Un modelo que sólo sobrevive con más confiscaciones. Por Roberto Cachanosky

Ayer Cristina Fernández sostuvo que no se muere por volver a ser presidenta y que ya ha dado todo lo que tenía que dar. No sabemos si esta frase es para frenar a Moyano, porque está agotada de los desbordes económicos que tiene que afrontar (ejemplo inflación y déficit fiscal) o bien porque presiente que dominar la situación económica en el futuro será muy complicado.

En 2003, el kirchnerismo se encontró con varias ventajas. En primer lugar recibió un sostenido aumento de los commodities que se había iniciado en el segundo semestre de 2002, particularmente la soja, que le generó una fenomenal caja al Gobierno en todos estos años. Para tener una idea de la caja que el complejo sojero le aportó al Gobierno recordemos que en 2001 todo el complejo sojero exportó U$S 4600 millones, con cero retenciones, mientras que en 2010 los derechos de exportación recaudados por el complejo sumaron U$S 6000 millones aproximadamente. Es decir, en 2010 el Gobierno recaudó por derechos de exportación del complejo sojero el equivalente a todas las exportaciones de ese complejo de 2001 más un 30%.
En mayo de 2003, para comprar un dólar en Brasil había que entregar 3 reales y ahora 1,60 reales por dólar, un dato no menor porque esto permitió incrementar las exportaciones a nuestro socio del Mercosur, particularmente automotores. Y aún así tenemos déficit de balance comercial bilateral y serios conflictos comerciales con nuestro vecino.
Junto con este contexto internacional favorable, la economía interna le ofrecía un dólar alto, fruto de la devaluación de enero de 2002. Al mismo tiempo, la industria utilizaba sólo el 64% de su capacidad instalada. Este dato no es menor porque para aumentar la producción no hacía falta realizar inversiones. Sólo con un poco de capital de trabajo el sector podía comenzar a operar sustituyendo importaciones gracias al dólar alto de ese momento.
En definitiva, el famoso modelo económico kirchnerista apuntó a la reactivación en vez del crecimiento (inversiones), usufrutuó la devaluación de 2002 y se encontró con un contexto internacional muy favorable. Su apuesta fue, entonces, poner el consumo por encima de la inversión. Para eso utilizó todos los mecanismos a su mano. Por un lado se apropió de crecientes flujos de ingresos (impuesto a las ganancias sin ajustar balances dentro de un contexto crecientemente inflacionario) e incremento de las retenciones para financiar un creciente gasto público. Por otro lado confiscó stock de capital (AFJP) y reservas del BCRA y, finalmente, consumió stock de capital para financiar el mayor consumo (política ganadera, energética y rutas, por ejemplo).
Pasados ocho años de esta política, la famosa caja desapareció porqué hoy el sector público tiene déficit fiscal cuando se quita la contabilidad creativa de ingresos corrientes que no los son. Por otro lado, el tipo de cambio real cayó dramáticamente al punto que hoy un sojero tiene un tipo de cambio efectivo en términos reales menor al de la convertibilidad y sólo sigue produciendo gracias al precio internacional, precio sobre el cual hay dudas que pueda sostenerse en el largo plazo. La sustitución de importaciones se agotó por la caída del tipo de cambio real fruto del proceso inflacionario que desató el BCRA en todos estos años y con mayor intensidad en 2010. Por eso Moreno frenó las importaciones. Porque al caer el saldo de balance comercial por el aumento de las importaciones, se achicaba el saldo de comercio exterior corriendo el riesgo de quedarse sin dólares para financiar la fuga de capitales, que desde 2007 hasta diciembre del año pasado superó los U$S 57.000 millones. Si el tipo de cambio no saltó fue porque el saldo comercial financió esa fuga.
Hoy el sector público tiene déficit fiscal La estrategia no consistió en apostar a crear un contexto institucional de reglas de juego claras que estimularan la inversión, para crear más puestos de trabajo, bajar la desocupación y mejorar el salario real. Una muestra evidente del fracaso del modelo económico es la Asignación Universal por Hijo y demás planes llamados sociales. Si hubiese habido inversión y crecimiento, esos planes no hubiesen sido necesarios porque la gente habría tenido la oportunidad de conseguir un trabajo bien remunerado y no caer en la indignidad de tener que vivir de las dádivas del Estado. Puesto en otros términos, los crecientes fondos destinados a subsidios han hecho que la gente tome esos subsidios como una forma de vida, cuando sólo deberían aplicarse en casos muy especiales. Dignidad es que la gente pueda sostener a su familia con el fruto de su trabajo, y no depender del puntero político para alimentar a su familia.
Una muestra evidente del fracaso del modelo económico es la Asignación Universal por Hijo Este tema no es menor, porque los problemas que habrá que enfrentar en el futuro implican hacer correcciones con un mínimo colchón social dadas la pobreza e indigencia imperante.
Con sólo ver el nuevo récord de expansión monetaria de abril que llegó al 40% interanual y el fenomenal stock de deuda de corto plazo del Central ($ 100.000 millones), uno puede advertir el descontrol monetario y fiscal que hoy tenemos. A esto hay que sumarle otro desborde que consiste en los subsidios para mantener artificialmente baja las tarifas de energía, gas y transporte público, además de las empresas estatales. Entre 2006 y el primer trimestre de este año se destinaron más de U$S 36.5000 millones para sostener artificialmente bajas las tarifas mencionadas y las pérdidas de las empresas estatales. Entre 2006 y 2010 los subsidios se multiplicaron por 5.
La pregunta es: ¿Le conviene a la Presidenta heredarse a sí misma? Porque de ir por la reelección, y en el supuesto que gane, no tendrá la posibilidad de echarle la culpa a su antecesor de la situación heredada, al tiempo que no parece quedar demasiado margen para seguir incentivando el consumo sin inversiones que aumenten la oferta.
El dilema de la Presidenta es saber si tendrá algún mecanismo para seguir financiando consumo sin producir más. Pero al mismo tiempo, si quisiera cambiar de estrategia e incentivar la inversión, pocos le tendrían confianza luego del tsunami de arbitrariedades económicas que se han cometido en todos estos años. Recrear la confianza no es tan sencillo luego de tantos dislates.
El dilema de la Presidenta es saber si tendrá algún mecanismo para seguir financiando consumo sin producir más Por otro lado, ¿cuál es el equipo económico que tiene para inspirar confianza? ¿Moreno con sus medidas? ¿Marcó del Pont creyendo que el crédito se imprime en billetes?
Si ahora la Presidenta se queja de las presiones de Moyano, después de haberlo tenido de aliado y mirar para el costado cuando bloqueaba diarios y empresas, la conflictividad social será fenomenal el día que haya que corregir la distorsión de precios relativos y el desborde de gasto público. Y ni que hablar si la santa soja deja de estar en los U$S 500 por tonelada. Hacer correcciones en la economía sin la ayuda de la santa soja sería una tarea que no se la envidio a nadie.
Para sostener este mismo modelo cuatro años más habrá que seguir buscando nuevos flujos de los cuales apropiarse o bien confiscar más activos, porque la economía ya no genera flujos suficientes de ingresos para sostener este desborde de gasto y nivel consumo artificial.
No me sorprendería que en el hipotético caso que el oficialismo ganara en octubre estatice el comercio exterior de granos. El Gobierno quitaría las retenciones, le pagaría la mitad al productor y se quedaría con la diferencia de la exportación. La 125 quedaría a la altura de un poroto frente a esta estatización.
Pedir más directores en las empresas privadas de las cuales la Anses tiene acciones para que repartan utilidades es un ejemplo de la desesperada necesidad de caja que hoy ya tiene el Gobierno.
Es claro que la Argentina tiene que cambiar 180 grados el rumbo económico porque éste ya se agotó. El problema es que ese giro de 180 grados tendría que hacerlo un gobierno que genere confianza en los inversores. Y la credibilidad es algo que no se compra con la caja. Se conquista con el comportamiento. Con los actos de gobierno.
Considerando que no es justamente éste un activo del kirchnerismo, si la Presidenta intenta un segundo mandato o tercero kirchnerista, la pregunta clave que debería formularse sería: ¿tengo suficientes flujos y stocks para seguir confiscando en el futuro para sostener el consumo artificial y evitar que las minas plantadas en la economía me exploten a mí? Leer más...

Carne para todos, Big Mac para nadie. Por Martín Lousteau

Como a la mayoría de los argentinos, me gusta el asado. Creo, además, que no hay punto de comparación posible entre un corte doméstico y cualquier hamburguesa de cadena de comidas rápidas. Suscribiría con muchas ganas un slogan de campaña nacionalista que se basara en el título de este artículo. Pero aún los buenos enunciados pueden esconder muchas veces un significado alternativo.

