por rutas destrozadas, a no prender el aire acondicionado cuando sube la temperatura, a hacer colas para cargar combustible y a recorrer los cajeros automáticos para conseguir efectivo. Deberá acostumbrarse a ello en nombre de la justicia social.
En materia impositiva, el actual gobierno ha superado todos los récords de carga tributaria. No sólo incrementó los derechos de exportación, sino que también ha congelado los mínimos no imponibles del impuesto a las ganancias para hacerle pagar más impuestos a los empleados, al tiempo que no se permiten ajuste por inflación en los balances. Es decir, el Gobierno cobra impuestos sobre ganancias inexistentes.
Decía que la carga tributaria ha llegado a niveles récord superando inclusive a países desarrollados. Pero bueno es aclarar que esa carga tributaria es asfixiante para quienes trabajan en el mercado formal, porque la misma recae sólo sobre ellos mientras que los que están en el mercado informal no soportan esa presión impositiva. Dicho de otra manera, el promedio da una cosa, pero la carga efectiva sobre los que trabajamos en blanco es mucho mayor al promedio.
El otro mecanismo de financiamiento es el endeudamiento. Mucho se habla desde el Gobierno de la política de desendeudamiento, por ejemplo el pago al contado al FMI, pero el BCRA tenía en 2004 un stock de Lebacs, Nobacs y pases de $ 10.000 millones y actualmente ese stock está en los $ 80.000 millones. Multiplicó por 8 la deuda de corto plazo llevándola al equivalente a unos U$S 20.000 millones. El doble de lo que se le pagó al FMI. Si a este dato se le agrega la deuda que el tesoro coloca a diferentes organismos públicos, más la deuda no registrada como es el no pago a los jubilados por juicios pendientes por no ajuste de haberes, no sólo no hubo política de desendeudamiento sino que se uso intensamente la deuda como forma de financiar el gasto.
En lo que hace a la emisión monetaria, la emisión primaria de moneda viene creciendo a un ritmo del 34% anual, generando un proceso inflacionario del orden del 27% en el nivel general y cercano al 40% en el rubro alimentos. Es decir, no sólo el Gobierno nos mata con impuestos sin contraprestación alguna, sino que, además se endeuda y cobra un fenomenal impuesto inflacionario.
Con semejante emisión monetaria no debe sorprender que estemos en una suerte de corralito de hecho dado que los cajeros automáticos no tienen efectivo y en varias provincias tienen que pagar los sueldos de los empleados públicos en diferentes días por falta de billetes físicos. Ya estamos en la serie S de los billetes de $ 100 que se imprimieron en Brasil y en la M en los billetes que se imprimen aquí. Dentro de poco tendrán que imprimir los billetes de un solo lado para poder llegar a tiempo a abastecer el mercado.
Pero todo esto no ha sido suficiente y también se consumió el stock de capital para financiar más consumo en forma artificial. La pérdida de millones de stock ganadero, rutas que están en pésimo estado, transporte público agonizando y el sistema energético colapsado.
Justamente el embate que estamos viendo contra las empresas distribuidoras de energía es resultado de una clara política populista de hacerle creer a la gente que tiene energía barata. Los miles de millones de pesos que se destinan a subsidiar la energía van fundamentalmente a financiar la generación, que además es cara por los sistemas que se están utilizando. La distribución de energía no recibe directamente subsidios. Por más que sea políticamente incorrecto decirlo, en los 90 también hubo picos de mucho calor y mucho frío y sin embargo no faltaba gas en invierno ni energía en verano. ¿Por qué? Porque el sistema energético tenía reservas de capacidad de generación y distribución para afrontar los picos de calor y los de frío. Al congelarse demagógicamente las tarifas de energía que pagan los usuarios domiciliarios se optó por consumir el stock de capital y no disponer de suficientes reservas para los picos de calor y frío, con el agravante que se gastan millones de pesos al año en generar energía en forma ineficiente y más cara. Es decir, la brecha entre el costo de generar energía y el precio que se paga en el domicilio se amplió por la forma más onerosa en que se genera electricidad. Brecha que, obviamente no se paga en la boleta de luz, pero se paga con el impuesto inflacionario.
Si bien este gobierno dice llamarse progresista y suele formular discursos que son música para la izquierda, la realidad es que ese discurso parece ser más para la tribuna dado que las políticas que se aplican son populismo en estado químicamente puro. Y el populismo sólo es sostenible mientras haya recursos. Cuando se acaban los recursos para financiar la demagogia las cosas se complican como acabamos de ver en Bolivia con don Evo Morales o en Venezuela con el dictador comandante que se mandó una flor de devaluación.
Así como en los 90 mi argumento era que el sistema solo podía funcionar mientras nos financiaran del exterior, ahora los mecanismos de financiamiento son múltiples y con un contexto internacional mucho más favorable, como Brasil con un dólar barato y la soja en buen precio internacional.
Si se acepta que estamos frente a un modelo típicamente populista y que el populismo sobrevive mientras pueda aumentar el gasto, la pregunta es: ¿qué ocurrirá con el gasto en este 2011? Seguro que seguirá subiendo en forma sideral. La segunda pregunta es: ¿hay margen para seguir financiando más gasto? Margen siempre hay, por ejemplo, el impuesto inflacionario. Pero el gran interrogante es qué tasa de inflación está dispuesta a pagar la gente sin que se produzca un impacto político negativo en la imagen del gobierno.
Stock de capital para consumir hay, siempre que la población aguante los serios problemas de infraestructura que tenemos (transporte público, energía, rutas, etc.). Deuda pública el BCRA puede seguir colocando total, dentro de la improvisación del populismo, mañana se verá a quién perjudicar si la cosa se complica. Y, finalmente, el margen para aplicar más carga tributaria también parece haber con la decisión de no modificar los mínimos no imponibles.
En síntesis, cuanto más dure esta fiesta populista, más inflación, más atada con alambre la infraestructura y más carga tributaria. La gente tendrá que acostumbrarse a que la plata no le alcance para llegar a fin de mes, a viajar como ganado en el transporte público, a viajar por rutas destrozadas, a no prender el aire acondicionado cuando sube la temperatura, a hacer colas para cargar combustible y a recorrer los cajeros automáticos para conseguir efectivo. Deberá acostumbrarse a ello en nombre de la justicia social.
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jueves, 30 de diciembre de 2010
El centralismo clientelista fracasó. Por Juan José Llach
Aumentan día tras día las evidencias del fracaso económico y social del centralismo clientelista montado a principios de siglo para repartir arbitrariamente a provincias, municipios y organizaciones sociales rentas extraídas del conjunto del país en magnitudes sin precedente. Las evidencias surgen desde ámbitos tan disímiles como las ocupaciones de tierras en la Capital y el Gran Buenos Aires, los malos resultados de los estudiantes argentinos en las evaluaciones educativas internacionales (PISA 2009) o la vuelta a la concentración de población en el GBA que surge del censo 2010.
No son pocos los que piensan que el sistema perdurará por la ficción que lo envuelve y protege. Aun en las provincias perjudicadas, son muchos los ciudadanos y dirigentes que creen, o quieren creer, que el reparto así montado es una concesión graciosa de la Nación. Que las "transferencias discrecionales" (no mandadas por ley) a provincias y municipios, que este año llegarán a cerca de 35.000 millones de pesos, son un obsequio bien habido y sin cargo.
La verdad es bien distinta, porque el sistema se basa en recursos extraídos a las provincias -a veces ilegal o ilegítimamente- con efectos muy negativos. Por un lado, la Nación se sigue apropiando de ingresos que debería estar coparticipando, como, por ejemplo, el impuesto a los créditos y débitos bancarios; o el 15% de la masa coparticipable que va a la Anses, pese a haber sido legislado en su momento como compensación por los ingresos que se aportaban a las AFJP, que ya no existen. La suma de estas apropiaciones indebidas es del mismo orden de magnitud del supuesto obsequio de las "transferencias discrecionales". Esto obedece, también, a que las retenciones a las exportaciones, que este año llegarán al récord de 50.000 millones de pesos, son recursos extraídos de las provincias, apenas atenuados por el premio consuelo de la devolución de un 30% de las retenciones sobre la soja, unos 5000 millones de pesos en 2010.
A la injusticia de estas apropiaciones indebidas de recursos por parte de la Nación, se agrega una larga lista de inequidades entre provincias y sectores sociales. Santa Cruz recibe transferencias para obra pública similares a las de la provincia de Buenos Aires y cincuenta veces mayores por habitante que las que recibe Córdoba. Una cifra cuidadosamente ocultada, cercana a los 25.000 millones de pesos tomados de las provincias, se distribuye entre sectores pudientes del Gran Buenos Aires para que puedan usar y malgastar la electricidad o el gas a una cuarta parte del precio que rige en países vecinos. En fin, las retenciones a las exportaciones castigan en mayor medida a las provincias del Norte, limitando el desarrollo de sus agroindustrias, de gran potencial, e impulsando emigraciones.
Un sistema de esta índole no es conducente a la convergencia económica y social de las provincias argentinas entre sí, por lo que seguirá motorizando emigraciones muchas veces empobrecedoras. Así se ha visto en los primeros resultados del censo 2010. Por primera vez desde 1980, los 24 partidos del Gran Buenos Aires han vuelto a ganar participación en la población total, del 24 al 24,7%. Si a ellos se agregan los nuevos del "cuarto cordón", el aumento es de 25,7 a 26,7%, porque ellos han crecido el doble que los tradicionales desde 2001. Es indudable que al menos parte de este cambio de tendencia se debe al empobrecimiento relativo de muchas provincias o distritos y a la baja calidad de sus servicios públicos de salud y educación, resultantes ambos de los límites que se imponen a su producción y de la exacción de recursos por parte de la Nación.
En lo que hace a los inmigrantes extranjeros, también influyen por cierto políticas socioeconómicas deficitarias, tanto en Bolivia como en Paraguay. Hace mucho tiempo que los estudiosos de las migraciones han mostrado el irresistible atractivo de las grandes ciudades, por su elevado ingreso medio por habitante y la mayor probabilidad de conseguir un empleo. Pero aquí la cuestión vira de tono, porque al disparatado sistema centralista se agrega el injusto tratamiento a la provincia de Buenos Aires en la coparticipación federal y, contra lo que se cree, también a los partidos del GBA, pese al fondo del conurbano. Según el Iaraf (Instituto Argentino de Análisis Fiscal), entre enero y noviembre de 2010 las provincias recibieron 2430 pesos por habitante en concepto de transferencias legales (no discrecionales), promedio que oculta abismales diferencias: desde los 9144 pesos recibidos por Tierra del Fuego hasta los mínimos de 1276 pesos de la provincia de Buenos Aires y los 634 recibidos por la ciudad de Buenos Aires. Quienes emigran hacia el Gran Buenos Aires no se equivocan, porque pese a todo es probable que sus oportunidades sean mayores allí. Pero la exacción a la que se somete también a esta región del país hace que muchas veces sus sueños se vean frustrados. El mismo sistema centralista y clientelista que los empuja a venir los maltrata a la llegada, como en una broma macabra.
Otra prueba clara y dolorosa del fracaso del centralismo vigente la dan los resultados de las evaluaciones internacionales PISA 2009 de aprendizajes de lengua, matemática y ciencia, tomadas a jóvenes de 15 años y recién publicadas. En línea con lo hallado por el estudio latinoamericano de educación primaria de la Unesco, se observa que los chicos argentinos aprenden cada vez menos en comparación con sus pares latinoamericanos. Según materias y niveles, la Argentina ha pasado del primero o segundo puesto en América latina a entre el sexto y el noveno en los últimos quince años.
Otro dato muy negativo de la prueba PISA es que de las 66 naciones o regiones participantes, la Argentina es el país en el cual los resultados de lectura dependen más de las diferencias entre escuelas: subsiste a pleno la vieja realidad de escuelas pobres para los pobres. Es evidente que no alcanzó con las leyes votadas en esta década (180 días, educación nacional, educación técnica y financiamiento), pese a haberse aumentado la inversión en educación, ciencia y tecnología del 4,2% del PBI en 2004 a 6% o más en 2010. Ninguna de las metas sustantivas de la ley de financiamiento se ha cumplido y, como se analizó en http://blogs.lanacion.com.ar/ciencia-maldita/, la idea de que el derrame de dinero todo lo arregla ha fracasado una vez más.
Es de todos modos penoso que ni el Gobierno ni la oposición hayan presentado proyectos de ley al Congreso para dar continuidad al financiamiento preferencial que la educación necesita y fijar nuevas metas a alcanzar e institutos que permitan lograrlo. Hay mayor consenso que en el pasado acerca de lo que hay que hacer para mejorar la Justicia y la calidad educativas. Sobresalen cinco puntos: universalizar el alcance de las políticas de desarrollo infantil y universalización del nivel inicial; doble jornada en primaria y media, empezando por las zonas más necesitadas, y con adquisición de competencias laborales a nivel medio; evaluación censal y no muestral de los aprendizajes al menos cada dos años, para que directivos, docentes, padres y alumnos sepan si su escuela está mejorando o no y para diseñar mejores políticas educativas, escuela por escuela, provincia por provincia; en fin, llegar a un nuevo contrato entre la sociedad y los maestros, que elimine flagrantes excesos y jerarquice definitivamente la profesión.
No son pocos los gobernadores que desearían hacer más de estas cosas, pero los recursos los limitan seriamente. Abundan también alternativas fiscales que permitirían mejorar este sistema, y el político que liderara este cambio sería a la larga un genuino triunfador. Mientras tanto, los príncipes de turno, no sólo los de hoy, se solazan en el centralismo clientelista creyendo que el fracaso económico y social no es tan importante, porque de todos modos se pueden seguir ganando elecciones con este sistema. Ya sería hora de que leyeran más certeramente una realidad que está empezando a cambiar y puede deparar sorpresas.
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La verdad es bien distinta, porque el sistema se basa en recursos extraídos a las provincias -a veces ilegal o ilegítimamente- con efectos muy negativos. Por un lado, la Nación se sigue apropiando de ingresos que debería estar coparticipando, como, por ejemplo, el impuesto a los créditos y débitos bancarios; o el 15% de la masa coparticipable que va a la Anses, pese a haber sido legislado en su momento como compensación por los ingresos que se aportaban a las AFJP, que ya no existen. La suma de estas apropiaciones indebidas es del mismo orden de magnitud del supuesto obsequio de las "transferencias discrecionales". Esto obedece, también, a que las retenciones a las exportaciones, que este año llegarán al récord de 50.000 millones de pesos, son recursos extraídos de las provincias, apenas atenuados por el premio consuelo de la devolución de un 30% de las retenciones sobre la soja, unos 5000 millones de pesos en 2010.