El año pasado la carne vacuna subió un 70%, y en lo que va de 2011 ya suma otro 23% de aumento. Con estos precios, el valor en dólares se acercó mucho al vigente en Brasil o Uruguay, aunque en el caso de ellos sea porque las monedas locales se apreciaron. Ambos vecinos sufren adicionalmente la tensión de precios que genera una mayor demanda externa. La misma tiende a aliviarse en el largo plazo ya que, al permitir un mayor precio para la hacienda, la ganadería se torna buen negocio y ello lleva a una mayor oferta.
El sendero en nuestro país es el opuesto: tras castigarse desde la Secretaría de Comercio la cría de vacunos, los precios actuales son consecuencia de una menor oferta vacuna, que llevará tiempo revertir. Esta sutil diferencia explica cómo los precios van equiparándose a ambos márgenes del Río de la Plata a pesar de que, teniendo un potencial productivo muy inferior, Uruguay exporta un volumen equiparable al de nuestro país. La "Carne para Todos" puede resolver este tema, pero sólo para el 0,8% del consumo total argentino.
Con semejante panorama, quizás te sorprenda el precio local de un Big Mac , que es tan solo de $16. Tan llamativo como eso puede resultarte que la oferta cuente con escasa promoción, tanto fuera como dentro de los locales de Mc Donald´s. Si prestás atención, verás que no hay siquiera una foto principal del mismo encima de las líneas de caja: tendrás que buscarlo en alguna esquina. De cien países en los que McDonald´s está presente, sólo en uno el Big Mac tiene menos presencia promocional que en Argentina. Se trata de India, donde el producto fue reemplazado por el Mac Maharaja de pollo, ya que los hinduistas no consumen carne vacuna. Y su peculiar composición ni siquiera ha impedido que el semanario británico The Economist lo incluya para elaborar su conocido Índice Big Mac .
La lógica de dicha metodología es sencilla. Primero se toma la misma canasta de bienes en dos países distintos, por ejemplo EEUU y Argentina. Si el valor de la misma allá es de 100 dólares y acá de 200 pesos, podemos deducir que tener un dólar en Estados Unidos otorga un poder adquisitivo similar a poseer dos pesos en Argentina. En lugar de recabar el costo de una canasta equivalente en varios países -algo que sería complejo-, The Economist optó por utilizar un único bien, relativamente homogéneo y bastante universalizado: el Big Mac.
Una aplicación adicional de este ejercicio consiste en ver si el dólar está sobre o subvaluado en determinado país. Por ejemplo, en 2003 el Big Mac costaba 4,1 pesos en Argentina y 2,71 dólares en EEUU. De esta manera, un estadounidense podía venir con sus 2,71 dólares, comprar 7,62 pesos (al tipo de cambio de 2,81 pesos por dólar de aquel entonces) y comerse 1,85 Big Macs . En esa época Argentina le resultaba barata. Pero la situación se altera cuando suben los precios o el dólar. Hoy la famosa hamburguesa vale alrededor de 16 pesos acá y 3,8 dólares allá que, al aterrizar en Buenos Aires, pueden transformarse en 15,5 pesos (a 4.08 pesos por dólar). Con estos valores, al visitante de los EE.UU. ya no le alcanza para comer una hamburguesa entera. Y ello significa que el Peso dejó de ser barato.
Esta es la breve historia de cómo una conocida hamburguesa puede darnos indicios de la pérdida de competitividad de la moneda y de la inflación subyacente. Más aún: a principios de año, The Economist publicó un gráfico que mostraba la diferencia entre la suba del Big Mac y la inflación oficial de cada país. En ese (extremadamente básico) ranking de estadísticas "sospechosas", la hamburguesa había subido 19% contra un 10% del IPC que calcula el Indec.
Todos estos ejercicios tienen obvias y múltiples falencias técnicas. Lamentablemente, a algunos les resulta más difícil encontrar errores en una metodología simplificada que controlar y culpar al precio de una comida rápida. Quizás ello explique por qué el Big Mac es 25% más barato que su equivalente en la competencia local o que esté muy desfasado contra otros productos de la cadena cuando comparamos la estructura de precios doméstica con la vigente en países limítrofes. Hay quienes eligen castigar al mensajero antes que comprender el mensaje.
Cuando se lo compara con otras ofertas de la misma empresa, el Big Mac -que en otros lugares es un producto primordial- resulta en Argentina barato pero inhallable. Aunque en ello intervenga la Secretaría de Comercio, el comportamiento empresarial de establecer un precio extremadamente accesible y después disuadir el consumo por falta de presencia en la comunicación resulta sumamente extraño. Quizás no se trate más que de una nueva paradoja de nuestra economía: la carne para todos está demasiado cara; pero el Big Mac , artificialmente barato, termina oculto e inaccesible.

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Dulce de leche, colectivos y "el modelo". Por Martín Lousteau

El Gobierno destaca recurrentemente la importancia y la necesidad de preservar "el modelo". Agradece a aquellos que lo ratifican, como ocurrió con Hugo Moyano en estos días, y hasta reclamará el voto de los ciudadanos con el mismo fin. Quizás valga la pena, entonces, pensar con algún grado de detalle en lo que significa dicho "modelo".
Entre 2003 y 2011, el PBI argentino habrá crecido a una ritmo anual del 6,5%. Esa cifra duplica al promedio histórico. Se trata de uno de los ciclos más exitosos de la historia económica del país, sólo superado por los 1903-1911 (7,6% de crecimiento anual) y 1918-1926 (6,9%). Esto, sumado al recuerdo aún fresco de la depresión 1998-2002, es un elemento imprescindible a la hora de explicar el amplio respaldo del que goza el oficialismo.

Todos estamos a favor del crecimiento, como estamos a favor de la educación o la salud. Pero sostener que el mismo constituye de por sí un modelo es similar a pensar que la selección de fútbol tenía un plan de juego bien definido en el Mundial 2010 después de las victorias contra Nigeria, Corea y Grecia.
Dado que muchas veces la Presidenta ha recomendado al resto del mundo la adopción de nuestra fórmula, es interesante analizar qué nos diferencia de otros y qué es lo que deberían ellos modificar para sumarse a este carro del éxito.
Centrémonos en América del Sur, que es donde habitamos. Entre 2003 y 2010 la región creció a una tasa anual promedio del 4,7%. El país que más lo hizo fue Perú (6,6% anual) seguido de cerca por la Argentina (6,4%), mientras los menos dinámicos alcanzaron "sólo" un 4% anual (Brasil y Chile). Hasta 2006 la economía argentina duplicó la tasa de crecimiento promedio, debido en parte a que estábamos recuperando la caída acumulada del 20% del PBI que había tenido lugar. Pero entre 2007-2010 nuestro país muestra una evolución similar o inferior a la de sus pares, superando únicamente a Venezuela, Chile y Ecuador.
Las semejanzas no terminan allí. Nuestras exportaciones subieron, pero un poco menos que el conjunto (166% vs 224%), y Chile nos sobrepasó como segundo exportador de la región. Nuestras reservas crecieron 398%, pero esta cifra también está por debajo del 437% que se verificó para el total de América del Sur. Por el contrario, nuestro desempleo de 7,8% es apenas superior al promedio regional de 7,4% y la pobreza también (23,6% contra 21,8%).
Como se ve, el muy buen desempeño económico ha sido una regla más que la excepción. Y en la raíz de tanto parecido hay un común denominador: la mejora en los precios de los principales productos exportados por la región que, luego de permanecer relativamente estables durante varias décadas, a partir de 2003 comenzaron a subir a una velocidad inusitada y acumularon un crecimiento de nada menos que el 150%. Ello permitió a todos los países de la región eludir sus históricas restricciones para el crecimiento sostenido.
Lo que sí ha diferido en años recientes son las políticas fiscales adoptadas en este contexto de bonanza. Porque mientras entre 2003 y 2006, el gasto público argentino en relación al PBI mostró una evolución idéntica a la de sus vecinos, desde 2007 su crecimiento triplicó al de los demás países. Y una de las consecuencias más evidentes de ese manejo fiscal pro-cíclico es su impacto en la evolución de los precios: la Argentina ya lleva siete años con inflación de dos dígitos, y en 2010 quintuplicó el promedio de los países de la región (excluyendo a Venezuela, que junto a nuestro país lideran el ranking mundial de inflación).
En la campaña presidencial de 2007, no sin cierta rimbombancia, Cristina Fernández de Kirchner bautizó al esquema económico vigente en nuestro país como un "modelo de acumulación con matriz diversificada, tipo de cambio competitivo e inclusión social". Sin embargo, para poder hablar de un verdadero modelo es preciso, cuanto menos, cumplir con un requisito básico: la consistencia interna.
En ese sentido, la preocupación que denota la Asignación Universal por Hijo es incompatible con el desdén por la inflación y su impacto en el componente de "inclusión social". La suba de precios también genera una pérdida sistemática de competitividad de la moneda: ignorarla y pretender tener mantener un "tipo de cambio competitivo" es otra incoherencia que redunda luego en primitivas limitaciones a las importaciones. Y en este contexto de miopía y discreción a la hora de gestionar, la inversión sufre y es difícil que se detone un proceso "de acumulación" y de "diversificación productiva".
Más allá de algunos éxitos indudables de estos años, lo cierto es que no estamos frente a un Nuevo Desarrollismo. Por suerte, el mundo y las ventajas que para nosotros entraña nos evitan urgencias de otros tiempos y nos dan aún el tiempo necesario para pensar e implementar un verdadero modelo de desarrollo. Aprovecharlo depende enteramente de nosotros. Leer más...

Corrigiendo a Bretton Woods. Por Barry Eichengreenn

En 1944, la conferencia de Bretton Woods donde nacieron el FMI y nuestro sistema monetario internacional basado en el dólar. estuvo signada por un enfrentamiento entre EE.UU. y el Reino Unido, representados por los economistas Harry Dexter White y John Keynes, respectivamente. El Reino Unido quería un sistema en el que la liquidez mundial fuese regulada por una institución multilateral, mientras que EE.UU., por intereses propios, prefería un sistema basado en el dólar.