A la injusticia de estas apropiaciones indebidas de recursos por parte de la Nación, se agrega una larga lista de inequidades entre provincias y sectores sociales. Santa Cruz recibe transferencias para obra pública similares a las de la provincia de Buenos Aires y cincuenta veces mayores por habitante que las que recibe Córdoba. Una cifra cuidadosamente ocultada, cercana a los 25.000 millones de pesos tomados de las provincias, se distribuye entre sectores pudientes del Gran Buenos Aires para que puedan usar y malgastar la electricidad o el gas a una cuarta parte del precio que rige en países vecinos. En fin, las retenciones a las exportaciones castigan en mayor medida a las provincias del Norte, limitando el desarrollo de sus agroindustrias, de gran potencial, e impulsando emigraciones.
Un sistema de esta índole no es conducente a la convergencia económica y social de las provincias argentinas entre sí, por lo que seguirá motorizando emigraciones muchas veces empobrecedoras. Así se ha visto en los primeros resultados del censo 2010. Por primera vez desde 1980, los 24 partidos del Gran Buenos Aires han vuelto a ganar participación en la población total, del 24 al 24,7%. Si a ellos se agregan los nuevos del "cuarto cordón", el aumento es de 25,7 a 26,7%, porque ellos han crecido el doble que los tradicionales desde 2001. Es indudable que al menos parte de este cambio de tendencia se debe al empobrecimiento relativo de muchas provincias o distritos y a la baja calidad de sus servicios públicos de salud y educación, resultantes ambos de los límites que se imponen a su producción y de la exacción de recursos por parte de la Nación.
En lo que hace a los inmigrantes extranjeros, también influyen por cierto políticas socioeconómicas deficitarias, tanto en Bolivia como en Paraguay. Hace mucho tiempo que los estudiosos de las migraciones han mostrado el irresistible atractivo de las grandes ciudades, por su elevado ingreso medio por habitante y la mayor probabilidad de conseguir un empleo. Pero aquí la cuestión vira de tono, porque al disparatado sistema centralista se agrega el injusto tratamiento a la provincia de Buenos Aires en la coparticipación federal y, contra lo que se cree, también a los partidos del GBA, pese al fondo del conurbano. Según el Iaraf (Instituto Argentino de Análisis Fiscal), entre enero y noviembre de 2010 las provincias recibieron 2430 pesos por habitante en concepto de transferencias legales (no discrecionales), promedio que oculta abismales diferencias: desde los 9144 pesos recibidos por Tierra del Fuego hasta los mínimos de 1276 pesos de la provincia de Buenos Aires y los 634 recibidos por la ciudad de Buenos Aires. Quienes emigran hacia el Gran Buenos Aires no se equivocan, porque pese a todo es probable que sus oportunidades sean mayores allí. Pero la exacción a la que se somete también a esta región del país hace que muchas veces sus sueños se vean frustrados. El mismo sistema centralista y clientelista que los empuja a venir los maltrata a la llegada, como en una broma macabra.
Otra prueba clara y dolorosa del fracaso del centralismo vigente la dan los resultados de las evaluaciones internacionales PISA 2009 de aprendizajes de lengua, matemática y ciencia, tomadas a jóvenes de 15 años y recién publicadas. En línea con lo hallado por el estudio latinoamericano de educación primaria de la Unesco, se observa que los chicos argentinos aprenden cada vez menos en comparación con sus pares latinoamericanos. Según materias y niveles, la Argentina ha pasado del primero o segundo puesto en América latina a entre el sexto y el noveno en los últimos quince años.
Otro dato muy negativo de la prueba PISA es que de las 66 naciones o regiones participantes, la Argentina es el país en el cual los resultados de lectura dependen más de las diferencias entre escuelas: subsiste a pleno la vieja realidad de escuelas pobres para los pobres. Es evidente que no alcanzó con las leyes votadas en esta década (180 días, educación nacional, educación técnica y financiamiento), pese a haberse aumentado la inversión en educación, ciencia y tecnología del 4,2% del PBI en 2004 a 6% o más en 2010. Ninguna de las metas sustantivas de la ley de financiamiento se ha cumplido y, como se analizó en http://blogs.lanacion.com.ar/ciencia-maldita/, la idea de que el derrame de dinero todo lo arregla ha fracasado una vez más.
Es de todos modos penoso que ni el Gobierno ni la oposición hayan presentado proyectos de ley al Congreso para dar continuidad al financiamiento preferencial que la educación necesita y fijar nuevas metas a alcanzar e institutos que permitan lograrlo. Hay mayor consenso que en el pasado acerca de lo que hay que hacer para mejorar la Justicia y la calidad educativas. Sobresalen cinco puntos: universalizar el alcance de las políticas de desarrollo infantil y universalización del nivel inicial; doble jornada en primaria y media, empezando por las zonas más necesitadas, y con adquisición de competencias laborales a nivel medio; evaluación censal y no muestral de los aprendizajes al menos cada dos años, para que directivos, docentes, padres y alumnos sepan si su escuela está mejorando o no y para diseñar mejores políticas educativas, escuela por escuela, provincia por provincia; en fin, llegar a un nuevo contrato entre la sociedad y los maestros, que elimine flagrantes excesos y jerarquice definitivamente la profesión.
No son pocos los gobernadores que desearían hacer más de estas cosas, pero los recursos los limitan seriamente. Abundan también alternativas fiscales que permitirían mejorar este sistema, y el político que liderara este cambio sería a la larga un genuino triunfador. Mientras tanto, los príncipes de turno, no sólo los de hoy, se solazan en el centralismo clientelista creyendo que el fracaso económico y social no es tan importante, porque de todos modos se pueden seguir ganando elecciones con este sistema. Ya sería hora de que leyeran más certeramente una realidad que está empezando a cambiar y puede deparar sorpresas.
martes, 28 de diciembre de 2010
Estamos bien pero vamos mal. Por Orlando J. Ferreres
Terminamos un año, una década, un siglo y doscientos años de vida. Según como lo miremos estamos bien, pero vamos mal.
Este año 2010 termina con un crecimiento de 7,8%, con un nivel de inversiones físicas bastante elevado, más del 21 % del PBI, con un fuerte dinamismo en el consumo, con precios de nuestras materias primas básicas en niveles muy altos (la soja está casi en los 500 u$s/ton), con entrada de capitales, especialmente después de que Brasil estableció un impuesto de 6% a la entrada capitales de menos de 1año.
Este año 2010 termina con un crecimiento de 7,8%, con un nivel de inversiones físicas bastante elevado, más del 21 % del PBI, con un fuerte dinamismo en el consumo, con precios de nuestras materias primas básicas en niveles muy altos (la soja está casi en los 500 u$s/ton), con entrada de capitales, especialmente después de que Brasil estableció un impuesto de 6% a la entrada capitales de menos de 1año.
Pero también terminamos con un enorme gasto público de 160 millones de dólares, que no es sostenible en el tiempo. Para ir alargando su financiamiento se recurrió al impuesto inflacionario, que debe ser cada vez más alto para sacarle poder de compra a las familias y empresas y pasarlo a manos del sector público. La alícuota o tasa del impuesto inflacionario, o más simplemente la inflación, esta en el 26% anual, pero es muy distinta para lo que compramos todos los días (alimentos, bebidas, limpieza) con 41% y sólo de 11% para los productos regulados (agua, luz, gas natural, tren, subte, entre otros).Estas distorsiones deben corregirse en 2011 o, al menos, indicarse de qué manera se las va a enfrentar para dar credibilidad a la gestión económica. Sin embargo, dado que éste es un año de elecciones, es muy difícil que se encare una solución de fondo para estos problemas que vienen postergándose desde el 2002, porque su solución es bastante impopular aunque sea necesaria.La década que va del 2000 al 2010, termina mejor que el momento en que arrancó, pero de entrada se verificó una gran recesión que equivalía a un 28%, es decir que se disponía de un incremento potencial del PBI de esa magnitud sin hacer ninguna inversión. Esto fue producto de insistir con la convertibilidad, pero con un enorme gasto público incompatible y con un financiamiento del déficit con endeudamiento externo, que también al gastarlo localmente se traducía en emisión, pero como los precios no podían aumentar provocaba una fuerte recesión.La pobreza llegó al 56% en 2002 y ahora bajó, contando el costo de vida real, hasta un 32%, pero sigue siendo muy alta tal como lo refleja la conflictividad social que vivimos. En 1983 estaba alrededor del 7%. Este es un punto que solo se arregla con crecimiento y el crecimiento se arregla con inversiones masivas y éstas ocurren si se genera confianza, que no hay. No se soluciona la pobreza con subsidios aunque vayan paliando sus efectos más negativos de esta manera. Hoy hay unos 6 millones de trabajadores en la informalidad, más que los que trabajan en el sector privado formal y ésta es una realidad que hay que cambiar sí o sí.El siglo nos da un triste balance, pues podríamos haber sido más previsores, más sensatos y no obrar con tanta desmesura. Golpes de estado en 1930, 1943, 1955, 1962, 1966 y 1976. Pero también en los gobiernos civiles hubo hiperinflación, expropiación del ahorro en plazos fijos, cajas de ahorro postal y demás formas de ahorro monetario. El plan Bonex transformó todo el dinero en los bancos en un bono del Estado a 10 años, cuenta de regulación monetaria que implicó grandes pérdidas para el BCRA, garantía de 100 % en los depósitos aun de entidades especuladoras que también fueron grandes perdidas para el Estado, pero que como siempre pagamos todos, grandes devaluaciones, Rodrigazos, pesificación diferencial, expropiación de los ahorros administrados por las AFJP, y muchas otras medidas desmesuradas como sacarle 13 ceros a nuestra moneda desde 1969 hasta 1991.
Todo esto generó grandes transferencias de ingresos y asustó al ahorro local o internacional que prefirió otros destinos más seguros frente a nuestras desmesuras, al incumplimiento de nuestros propios contratos. De invertir algo más de 40 % del PIB desde 1880 a 1914 fuimos progresivamente bajando la transformación de ahorro líquido en inversión fija hasta alrededor del 20 % solamente, con un crecimiento insuficiente, que por eso mismo no es inclusivo, no alcanza para ocupar a todos en forma estable.El menor crecimiento relativo ha sido algo difícil de explicar para los estudiosos del desarrollo. Podemos ver que en 1910 estábamos prácticamente muy cerca de los principales países en PBI per capita y la separación después de 100 años es aterradora en nuestra contra. En nuestro libro Dos siglos de Economía Argentina 1810-2010 de la editorial El Ateneo-Norte y Sur, se muestran con mas detalle las causas de estas diferencias. Aquí solo podemos hacer un balance numérico.En los doscientos años de vida de Argentina, estamos relativamente bien, ya que iniciamos nuestra nación con unos 1000 dólares de 1990 per capita y hoy estamos en los 10.000, hemos crecido 10 veces y esto es bueno. Claro que cuando nos comparamos con otros países productores de materias primas ya quedamos un poco tristes: EE.UU. creció 30 veces y Australia y Canadá 25 veces. Esto nos hace pensar que tenemos que redoblar el esfuerzo para recuperar el terreno perdido, que tenemos que reunirnos en lugar de dividirnos y que cada uno debe ser más humilde y más activo para salir adelante.El momento de pedirle, de reclamarle a la Argentina ya pasó y nos fue mal. Muchos abandonaron el país pues ya no la quieren, no ven proyecto en Argentina. Muchos se fueron a España, a Italia, a Estados Unidos y a otros países. Desde ahora la pregunta relevante de los que nos quedamos y queremos luchar por un futuro argentino es ¿Qué le vamos a ofrecer los argentinos a nuestro país en 2011?
Todo esto generó grandes transferencias de ingresos y asustó al ahorro local o internacional que prefirió otros destinos más seguros frente a nuestras desmesuras, al incumplimiento de nuestros propios contratos. De invertir algo más de 40 % del PIB desde 1880 a 1914 fuimos progresivamente bajando la transformación de ahorro líquido en inversión fija hasta alrededor del 20 % solamente, con un crecimiento insuficiente, que por eso mismo no es inclusivo, no alcanza para ocupar a todos en forma estable.El menor crecimiento relativo ha sido algo difícil de explicar para los estudiosos del desarrollo. Podemos ver que en 1910 estábamos prácticamente muy cerca de los principales países en PBI per capita y la separación después de 100 años es aterradora en nuestra contra. En nuestro libro Dos siglos de Economía Argentina 1810-2010 de la editorial El Ateneo-Norte y Sur, se muestran con mas detalle las causas de estas diferencias. Aquí solo podemos hacer un balance numérico.En los doscientos años de vida de Argentina, estamos relativamente bien, ya que iniciamos nuestra nación con unos 1000 dólares de 1990 per capita y hoy estamos en los 10.000, hemos crecido 10 veces y esto es bueno. Claro que cuando nos comparamos con otros países productores de materias primas ya quedamos un poco tristes: EE.UU. creció 30 veces y Australia y Canadá 25 veces. Esto nos hace pensar que tenemos que redoblar el esfuerzo para recuperar el terreno perdido, que tenemos que reunirnos en lugar de dividirnos y que cada uno debe ser más humilde y más activo para salir adelante.El momento de pedirle, de reclamarle a la Argentina ya pasó y nos fue mal. Muchos abandonaron el país pues ya no la quieren, no ven proyecto en Argentina. Muchos se fueron a España, a Italia, a Estados Unidos y a otros países. Desde ahora la pregunta relevante de los que nos quedamos y queremos luchar por un futuro argentino es ¿Qué le vamos a ofrecer los argentinos a nuestro país en 2011?
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domingo, 26 de diciembre de 2010
Al populismo le llegó la hora de pagar. Por Enrique Szewach
Muchas veces las malas políticas son como las compras a crédito. Primero se disfruta de sus supuestas ventajas, mientras que los costos se pagan largo tiempo después. La historia mundial y la local está llena de ejemplos de este tipo de situaciones.
Muchos gobiernos “populares” son añorados y valorados por los beneficios de la “compra”, mientras son denostados y odiados aquellos que no tienen más remedio que hacerle pagar a la sociedad los costos de esas medidas instrumentadas muchos años antes. Pocas veces, por lo tanto, el mismo gobierno que “metió la pata” se ve forzado a sufrir directamente las consecuencias de sus errores.
Sin embargo, el año que termina ha presentado una excepción importante a la regla arriba comentada.
Por las razones ya discutidas muchas veces, desde principios de este siglo se observa un mundo muy favorable hacia los productores de commodities en general y hacia los productores de commodities agrícolas en particular. Ello implicó un cambio de precios relativos a favor de las materias primas energéticas, los minerales, los insumos industriales, los granos, la carne.
La mayoría de los países de la región se beneficiaron de este nuevo escenario. Esa mayor riqueza se tradujo en más demanda interna, crecimiento y progreso.
Y la mayoría de los gobiernos de la región permitieron que este proceso se diera plenamente, aplicando políticas tendientes a maximizar este panorama favorable, participando y redistribuyendo la bonanza a través de un sistema de impuestos “normal” y de un gasto público orientado a mejorar infraestructura y a ayudar a los sectores más vulnerables de la población a incorporarse a esta dinámica con mejoras en la educación y el gasto social. Cada país ha sido más o menos exitoso en esto último, pero todos han empezado a reducir paulatinamente las situaciones de extrema pobreza.
El Gobierno argentino, en cambio, decidió “intervenir” en este fenómeno. Tanto en el caso de la energía como en el de los alimentos, impidió que el cambio de precios relativos se diera plenamente a favor de los productores mediante diversos instrumentos: impuestos a la exportación, prohibiciones, restricciones cuantitativas, subsidios a los precios, etc.
El argumento central era que los argentinos que teníamos petróleo y gas, que teníamos trigo y que teníamos carne, no podíamos pagar los precios que se pagaban en el resto de la región, o en el resto del mundo. Había que proteger el bolsillo y la mesa de los argentinos.
El resultado de corto plazo fue maravilloso. Mientras los uruguayos, los chilenos, los brasileños, pagaban caro la energía y los alimentos, víctimas de gobiernos inhumanos y poco predispuestos a comprender a las necesidades del pueblo y preocupados solamente por favorecer a los productores, nosotros disfrutábamos de la protección de funcionarios sensibles que nos permitían consumir barato lo que los demás pagaban caro.
Pero, para desgracia del Gobierno y nuestro lamento, el largo plazo llegó antes de lo esperado y les está haciendo pagar los costos a los propios funcionarios que instrumentaron las medidas.
El resultado está ahora a la vista. En la energía se nota todavía parcialmente, porque se importa el faltante, los precios han estado subiendo lentamente y porque se mantiene una maraña de subsidios crecientes que han hecho expandir fuertemente el gasto público, financiado con emisión monetaria e inflación. Aunque si esto no se revierte, los costos empezarán a notarse cada día más.
Pero donde el fracaso del populismo se ha hecho más evidente es en el caso de la carne.
Después de años de “carne para todos”, los bajos precios y las restricciones para exportar terminaron destruyendo la oferta y expulsando productores hacia otras actividades más rentables. Este año el precio de la carne subió 100%, empujando a los sectores de más bajos recursos, intensivos en alimentos, a recortar el consumo y a una brutal caída del valor real de sus ingresos. En la mesa de muchos argentinos la carne ya no está, o está menos. El precio interno supera el internacional y llevará años recuperar un stock ganadero razonable.
Finalmente, un gobierno populista hereda sus propios errores. Para una Argentina adicta a las soluciones mágicas, es una lección que no debería olvidarse. Leer más...
Muchos gobiernos “populares” son añorados y valorados por los beneficios de la “compra”, mientras son denostados y odiados aquellos que no tienen más remedio que hacerle pagar a la sociedad los costos de esas medidas instrumentadas muchos años antes. Pocas veces, por lo tanto, el mismo gobierno que “metió la pata” se ve forzado a sufrir directamente las consecuencias de sus errores.
Sin embargo, el año que termina ha presentado una excepción importante a la regla arriba comentada.
Por las razones ya discutidas muchas veces, desde principios de este siglo se observa un mundo muy favorable hacia los productores de commodities en general y hacia los productores de commodities agrícolas en particular. Ello implicó un cambio de precios relativos a favor de las materias primas energéticas, los minerales, los insumos industriales, los granos, la carne.
La mayoría de los países de la región se beneficiaron de este nuevo escenario. Esa mayor riqueza se tradujo en más demanda interna, crecimiento y progreso.
Y la mayoría de los gobiernos de la región permitieron que este proceso se diera plenamente, aplicando políticas tendientes a maximizar este panorama favorable, participando y redistribuyendo la bonanza a través de un sistema de impuestos “normal” y de un gasto público orientado a mejorar infraestructura y a ayudar a los sectores más vulnerables de la población a incorporarse a esta dinámica con mejoras en la educación y el gasto social. Cada país ha sido más o menos exitoso en esto último, pero todos han empezado a reducir paulatinamente las situaciones de extrema pobreza.
El Gobierno argentino, en cambio, decidió “intervenir” en este fenómeno. Tanto en el caso de la energía como en el de los alimentos, impidió que el cambio de precios relativos se diera plenamente a favor de los productores mediante diversos instrumentos: impuestos a la exportación, prohibiciones, restricciones cuantitativas, subsidios a los precios, etc.
El argumento central era que los argentinos que teníamos petróleo y gas, que teníamos trigo y que teníamos carne, no podíamos pagar los precios que se pagaban en el resto de la región, o en el resto del mundo. Había que proteger el bolsillo y la mesa de los argentinos.
El resultado de corto plazo fue maravilloso. Mientras los uruguayos, los chilenos, los brasileños, pagaban caro la energía y los alimentos, víctimas de gobiernos inhumanos y poco predispuestos a comprender a las necesidades del pueblo y preocupados solamente por favorecer a los productores, nosotros disfrutábamos de la protección de funcionarios sensibles que nos permitían consumir barato lo que los demás pagaban caro.
Pero, para desgracia del Gobierno y nuestro lamento, el largo plazo llegó antes de lo esperado y les está haciendo pagar los costos a los propios funcionarios que instrumentaron las medidas.
El resultado está ahora a la vista. En la energía se nota todavía parcialmente, porque se importa el faltante, los precios han estado subiendo lentamente y porque se mantiene una maraña de subsidios crecientes que han hecho expandir fuertemente el gasto público, financiado con emisión monetaria e inflación. Aunque si esto no se revierte, los costos empezarán a notarse cada día más.
Pero donde el fracaso del populismo se ha hecho más evidente es en el caso de la carne.
Después de años de “carne para todos”, los bajos precios y las restricciones para exportar terminaron destruyendo la oferta y expulsando productores hacia otras actividades más rentables. Este año el precio de la carne subió 100%, empujando a los sectores de más bajos recursos, intensivos en alimentos, a recortar el consumo y a una brutal caída del valor real de sus ingresos. En la mesa de muchos argentinos la carne ya no está, o está menos. El precio interno supera el internacional y llevará años recuperar un stock ganadero razonable.
Finalmente, un gobierno populista hereda sus propios errores. Para una Argentina adicta a las soluciones mágicas, es una lección que no debería olvidarse. Leer más...
Aún cuando el real se aprecia, la industria brasileña se fortalece. Por Jorge Castro
Esto saldra antes del leer mas
Las exportaciones brasileñas ascenderían en 2010 a U$S 199.000 millones, un crecimiento de 30,1% con respecto a 2009. En ellas, las ventas de materias primas han aumentado 50,5%.
Al mismo tiempo, las importaciones alcanzarían a U$S 183.000 millones, un auge de 43% con respecto al año pasado. Por eso, el superávit comercial es de U$S 16.000 millones, pero con un déficit de cuenta corriente de 2,47% del PBI.
Brasil entró en una etapa de déficit de cuenta corriente que puede durar varios años . En la primera mitad de 2010 fue el doble que en igual etapa del 2009. Al mismo tiempo, el real continúa apreciándose frente al dólar (U$S1 = R1,6), como resultado del gigantesco flujo de capitales que recibe Brasil: no menos de U$S 300.000 millones en 2010, incluyendo inversión extranjera (IED) por U$S 50.000 millones.
¿Qué sucede con la industria brasileña ante esta situación? La participación de la industria en el PBI alcanzó su pico histórico en 1986, cuando la política de sustitución de importaciones elevó la participación del sector a 37%. A su vez, el porcentaje de los productos manufacturados en el total de las exportaciones ha declinado sistemáticamente desde 2007, lo que coincide con el ciclo de apreciación del real. Al mismo tiempo, la industria brasileña experimenta niveles récord de expansión en el mercado doméstico , con tasas de crecimiento de 10% / 20% o más. En tanto, su productividad aumentó este año 4,7%, mientras los costos laborales crecieron sólo 1,9%.
El auge de la eficacia productiva de la industria manufacturera responde a una tendencia de largo plazo, iniciada en 1989 (apertura de la economía) y acelerada a partir de 1994 (Plan Real). La productividad industrial brasileña podría alcanzar a la de EE.UU. en 5 años.
Las exportaciones brasileñas se duplicaron en la última década, encabezadas por las materias primas (soja, mineral de hierro), que se triplicaron.
Lo mismo ocurrió con las exportaciones de América del Sur.
América del Sur exporta cada vez más materias primas a los países emergentes de Asia (China / India). La participación de EE.UU. como destino de las ventas regionales es cada vez menor (44% en 2009 vs. 37% en 2008). Las ventas a China crecieron 10 veces en la última década (pasaron de 0,8% a 10%); y en esta etapa, el crecimiento de América del Sur se aceleró. Fue 2,5% anual entre 1980 y 2000, y trepó a 5% por año entre 2003 y 2008.
Este año se expandiría 6,6%.
En síntesis, en Brasil -y por extensión en América del Sur- hay aumento de las exportaciones, auge del producto (7,5% / 8% en 2010) y expansión de la industria en el mercado doméstico.
No hay desindustrialización en Brasil, sino problemas de competitividad externa, vinculados a los todavía insuficientes niveles de productividad de su industria manufacturera.
Así, las perspectivas del mercado mundial constituyen el único tribunal para juzgar las estrategias de desarrollo del capitalismo en América del Sur.
Al unificarse el sistema mundial por la implosión de la Unión Soviética en 1991, se modificó la naturaleza de la acumulación capitalista y se tornó un fenómeno profundamente trasnacional.
No hay desde entonces desarrollo capitalista en ninguna parte del mundo, y menos en América del Sur, que no sea al mismo tiempo un proceso histórico intensamente internacionalizado.
Por eso, la inserción internacional de América del Sur en la segunda década del siglo XXI, sobre todo en Brasil y la Argentina, requiere una profunda reconversión de todas las actividades productivas, y en primer lugar de su industria , con el mismo criterio de capitalización, alta inversión y elevada productividad del sistema mundial. Leer más...
Las exportaciones brasileñas ascenderían en 2010 a U$S 199.000 millones, un crecimiento de 30,1% con respecto a 2009. En ellas, las ventas de materias primas han aumentado 50,5%.
Al mismo tiempo, las importaciones alcanzarían a U$S 183.000 millones, un auge de 43% con respecto al año pasado. Por eso, el superávit comercial es de U$S 16.000 millones, pero con un déficit de cuenta corriente de 2,47% del PBI.
Brasil entró en una etapa de déficit de cuenta corriente que puede durar varios años . En la primera mitad de 2010 fue el doble que en igual etapa del 2009. Al mismo tiempo, el real continúa apreciándose frente al dólar (U$S1 = R1,6), como resultado del gigantesco flujo de capitales que recibe Brasil: no menos de U$S 300.000 millones en 2010, incluyendo inversión extranjera (IED) por U$S 50.000 millones.
¿Qué sucede con la industria brasileña ante esta situación? La participación de la industria en el PBI alcanzó su pico histórico en 1986, cuando la política de sustitución de importaciones elevó la participación del sector a 37%. A su vez, el porcentaje de los productos manufacturados en el total de las exportaciones ha declinado sistemáticamente desde 2007, lo que coincide con el ciclo de apreciación del real. Al mismo tiempo, la industria brasileña experimenta niveles récord de expansión en el mercado doméstico , con tasas de crecimiento de 10% / 20% o más. En tanto, su productividad aumentó este año 4,7%, mientras los costos laborales crecieron sólo 1,9%.
El auge de la eficacia productiva de la industria manufacturera responde a una tendencia de largo plazo, iniciada en 1989 (apertura de la economía) y acelerada a partir de 1994 (Plan Real). La productividad industrial brasileña podría alcanzar a la de EE.UU. en 5 años.
Las exportaciones brasileñas se duplicaron en la última década, encabezadas por las materias primas (soja, mineral de hierro), que se triplicaron.
Lo mismo ocurrió con las exportaciones de América del Sur.
América del Sur exporta cada vez más materias primas a los países emergentes de Asia (China / India). La participación de EE.UU. como destino de las ventas regionales es cada vez menor (44% en 2009 vs. 37% en 2008). Las ventas a China crecieron 10 veces en la última década (pasaron de 0,8% a 10%); y en esta etapa, el crecimiento de América del Sur se aceleró. Fue 2,5% anual entre 1980 y 2000, y trepó a 5% por año entre 2003 y 2008.
Este año se expandiría 6,6%.
En síntesis, en Brasil -y por extensión en América del Sur- hay aumento de las exportaciones, auge del producto (7,5% / 8% en 2010) y expansión de la industria en el mercado doméstico.
No hay desindustrialización en Brasil, sino problemas de competitividad externa, vinculados a los todavía insuficientes niveles de productividad de su industria manufacturera.
Así, las perspectivas del mercado mundial constituyen el único tribunal para juzgar las estrategias de desarrollo del capitalismo en América del Sur.
Al unificarse el sistema mundial por la implosión de la Unión Soviética en 1991, se modificó la naturaleza de la acumulación capitalista y se tornó un fenómeno profundamente trasnacional.
No hay desde entonces desarrollo capitalista en ninguna parte del mundo, y menos en América del Sur, que no sea al mismo tiempo un proceso histórico intensamente internacionalizado.
Por eso, la inserción internacional de América del Sur en la segunda década del siglo XXI, sobre todo en Brasil y la Argentina, requiere una profunda reconversión de todas las actividades productivas, y en primer lugar de su industria , con el mismo criterio de capitalización, alta inversión y elevada productividad del sistema mundial. Leer más...
La inflación ya es una enfermedad crónica. Por Domingo F. Cavallo
Cuando en una economía que tiene estabilidad de precios, algún shock externo o alguna decisión de política económica interna provoca un aumento repentino de un conjunto de precios, ese episodio puede resultar una suerte de golpe inflacionario reversible o, mucho peor, puede constituirse en el inicio de un proceso inflacionario crónico. Lo que determina que sea una cosa o la otra es la política monetaria que sucede al aumento inicial de precios.