Debido a su poder financiero y económico, EE.UU. ganó la pulseada. Keynes no logró imponer su idea de conferirle al FMI la facultad de crear una nueva unidad internacional de reservas como alternativa al dólar. Y tampoco pudo cerrar un acuerdo sobre medidas que obligasen tanto a países deficitarios como superavitarios, y tanto al emisor de la moneda internacional como a sus usuarios, a hacer ajustes. El fantasma de este último fracaso nos persigue hasta hoy. Los países con superávit externo crónicos, como China, y los países cuyas monedas se usan en todo el mundo, como EE.UU., no sufren la misma presión que otros países que corrigen sus políticas cuando surgen desequilibrios económicos. En marzo, los líderes del G20 reunidos en Nanjing, China, prometieron ocuparse de este problema. Le encomendaron al G20 desarrollar una serie de indicadores destinados a señalar cuándo un país, incluidos EE.UU. y China, está en riesgo de crisis. La idea es contar con un proceso que garantice que cuando se enciendan luces de alerta, el país en cuestión sea obligado a corregir sus políticas. Lamentablemente, esos indicadores de peligro son mejores para reflejar la crisis pasada que para prevenir la siguiente. La naturaleza del riesgo financiero cambia constantemente de modos difíciles de detectar con indicadores que miran hacia atrás como los que desarrolló el G20. En cualquier caso, el único procedimiento para actuar en función de tales indicadores es la "presión del grupo", que difícilmente da resultados. La otra política de moda que, en definitiva, resultará impracticable es transformar los créditos del FMI conocidos como Derechos Especiales de Giro (DEG) en una moneda internacional rival del dólar. El problema es que los DEG no se usan ni para transacciones extrafronteras ni como una unidad en que se denominen bonos internacionales. Eso significa que no hay mercados privados para DEG, y crearlos implicaría un largo y arduo proceso. Además, para que los DEG se convirtiesen en una verdadera moneda global, el FMI tendría que ser autorizado a emitir más en caso de crisis, algo como lo que hizo la Fed de EE.UU. cuando les dio a bancos centrales extranjeros US$120.000 millones en créditos de emergencia tras el colapso de Lehman Brothers. En otras palabras, el FMI debería contar con las facultades de un banco central mundial. No parece probable que Ron Paul, presidente liberal de la comisión de asuntos bancarios del Senado, quien duda de que EE.UU. siquiera necesite un banco central, esté dispuesto a aceptar esto. En cambio, lo que, en última instancia, va a reemplazar al sistema financiero monetario internacional basado en el dólar es un sistema tripolar organizado alrededor del dólar, el euro y el yuan. Pese a los lamentos en Europa por su futuro, el euro no va a ningún lado. Y China, por su parte, trabaja intensamente para internacionalizar su moneda y avanza más rápido de lo que la mayoría de la gente ve. Como resultado, el mundo estará en mejor situación. La existencia de alternativas del dólar significará que los emisores de monedas de uso internacional sentirán la disciplina del mercado antes y en forma más consistente. Cuando EE.UU. vuelva a dar señales de caer en el exceso financiero, no recibirá financiamiento externo tan fácilmente como antes. Después de todo, los bancos centrales que quieren reservas en divisa extranjera tendrán otras opciones que no sea adquirir dólares, de modo que los extranjeros no le darán a EE.UU. tanta cuerda con qué ahorcarse. El resultado será un mundo financiero más seguro. Después de todo, la raíz de la crisis financiera de 2007-2009 fue la peligrosa falta de coherencia entre una economía mundial multipolar y su sistema financiero y monetario aún dominado por el dólar .La buena noticia es que esto cambiará en el transcurso de la próxima década, restableciendo la sintonía entre los arreglos monetarios internacionales y las realidades económicas. La mala noticia es que diez años es mucho tiempo. Si la historia reciente sirve de guía, la salvación podría estar todavía a tres crisis de distancia . Leer más...

Pensando el futuro del gasoil. Por Alieto Guadagni

Nuestra economía ha crecido nada menos que un 55 por ciento por encima del nivel del 2003, pero sin embargo la producción de petróleo es hoy un 22 por ciento inferior a la de mayo de ese año, ya que cae mes a mes desde hace ya varios ciclos.
Esta tendencia negativa se agravará en el futuro por la caída en la exploración y la consiguiente reducción en las reservas. Hacia el 2003, más de la cuarta parte de la producción de petróleo era exportada, mientras que actualmente comenzamos a ser importadores, no de petróleo crudo, sino de sus derivados, particularmente gasoil.
Esto se explica fácilmente, pues hace décadas que no se amplía la capacidad de nuestras refinerías. Este insumo energético es muy importante para el sector agropecuario, ya que el costo del gasoil incide en los costos de las labores agrícolas.
Pero, además, como tampoco se ha modernizado el ferrocarril de cargas y la inmensa mayoría del transporte de los productos del campo se hace mediante camiones, el gasoil también es un elemento gravitante en los costos de comercialización.
Esta dependencia de la rentabilidad agropecuaria del costo de los fletes camioneros, especialmente en las zonas más alejadas de los puertos de embarque, hace oportuna una reflexión acerca del futuro en el abastecimiento de gasoil.
Hacia el 2004 se producían anualmente alrededor de 12 millones de metros cúbicos de gasoil, se consumían 11,3 millones y, por lo tanto, las exportaciones netas llegaban a los 0,7 millones de metros cúbicos. Desde entonces el país creció y el consumo trepó en el año 2010 a 16 millones de metros cúbicos, es decir, un 41 por ciento más, pero la producción de gasoil apenas subió un 7,5 por ciento, ubicándose el año pasado en 12,9 millones de metros cúbicos.
El déficit de producción nacional fue cubierto con nada menos que 3,1 millones de metros cúbicos de gasoil importado a precios internacionales, valores superiores a los vigentes en el mercado interno.
En el 2004 éramos exportadores de gasoil, pero como cayó la producción de petróleo y, a pesar de las declaraciones de Comercio, Guillermo Moreno, hacia el año 2006, la anunciada gran refinería de petróleo a ser instalada en Comodoro Rivadavia nunca se concretó, y la producción nacional de gasoil está, de hecho, estancada.
En síntesis, en estos últimos años pasamos de ser exportadores de gasoil a ser fuertes importadores. En estos momentos, la quinta parte del consumo de gasoil es cubierto con importaciones. Esta proporción, en el caso de que se mantenga la actual política energética sin inversiones ni en producción de petróleo ni en nuevas refinerías, crecerá considerablemente en los próximos años, ya que el 100 por ciento del incremento del consumo interno tendrá que ser cubierto por nuevas importaciones.
El escenario se complica porque, además, como también cae la producción de gas natural por la acelerada caída en la exploración y las reservas, las centrales eléctricas tienen que consumir más gasoil (un insumo muy caro para ser lamentablemente quemado en unidades de generación), permitiendo así liberar gas para compensar la declinante oferta de gas orientada al consumo de las familias.
En el mundo se producen y consumen por cada litro de nafta un poco más de gasoil (1,1 litros), con grandes diferencias entre Estados Unidos-Japón (se consume más nafta que gasoil) y Europa (donde se consume más gasoil que nafta).
En la Argentina, hace cuarenta años se consumía un 50 por ciento más de nafta que de gasoil, pero en la actualidad somos uno de los países con mayor consumo relativo de gasoil en el mundo: más de dos litros de gasoil por cada litro de nafta (sin contar el gasoil que queman las centrales eléctricas).
Por esta razón somos un país “gasoil dependiente”, ya que, por décadas, los impuestos a los combustibles fueron más altos para las naftas, lo cual produjo una modificación estructural en nuestro parque automotriz. El menor impuesto al gasoil fue, en su momento, justificado por su utilización en las tareas agrícolas y en el transporte carretero, pero a la larga impulsó a la industria automotriz a promover los autos gasoleros, (cosa que no ocurrió en Brasil, que sencillamente prohibió el patentamiento de autos gasoleros).
Con la actual política energética que avanza sin cesar desde hace siete años a la pérdida del autoabastecimiento, tanto en petróleo como en gas, en el próximo trienio el gasoil importado llegará a representar alrededor de la tercera parte del consumo total interno.
En este nuevo escenario, los precios internacionales comenzarán a pesar más fuertemente en nuestros valores internos que los subsidios fiscales; la creciente dependencia externa presionará sobre los precios actuales y tenderá a achicar la actual diferencia a nuestro favor cuando nos comparamos con nuestros vecinos del Cono Sur, donde los precios del gasoil superan a los nuestros de acuerdo a estos porcentajes: Brasil 45%, Chile 40%, Perú 36%, Paraguay 27% y Uruguay 90%.
La situación más difícil se encuentra en el transporte de pasajeros, ya que por la gravitación de los subsidios las diferencias son aquí mucho más grandes. Un vehículo de pasajeros en Paraguay paga por el gasoil casi cinco veces más que uno nuestro, y en el Uruguay paga siete veces más.
El dato nuevo a tener en cuenta en este futuro escenario es que en los últimos años se ha instalado nueva capacidad para procesar 2,6 millones de toneladas de biodiesel. Habrá entonces que prever un crecimiento en la importancia de los biocombustibles. Leer más...

Dilma designa al empresario más poderoso de Brasil en su gabinete. Por Eleonora Gosman

Dilma Rousseff demostró que hará honor al alias que le adjudicaron algunos medios de prensa: “la gerentona”. Acaba de incorporar a su primera línea ministerial a uno de los empresarios más ricos e influyentes de Brasil: Jorge Gerdau, un abogado de Río Grande del Sur de 74 años, que preside el grupo siderúrgico homónimo.
El designado coordinará la Cámara de Gestión y Planificación, donde tienen asiento los cuatro principales ministros del gobierno: Guido Mantega, de Hacienda; Miriam Belchior, de Planificación; Fernando Pimentel, de Industria y Antonio Palocci, jefe de la Casa Civil. Gerdau estará bien cerca de la presidenta brasileña, ya que tendrá un despacho en el Palacio del Planalto. No es por acaso la elección ni la proximidad. El industrial viene a llenar un espacio que genera preocupación en Rousseff y es el de la conquista de mayor eficiencia en la economía, tanto en el nivel gubernamental como en el propio sector productivo.