Si la política monetaria es restrictiva, de tal forma de retrotraer la economía al estado previo de estabilidad de precios, se puede evitar que la economía quede infectada de inflación crónica. Eso ocurrió en Brasil cuando después de cuatro años de estabilidad conquistada por el Plan Real, sobrevino un golpe inflacionario precipitado por una fuerte devaluación que alcanzó su pico a mediados de 2002, precisamente cuando los Brasileros estaban votando para elegir al Gobierno de Lula en reemplazo del Gobierno de Fernando Enrique Cardozo. El Presidente Lula, al brindarle respaldo a su Banco Central mientras éste aplicaba una política monetaria restrictiva que llevaría gradualmente a una fuerte apreciación del Real, logró que la economía de su país reconquistara la estabilidad de precios. Ello le permitió implementar una exitosa política social enderezada a disminuir sostenidamente los niveles de extrema pobreza.
En nuestro país, la historia resultó, lamentablemente, diferente. A lo largo de poco más de un año desde el último trimestre de 2002, el golpe inflacionario que sucedió al abandono de la convertibilidad, comenzó a revertirse gracias a una política monetaria restrictiva que, como en Brasil por la misma época, también condujo a una apreciación inicial del Peso. Pero la decisión adoptada por la administración del Presidente Kirchner de impedir que continuara la apreciación del Peso y comenzar a recaudar crecientes retenciones a las exportaciones para financiar, supuestamente, su política social, llevó a que la inflación, lejos de tender a desaparecer, se transformara en una enfermedad crónica de nuestra economía. Como no podía ser de otra forma, la aceleración inflacionaria lejos de contribuir a hacer efectiva la política redistributiva que pregonaba el Gobierno, pasó a constituirse en el principal mecanismo generador de pobreza e injusticia social.
Como siempre ocurre, al principio la aceleración inflacionaria pareció contribuir a la expansión de la demanda y a la reactivación de la economía. Los trabajadores y jubilados creyeron encontrar en los ajustes de salarios y jubilaciones nominales conseguidos por sus dirigentes sindicales o decididos por el Gobierno un paliativo efectivo al deterioro del poder adquisitivo de sus ingresos. Pero a poco de andar la inflación comenzó a poner en evidencia sus costos económicos y sociales.
Los aumentos de precios y de remuneraciones no fueron uniformes sino que reflejaron de manera cada vez más intensa la diferente capacidad negociadora de los sectores y su variado peso político. El Gobierno debió crear numerosos mecanismos de subsidios a las empresas prestadoras de servicios públicos o productoras de precios artificialmente controlados. Como siempre ocurre, a estos mecanismos de subsidios a empresas con fines de lucro se les sumó la corrupción de los intermediarios, con lo que se hicieron crecientemente onerosos e inefectivos. Tendió a desaparecer la inversión productiva de mediano y largo plazo y sólo se llevaron a cabo inversiones de rápida maduración o emprendimientos inmobiliarios destinados a proteger a los ahorristas de la desvalorización monetaria. Desaparecieron los créditos hipotecarios para vivienda al alcance del asalariado promedio y se alentó la compra a crédito subsidiado de electrodomésticos y automóviles, único mecanismo mínimamente protector del ahorro familiar del que pudieron disponer las familias.
A pesar de todas estas distorsiones económicas y los costos sociales asociados, hay todavía personas y dirigentes que no ven en la inflación el principal problema económico de nuestra realidad, porque creen que la política monetaria expansiva y el crédito subsidiado permiten conseguir altas tasas de crecimiento económico que, de otra manera, serían inalcanzables. Esta ilusión se desvanecerá tan pronto como la carrera de los precios alcance a eliminar totalmente el fuerte colchón cambiario que crearon la devaluación inicial del Peso y el debilitamiento del Dólar a escala mundial. Cuando la gente espere que el ritmo de devaluación del Peso ya no podrá ser muy diferente al ritmo de la inflación, las tasas de interés subirán a un nivel superior al de la inflación esperada y se comenzará a sufrir la carrera entre tasas de interés, devaluación monetaria y brecha cambiaria que caracterizó al largo período de estanflación que ya sufrimos entre 1975 y 1990.
Para ese entonces ya no van a quedar dudas de que la inflación es, junto a la inseguridad, la principal enfermedad que aqueja a nuestra sociedad. En ambos casos, inflación e inseguridad, existen promotores tan diabólicos como seductores. En el caso de la inflación el promotor es la emisión monetaria. En el caso de la inseguridad es la droga. La emisión monetaria y la droga, producen durante un cierto tiempo una sensación de bienestar individual, pero además de terminar destruyendo a quienes se tornan adictos, dejan terribles secuelas en el cuerpo social.
Está en la dirigencia política advertir estos peligros y ponerse al frente de la lucha contra estos males sociales. Ojalá el próximo período pre-electoral sirva para que dirigentes y ciudadanos tomen conciencia de estos peligros y resulte elegido el Gobierno mejor preparado para erradicar estas plagas.
En nuestro país, la historia resultó, lamentablemente, diferente. A lo largo de poco más de un año desde el último trimestre de 2002, el golpe inflacionario que sucedió al abandono de la convertibilidad, comenzó a revertirse gracias a una política monetaria restrictiva que, como en Brasil por la misma época, también condujo a una apreciación inicial del Peso. Pero la decisión adoptada por la administración del Presidente Kirchner de impedir que continuara la apreciación del Peso y comenzar a recaudar crecientes retenciones a las exportaciones para financiar, supuestamente, su política social, llevó a que la inflación, lejos de tender a desaparecer, se transformara en una enfermedad crónica de nuestra economía. Como no podía ser de otra forma, la aceleración inflacionaria lejos de contribuir a hacer efectiva la política redistributiva que pregonaba el Gobierno, pasó a constituirse en el principal mecanismo generador de pobreza e injusticia social.
Como siempre ocurre, al principio la aceleración inflacionaria pareció contribuir a la expansión de la demanda y a la reactivación de la economía. Los trabajadores y jubilados creyeron encontrar en los ajustes de salarios y jubilaciones nominales conseguidos por sus dirigentes sindicales o decididos por el Gobierno un paliativo efectivo al deterioro del poder adquisitivo de sus ingresos. Pero a poco de andar la inflación comenzó a poner en evidencia sus costos económicos y sociales.
Los aumentos de precios y de remuneraciones no fueron uniformes sino que reflejaron de manera cada vez más intensa la diferente capacidad negociadora de los sectores y su variado peso político. El Gobierno debió crear numerosos mecanismos de subsidios a las empresas prestadoras de servicios públicos o productoras de precios artificialmente controlados. Como siempre ocurre, a estos mecanismos de subsidios a empresas con fines de lucro se les sumó la corrupción de los intermediarios, con lo que se hicieron crecientemente onerosos e inefectivos. Tendió a desaparecer la inversión productiva de mediano y largo plazo y sólo se llevaron a cabo inversiones de rápida maduración o emprendimientos inmobiliarios destinados a proteger a los ahorristas de la desvalorización monetaria. Desaparecieron los créditos hipotecarios para vivienda al alcance del asalariado promedio y se alentó la compra a crédito subsidiado de electrodomésticos y automóviles, único mecanismo mínimamente protector del ahorro familiar del que pudieron disponer las familias.
A pesar de todas estas distorsiones económicas y los costos sociales asociados, hay todavía personas y dirigentes que no ven en la inflación el principal problema económico de nuestra realidad, porque creen que la política monetaria expansiva y el crédito subsidiado permiten conseguir altas tasas de crecimiento económico que, de otra manera, serían inalcanzables. Esta ilusión se desvanecerá tan pronto como la carrera de los precios alcance a eliminar totalmente el fuerte colchón cambiario que crearon la devaluación inicial del Peso y el debilitamiento del Dólar a escala mundial. Cuando la gente espere que el ritmo de devaluación del Peso ya no podrá ser muy diferente al ritmo de la inflación, las tasas de interés subirán a un nivel superior al de la inflación esperada y se comenzará a sufrir la carrera entre tasas de interés, devaluación monetaria y brecha cambiaria que caracterizó al largo período de estanflación que ya sufrimos entre 1975 y 1990.
Para ese entonces ya no van a quedar dudas de que la inflación es, junto a la inseguridad, la principal enfermedad que aqueja a nuestra sociedad. En ambos casos, inflación e inseguridad, existen promotores tan diabólicos como seductores. En el caso de la inflación el promotor es la emisión monetaria. En el caso de la inseguridad es la droga. La emisión monetaria y la droga, producen durante un cierto tiempo una sensación de bienestar individual, pero además de terminar destruyendo a quienes se tornan adictos, dejan terribles secuelas en el cuerpo social.
Está en la dirigencia política advertir estos peligros y ponerse al frente de la lucha contra estos males sociales. Ojalá el próximo período pre-electoral sirva para que dirigentes y ciudadanos tomen conciencia de estos peligros y resulte elegido el Gobierno mejor preparado para erradicar estas plagas.
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lunes, 20 de diciembre de 2010
Oportunidades perdidas. Por Orlando Ferreres
El precio de la soja se triplicó desde el 2002 y lo mismo ocurrió con otros productos de exportación de Argentina. No se registraba una evolución tan favorable desde el período 1880 - 1914, época en que nuestra economía dio el "gran salto hacia adelante" y fue "la luz de America latina sobre el Río de la Plata", con lo cual se quería decir que Argentina pasó a estar muy por encima de los países de la región y que su producto bruto total fue mayor incluso que el de Brasil. Nuestro país se destacó no sólo por su economía sino también por su educación, cultura, universidades y organización militar.
Volviendo al presente, hemos tenido desde el 2002 una gran suba de los precios de las materias primas, especialmente las que nosotros exportamos. La más conocida es la soja, cuyo precio en Chicago pasó de 160 u$s/ton en 2001 o los 480 u$s/ton en la actualidad, es decir, creció 3 veces en dólares. Esto provocó un gran incremento de las exportaciones y también fue acompañado por mayores exportaciones industriales, mineras y de servicios, como puede ser el turismo receptivo, lo que significó un gran superávit comercial del país.
El crecimiento del PIB en la etapa de Néstor Kirchner fue de 9 % anual y en el de Cristina, hasta ahora, es de 2,3 % anual, afectado por la crisis internacional de 2008 y por la falta de inversión en algunos sectores. La primera parte se basó en las exportaciones y en el consumo interno, este último favorecido por las bajas tasas de interés, por los derechos de exportación al agro para tener un menor costo de vida y al mismo tiempo recursos económicos para el Estado para poder subsidiar las bajas tarifas de servicios públicos y otros precios regulados o controlados, todo lo cual fomentó el consumo interno, aunque no hubo grandes incentivos para la inversión, que creció muy moderadamente. Se está observando ahora la aparición de cuellos de botella en algunos sectores por falta de oferta, es decir, el efecto de una insuficiente inversión en el pasado.
Para darnos una idea de lo que significó este viento de cola que se da cada 100 años, desde el inicio de la suba de precios internacionales de nuestros productos en 2002 hasta ahora 2010, el balance comercial del país arrojó un saldo positivo acumulado de u$s 122.000 millones, calculando que en el presente año tengamos un balance positivo de u$s 13.000 millones.
¿Estos u$s 122.000 millones como se usaron? En parte para pagarle por adelantado al FMI, también para cubrir el saldo negativo de los servicios reales y financieros. Un monto importante se perdió en la salida o fuga de capitales, unos u$s 12.000 millones por año, por falta de confianza en las instituciones. El resto lo compró con pesos el BCRA y fue a las reservas que pasaron de u$s 10.000 millones a los u$s 53.000 millones actuales.
Ahora bien, esta masa de recursos que brindaba la mayor demanda mundial de nuestro productos, en lugar de destinarla mayormente al consumo presente o a la formación de activos externos de nuestros residentes, la podríamos haber destinado a las inversiones locales, con lo cual nuestro crecimiento después de unos años de seguir ese progreso, hubiera sido sustentable y de esa manera podríamos haber eliminado la pobreza estructural y el desempleo. Estaríamos mucho mejor desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social, pero no hemos podido darnos cuenta de lo que nos convenía.
Al no pagar precios lógicos a la producción energética local hemos tenido que pagar precios hasta 5 veces superiores para importar gas natural de Bolivia, gas oil desde Venezuela, y gas licuado para regasificar, en lugar de importar maquinarias y equipo para actualizar y aumentar nuestra industria y nuestra infraestructura. Hemos incrementado también el gasto público consolidado de u$s 28.000 millones en 2002 hasta los u$s 160.000 millones este año, de los cuales el 90 % fue gasto corriente que da buena imagen pero se consume en una sola vez, no es reproductivo.
El crecimiento del PIB en la etapa de Néstor Kirchner fue de 9 % anual y en el de Cristina, hasta ahora, es de 2,3 % anual, afectado por la crisis internacional de 2008 y por la falta de inversión en algunos sectores. La primera parte se basó en las exportaciones y en el consumo interno, este último favorecido por las bajas tasas de interés, por los derechos de exportación al agro para tener un menor costo de vida y al mismo tiempo recursos económicos para el Estado para poder subsidiar las bajas tarifas de servicios públicos y otros precios regulados o controlados, todo lo cual fomentó el consumo interno, aunque no hubo grandes incentivos para la inversión, que creció muy moderadamente. Se está observando ahora la aparición de cuellos de botella en algunos sectores por falta de oferta, es decir, el efecto de una insuficiente inversión en el pasado.
Para darnos una idea de lo que significó este viento de cola que se da cada 100 años, desde el inicio de la suba de precios internacionales de nuestros productos en 2002 hasta ahora 2010, el balance comercial del país arrojó un saldo positivo acumulado de u$s 122.000 millones, calculando que en el presente año tengamos un balance positivo de u$s 13.000 millones.
¿Estos u$s 122.000 millones como se usaron? En parte para pagarle por adelantado al FMI, también para cubrir el saldo negativo de los servicios reales y financieros. Un monto importante se perdió en la salida o fuga de capitales, unos u$s 12.000 millones por año, por falta de confianza en las instituciones. El resto lo compró con pesos el BCRA y fue a las reservas que pasaron de u$s 10.000 millones a los u$s 53.000 millones actuales.
Ahora bien, esta masa de recursos que brindaba la mayor demanda mundial de nuestro productos, en lugar de destinarla mayormente al consumo presente o a la formación de activos externos de nuestros residentes, la podríamos haber destinado a las inversiones locales, con lo cual nuestro crecimiento después de unos años de seguir ese progreso, hubiera sido sustentable y de esa manera podríamos haber eliminado la pobreza estructural y el desempleo. Estaríamos mucho mejor desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social, pero no hemos podido darnos cuenta de lo que nos convenía.
Al no pagar precios lógicos a la producción energética local hemos tenido que pagar precios hasta 5 veces superiores para importar gas natural de Bolivia, gas oil desde Venezuela, y gas licuado para regasificar, en lugar de importar maquinarias y equipo para actualizar y aumentar nuestra industria y nuestra infraestructura. Hemos incrementado también el gasto público consolidado de u$s 28.000 millones en 2002 hasta los u$s 160.000 millones este año, de los cuales el 90 % fue gasto corriente que da buena imagen pero se consume en una sola vez, no es reproductivo.