Esto señala una diferencia con el proceso argentino, donde los vínculos de la presidencia con el mundo empresarial carecen de organicidad . Una figura similar a la de Gerdau en Argentina sería Paolo Rocca, quien comparte el mismo rubro industrial: la siderurgia. Hoy Cristina Kirchner está enfrentada al grupo Techint en una pelea que ha ido escalando y debe resolver la Justicia.
Para Dilma, es la experiencia acumulada por Gerdau en la eficiencia de gestión lo que prevaleció al ofrecerle el cargo. Es que el gobierno brasileño enfrenta los próximos 3 a 5 años un cronograma de obras públicas indispensables para el Mundial de Fútbol y las Olimpíadas. Hace un mes, Gerdau anunciaba una inversión de US$ 1.500 millones destinados a expandir su producción de acero , en función del aumento estimado de la demanda por cuenta de las obras mundialistas y olímpicas.
El empresario, quien preside el Consejo de Administración del grupo, asumió el liderazgo de la empresa en 1983, cuando la firma poseía 6 plantas en Brasil.
Es cierto que la incorporación de hombres de negocios prestigiados no es un invento de la actual presidenta. Con Lula, Luiz Furlán entonces titular de la alimenticia Sadia, pasó a integrar el equipo ministerial del primer gobierno como ministro de Industria. En tanto, en el Banco Central, a Lula no le tembló el pulso cuando colocó en ese puesto a Henrique Meirelles, en la época presidente mundial del Banco de Boston.
El siderúrgico Gerdau mantuvo con Lula una relación cordial y formó parte del Consejo Económico y Social. Para los colegas empresariales, la decisión de Dilma de atraer a uno de ellos a las más altas esferas gubernamentales, ocurre en un momento clave. Según Joao Doria, presidente del Grupo de Líderes Empresariales (LIDE), esto permitirá acelerar las “reformas estructurales” necesarias para el crecimiento brasileño.

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Mentiras verdaderas en torno de la Anses. Por Enrique Szewach

La discusión surgida la semana pasada, en torno al intento de ampliar los derechos políticos de la Anses en las empresas privadas, en las cuales posee una participación accionaria volvió a explicitar una serie importante de falsedades argumentales que se vienen repitiendo, al menos, desde el debate que terminó con el régimen de capitalización hacia finales de 2008. Paso a enumerar algunas:

1. Contrariamente a lo que se dice, la Anses tiene un déficit estructural desde hace mucho tiempo, y éste se agravó con la generosa moratoria previsional instrumentada en los últimos años y con el aumento de la prestación surgida de la contrarreforma de 2008. Los aportes a la seguridad social cubren sólo el 60% de los gastos totales de la Anses, el resto, unos $ 60 mil millones, se completan con impuestos generales y parte de la coparticipación federal. Aún descontando de la Anses gastos que no se relacionan estrictamente con el pago de jubilaciones (Asignación Universal por Hijo, transferencias a provincias, netbooks para los votantes jóvenes, etc.), faltaría, aproximadamente, la mitad. Por lo tanto, la Anses no tiene superávit. Si se quieren aumentar más las jubilaciones o bien se generan nuevos impuestos o hay que redistribuir el gasto que hoy reciben otros. 2. El faltante “real” es aún mayor, porque a los jubilados que cobran más que la mínima se les está pagando mal la jubilación actual; y también se calcula mal la jubilación inicial, por lo que se acumulan juicios que se pagan a cuentagotas. Esa deuda no está contabilizada. 3. El famoso Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) es un fondo armado con los activos que tenían las AFJP como contrapartida de los aportes de sus afiliados. Por lo tanto, si es de “alguien”, es de los futuros jubilados, no de los actuales. De todas maneras, es un fondo “teórico”. Según el último informe oficial, de noviembre del año pasado, alcanzaba la suma de $ 174 mil millones. Contra ese “activo” habría que contabilizar el valor actual del “pasivo” que significa la jubilación futura de los trabajadores traspasados del régimen de capitalización al régimen de reparto. Ahora no sobra nada, así que los aportes mensuales de los trabajadores que pasaron al sistema de reparto se gastan en pagar la jubilación actual y no se ahorran. Pero, además de esos $ 174 mil millones, al menos US$ 100 mil son títulos públicos, es decir, deuda del propio Estado que, obviamente, no tiene el dinero para cancelarla, si hiciera falta. Es sólo un asiento contable, sale de un bolsillo y entra al otro bolsillo y, en la práctica, debería netearse de la deuda total. El Gobierno ni siquiera genera superávit para pagar los intereses, dado que tiene que recurrir al Banco Central para que le transfiera pesos y para que le preste dólares. En síntesis, ese Fondo de Garantía de Sustentabilidad, ni garantiza nada ni es sustentable. Lo único que “existe” son los $ 78 mil millones en activos “privados”, plazos fijos, acciones, fideicomisos, préstamos del Bicentenario, etc. Pero, salvo las acciones de empresas privadas, esos fondos están prestados e inmovilizados y, en general, a tasa negativa, respecto de la inflación y la movilidad jubilatoria; por lo tanto, esta parte del FGS, unos $ 52 mil millones, se reduce en términos reales día a día. 4. Pasemos al tema específico que hoy se discute. El Estado no es un “socio bobo” de las empresas; es un inversor minoritario, como cualquiera de los que compran acciones en la Bolsa. No es el caso de Papel Prensa, que nació como una empresa mixta. Aquí, las acciones fueron expropiadas por el Estado, nadie le vendió las acciones. Si existe un problema con el tratamiento de los accionistas minoritarios en la Argentina, es un problema para todos los casos y debe resolverse regulatoriamente, y con la Comisión Nacional de Valores, y no nombrando directores que no harán nada, porque los grupos de control se aseguraron poder de voto mayoritario, antes de salir a cotizar. Su único derecho será acceder a información relativamente sensible, lo que les permitirá algún que otro negocito con los amigos. Cobrar –sólo en algunos casos– honorarios y hacer marketing político y ruido, y no mucho más. Esto es sólo una parte de las mentiras y fantasías en torno al tema jubilaciones y los activos de la Anses. Hay más, pero no tengo espacio. O no me animo.

Fuente: Perfil.com

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El aterrizaje de la economía, ¿cuándo y cómo? Por Jorge Vasconcelos

En el primer trimestre de 2011, las importaciones de Argentina aumentaron 42,6 por ciento interanual, con datos estimados para marzo. Hay una brecha de 14 a 15 puntos porcentuales con el ritmo de 28 por ciento interanual al que crecen las exportaciones. Extrapolando estas tendencias, nuestro país pasaría al déficit en la balanza comercial en el segundo semestre de 2012. En realidad, este escenario sólo podría ocurrir en el marco de un gran optimismo inversor, traducido en una masiva entrada de capitales, única forma de financiar un rojo en el intercambio de bienes. De lo contrario, la brecha entre el ritmo al que crecen las importaciones y las exportaciones tenderá a achicarse, sea porque el Gobierno tome medidas que moderen la demanda agregada o por un ajuste originado en el mismo sector privado. El primero podría ser un “aterrizaje suave”; el segundo, más turbulento. En 2010, tanto la Argentina como Brasil crecieron a un ritmo semejante. Por eso y porque venían de un período recesivo, no extrañó que las importaciones se expandieran también a un ritmo notable, de 45,5 por ciento en el primer caso y de 42,3 en el segundo. Para 2011 las estimaciones de crecimiento del PIB no difieren demasiado, aunque con una pequeña diferencia a favor de la Argentina. Sin embargo, donde se observa una significativa divergencia es en el volumen de las compras al exterior, fenómeno que comenzó a insinuarse a fines de 2010. Hasta el tercer trimestre del año pasado las diferencias eran mínimas, pero en el cuarto trimestre de 2010 la variación de las importaciones totales de Brasil pasó a un más moderado 33,4 por ciento interanual, mientras la Argentina computaba 45,5 interanual. En Brasil, la moderación de esta variable fue todavía más nítida en el primer trimestre de este año, con un 25,3 por ciento de variación interanual. En cambio, la Argentina está en un 42,6 por ciento interanual, con datos estimados para marzo. Mientras tanto, las exportaciones están subiendo a un ritmo interanual de 30 por ciento en Brasil y del orden del 28 por ciento en la Argentina, en cifras provisorias del primer trimestre. Así, en Brasil hay convergencia entre la expansión de exportaciones e importaciones, estabilizando temporalmente las cifras de la balanza comercial. la Argentina, por su parte, mantiene una brecha del orden de los 14 puntos porcentuales entre el estimado de variación de las importaciones y el de las exportaciones para el primer trimestre de 2011. La convergencia de estas variables en Brasil se explica por las medidas fiscales y monetarias que se han venido adoptando, buscando aplacar las presiones inflacionarias. Lo que el gobierno brasileño de Dilma Rousseff está buscando es un “aterrizaje suave” de su economía. En estas ocasiones, cuando la demanda está muy activa, los gobiernos tienen la tentación de “dejar fluir” a la economía, con la esperanza de que finalmente esto se refleje en un crecimiento mayor del PIB y del empleo. Pero, para que esto ocurra, previamente deberían haberse dado las condiciones para una mayor tasa de inversión y avances de productividad. Una nueva fábrica con tecnología moderna es un proceso de años, no de meses. Cuando Chile crecía en forma sostenida por encima de siete por ciento anual en los ‘90, lo hacía con una tasa de inversión en torno a 27 por ciento del PIB (más de cuatro puntos porcentuales por encima de lo que se verifica hoy en países como Brasil y la Argentina). El crecimiento, cuando no hay capacidad ociosa, requiere constancia, esfuerzos, sacrificar consumos inmediatos, “transpirar la camiseta”, sin que existan atajos salvadores. la Argentina, como Brasil, carece del volumen de inversiones y de ganancias de productividad que puedan permitirle crecer en forma sustentable por encima del 4,5 al cinco por ciento anual, una vez que se alcanzaron los límites de la capacidad ociosa (algo que comenzó a experimentarse en 2008). La oferta (el PIB) se enfrenta a esas restricciones. Pero la demanda puede cobrar vuelo propio si las circunstancias lo permiten. En este sentido, tanto la política monetaria (tasas de interés por debajo de las expectativas de inflación) como la fiscal están alimentando un flujo de consumo que, al no ser satisfecho por la oferta local, termina empujando del modo descripto la trayectoria de las importaciones. Como la fuga de capitales, que dominó parte de 2008 y 2009 se ha frenado en forma significativa, el resultado no es otro que un achicamiento sostenido del superávit comercial. Esto pese a que los precios internacionales han subido en forma extraordinaria a favor de los productos que exporta la Argentina: 32,4 por ciento interanual en dólares en el primer trimestre de 2011. Tras la venta del grueso de la cosecha, las exportaciones de nuestro país comenzarán a desacelerar, tanto por el factor precios internacionales como por el hecho que el 22 por ciento de nuestras ventas al exterior se dirigen hacia un Brasil que está moderando sus compras al exterior. En ese momento, salvo que se verifique un revivir de la entrada de capitales al país, no habrá forma de financiar una brecha como la actual. Las importaciones estarán “condenadas” a expandirse a un ritmo semejante al de las exportaciones, o incluso algo menor. El gobierno puede anticipar estas tendencias con medidas de contención. Pero, si no lo hace, será el tipo de cambio el instrumento ordenador. Es cierto que muchos precios en dólares hoy están igual o por encima del nivel alcanzado en la época del “1 a 1” y eso puede alentar expectativas de fuertes correcciones para ese momento. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la divisa norteamericana hoy, en el mundo, es 33 por ciento más débil que el “superdólar” de fin de los ‘90. Por eso, la Argentina podría evitar problemas cambiarios en el futuro si, lo antes posible, comienza a adoptar medidas que puedan encauzar la inflación, los costos y los salarios a variaciones de un dígito. Leer más...