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domingo, 19 de diciembre de 2010
América del Sur crece arrastrada por la demanda emergente. Por Jorge Castro
América latina crece este año 6%, con un aumento del ingreso por habitante de 4,8%, tras haber caído -1,9% en 2009.
La expansión de la región va más allá de todas las previsiones, sostiene la CEPAL , y las únicas excepciones a este crecimiento generalizado son Venezuela y Haití, que caen -1,6% y -7%, respectivamente.
Es un crecimiento heterogéneo. América del Sur crecerá 6,6%, en tanto México y Centroamérica lo harán 4,9%. La diferencia entre las dos dinámicas es que en América del Sur están los países exportadores de commodities (agrícolas, minerales, energéticos) , que han tenido una extraordinaria mejora en los términos de intercambio y un valor récord en sus exportaciones.
La expansión de la región va más allá de todas las previsiones, sostiene la CEPAL , y las únicas excepciones a este crecimiento generalizado son Venezuela y Haití, que caen -1,6% y -7%, respectivamente.
Es un crecimiento heterogéneo. América del Sur crecerá 6,6%, en tanto México y Centroamérica lo harán 4,9%. La diferencia entre las dos dinámicas es que en América del Sur están los países exportadores de commodities (agrícolas, minerales, energéticos) , que han tenido una extraordinaria mejora en los términos de intercambio y un valor récord en sus exportaciones.
Los precios de los alimentos en el mercado mundial ya superaron los niveles récord de julio/agosto de 2008 , encabezados por una soja que vale U$S 460 la tonelada; el valor del cobre esta semana superó U$S 4,6 la libra, lo que implica alcanzar U$S 10.000 la tonelada, el máximo nivel de su historia.
Más de 70% del crecimiento de América del Sur se debe este año a la demanda del mundo emergente (China / India) . Esto significa que el PBI mundial asciende en 2010 a U$S 69,947 billones (en capacidad de compra doméstica /PPP), de los cuales los países avanzados tienen 49,3% y los emergentes, 50,7%. En este cuadro, China tiene ya -medido en PPP-, un porcentaje mayor que el de EE.UU. del producto mundial (U$S 15,203 billones / 21,7% vs. U$S 14,369 billones / 20,5%). Por eso, el crecimiento de China representa este año 59% del total mundial, mientras que el de EE.UU. equivale a 15%.
El dato central del auge del mundo emergente es que los tres principales (China / India / Brasil) lo hacen a través del consumo interno.
Hoy el consumo chino equivale a 5,8% del total mundial y en 2025 representará 28,8%, más que EE.UU.
Asia no japonesa implica hoy 13,2% del consumo mundial, y en 2025 trepará a 43,2%.
Los términos de intercambio de América del Sur son los mejores de su historia . Si se toma 1999 como base 100, alcanzaron a 154 en 2010. Lo que llama la atención del crecimiento de América del Sur en 2010, y de los 5 años anteriores a la crisis global (2003 /2008), es su contraste con la pobre performance de la región en los 30 años previos.
Desde 1960, la brecha en el ingreso per cápita de América del Sur y el mundo avanzado (EE.UU.) no ha cesado de ampliarse. Era entonces 28% del producto por habitante norteamericano y es ahora 18%. Es lo contrario de lo que ha ocurrido en el sudeste asiático. Entre 1975 y 1990, la productividad latinoamericana -aumento del ingreso per cápita- fue negativa respecto a la de EE.UU. en -1,6% anual, en tanto en el sudeste asiático fue + 1,5% superior.
La diferencia es que la causa principal del crecimiento asiático, sobre todo chino, no ha sido la acumulación de capital (más inversión, mayor fuerza de trabajo), sino el aumento de la productividad de la totalidad de los factores (PTF). El auge de la PTF superó en China más del 50% del total del crecimiento, mientras que la acumulación de capital cayó por debajo del 33%.
Por eso hubo convergencia en los últimos 10 años de China/Asia con los países avanzados, mientras no ocurrió lo mismo en América del Sur, donde hubo alto crecimiento, pero no aumento de la productividad superior a la de EE.UU. La diferencia entre América del Sur y China / Asia no es que la primera exporta materias primas y la otra productos industriales, sino las políticas internas de una y otra región.
En China/Asia, todo depende del incremento de la productividad; esto es, de las reformas pro-capitalistas y de la integración con el sistema globalizado. En América del Sur, las reformas todavía están pendientes.
Más de 70% del crecimiento de América del Sur se debe este año a la demanda del mundo emergente (China / India) . Esto significa que el PBI mundial asciende en 2010 a U$S 69,947 billones (en capacidad de compra doméstica /PPP), de los cuales los países avanzados tienen 49,3% y los emergentes, 50,7%. En este cuadro, China tiene ya -medido en PPP-, un porcentaje mayor que el de EE.UU. del producto mundial (U$S 15,203 billones / 21,7% vs. U$S 14,369 billones / 20,5%). Por eso, el crecimiento de China representa este año 59% del total mundial, mientras que el de EE.UU. equivale a 15%.
El dato central del auge del mundo emergente es que los tres principales (China / India / Brasil) lo hacen a través del consumo interno.
Hoy el consumo chino equivale a 5,8% del total mundial y en 2025 representará 28,8%, más que EE.UU.
Asia no japonesa implica hoy 13,2% del consumo mundial, y en 2025 trepará a 43,2%.
Los términos de intercambio de América del Sur son los mejores de su historia . Si se toma 1999 como base 100, alcanzaron a 154 en 2010. Lo que llama la atención del crecimiento de América del Sur en 2010, y de los 5 años anteriores a la crisis global (2003 /2008), es su contraste con la pobre performance de la región en los 30 años previos.
Desde 1960, la brecha en el ingreso per cápita de América del Sur y el mundo avanzado (EE.UU.) no ha cesado de ampliarse. Era entonces 28% del producto por habitante norteamericano y es ahora 18%. Es lo contrario de lo que ha ocurrido en el sudeste asiático. Entre 1975 y 1990, la productividad latinoamericana -aumento del ingreso per cápita- fue negativa respecto a la de EE.UU. en -1,6% anual, en tanto en el sudeste asiático fue + 1,5% superior.
La diferencia es que la causa principal del crecimiento asiático, sobre todo chino, no ha sido la acumulación de capital (más inversión, mayor fuerza de trabajo), sino el aumento de la productividad de la totalidad de los factores (PTF). El auge de la PTF superó en China más del 50% del total del crecimiento, mientras que la acumulación de capital cayó por debajo del 33%.
Por eso hubo convergencia en los últimos 10 años de China/Asia con los países avanzados, mientras no ocurrió lo mismo en América del Sur, donde hubo alto crecimiento, pero no aumento de la productividad superior a la de EE.UU. La diferencia entre América del Sur y China / Asia no es que la primera exporta materias primas y la otra productos industriales, sino las políticas internas de una y otra región.
En China/Asia, todo depende del incremento de la productividad; esto es, de las reformas pro-capitalistas y de la integración con el sistema globalizado. En América del Sur, las reformas todavía están pendientes.
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viernes, 17 de diciembre de 2010
La nueva economía. Por Aldo Ferrer
(Este pequeño ensayo fue publicado por Aldo Ferrer hacia marzo de este año 2010 bajo la forma de tres notas consecutivas en varios diarios del país)
Durante más de 70 años, desde 1930 hasta la debacle del 2001/02, la economía estuvo sometida a dos restricciones: la externa y la fiscal. Además, en la mayor parte del período (1930-83), la ausencia de reglas para transar los conflictos provocó un escenario de inestabilidad política que agravó los desequilibrios. En el transcurso del siglo pasado predominaron restricciones de carácter externo, fiscal e institucional, que determinaron los déficits en el balance de pagos internacionales y las finanzas públicas, la volatilidad de la actividad económica, la inflación y el lento crecimiento.
Los problemas se agravaron a mediados de los 70, cuando estalló la violencia y comenzó el aumento incesante de la deuda. En ese escenario, el país quedó subordinado a los criterios de los mercados y las condicionalidades del FMI y se redujo radicalmente la libertad de maniobra. Hoy, Argentina ha logrado remover las restricciones externa, fiscal e institucional. Esto configura una realidad económica muy distinta a la del pasado, es decir, una nueva economía argentina. Subsiste, sin embargo, una cuarta restricción, resultado de las tres primeras: la social, consistente en la extrema desigualdad en la distribución de la riqueza y de las oportunidades. LAS TRES RESTRICCIONES. Bajo el modelo de la economía primaria exportadora, inaugurado a mediados del siglo XIX y clausurado con la crisis mundial de los años 30, los pagos internacionales eran la correa de transmisión entre el ciclo económico mundial y la actividad económica interna. Como lo destacó Raúl Prebisch, el modelo era inestable e implicaba la distribución desigual de los frutos de progreso técnico entre el “centro” (los países industriales) y la periferia (economías proveedores de productos primarios). Sin embargo, no existía una insuficiencia crónica de divisas para sostener ese régimen de acumulación y crecimiento ni un déficit fiscal persistente. En el plano institucional, desde la presidencia de Mitre hasta el golpe de Estado de 1930, la política se desenvolvió en el marco de la Constitución, perfeccionada bajo la Ley Sáenz Peña, no existieron, pues, restricciones externa, fiscal e institucional al desarrollo de la economía primaria exportadora. El problema se instaló en 1930, con la crisis mundial, el agotamiento del modelo agroexportador y el golpe de Estado. Comienza entonces la Industrialización Sustitutiva de Importaciones (ISI), con dos rasgos principales: una elevada proporción de abastecimientos importados de insumos y equipos y una baja capacidad de exportaciones de bienes de origen industrial. Es decir, la ISI operaba con un déficit en su balance de pagos internacionales. En una primera fase, la producción industrial permitió ahorrar divisas disminuyendo el coeficiente importaciones/PBI de 25% en 1929 a 10% hacia 1950. Por múltiples razones, este último resultó un piso de largo plazo. En consecuencia, el crecimiento de la economía dependía de la capacidad de pagos externos. Era entonces preciso generar divisas a través de las exportaciones de manufacturas industriales o, como sucedió en los hechos, apelar a los excedentes generados por el sector agropecuario. Debido a la convergencia de factores internos y externos, las exportaciones agropecuarias entraron en un prolongado período de estancamiento. En consecuencia, las fases de expansión de la actividad industrial y, consecuentemente, de aumento de su déficit de divisas, tropezaban con un “cuello de botella” en el balance de pagos, es decir, la “restricción externa”. Una vez que se agotaban las posibilidades de endeudamiento, el epílogo era el ajuste para restablecer el equilibrio perdido. En semejante escenario, las finanzas públicas incurrieron repetidamente en déficit. La restricción institucional provocó políticas erráticas que agravaron las otras dos: la externa y la fiscal. La consecuencia más evidente de estos hechos fue el desorden monetario y la inflación crónica que se instaló a partir de 1945. Así funcionó la economía argentina entre la década de 1930 y mediados de la de 1970, bajo las restricciones externa, fiscal e institucional. Era el régimen llamado de stop go, de contención-arranque. El sistema tuvo un desarrollo mediocre, pero no despreciable, particularmente en su último tramo. Los censos industriales de 1964 y 1974 revelan una transformación notable de la industria con fuertes aumentos de la productividad, el empleo y capacidad competitiva. En 1976, en el marco de la globalización financiera internacional, el gobierno de facto interrumpió el crecimiento manufacturero e introdujo un cambio radical en la naturaleza de las restricciones externa y fiscal. La liberación de la tasa de interés y del movimiento internacional de capitales insertaron a la economía argentina en el orden monetario globalizado y, consecuentemente, en la especulación financiera internacional. Lo hizo, además, con un instrumento peculiar, la “tablita”. La programación del ajuste del tipo de cambio a una tasa muy inferior a la de la inflación provocó una extraordinaria apreciación del peso y, consecuentemente, el drástico deterioro de la competitividad, el aumento de las importaciones y la escalada de elevados déficits “gemelos”, en el balance de pagos y en las finanzas públicas. La “tablita” proporcionó a los especuladores un seguro de cambio gratis y multiplicó las rentas de la llamada “industria financiera”. Esta estrategia provocó el aumento incesante y acumulativo de la deuda externa. Hasta 1976, la deuda había sido una respuesta a las insuficiencias transitorias del balance de pagos y resultado de la característica estructural de la economía argentina, es decir, el déficit de divisas de la ISI. Pero la deuda nunca alcanzó dimensiones inmanejables. Por esa misma razón, los acuerdos con el FMI eran siempre de duración transitoria, hasta que se restablecía el equilibrio de los pagos externos e iniciaba una nueva fase de auge (stop go). A partir de 1976, la deuda externa fue el componente central de la economía. Toda la política económica quedó subordinada a su refinanciación. En tales condiciones, la restricción externa no surgía del comportamiento de la economía real, sino de la posibilidad de acceder o no al crédito internacional. La imposibilidad de generar niveles de superávits primarios suficientes para pagar la deuda agravó el financiamiento del déficit con emisión monetaria y el impuesto inflacionario. El stop go de la economía real bajo la ISI pasó a ser el de la especulación financiera. El FMI adquirió, entonces, nuevos roles: dejó de ser el vigilante esporádico de las cuentas argentinas para asumir el rol de monitor permanente, con el agregado de promover las “reformas estructurales” del Consenso de Washington. Al final, la macroeconomía estalla bajo el impacto de los crecientes e inmanejables déficits del balance de pagos y las finanzas públicas. En 1983 culminó la experiencia iniciada en 1976. Las restricciones fiscal y externa eran entonces insoportables, como volverían a serlo, más tarde, en el epílogo de la misma estrategia en la década de 1990. Alfonsín condujo al país a su reencuentro con la democracia pero no logró zafar de la deuda y las restricciones externa y fiscal. Menem culminó la transformación iniciada en 1976. Adhirió incondicionalmente al paradigma neoliberal. El régimen de convertibilidad era la dolarización del sistema monetario y la renuncia a tener una política económica. Definitivamente, la marcha de la economía quedaba subordinada al movimiento de capitales especulativos. Al mismo tiempo, se transfirieron a manos privadas los activos principales. Los ingresos por las privatizaciones, más el reinicio de la corriente de capitales especulativos una vez concluida la crisis de la deuda latinoamericana provocaron un auge inicial de la economía. En este escenario, el tipo de cambio fijo permitió estabilizar el nivel general de precios. Pero la restricción externa se multiplicaba con la apreciación del peso, la pérdida de competitividad de la producción nacional y el aumento de la deuda. El apoyo del FMI y los “canjes y megacanjes”, generaron rentas extraordinarias en los intermediarios. Como lo anticipó el Grupo Fénix de la Universidad de Buenos Aires en setiembre de 1991, el sistema se encaminaba inexorablemente al derrumbe de la seguridad jurídica, es decir, de los contratos entre residentes denominados en dólares y al default sobre la deuda externa. Las restricciones externa y fiscal bajo la ISI no impidieron un crecimiento considerable de la economía argentina y una mejora de las condiciones sociales. En cambio, bajo el paradigma neoliberal, el período 1976-2001/02, fue el peor de la historia económica argentina.