¿Es sostenible la bonanza? Por Andrea y Miguel Angel Broda

La Argentina es el país de América latina que más creció desde 2003 (70%). En 2010, creció 9,2% (y algo más si se toma en cuenta el PBI verdadero). Y en 2011, podría mostrar un crecimiento (piso) del 7%, con una verdadera "fiesta" del consumo (en el cuarto trimestre de 2010 el consumo privado creció a una tasa anualizada récord de 20%, según las cifras oficiales). El "maratonista ha hecho una buena carrera". Pero luce fatigado (¿será sostenible esta indiscutida bonanza?). Veamos los "problemas de salud y los métodos de entrenamiento" que están dando lugar a semejante cansancio. Los análisis reflejan que el maratonista tiene seis problemas de salud:

1. Inflación: es elevada, 22% anual y estable desde hace 12 meses (aunque marzo dio más alta). Es una de las tasas de inflación más altas del mundo y encima se da en un contexto de inflación reprimida por tres razones: i) la tasa de devaluación es sustancialmente menor a la tasa inflación (4,5% vs. 22%) y ello tira para abajo la inflación de los bienes transables; ii) es casi nulo el aumento de las tarifas, con lo cual para alcanzar el precio promedio de nuestros vecinos el gas tendría que aumentar 400%; la electricidad, 213%, y las naftas, 61%, y iii) la intervención estatal en algunos precios internos para que sean menores a los internacionales (el precio interno del trigo es sólo el 55% del internacional, pese a que las retenciones son "sólo" del 23 por ciento). 2. Inversión: la acumulación de capital y la productividad de la inversión condicionan la tasa de crecimiento futura. En 2010, la inversión total fue de 22,7% del PBI, con una inversión privada de 18%. Pero para el crecimiento inédito de los últimos ocho años estarían faltando cuatro o cinco puntos de inversión privada. Además, la inversión pública en general cuesta el doble que en los países vecinos. Por lo tanto, su eficacia para aumentar el PBI es baja. Por último, la Argentina ha dejado de atraer inversión extranjera directa (IED): por ejemplo, entre 1996 y 2000 recibíamos casi cuatro veces más IED que Colombia; hoy, sólo el 90 por ciento. 3. Integración al mundo: la participación de las exportaciones argentinas en el comercio mundial es hoy de sólo 0,45%. De haberse mantenido la participación histórica, deberíamos estar exportando US$ 113.000 millones vs. los 68.500 millones exportados en 2010. 4. Competitividad: excepto en agricultura, vinos y algunas pocas actividades industriales, hemos venido deteriorando nuestra productividad relativa. El mejor ejemplo es nuestra balanza comercial con Brasil, que, pese al súper real (apreciado más de 40% respecto del promedio histórico), es deficitaria en US$ 3400 millones, con un sector industrial que exhibe un notable déficit comercial de 6100 millones. 5. Tamaño e ineficacia del Estado: se gasta mucho y mal. Con un crecimiento récord del gasto público en los últimos años, sólo comparable al del Congo, Lesotho y Letonia, hoy el gasto consolidado asciende a 44% del PBI vs. un promedio de 30% en los 30 años previos a 2001. Y la presión tributaria es récord. Pero, a pesar del "súper-Estado", la sociedad sigue insatisfecha y reclama más seguridad, más y mejor educación pública, salud, justicia. 6. Pobreza: hoy, por lo menos, uno de cada cuatro argentinos es pobre y este drama afecta sobre todo a la niñez: el 40% de los pobres tiene menos de 15 años. Con el agravante que habiendo crecido el doble que el resto de América latina redujimos la tasa de pobreza sólo la mitad. El maratonista no sólo tiene problemas de salud. Además fallan los métodos de entrenamiento. No se puede mantener al maratonista tomando siempre esteroides. El modelo procíclico de permanente estímulo a la demanda doméstica en una economía sin output gap es inadecuado. Con un Banco Central que convalida tasas de expansión monetaria del 35 40%, tasas reales negativas, crédito creciendo al 44% interanual y el gasto público al 35%, la estrategia oficial es claramente expansiva y eleva las tensiones inflacionarias. Además, el intervencionismo estatal castiga a la inversión y desalienta la producción. También hay que revisar la estrategia de cerrar la economía con cupos a las exportaciones y trabas a las importaciones. Otra falla pasa por el modelo de financiamiento del sector público dependiente del BCRA. En 2010, de un total de $ 55.000 millones de necesidades de financiamiento (netas de pagos intraestatales), el 81% se cubrió con emisión ($ 19.500 millones) y reservas (US$ 6500 millones). O sea, "volvimos a las andadas", desempolvando la "maquinita" y retrocediendo 20 años en materia de financiamiento. En la última década, no aprovechamos a pleno la mejor oportunidad en 110 años que nos ha dado el mundo. Pero todavía hay 20 años por delante de bonanza. El mundo emergente explica hoy el 75% del crecimiento mundial y (tras la crisis internacional) también el 75% del aumento de la demanda global. En este contexto, se estima que 1200 1500 millones de personas en el mundo emergente se incorporarán a la clase media demandando carnes, cereales y todo lo que producimos. ¡A no desaprovechar la oportunidad! El maratonista no está tan enfermo, pero requiere, sin falta, que le ajusten el entrenamiento. Los autores son economistas

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A veinte años del Plan de Convertibilidad. Por Daniel V. González

Hace pocos días se cumplieron 20 años del lanzamiento, durante el gobierno de Carlos Menem, del plan de convertibilidad diseñado por Domingo Cavallo. En estos tiempos de abundancia de recursos generados por el precio de las materias primas en el mercado internacional, resulta difícil recordar cuál era la situación y cuáles eran los problemas de la economía argentina veinte años atrás. En los días que corren han proliferado los maestros ciruela que, con ligereza y liviandad y muchas veces con desconocimiento o mala fe, rotulan el plan de convertibilidad como una negra etapa de la economía nacional que llevó al país a “la peor crisis de toda la historia” cuando, hacia fines de 2001, estalló en una gran devaluación y reacomodamiento de las variables económicas y los precios relativos.

Los años de la convertibilidad están siendo instalados, por la cultura oficial y el pensamiento único, como un tiempo en que se destruyó la economía nacional, especialmente la industria, se entregó el patrimonio argentino al capital extranjero, se endeudó al país hasta niveles incompatibles con la existencia misma de la nación. Esta visión de la convertibilidad se corresponde con la defensa de la estrategia económica actual, si puede decirse que existe alguna, que se desarrolla en una situación completamente favorable y, en consecuencia, completamente distinta a la existente hace 20 años. Al asumir Menem su gobierno, la situación económica de Argentina era desesperante. El gobierno de Alfonsín no había logrado encarrilar la economía y en los últimos meses de su gestión se había desencadenado una hiperinflación que concluyó con masivos asaltos a los supermercados, enfrentamientos armados, muertos y heridos en todo el país. La situación de la economía era deplorable y lo había sido en los años anteriores. El país no encontraba respuesta y cada día que pasaba se hundía un poco más. Al comienzo del gobierno de Menem, una nueva hiperfinflación auguraba un panorama complejo para el nuevo gobierno. El horizonte económico era confuso y desalentador. Había fracasado ya Raúl Alfonsín y, en abril de 1991, estaba fracasando Menem que había asumido el poder anticipadamente en julio de 1989. En diciembre de 1990 el gobierno había apelado al recurso extremo de incautar los plazos fijos de los ahorristas y reemplazarlos por bonos del estado que se cotizaban a la mitad de su valor en el mercado secundario, lo que configuraba una virtual expropiación. El economista Juan José Llach describe en estos términos la evolución del sector industrial argentino durante los años previos a la convertibilidad: “El periodo 1975/1990 se caracteriza: 1) por el estancamiento de las actividades manufactureras, perdiendo más del 5% de su participación en el PBI, 2) no generación de nuevos empleos en un contexto de serias dificultades estructurales en el mercado de trabajo, y 3) los niveles de inversión son menores a la amortización del capital, produciéndose la descapitalización del sector”. Es en esa circunstancia compleja y declinante que Menem lanza el Plan de Convertibilidad. Sin rumbo En realidad, el país no encontraba un rumbo económico desde el derrocamiento de Perón en 1955. Pero, además, los últimos años de Perón en el poder previos a su caída, ya habían significado, de su propio puño, una rectificación de su política económica fundacional de la posguerra. Desde mediados del siglo veinte el país se movía a los tumbos, al ritmo de los sucesivos cambios de gobierno y los breves espasmos que cada cuatro o cinco años significaban nuevos y definitivos rumbos que apenas duraban un par de años. El plan económico de Carlos Menem, del cual el régimen de convertibilidad constituía apenas un aspecto, significó un replanteo drástico en relación con algunos problemas fundamentales de la economía a los que a lo largo de varias décadas ningún gobierno, ni civil ni militar, había logrado darle solución. Uno de ellos era la inflación. El otro, estrechamente vinculado, era el de las empresas públicas y la dimensión y funcionamiento del estado. La convertibilidad, el establecimiento de una paridad fija entre la moneda nacional y la principal moneda extranjera, fue un recurso dramático para generar confianza en el nuevo programa económico y detener la inflación que amenazaba con hacer caer al gobierno y continuar deteriorando aún más la situación política y social del país. El mes anterior al lanzamiento de la Convertibilidad y aún con Domingo Cavallo como canciller, se había firmado el Acuerdo de Asunción, que dejaba constituido el MERCOSUR, bloque económico integrado por Brasil, Paraguay y Uruguay, además de Argentina. Se trató de una decisión estratégica de la que pocos hoy se acuerdan. Podría decirse de paso que ambas medidas de política económica constituyeron un abierto desafío al odiado liberalismo. En el caso del MERCOSUR, en razón de establecer condiciones comerciales especiales para un grupo de países en el mercado global. En el caso de la convertibilidad, por fijar un tipo de cambio inmodificable cuando lo que aconseja la doctrina liberal es la libre flotación, que era lo que hasta ese momento había promovido Cavallo desde la Fundación Mediterránea. Digamos también de paso que antes de 1991, varias veces el gobierno de Alfonsín intentó detener la inflación, sin éxito. Su esfuerzo más serio fue el Plan Austral, que también establecía un tipo de cambio fijo entre la moneda nacional (el austral) y el dólar: un dólar era equivalente a 80 centavos de austral. Lo que sucedió fue que el programa fracasó y esa relación duró pocos meses. Pero está claro que todo programa de estabilidad que se intentara debía contemplar entre sus propuestas una relación estable entre el peso y el dólar. El impacto del nuevo programa sobre la economía fue inmediato y claramente benéfico. Hasta podría decirse que, a partir de él hay un antes y un después en la economía argentina. La inflación desapareció y ello permitió una serie de cambios importantes en las transacciones. La moneda nacional recuperó su estabilidad, renació el crédito a largo plazo (incluso el hipotecario, hoy desaparecido), el consumo aumentó en forma notable, se recuperó el presupuesto como herramienta de política económica en manos del estado y éste logró controlar la evolución de la economía y sus principales variables, que era algo que el paquidérmico estado anterior a la reforma de Menem-Cavallo no lograba hacer. Los números de la convertibilidad Todos los números importantes que puedan analizarse de los años de la convertibilidad, son concluyentes: el PBI creció el 50% entre puntas y la industria lo hizo otro tanto. La producción agraria también aumentó en forma espectacular, las exportaciones pasaron de 9.000 a 27.000 millones de dólares, la inversión se recuperó y la capacidad de generación eléctrica aumentó en forma notable, situación de la cual se beneficia claramente el gobierno actual. Todos los críticos del programa económico de esos años omiten hablar de estas cifras fundamentales. Y evitan decir también que la economía posterior a Menem transita por carriles que, en lo esencial, no se han modificado pues la estabilidad se ha transformado en un concepto valorado por el conjunto de la sociedad, el presupuesto nacional continúa siendo una ley fundamental para el estado y los cambios tecnológicos introducidos en el agro han permitido que Argentina se eleve a la cúspide de la producción primaria a escala global, con los beneficios que esto significa. Los críticos de la convertibilidad (ya hemos dicho que esta es una denominación simplificada del programa económico que rigió entre 1991 y 1999) omiten señalar también la situación en la que se encontraba el país al momento del lanzamiento del plan. Tampoco se aclara que el plan de reforma del estado y privatizaciones fue apoyado explícitamente por la mayoría del pueblo argentino, que respaldó a Carlos Menem con su voto en 1989, 1991, 1993, 1994 y 1995, para no dejar lugar a dudas sobre qué era lo que quería la sociedad argentina de ese momento. Incluso sus rivales políticos tuvieron que aceptar que la convertibilidad había logrado resultados formidables durante su vigencia. Todos recordamos la confesión de Carlos Chacho Álvarez en relación a su arrepentimiento por no haber votado, como legislador, las leyes que sustentaban la convertibilidad. A tal punto había consenso en la sociedad argentina sobre este programa económico que en 1999 las elecciones presidenciales mostraban a los candidatos de la oposición (la fórmula era De la Rúa – Álvarez) prometiendo “un peso, un dólar” como muestra certera de que la convertibilidad no sería atacada ni abolida. Pero luego, tras el estallido ocurrido dos años después de que Menem abandonara el poder, todos aprovechan para, con manifiesto anacronismo, sindicar en la convertibilidad y en las reformas económicas de “los noventa”, la eclosión y sus consecuencias sociales inmediatas. Los críticos Quienes critican a la convertibilidad refuerzan los aspectos ideológicos por encima de los técnico-económicos. Y, sobre todo, omiten tomar en cuenta los resultados del programa de reformas, que fueron importantes. Todos los sabios de hoy, todos los que hoy critican el programa de los noventa, fueron absolutamente incapaces de parar la inflación y reformular el estado. Esto también vale para el peronismo, que tampoco pudo hacerlo en los setenta y que, además, cuando en el gobierno de Alfonsín, Rodolfo Terragno intentaba de algún modo sacarle al estado el peso insostenible de las empresas públicas, era el peronismo (incluso el cercano a Menem) el que se oponía a cualquier forma de privatización en nombre de la defensa de la soberanía y el patrimonio nacional. La pretensión de que las reformas al estado realizadas en la Argentina y en muchos otros países del mundo durante los noventa constituyeron un acatamiento a las recomendaciones realizadas por el economista norteamericano John Williamson en lo que se conoció como el Consenso de Washington, carece de seriedad y es una simplificación ideologista que supone que las fuerzas económicas pueden manipularse con facilidad y que la adopción de una u otra estrategia es una elección sin condicionamiento ni contexto alguno. El mundo de comienzos de los años noventa estaba impregnado del formidable fracaso de un sistema que hizo de la intervención del estado, de la existencia extendida de empresas públicas y de la planificación económica, su estrategia esencial. En efecto, la caída del muro de Berlín y las reformas propuestas por Gorbachov para la Unión Soviética nos abrían un panorama en el que eran las fuerzas del mercado y no el estado el nuevo elemento dinamizador de la economía y la sociedad. Fue por eso que el recetario de Williamson tiene impacto mediático y es tomado como referencia. En realidad, desde siempre los países más desarrollados procuran un clima de libertad sin restricciones en el comercio internacional, en lo que atañe a sus exportaciones de mercancías y capitales, aunque se cuidan muy bien de ofrecer sus mercados sin restricciones a las exportaciones de otros países. Como fuere, en el caso de la Argentina había motivos propios, locales, para encarar reformas de fondo en el estado nacional y en los provinciales y municipales cuyos recursos ya no alcanzaban a sostener un aparato ineficiente, voluminoso y sumamente costoso. Esa reforma fue la que encaró Carlos Menem con el apoyo de la mayoría del pueblo argentino. Y sus resultados fueron notables y permitieron que gobiernos posteriores pudieran moverse en un clima económico mucho más favorable al que encontró el propio Menem al momento de asumir el poder. Recordemos, por ejemplo, que Alfonsín dejó 120 millones de dólares de reservas y que, al retirarse Menem, esa cifra había crecido a 25.000 millones de dólares. Desde la cúspide de la bonanza internacional que hoy favorece a la economía argentina, la convertibilidad es mirada por desdén aún por quienes fueron sus más fervorosos partidarios, como muchos de los que hoy integran el gobierno kirchnerista. Sin embargo, se están revirtiendo peligrosamente algunos de logros de aquellos años. La inflación, por ejemplo, ha retornado. La holgura actual promueve la frivolidad e incluso la estupidez: el ministro de economía ha dicho que la inflación es un problema para la clase media alta, no para los argentinos de menores recursos. Asimismo, el gasto público se ha expandido hasta niveles incompatibles con equilibrios macroeconómicos que resultan insoslayables en toda economía que pretenda crecer con bases sólidas. Los elevados subsidios, muchos de ellos irracionales y regresivos en materia de distribución del ingreso, la inflación y el retraso cambiario significan una acumulación de tensiones que, en algún momento no muy lejano, demandará un ajuste en forma inevitable. Probablemente será ese momento en que la estabilidad lograda por la convertibilidad sea recordada con nostalgia.