Las restricciones externa y fiscal que prevalecieron durante más de 70 años y analizamos en la nota anterior (publicada por El Sol el lunes 29 de marzo) influyeron en la formación de la opinión pública y las ideas económicas. Las aguas se dividieron en torno de la determinación de las causas y consecuencias de esos problemas. Para la visión nacional del desarrollo, era posible e imprescindible resolver la restricción externa, profundizando el desarrollo industrial y la capacidad exportadora de manufacturas y de productos primarios. En el enfoque del desarrollismo ortodoxo, cuyo mayor exponente fue Rogelio Frigerio, lo fundamental era integrar las cadenas de valor con el pleno desarrollo de las industrias de base (acero, aluminio y celulosa, entre otras) y el autoabastecimiento energético. El capital extranjero era un instrumento del necesario shock inversor y transformador de la estructura y la inserción internacional del país. Como recordé en mi nota en Buenos Aires Económico del 8 de mayo del 2008, en un diálogo que mantuvimos hace años, Frigerio escuchó la reiteración de mi argumento sobre la importancia relativa del ahorro interno y el capital extranjero. Su comentario fue que la cuestión no era cuán importante eran uno u otro, sino que, en las condiciones prevalecientes en el gobierno de Frondizi, no había posibilidad alguna de reorientar la inversión del ahorro interno hacia los objetivos estratégicos del desarrollo. Por lo tanto, el shock inversor había que producirlo con inversiones externas dirigidas a los objetivos buscados. El enfoque desarrollista aperturista y más apoyado en los recursos propios tomaba nota de los límites de la Industrialización Sustitutiva de Importaciones (ISI), aun con el pleno y necesario desarrollo de las industrias de base y el autoabastecimiento energético. Era entonces preciso, también, exportar manufacturas de creciente valor agregado, con la participación de las tecnologías de frontera, como la microelectrónica y la informática. Se trataba, entonces, de formar una “economía integrada y abierta”, con una amplia base de sustentación en los recursos naturales y la industria, con capacidad de gestionar el conocimiento en todo el arco de las tecnologías disponibles y la capacidad original de innovación. En este escenario del pensamiento del desarrollo nacional, se debatió la relación campo-industria dentro de una estructura desequilibrada, según la expresión de Marcelo Diamand, quien demandaba otorgar condiciones de competitividad a toda la producción de bienes sujetos a la competencia internacional, a través de tipos de cambio diferenciales y otros instrumentos de política económica. Dentro de estas perspectivas, la eliminación de la restricción externa permitía aumentar el ahorro interno, consolidar la solvencia fiscal y los equilibrios macroeconómicos y, por lo tanto, fundar, en los recursos propios, la fuente fundamental de la acumulación, fortaleciendo el protagonismo de las empresas argentinas. Pero las restricciones externa y fiscal promovieron otro tipo de respuesta, la de cuño liberal, la cual, con el agregado dominante de la dimensión financiera y su preferencia por las paridades sobrevaluadas, constituyó la versión neoliberal de la ortodoxia. Este enfoque tuvo éxito en generalizar el convencimiento de que el país no puede funcionar sin crédito externo y que el ahorro interno es insuficiente para sostener una tasa elevada de acumulación de capital. De ese modo, una preocupación dominante de la política económica fue atraer capital extranjero como inversiones privadas directas y créditos internacionales. El objetivo era, entonces, “transmitir señales amistosas a los mercados” para atraer capitales foráneos. En plena crisis del 2001/2002, este enfoque culminó con la propuesta de la banca offshore y la dolarización del sistema monetario. Es decir, el abandono definitivo de la conducción nacional de la política económica y la subordinación plena del país a los dictados del FMI y los mercados financieros. Sumergidos en el orden global, terminaríamos con la “restricción externa” porque el país pasaría a ser un apéndice del sistema mundial. De paso, acabaríamos con los disparates de los que piensan que el país puede crecer, sin restricción externa, descansando en sus propios recursos, que cada país tiene la globalización que se merece en virtud de la fortaleza de su densidad nacional y que Argentina puede estar plenamente integrada al mundo en el comando de su propio destino. LA RESOLUCIÓN DE LAS RESTRICCIONES EXTERNA, FISCAL E INSTITUCIONAL. En los últimos años se ha producido un cambio radical en el comportamiento de la economía. Desde la salida de la crisis del 2001/2002, los pagos internacionales vienen operando con un elevado superávit en el balance comercial y en la cuenta corriente del balance de pagos. Este último registra ocho años consecutivos positivos, hecho inédito en la historia económica del país. En el 2009 alcanzó 3% del PBI y cabe esperar un superávit semejante en el 2010. A su vez, la balanza comercial registra saldos positivos anuales superiores a los u$s15.000 millones. Estos hechos obedecen a causas múltiples. Una de ellas es el notable incremento del volumen de la producción rural, particularmente de cereales y oleaginosas, con el fuerte aumento de las exportaciones favorecido, al mismo tiempo, por las tendencias expansivas del mercado mundial de alimentos. Otra, el abandono de la convertibilidad y la apreciación del peso, que estimuló la producción de manufacturas de origen industrial, tanto para el mercado interno como el internacional. Como esta década el superávit externo se sostuvo a pesar de un crecimiento acumulado del PBI de más de 60% y un aumento comparable del producto manufacturero, cabe concluir que la restricción externa y el ciclo de stop and go de la ISI son problemas del pasado. Las tendencias actuales de la economía mundial y la dotación de recursos de nuestro país sugieren que perdurará el superávit en los pagos internacionales. Si en este contexto se mantiene un tipo de cambio de equilibrio desarrollista (TCED), cabe suponer que la economía nacional funciona ahora con un superávit externo estructural, de largo plazo. ¿Y qué sucede con la restricción externa y el ciclo derivado de la deuda externa? Entre el 2003 y la actualidad, la relación deuda externa pública y privada/ PBI bajó de 160 a 40 por ciento. Desde el momento en que se logró salir del default, con el exitoso canje de deuda del 2005, el pago al FMI y encuadrar los pagos dentro de límites manejables con recursos propios, también aquí se produjo un cambio radical. En el sector privado no financiero, el coeficiente de endeudamiento bajó 70% y la cartera irregular con los bancos locales de 22 a 7%; es decir, la restricción externa y el ciclo stop and go de la deuda serían, también, problemas del pasado. La solución de la restricción externa facilitó resolver la restricción fiscal derivada de los déficits crónicos de las finanzas públicas. La recaudación tributaria nacional aumentó en 10 puntos del PBI para ubicarse cerca de 30% del producto, proporción razonable en una economía del ingreso medio argentino. En esto influyeron el aumento de la actividad económica y la mejora en la gestión administrativa del sistema tributario. Del lado del gasto, la quita sobre la deuda resultante del canje contuvo los servicios en límites manejables para el presupuesto. En el mismo sentido operó la incorporación, en la esfera pública, de los recursos del sistema previsional, que constituyen parte principal del ahorro interno. El comportamiento de las finanzas públicas desde la salida de la crisis del 2001/2002 demuestra que la restricción fiscal puede ser, también, un problema superado. Estos cambios ocurren en un escenario político institucional también distinto. Desde el regreso definitivo a la democracia en 1983, Argentina se está acostumbrando a resolver sus problemas en el marco de la Constitución, con tensiones, pero en paz y sin violencia. El país tuvo en el pasado una “restricción institucional”, agregada a las externa y fiscal. Ahora, aquella puede ser también un problema del pasado. En la experiencia reciente, aun los temas más polémicos (por ejemplo, la resolución 125, las reformas de los regímenes previsional y de medios audiovisuales y el uso de las reservas del Banco Central), se procesan conforme las reglas constitucionales y la división de poderes propia de una sociedad democrática. En las últimas dos notas destaqué que los cambios producidos en el transcurso de esta primera década del siglo XXI han dado a luz una nueva economía argentina, liberada, simultáneamente, de las tres restricciones (externa, fiscal e institucional) que, en el pasado, malograron su desarrollo. Si la transformación no se frustra por la repetición de las decisiones del pasado, la nueva economía argentina permite recuperar la conducción soberana del proceso de desarrollo y la renovación profunda de las ideas económicas. Detengámonos, brevemente, en estas dos cuestiones. LIBERTAD DE MANIOBRA DE LA POLÍTICA ECONÓMICA. Es ahora posible sostener los equilibrios macroeconómicos, en los pagos internacionales, la moneda y las finanzas públicas, con recursos propios. Esto proporciona capacidad operatoria y autonomía a la política económica y permite la existencia de un Estado desarrollista. En tales condiciones, el objetivo deja de ser “transmitir señales amistosas a los mercados” y satisfacer las condicionalidades y “reformas estructurales” promovidas por el FMI. Al recuperar la conducción soberana de la economía nacional, el objetivo es sostener, simultáneamente, los equilibrios macro e impulsar el desarrollo económico y social. En la nueva realidad, la política económica tiene suficiente fortaleza para resistir tensiones como, por ejemplo, una crisis mundial de gran escala como la actual, sin que la economía nacional descarrile. LAS IDEAS ECONÓMICAS. Vimos cómo la interpretación de las restricciones externa y fiscal influyeron en las ideas económicas en nuestro país. El enfoque ortodoxo sustenta en tales restricciones la dependencia inevitable del país del financiamiento externo y, consecuentemente, del monitoreo de los mercados y el FMI. En consecuencia, serían imposibles, en Argentina, políticas nacionales de desarrollo, al estilo, por ejemplo, de la de los Tigres Asiáticos y China. En otros términos, nuestro país sería “estructuralmente” impotente para proponerse y ejecutar con éxito un proyecto nacional de desarrollo, abierto e integrado al mundo, en el ejercicio soberano de su política económica. La visión ortodoxa rechaza la posibilidad de un país parado en sus propios recursos, una política económica autónoma y, en definitiva, un Estado desarrollista. La realidad actual demuele los fundamentos del imaginario neoliberal de un sistema subordinado a restricciones supuestamente insalvables y, consecuentemente, al monitoreo externo. Hace ya muchos años que sostengo que los criterios del FMI y los mercados son instrumentos de las visiones e intereses locales asociados a la estructura productiva del país periférico y dependiente. La visión ortodoxa ha experimentado una suma de calamidades. En efecto, se han sumado, en su contra, hechos categóricos. A saber: la debacle producida por sus políticas que culminaron en el caos del 2001/02 y la recuperación posterior del país parado en sus propios recursos y políticas soberanas. A su vez, el descrédito del imaginario neoliberal en el orden global, por la monumental crisis desatada por las políticas de ese cuño, debilitaron el marco de referencia externo de la ortodoxia criolla. En esta materia, la situación actual es semejante a la de la década de 1930, cuando el derrumbe de la ortodoxia neoclásica dio lugar, en los países industriales, a la revolución teórica keynesiana y, poco después, en América latina, al pensamiento estructuralista y la propuesta desarrollista. La confrontación de ideas económicas y el actual debate sobre el curso de la política económica en Argentina forma parte de una polémica mucho más amplia a nivel global, y en América latina en particular. Como sucedió con Keynes en la caída de 1930, la visión ortodoxa está sujeta en la actualidad a la revisión crítica desde la academia de los países centrales a través, por ejemplo, de economistas como Stiglitz, Krugman y Rodrick e, incluso, de dirigentes conservadores, como el presidente Sarkozy. En América latina, y en particular en Brasil, tiene también lugar un áspero debate sobre estas cuestiones. En la visión de un economista brasileño, el ex ministro de Hacienda Luiz Carlos Bresser Pereira, es preciso un “nuevo desarrollismo” que rescate el pensamiento estructuralista latinoamericano, fundado, principalmente, en Raúl Prebisch y Celso Furtado. Según Bresser, ese nuevo desarrollismo se sustenta en tres ejes: tipo de cambio competitivo, solvencia fiscal y un Estado desarrollista, capaz de promover el desarrollo y el cambio social fundado, esencialmente, en la movilización del ahorro y recursos internos. Conviene ubicar el tratamiento de todos los problemas actuales en el escenario abierto por el surgimiento de una nueva economía argentina. Sin embargo, la discusión de cuestiones como el uso de las reservas del Banco Central, el canje de los holdout y la “vuelta a los mercados”, se realiza conforme a la experiencia del pasado, es decir, la vigencia de las restricciones externa y fiscal, actualmente inexistentes. De este modo, el financiamiento externo se coloca en el centro del escenario, a pesar de que el país cuenta con una tasa de ahorro interno del orden de 30% del PBI y un sustantivo superávit en sus pagos internacionales. En tales condiciones, el objetivo necesario y posible no es “volver a los mercados”, sino retener y reciclar los recursos propios en el proceso productivo. Es decir, afirmar el convencimiento de que el lugar más seguro y rentable para invertir el ahorro argentino es el propio país. Entonces, los mercados volverán solos sin ir a su encuentro con “señales amistosas” innecesarias. El debate actual sobre la situación y el rumbo de la economía argentina debe encuadrarse en la nueva realidad abierta por la resolución de las restricciones externa, fiscal e institucional. Es preciso tomar nota de las posibilidades que se abren, en el nuevo contexto, a un país con el potencial del nuestro. En el escenario mundial, son pocos los países que cuenten con la siguientes constelación de factores: un territorio de gran dimensión (el octavo más grande del mundo) ampliamente dotado de recursos naturales diversos; producción excedentaria en dos sectores esenciales: alimentos y energía y una población de respetable nivel cultural capaz de gestionar los conocimientos de frontera (recordemos al Invap y la revolución tecnológica en agricultura). Esto, en un contexto en el cual se han eliminado las restricciones externa, fiscal e institucional. Argentina está ahora en condiciones de enfrentar la eliminación de la restricción fundamental que aún subsiste: la desigualdad en las condiciones de vida de la población y en las oportunidades de despliegue de las capacidades individuales. Este es el desafío que enfrenta la República, en estos inicios del Tercer Centenario de la Revolución de Mayo.
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Durante más de 70 años, desde 1930 hasta la debacle del 2001/02, la economía estuvo sometida a dos restricciones: la externa y la fiscal. Además, en la mayor parte del período (1930-83), la ausencia de reglas para transar los conflictos provocó un escenario de inestabilidad política que agravó los desequilibrios. En el transcurso del siglo pasado predominaron restricciones de carácter externo, fiscal e institucional, que determinaron los déficits en el balance de pagos internacionales y las finanzas públicas, la volatilidad de la actividad económica, la inflación y el lento crecimiento.
Los problemas se agravaron a mediados de los 70, cuando estalló la violencia y comenzó el aumento incesante de la deuda. En ese escenario, el país quedó subordinado a los criterios de los mercados y las condicionalidades del FMI y se redujo radicalmente la libertad de maniobra. Hoy, Argentina ha logrado remover las restricciones externa, fiscal e institucional. Esto configura una realidad económica muy distinta a la del pasado, es decir, una nueva economía argentina. Subsiste, sin embargo, una cuarta restricción, resultado de las tres primeras: la social, consistente en la extrema desigualdad en la distribución de la riqueza y de las oportunidades. LAS TRES RESTRICCIONES. Bajo el modelo de la economía primaria exportadora, inaugurado a mediados del siglo XIX y clausurado con la crisis mundial de los años 30, los pagos internacionales eran la correa de transmisión entre el ciclo económico mundial y la actividad económica interna. Como lo destacó Raúl Prebisch, el modelo era inestable e implicaba la distribución desigual de los frutos de progreso técnico entre el “centro” (los países industriales) y la periferia (economías proveedores de productos primarios). Sin embargo, no existía una insuficiencia crónica de divisas para sostener ese régimen de acumulación y crecimiento ni un déficit fiscal persistente. En el plano institucional, desde la presidencia de Mitre hasta el golpe de Estado de 1930, la política se desenvolvió en el marco de la Constitución, perfeccionada bajo la Ley Sáenz Peña, no existieron, pues, restricciones externa, fiscal e institucional al desarrollo de la economía primaria exportadora. El problema se instaló en 1930, con la crisis mundial, el agotamiento del modelo agroexportador y el golpe de Estado. Comienza entonces la Industrialización Sustitutiva de Importaciones (ISI), con dos rasgos principales: una elevada proporción de abastecimientos importados de insumos y equipos y una baja capacidad de exportaciones de bienes de origen industrial. Es decir, la ISI operaba con un déficit en su balance de pagos internacionales. En una primera fase, la producción industrial permitió ahorrar divisas disminuyendo el coeficiente importaciones/PBI de 25% en 1929 a 10% hacia 1950. Por múltiples razones, este último resultó un piso de largo plazo. En consecuencia, el crecimiento de la economía dependía de la capacidad de pagos externos. Era entonces preciso generar divisas a través de las exportaciones de manufacturas industriales o, como sucedió en los hechos, apelar a los excedentes generados por el sector agropecuario. Debido a la convergencia de factores internos y externos, las exportaciones agropecuarias entraron en un prolongado período de estancamiento. En consecuencia, las fases de expansión de la actividad industrial y, consecuentemente, de aumento de su déficit de divisas, tropezaban con un “cuello de botella” en el balance de pagos, es decir, la “restricción externa”. Una vez que se agotaban las posibilidades de endeudamiento, el epílogo era el ajuste para restablecer el equilibrio perdido. En semejante escenario, las finanzas públicas incurrieron repetidamente en déficit. La restricción institucional provocó políticas erráticas que agravaron las otras dos: la externa y la fiscal. La consecuencia más evidente de estos hechos fue el desorden monetario y la inflación crónica que se instaló a partir de 1945. Así funcionó la economía argentina entre la década de 1930 y mediados de la de 1970, bajo las restricciones externa, fiscal e institucional. Era el régimen llamado de stop go, de contención-arranque. El sistema tuvo un desarrollo mediocre, pero no despreciable, particularmente en su último tramo. Los censos industriales de 1964 y 1974 revelan una transformación notable de la industria con fuertes aumentos de la productividad, el empleo y capacidad competitiva. En 1976, en el marco de la globalización financiera internacional, el gobierno de facto interrumpió el crecimiento manufacturero e introdujo un cambio radical en la naturaleza de las restricciones externa y fiscal. La liberación de la tasa de interés y del movimiento internacional de capitales insertaron a la economía argentina en el orden monetario globalizado y, consecuentemente, en la especulación financiera internacional. Lo hizo, además, con un instrumento peculiar, la “tablita”. La programación del ajuste del tipo de cambio a una tasa muy inferior a la de la inflación provocó una extraordinaria apreciación del peso y, consecuentemente, el drástico deterioro de la competitividad, el aumento de las importaciones y la escalada de elevados déficits “gemelos”, en el balance de pagos y en las finanzas públicas. La “tablita” proporcionó a los especuladores un seguro de cambio gratis y multiplicó las rentas de la llamada “industria financiera”. Esta estrategia provocó el aumento incesante y acumulativo de la deuda externa. Hasta 1976, la deuda había sido una respuesta a las insuficiencias transitorias del balance de pagos y resultado de la característica estructural de la economía argentina, es decir, el déficit de divisas de la ISI. Pero la deuda nunca alcanzó dimensiones inmanejables. Por esa misma razón, los acuerdos con el FMI eran siempre de duración transitoria, hasta que se restablecía el equilibrio de los pagos externos e iniciaba una nueva fase de auge (stop go). A partir de 1976, la deuda externa fue el componente central de la economía. Toda la política económica quedó subordinada a su refinanciación. En tales condiciones, la restricción externa no surgía del comportamiento de la economía real, sino de la posibilidad de acceder o no al crédito internacional. La imposibilidad de generar niveles de superávits primarios suficientes para pagar la deuda agravó el financiamiento del déficit con emisión monetaria y el impuesto inflacionario. El stop go de la economía real bajo la ISI pasó a ser el de la especulación financiera. El FMI adquirió, entonces, nuevos roles: dejó de ser el vigilante esporádico de las cuentas argentinas para asumir el rol de monitor permanente, con el agregado de promover las “reformas estructurales” del Consenso de Washington. Al final, la macroeconomía estalla bajo el impacto de los crecientes e inmanejables déficits del balance de pagos y las finanzas públicas. En 1983 culminó la experiencia iniciada en 1976. Las restricciones fiscal y externa eran entonces insoportables, como volverían a serlo, más tarde, en el epílogo de la misma estrategia en la década de 1990. Alfonsín condujo al país a su reencuentro con la democracia pero no logró zafar de la deuda y las restricciones externa y fiscal. Menem culminó la transformación iniciada en 1976. Adhirió incondicionalmente al paradigma neoliberal. El régimen de convertibilidad era la dolarización del sistema monetario y la renuncia a tener una política económica. Definitivamente, la marcha de la economía quedaba subordinada al movimiento de capitales especulativos. Al mismo tiempo, se transfirieron a manos privadas los activos principales. Los ingresos por las privatizaciones, más el reinicio de la corriente de capitales especulativos una vez concluida la crisis de la deuda latinoamericana provocaron un auge inicial de la economía. En este escenario, el tipo de cambio fijo permitió estabilizar el nivel general de precios. Pero la restricción externa se multiplicaba con la apreciación del peso, la pérdida de competitividad de la producción nacional y el aumento de la deuda. El apoyo del FMI y los “canjes y megacanjes”, generaron rentas extraordinarias en los intermediarios. Como lo anticipó el Grupo Fénix de la Universidad de Buenos Aires en setiembre de 1991, el sistema se encaminaba inexorablemente al derrumbe de la seguridad jurídica, es decir, de los contratos entre residentes denominados en dólares y al default sobre la deuda externa. Las restricciones externa y fiscal bajo la ISI no impidieron un crecimiento considerable de la economía argentina y una mejora de las condiciones sociales. En cambio, bajo el paradigma neoliberal, el período 1976-2001/02, fue el peor de la historia económica argentina.
Las restricciones externa y fiscal que prevalecieron durante más de 70 años y analizamos en la nota anterior (publicada por El Sol el lunes 29 de marzo) influyeron en la formación de la opinión pública y las ideas económicas. Las aguas se dividieron en torno de la determinación de las causas y consecuencias de esos problemas. Para la visión nacional del desarrollo, era posible e imprescindible resolver la restricción externa, profundizando el desarrollo industrial y la capacidad exportadora de manufacturas y de productos primarios. En el enfoque del desarrollismo ortodoxo, cuyo mayor exponente fue Rogelio Frigerio, lo fundamental era integrar las cadenas de valor con el pleno desarrollo de las industrias de base (acero, aluminio y celulosa, entre otras) y el autoabastecimiento energético. El capital extranjero era un instrumento del necesario shock inversor y transformador de la estructura y la inserción internacional del país. Como recordé en mi nota en Buenos Aires Económico del 8 de mayo del 2008, en un diálogo que mantuvimos hace años, Frigerio escuchó la reiteración de mi argumento sobre la importancia relativa del ahorro interno y el capital extranjero. Su comentario fue que la cuestión no era cuán importante eran uno u otro, sino que, en las condiciones prevalecientes en el gobierno de Frondizi, no había posibilidad alguna de reorientar la inversión del ahorro interno hacia los objetivos estratégicos del desarrollo. Por lo tanto, el shock inversor había que producirlo con inversiones externas dirigidas a los objetivos buscados. El enfoque desarrollista aperturista y más apoyado en los recursos propios tomaba nota de los límites de la Industrialización Sustitutiva de Importaciones (ISI), aun con el pleno y necesario desarrollo de las industrias de base y el autoabastecimiento energético. Era entonces preciso, también, exportar manufacturas de creciente valor agregado, con la participación de las tecnologías de frontera, como la microelectrónica y la informática. Se trataba, entonces, de formar una “economía integrada y abierta”, con una amplia base de sustentación en los recursos naturales y la industria, con capacidad de gestionar el conocimiento en todo el arco de las tecnologías disponibles y la capacidad original de innovación. En este escenario del pensamiento del desarrollo nacional, se debatió la relación campo-industria dentro de una estructura desequilibrada, según la expresión de Marcelo Diamand, quien demandaba otorgar condiciones de competitividad a toda la producción de bienes sujetos a la competencia internacional, a través de tipos de cambio diferenciales y otros instrumentos de política económica. Dentro de estas perspectivas, la eliminación de la restricción externa permitía aumentar el ahorro interno, consolidar la solvencia fiscal y los equilibrios macroeconómicos y, por lo tanto, fundar, en los recursos propios, la fuente fundamental de la acumulación, fortaleciendo el protagonismo de las empresas argentinas. Pero las restricciones externa y fiscal promovieron otro tipo de respuesta, la de cuño liberal, la cual, con el agregado dominante de la dimensión financiera y su preferencia por las paridades sobrevaluadas, constituyó la versión neoliberal de la ortodoxia. Este enfoque tuvo éxito en generalizar el convencimiento de que el país no puede funcionar sin crédito externo y que el ahorro interno es insuficiente para sostener una tasa elevada de acumulación de capital. De ese modo, una preocupación dominante de la política económica fue atraer capital extranjero como inversiones privadas directas y créditos internacionales. El objetivo era, entonces, “transmitir señales amistosas a los mercados” para atraer capitales foráneos. En plena crisis del 2001/2002, este enfoque culminó con la propuesta de la banca offshore y la dolarización del sistema monetario. Es decir, el abandono definitivo de la conducción nacional de la política económica y la subordinación plena del país a los dictados del FMI y los mercados financieros. Sumergidos en el orden global, terminaríamos con la “restricción externa” porque el país pasaría a ser un apéndice del sistema mundial. De paso, acabaríamos con los disparates de los que piensan que el país puede crecer, sin restricción externa, descansando en sus propios recursos, que cada país tiene la globalización que se merece en virtud de la fortaleza de su densidad nacional y que Argentina puede estar plenamente integrada al mundo en el comando de su propio destino. LA RESOLUCIÓN DE LAS RESTRICCIONES EXTERNA, FISCAL E INSTITUCIONAL. En los últimos años se ha producido un cambio radical en el comportamiento de la economía. Desde la salida de la crisis del 2001/2002, los pagos internacionales vienen operando con un elevado superávit en el balance comercial y en la cuenta corriente del balance de pagos. Este último registra ocho años consecutivos positivos, hecho inédito en la historia económica del país. En el 2009 alcanzó 3% del PBI y cabe esperar un superávit semejante en el 2010. A su vez, la balanza comercial registra saldos positivos anuales superiores a los u$s15.000 millones. Estos hechos obedecen a causas múltiples. Una de ellas es el notable incremento del volumen de la producción rural, particularmente de cereales y oleaginosas, con el fuerte aumento de las exportaciones favorecido, al mismo tiempo, por las tendencias expansivas del mercado mundial de alimentos. Otra, el abandono de la convertibilidad y la apreciación del peso, que estimuló la producción de manufacturas de origen industrial, tanto para el mercado interno como el internacional. Como esta década el superávit externo se sostuvo a pesar de un crecimiento acumulado del PBI de más de 60% y un aumento comparable del producto manufacturero, cabe concluir que la restricción externa y el ciclo de stop and go de la ISI son problemas del pasado. Las tendencias actuales de la economía mundial y la dotación de recursos de nuestro país sugieren que perdurará el superávit en los pagos internacionales. Si en este contexto se mantiene un tipo de cambio de equilibrio desarrollista (TCED), cabe suponer que la economía nacional funciona ahora con un superávit externo estructural, de largo plazo. ¿Y qué sucede con la restricción externa y el ciclo derivado de la deuda externa? Entre el 2003 y la actualidad, la relación deuda externa pública y privada/ PBI bajó de 160 a 40 por ciento. Desde el momento en que se logró salir del default, con el exitoso canje de deuda del 2005, el pago al FMI y encuadrar los pagos dentro de límites manejables con recursos propios, también aquí se produjo un cambio radical. En el sector privado no financiero, el coeficiente de endeudamiento bajó 70% y la cartera irregular con los bancos locales de 22 a 7%; es decir, la restricción externa y el ciclo stop and go de la deuda serían, también, problemas del pasado. La solución de la restricción externa facilitó resolver la restricción fiscal derivada de los déficits crónicos de las finanzas públicas. La recaudación tributaria nacional aumentó en 10 puntos del PBI para ubicarse cerca de 30% del producto, proporción razonable en una economía del ingreso medio argentino. En esto influyeron el aumento de la actividad económica y la mejora en la gestión administrativa del sistema tributario. Del lado del gasto, la quita sobre la deuda resultante del canje contuvo los servicios en límites manejables para el presupuesto. En el mismo