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La "enfermedad argentina". Por Martín Lousteau

Existe algo llamado "enfermedad holandesa" y no se refiere a haber perdido las tres finales disputadas en el Mundial de Fútbol. Ese es un síndrome que increíblemente aún no ha recibido denominación. La expresión, surgida en el campo de la Economía, alude a un fenómeno observado en los Países Bajos durante la década de los 60, luego del descubrimiento de importantes yacimientos de gas natural. El análisis sistematizado de este fenómeno lo brindaron los economistas Corden y Neary en 1982 y su lógica es bien sencilla. La mayor abundancia de un recurso que se exporta genera un ingreso de divisas (dólares, diríamos en la Argentina) al país. Eso hace que la moneda doméstica se aprecie (o que el dólar valga cada vez menos en pesos según nuestra lógica más habitual). Así, mientras el sector en cuestión (gasífero en el caso original) vive su boom, la competitividad de las manufacturas se hace cuesta arriba: cada vez resulta más difícil exportarlas o sostener su producción local frente a las importaciones.

Esto que podría parecer una mera curiosidad intelectual está actualmente teniendo lugar en varios países de América latina, debido a que el precio de nuestras exportaciones primarias se ha incrementado significativamente en los años recientes. Detrás de ello se encuentra el fenomenal crecimiento chino de las últimas décadas, que transformó a esa economía en la segunda mayor del planeta y una gran aspiradora de materias primas. En el caso de nuestro país, el impacto se verifica en el precio internacional de nuestros principales cultivos (soja, maíz, trigo y girasol) que es hoy 2,3 veces mayor al de diez años atrás. Naturalmente, también se produjeron significativas mejoras tecnológicas en el sector agrícola (siembra directa, semillas genéticamente modificadas, tercerización y optimización de servicios que aprovechan las economías de escala, etc) lo que a su vez permitió un importante incremento en su producción. La combinación de ambos efectos explica el salto en el valor exportado de esos cultivos y sus derivados observada entre 2005 y 2010: pasó de 12.000 a 24.000 millones de dólares anuales, con la suba de precios aportando dos terceras partes del aumento y las mayores cantidades el tercio restante. Este escenario constituye una excelente noticia: el mayor poder de compra de nuestras exportaciones incrementa el ingreso de divisas a la economía, da margen para importar los insumos necesarios para nuestro aparato productivo y posibilita la acumulación de reservas en el BCRA. De hecho, de la bonanza se beneficiaron tanto el sector público (a través del cobro de retenciones) como los productores agropecuarios y sectores vinculados (expresado en la mayor actividad en muchas ciudades del interior, el precio de la tierra, la venta de departamentos, la demanda de vehículos, la modernización de la maquinaria, etc.). Pero la combinación de mayores precios y mayores cantidades de exportación también produce condiciones asimilables a la "enfermedad holandesa", generando una pérdida de competitividad para la industria. Y ello constituye un desafío al que se le debe prestar la debida atención. Dos son las maneras de contrarrestar los efectos perniciosos de esta situación: moderar la apreciación cambiaria y/o actuar activamente para incrementar la productividad de las manufacturas. Para hacer lo primero se pueden combinar distintas herramientas pero es fundamental ser riguroso en lo que hace a la política fiscal, administrando con inteligencia los ingresos fiscales extraordinarios. En 2007 Bachelet decidió volcar recursos excepcionales provenientes del cobre en un Fondo de Estabilización Económica y Social, que arrancó con un capital de 6000 millones de dólares. En meses el mismo llegó a acumular 20.000 millones y en el camino el ministro de Hacienda, Andrés Velasco, tuvo que soportar muchas presiones para no utilizarlos (es decir que no aceptó seguir calentando la economía cuando no se lo necesitaba). Gracias a ello, cuando los efectos de la crisis internacional llegaron a Chile, había recursos de sobra para aplicar exitosas políticas anticíclicas. Y hoy el fondo cuenta ya con 13.000 millones de dólares. En el caso de nuestro país, los mayores precios y alícuotas de retenciones le brindaron al Estado el equivalente 24.000 millones de dólares inesperados en el transcurso de los últimos cinco años. Esos fondos se podrían haber utilizado para intervenir en el mercado de divisas, moderando los efectos del superávit comercial y contribuyendo a mantener competitivo el tipo de cambio (en lugar de utilizar la emisión de pesos). O para ayudar a sectores industriales a dar un salto cuali y cuantitativo. O a los fines de tener una mejor infraestructura productiva. En lugar de ello se gastaron con escaso criterio estratégico. Y para seguir financiando el continuo aumento del gasto se apela ahora a políticas que generan más inflación. Producto de este desatino que no se quiso corregir a tiempo tenemos hoy aumentos de precios galopantes que, entre muchos otros efectos, le hacen perder competitividad a nuestros sectores productivos (el año pasado nuestra moneda se apreció nada menos que 15% en términos reales contra el dólar). Parece que, además de una "enfermedad holandesa" mal tratada, también padecemos otra condición, mucho más argentina: no aprender del pasado ni de la historia, ya sea propia o ajena.

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Subsidios: el eje del gasto. Por Ismael Bermúdez

La partida total de subsidios a la energía, el transporte, alimentos y otros bienes y servicios equivale al 5,61% del PBI, de acuerdo al último informe del gasto público total ­Nación, provincias y municipios-- que elabora el Ministerio de Economía. Proyectadas las cifras de 2009 a 2011, arroja una cuenta de más de US$20.000 millones, superando los $80.000 millones, equivalente al 13% del gasto público total. En 2001, en medio de la crisis, la partida de subsidios económicos era del 1,73% del PBI, equivalente a casi el 5% del gasto total. El 5,61% del PBI se descompone de la siguiente manera: La Nación: 4,1%. Las provincias: 1,28%. Los municipios: 0,23%. De esta manera, la mitad del aumento del gasto público que se produjo a partir de 2001 ­pasó del 35,65% al 43,19% en 2009-- se debe al crecimiento de los subsidios de las tarifas y otras compensaciones. En realidad, el peso es mayor porque el gasto público está abultado por el pase, desde fines de 2008, de las jubilaciones privadas al Estado. Esta cuenta de subsidios es al margen de lo que el Estado o las provincias dejan de recaudar por la "promoción industrial" o por reducciones o exenciones impositivas a varios sectores económicos. Con relación a 2001, tras la devaluación y pesificación, el gasto público social se redujo, hubo una disminución del peso de los servicios de la deuda y un incremento cada vez creciente en los llamados "servicios económicos". En el resto, se produjo una recomposición del gasto, con cambios en su distribución. Pero esta fuerte licuación del gasto público que siguió al derrumbe de la convertibilidad ­ con una brusca caída de 5 puntos-- quedó revertida ya en 2006 y desde entonces siguió en ascenso, superando ahora la marca del 40%. De las cifras oficiales se desprende que la aceleración del gasto pudo ser financiada porque la presión tributaria también estuvo en ascenso en un contexto de recuperación económica y de fuerte alza de los precios internacionales de los productos que la Argentina exporta. Y también a través del recurso de las transferencias contables del Banco Central, por la mayor inflación o por la depreciación del peso y los rendimientos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSeS que pasaron a engrosar las cuentas del Tesoro. El resto se fue financiando con mayor deuda con la ANSeS y con el ingreso de los aportes que antes iban a las AFJP. Esto último implica que el Estado pasó a hacerse cargo y deberá hacerse cargo con mayor intensidad en el futuro de las jubilaciones de esos aportantes, algo que ya se está verificando. Dentro de los subsidios económicos, el mayor gasto ­80%-- va a la energía y el transporte, lo que permite que una buena parte de los consumidores tengan los precios congelados. El objetivo era "anclar" precios que inciden en la inflación, pero a pesar de las tarifas subsidiadas, la inflación real en los últimos 4 años supera el 120%. En este contexto, descongelar tarifas dispararía los precios y produciría un fuerte shock inflacionario, en tanto mantenerlos ampliaría cada vez más la brecha entre los costos y las tarifas. Según Ecolatina, "las empresas que gestionan los ferrocarriles y los subterráneos cubren apenas entre el 30 y 40% del gasto en salarios con la venta de boletos". Este año, más aún con las elecciones en el candelero, las tarifas seguirán congeladas con aumentos de salarios en el transporte entre el 23 al 28% y porcentajes mayores en combustibles. Por eso, el Gobierno insiste con la "receta" pero liberando algunos rubros. Tan solo días atrás, el Gobierno liberó el precio de las naftas y de inmediato hubo alza de más del 5%. Para Ecolatina, desde diciembre de 2001 a diciembre de 2010, la suba acumulada del transporte público y de la luz y combustibles para el hogar fue del 102,3%, el resto de los precios tuvo un alza del 338%. Según la Encuesta de Grandes Empresas, que elabora el INDEC, (ultimo dato de 2009) surge que los ingresos por subsidios recibidos del Estado de las primeras 500 firmas de la Argentina, entre los años 2003 y 2009, pasaron de $1.958 millones a $14.899 millones. Si se descuenta la inflación, equivale a un aumento del 345% en términos reales, llegando a representar el 6,5% del valor agregado. Estos subsidios están concentrados en la región metropolitana e incentivan el consumo de los sectores de altos ingresos, en especial luz y gas, lo que abulta la cuenta de los subsidios e introduce una redistribución regresiva de la carga fiscal.