sentido operó la incorporación, en la esfera pública, de los recursos del sistema previsional, que constituyen parte principal del ahorro interno. El comportamiento de las finanzas públicas desde la salida de la crisis del 2001/2002 demuestra que la restricción fiscal puede ser, también, un problema superado. Estos cambios ocurren en un escenario político institucional también distinto. Desde el regreso definitivo a la democracia en 1983, Argentina se está acostumbrando a resolver sus problemas en el marco de la Constitución, con tensiones, pero en paz y sin violencia. El país tuvo en el pasado una “restricción institucional”, agregada a las externa y fiscal. Ahora, aquella puede ser también un problema del pasado. En la experiencia reciente, aun los temas más polémicos (por ejemplo, la resolución 125, las reformas de los regímenes previsional y de medios audiovisuales y el uso de las reservas del Banco Central), se procesan conforme las reglas constitucionales y la división de poderes propia de una sociedad democrática. En las últimas dos notas destaqué que los cambios producidos en el transcurso de esta primera década del siglo XXI han dado a luz una nueva economía argentina, liberada, simultáneamente, de las tres restricciones (externa, fiscal e institucional) que, en el pasado, malograron su desarrollo. Si la transformación no se frustra por la repetición de las decisiones del pasado, la nueva economía argentina permite recuperar la conducción soberana del proceso de desarrollo y la renovación profunda de las ideas económicas. Detengámonos, brevemente, en estas dos cuestiones. LIBERTAD DE MANIOBRA DE LA POLÍTICA ECONÓMICA. Es ahora posible sostener los equilibrios macroeconómicos, en los pagos internacionales, la moneda y las finanzas públicas, con recursos propios. Esto proporciona capacidad operatoria y autonomía a la política económica y permite la existencia de un Estado desarrollista. En tales condiciones, el objetivo deja de ser “transmitir señales amistosas a los mercados” y satisfacer las condicionalidades y “reformas estructurales” promovidas por el FMI. Al recuperar la conducción soberana de la economía nacional, el objetivo es sostener, simultáneamente, los equilibrios macro e impulsar el desarrollo económico y social. En la nueva realidad, la política económica tiene suficiente fortaleza para resistir tensiones como, por ejemplo, una crisis mundial de gran escala como la actual, sin que la economía nacional descarrile. LAS IDEAS ECONÓMICAS. Vimos cómo la interpretación de las restricciones externa y fiscal influyeron en las ideas económicas en nuestro país. El enfoque ortodoxo sustenta en tales restricciones la dependencia inevitable del país del financiamiento externo y, consecuentemente, del monitoreo de los mercados y el FMI. En consecuencia, serían imposibles, en Argentina, políticas nacionales de desarrollo, al estilo, por ejemplo, de la de los Tigres Asiáticos y China. En otros términos, nuestro país sería “estructuralmente” impotente para proponerse y ejecutar con éxito un proyecto nacional de desarrollo, abierto e integrado al mundo, en el ejercicio soberano de su política económica. La visión ortodoxa rechaza la posibilidad de un país parado en sus propios recursos, una política económica autónoma y, en definitiva, un Estado desarrollista. La realidad actual demuele los fundamentos del imaginario neoliberal de un sistema subordinado a restricciones supuestamente insalvables y, consecuentemente, al monitoreo externo. Hace ya muchos años que sostengo que los criterios del FMI y los mercados son instrumentos de las visiones e intereses locales asociados a la estructura productiva del país periférico y dependiente. La visión ortodoxa ha experimentado una suma de calamidades. En efecto, se han sumado, en su contra, hechos categóricos. A saber: la debacle producida por sus políticas que culminaron en el caos del 2001/02 y la recuperación posterior del país parado en sus propios recursos y políticas soberanas. A su vez, el descrédito del imaginario neoliberal en el orden global, por la monumental crisis desatada por las políticas de ese cuño, debilitaron el marco de referencia externo de la ortodoxia criolla. En esta materia, la situación actual es semejante a la de la década de 1930, cuando el derrumbe de la ortodoxia neoclásica dio lugar, en los países industriales, a la revolución teórica keynesiana y, poco después, en América latina, al pensamiento estructuralista y la propuesta desarrollista. La confrontación de ideas económicas y el actual debate sobre el curso de la política económica en Argentina forma parte de una polémica mucho más amplia a nivel global, y en América latina en particular. Como sucedió con Keynes en la caída de 1930, la visión ortodoxa está sujeta en la actualidad a la revisión crítica desde la academia de los países centrales a través, por ejemplo, de economistas como Stiglitz, Krugman y Rodrick e, incluso, de dirigentes conservadores, como el presidente Sarkozy. En América latina, y en particular en Brasil, tiene también lugar un áspero debate sobre estas cuestiones. En la visión de un economista brasileño, el ex ministro de Hacienda Luiz Carlos Bresser Pereira, es preciso un “nuevo desarrollismo” que rescate el pensamiento estructuralista latinoamericano, fundado, principalmente, en Raúl Prebisch y Celso Furtado. Según Bresser, ese nuevo desarrollismo se sustenta en tres ejes: tipo de cambio competitivo, solvencia fiscal y un Estado desarrollista, capaz de promover el desarrollo y el cambio social fundado, esencialmente, en la movilización del ahorro y recursos internos. Conviene ubicar el tratamiento de todos los problemas actuales en el escenario abierto por el surgimiento de una nueva economía argentina. Sin embargo, la discusión de cuestiones como el uso de las reservas del Banco Central, el canje de los holdout y la “vuelta a los mercados”, se realiza conforme a la experiencia del pasado, es decir, la vigencia de las restricciones externa y fiscal, actualmente inexistentes. De este modo, el financiamiento externo se coloca en el centro del escenario, a pesar de que el país cuenta con una tasa de ahorro interno del orden de 30% del PBI y un sustantivo superávit en sus pagos internacionales. En tales condiciones, el objetivo necesario y posible no es “volver a los mercados”, sino retener y reciclar los recursos propios en el proceso productivo. Es decir, afirmar el convencimiento de que el lugar más seguro y rentable para invertir el ahorro argentino es el propio país. Entonces, los mercados volverán solos sin ir a su encuentro con “señales amistosas” innecesarias. El debate actual sobre la situación y el rumbo de la economía argentina debe encuadrarse en la nueva realidad abierta por la resolución de las restricciones externa, fiscal e institucional. Es preciso tomar nota de las posibilidades que se abren, en el nuevo contexto, a un país con el potencial del nuestro. En el escenario mundial, son pocos los países que cuenten con la siguientes constelación de factores: un territorio de gran dimensión (el octavo más grande del mundo) ampliamente dotado de recursos naturales diversos; producción excedentaria en dos sectores esenciales: alimentos y energía y una población de respetable nivel cultural capaz de gestionar los conocimientos de frontera (recordemos al Invap y la revolución tecnológica en agricultura). Esto, en un contexto en el cual se han eliminado las restricciones externa, fiscal e institucional. Argentina está ahora en condiciones de enfrentar la eliminación de la restricción fundamental que aún subsiste: la desigualdad en las condiciones de vida de la población y en las oportunidades de despliegue de las capacidades individuales. Este es el desafío que enfrenta la República, en estos inicios del Tercer Centenario de la Revolución de Mayo.
jueves, 16 de diciembre de 2010
La primarización. Por Daniel Muchnik
La familia Rocca, que es la titular del grupo siderúrgico multinacional Techint , siempre se ocupó de señalar, en público, los elementos que impiden un desarrollo industrial sólido y sostenido en el país. Lo hizo Agostino, el fundador de la dinastía, su hijo Roberto y ahora le toca el turno al nieto, a Paolo, cada uno de ellos en distintos momentos históricos de la Argentina y en todos marcaron las carencias del Estado o la inoperancia de los propios empresarios.
En la segunda jornada de la reciente Conferencia de la Unión Industrial, Paolo Rocca dijo que las recetas económicas de los primeros años de la salida de la crisis de 2001/2002 dejaron de ser adecuadas en esta nueva etapa y pidió previsibilidad en las acciones de los gobiernos, nacional y provinciales. Sin demasiadas vueltas Rocca se plantó frente a la audiencia y reclamó mayor industrialización porque “ la primarización de la economía ---sentenció textualmente ---puede ser un atractivo en el corto plazo, pero en el fondo es un acuerdo con el diablo”.
En esa dirección la posición de Rocca no se diferencia de la de aquellos economistas que juzgan que la matriz productiva local es la misma de las décadas pasadas y eso implica estancamiento, falta de renovación, ausencia de nuevas tecnologías , escasa utilización de la ciencia. Un país que no ha modificado la obtención de sus riquezas y por lo tanto utiliza menos mano de obra, menor creatividad industrial, menor abastecimiento para el mercado local y el comercio exterior. Con un bache tecnológico con el hemisferio norte que cada vez se ensancha más.
En definitiva hay que encontrar la justa medida en la actual pugna entre la soja y otras commodities y la producción de bienes elaborados, los que contienen valor agregado, con mano de obra local. Argentina ha crecido en los últimos años, pero con producción primaria, buenos precios internacionales y viento de cola que ha durado para alegría de algunos sectores.. Rocca contó que la participación de la industria en el Producto Bruto Interno del país es menor a la de los países del sudeste asiático, con tendencia decreciente. Mientras en el Asia trepó del 20 al 24 por ciento, en América Latina bajó del 18 al 15 por ciento.
Sin duda mantener el viejo esquema productivo es “tentador” para el Gobierno. Es que entre el 30 y el 40 por ciento de los gravámenes que ingresan al Estado provienen de Impuestos sobre el sector primario. De lo que no se dan cuenta la autoridades (o acaso miran para otro lado) es que esta presión concluye golpeando en un incremento de la inflación y en un deterioro competitivo del tipo de cambio, que daña las ventas externas.
Estas reflexiones no caen bien en la Casa Rosada. En la mencionada Conferencia de la UIA, la presidente Cristina Fernández subrayó que en los diez primeros meses de 2010 el superávit comercial externo fue de 11.426 millones de dólares y la manufactura industrial ocupó el 34 por ciento del total.
Es un dato relevante pero habría que desmenuzar los ítems de la exportación industrial porque fueron sólo los automotores colocados en Brasil, donde la demanda de esas unidades ha crecido con solidez, los que cubrieron la mayor parte de los envíos fronteras afuera. Y al mismo tiempo que se consolidan las exportaciones también aumentan las importaciones. Esto es por un viejo problema de arrastre del empresariado local : importa para achicar los costos, en especial de mano de obra. Rocca advirtió que desde 2002 , los salarios en dólares aumentaron un 22 por ciento, en tanto la productividad en la industria sólo rozó el 4 por ciento.
La primarización es dolorosa en el mediano y largo plazo. Se exporta con escaso valor agregado lo que no da lugar al ingreso de inversiones de alto nivel tecnológico. La generación de empleo es mínima y esto multiplica la exclusión social de los que habían sido preparados para tareas industriales . Esta realidad puede derivar en la llamada “enfermedad holandesa” : en la década del sesenta aumentaron considerablemente los ingresos de divisas y de inversiones extranjeras en los Países Bajos por el descubrimiento de importantes yacimientos de gas natural en el Mar del Norte. Pero la euforia dejó de serlo cuando nada de aquello fue una buena noticia : se socavaron las exportaciones tradicionales y se causó un daño irreparable a las manufacturas locales. Leer más...
En la segunda jornada de la reciente Conferencia de la Unión Industrial, Paolo Rocca dijo que las recetas económicas de los primeros años de la salida de la crisis de 2001/2002 dejaron de ser adecuadas en esta nueva etapa y pidió previsibilidad en las acciones de los gobiernos, nacional y provinciales. Sin demasiadas vueltas Rocca se plantó frente a la audiencia y reclamó mayor industrialización porque “ la primarización de la economía ---sentenció textualmente ---puede ser un atractivo en el corto plazo, pero en el fondo es un acuerdo con el diablo”.
En esa dirección la posición de Rocca no se diferencia de la de aquellos economistas que juzgan que la matriz productiva local es la misma de las décadas pasadas y eso implica estancamiento, falta de renovación, ausencia de nuevas tecnologías , escasa utilización de la ciencia. Un país que no ha modificado la obtención de sus riquezas y por lo tanto utiliza menos mano de obra, menor creatividad industrial, menor abastecimiento para el mercado local y el comercio exterior. Con un bache tecnológico con el hemisferio norte que cada vez se ensancha más.
En definitiva hay que encontrar la justa medida en la actual pugna entre la soja y otras commodities y la producción de bienes elaborados, los que contienen valor agregado, con mano de obra local. Argentina ha crecido en los últimos años, pero con producción primaria, buenos precios internacionales y viento de cola que ha durado para alegría de algunos sectores.. Rocca contó que la participación de la industria en el Producto Bruto Interno del país es menor a la de los países del sudeste asiático, con tendencia decreciente. Mientras en el Asia trepó del 20 al 24 por ciento, en América Latina bajó del 18 al 15 por ciento.
Sin duda mantener el viejo esquema productivo es “tentador” para el Gobierno. Es que entre el 30 y el 40 por ciento de los gravámenes que ingresan al Estado provienen de Impuestos sobre el sector primario. De lo que no se dan cuenta la autoridades (o acaso miran para otro lado) es que esta presión concluye golpeando en un incremento de la inflación y en un deterioro competitivo del tipo de cambio, que daña las ventas externas.
Estas reflexiones no caen bien en la Casa Rosada. En la mencionada Conferencia de la UIA, la presidente Cristina Fernández subrayó que en los diez primeros meses de 2010 el superávit comercial externo fue de 11.426 millones de dólares y la manufactura industrial ocupó el 34 por ciento del total.
Es un dato relevante pero habría que desmenuzar los ítems de la exportación industrial porque fueron sólo los automotores colocados en Brasil, donde la demanda de esas unidades ha crecido con solidez, los que cubrieron la mayor parte de los envíos fronteras afuera. Y al mismo tiempo que se consolidan las exportaciones también aumentan las importaciones. Esto es por un viejo problema de arrastre del empresariado local : importa para achicar los costos, en especial de mano de obra. Rocca advirtió que desde 2002 , los salarios en dólares aumentaron un 22 por ciento, en tanto la productividad en la industria sólo rozó el 4 por ciento.
La primarización es dolorosa en el mediano y largo plazo. Se exporta con escaso valor agregado lo que no da lugar al ingreso de inversiones de alto nivel tecnológico. La generación de empleo es mínima y esto multiplica la exclusión social de los que habían sido preparados para tareas industriales . Esta realidad puede derivar en la llamada “enfermedad holandesa” : en la década del sesenta aumentaron considerablemente los ingresos de divisas y de inversiones extranjeras en los Países Bajos por el descubrimiento de importantes yacimientos de gas natural en el Mar del Norte. Pero la euforia dejó de serlo cuando nada de aquello fue una buena noticia : se socavaron las exportaciones tradicionales y se causó un daño irreparable a las manufacturas locales. Leer más...
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