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La dura crítica al Indec que llegó al FMI. Por Francisco Jueguen

En coincidencia con el inminente arribo de una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), que asesora al Gobierno en la elaboración de un índice de precios al consumidor (IPC) nacional, LA NACION tuvo acceso al crítico informe que cinco universidades nacionales realizaron sobre el desempeño del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), a pedido del Gobierno. El trabajo concluye que el índice de inflación oficial "no es fiable" y propone una reforma institucional "urgente y profunda" del organismo. Fue concluido el año pasado, pero no se difundió, y el ministro de Economía, Amado Boudou, jamás recibió a sus autores para que se lo entregaran. En cambio, aceptó que fuera enviado al FMI para que sus técnicos pudieran utilizarlo como complemento de su propio diagnóstico, según confiaron fuentes familiarizadas con las negociaciones. Las universidades, agrupadas en el Consejo Académico de Evaluación y Seguimiento (CAES), cuestionaron el proceso de recolección, procesamiento y utilización de los datos con los que se elabora el índice de precios al consumidor (IPC), manipulado por el Gobierno, y fustigaron además ciertos usos arbitrarios o discrecionales de la metodología introducida en 2008, un año después de la intervención oficial. Pero además, el CAES puso el énfasis en el desmantelamiento técnico del organismo estadístico, algo que caracterizó como "la pérdida de valiosos recursos humanos". En última instancia, el informe finalizado en septiembre pasado alertó sobre las irregularidades en las pruebas piloto preparatorias para el censo de población 2010, que se realizó en octubre. Estos detalles del documento se conocen por primera vez en momentos en que el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, y el ministro de Economía, Amado Boudou, trabajan juntamente con el Fondo Monetario Internacional en la elaboración de un índice de precios a nivel nacional. Precisamente, el director técnico del Indec, Norberto Itzcovich, informó ayer a través de la agencia oficial Télam que la delegación del FMI arribará hoy a Buenos Aires y se pondrá a trabajar en el tema a partir de mañana y hasta el lunes 11 de este mes. La delegación estará encabezada por el economista Carlos Medeiros y, según Itzcovich, aún tiene que definir si el índice será nacional o provincial, el tamaño de la muestra y la utilización de canastas estacionales, entre otros puntos. Boudou, que había pedido por decreto la elaboración del documento de las universidades para intentar devolverle algún grado de credibilidad al Indec, recibió antes a los expertos del Fondo que a los profesores de las casas de estudio locales. El Ministerio de Economía incluso dio vía libre para que el informe académico se les enviara a los técnicos foráneos antes que al Congreso. "La confiabilidad del IPC-GBA se ve cuestionada", señalaron las universidades de Buenos Aires, Mar del Plata, Rosario, Tres de Febrero y Tucumán en el apartado del informe que indagó sobre las debilidades del índice de precios oficial. "En ese sentido, no es posible considerar al IPC elaborado por el Indec como una medida fiable del nivel agregado de los precios al consumo, ni como un indicador adecuado para emplear como deflactor a efectos de estimar variables como el tipo de cambio real, o el salario real o los niveles de pobreza", sentenció el CAES. A la hora de dar sus fundamentos, los profesores fueron contundentes. "Se menciona el reemplazo de precios de mercado de algunas variedades por la información brindada por organismos públicos, lo cual no permite captar los precios pagados por los consumidores", señalaron. Es decir que el Indec utiliza datos que no son relevados por sus encuestadores, sino que son sugeridos por el mismo Gobierno. Además, se indicó que el Indec cambió -"sin especificar el criterio"- la muestra de locales en los que se relevan los precios. "Se encuestan menos locales" y en la supuesta ampliación de la cobertura geográfica anunciada oficialmente "sólo se verifica la incorporación del partido de Ezeiza". Los profesores dieron cuenta también de importantes problemas de representatividad en las canastas utilizadas por el IPC oficial. "Las variedades efectivamente relevadas para el IPC-GBA base abril 2008=100 representan menos del 50% del consumo de los hogares en todos los meses", según el CAES. Es más, la cantidad de precios relevados fue disminuyendo en el tiempo y pasó de 90.000 -antes del cambio metodológico- a 30.000. En sintonía, el CAES apuntó que "es poco precisa" la forma en la que se sustentan los criterios para incluir o excluir ciertos productos de las canastas. "Varias de las exclusiones cambian cualitativamente la canasta haciéndola menos representativa de los hogares de ingresos medios y altos", afirmaron. Por otro lado, "la mayor relevancia que cobra el Capítulo de Alimentos y Bebidas en la ponderación sugiere que la canasta representa el consumo de hogares de menores ingresos". Además, se dio cuenta de irregularidades en las maneras de imputar un precio -cuando no se encuentra un producto en la calle se indica un valor de acuerdo a un cálculo que está en la metodología- y a la hora de tratar los precios máximos y mínimos que se salen de la media relevada (los denominados precios "atípicos" u "outliers"). En este último caso, se sugirió que podrían haberse eliminado -sin sustento metodológico- algunos valores altos que podrían no haber sido calificados como "atípicos".Desmantelamiento Pero más allá de los datos en sí mismos, los profesores universitarios pusieron el foco en quiénes los elaboran. A partir de 2007, trabajadores enrolados en ATE-Indec (opuestos a la intervención) denunciaron el desmantelamiento institucional y el ingreso de personal afín al Gobierno. "En efecto, el descrédito sobre las estadísticas se ha dado paralelamente con un determinado funcionamiento del Instituto y con la pérdida de valiosos recursos humanos debido a alejamientos o desplazamientos de carácter involuntario", indicaron. Según el CAES, de las nueve direcciones nacionales del instituto, siete están vacantes (78%). Del total de las direcciones o coordinaciones, siete están sin ocupar (26%). De los 36 cargos jerárquicos del Indec, el 39% está vacante y el 33% tiene nombramiento transitorio. "La situación (?) es preocupante ya que difícilmente pueda un organismo eminentemente técnico como el Indec funcionar adecuadamente con la falta de 39 cargos directivos. El número de direcciones vacantes y las cubiertas en forma transitoria muestran una marcada debilidad institucional", se explicó. Con respecto a los ingresos de personal desde la denominada "intervención oficial", el CAES afirma que entre 1995 y 2006 hay poca variación en el empleo total del organismo. Es más, en 2006 se alcanza el mismo empleo que en 1996: aproximadamente 1210 trabajadores. "Sin embargo, es notable el crecimiento observado en 2007 (24,9% en un año, llegando a 1506 empleados)". No obstante, según los profesores, no se observa para el mismo período un incremento de la producción en el Indec. Tampoco mejoró la calidad de los recursos humanos. En agosto de 2009, el 40% de los empleados del organismo eran profesionales, incluyendo los posgrados. "En los organismos productores de estadísticas de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), los profesionales representan el 50% del empleo total. El porcentaje de empleados con educación superior en los institutos de estadística de la OCDE es un 25% más alto que en el Indec". Se señaló además que entre los "programas estadísticos más débiles" en cuanto a los cuadros técnicos que los producen se encuentran la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) y el índice de Precios al Consumidor, entre otros. "La baja calidad estadística de los recursos humanos de esos programas parece abonar la sensación general de desconfianza que tiene la sociedad sobre las estadísticas del Indec". En sus conclusiones, el CAES destacó "los más altos estándares" y "el reconocimiento por la excelencia de sus cuadros técnicos" que primó en el Indec hasta 2006. Para el período posterior a la llegada de Moreno, en enero de 2007, las universidades recomiendan "la necesidad de una urgente y profunda reforma institucional del Instituto". CRUDO DIAGNÓSTICO Consejo. El Gobierno pidió asesoramiento a 5 universidades para obtener un diagnóstico sobre el Indec. Reclamo. El trabajo indica que la inflación oficial no es confiable y alienta la reforma del organismo. Misión del Fondo. Hoy arribarán los técnicos que asesoran en la creación de un nuevo IPC, que recibieron el informe académico. Leer más...

América Latina: ¿está preparada para el evejecimiento de su población?

(Informe publicado en el sitio del Banco Mundial) El envejecimiento de la población es un problema mundial que afecta a un número cada vez más grande de países en todo el mundo, especialmente en un momento en que el apoyo familiar y otras redes de protección tradicionales se volvieron mucho menos seguros tras la crisis económica mundial. En América Latina, por ejemplo, la esperanza de vida aumentó 22 años en los últimos 50 años y en su población predominan actualmente los adultos en edad laboral y que tienen muchos menos hijos. La región enfrenta la perspectiva de un rápido envejecimiento. Un nuevo informe de la Red de Desarrollo Humano del Banco Mundial advierte que los gobiernos y las comunidades de la región no pueden permitirse caer en la complacencia con respecto a la “revolución de las canas”, dado que los próximos 50 años serán muy diferentes al último medio siglo. Según el informe, titulado Population Aging: Is Latin America Ready? (i) (Envejecimiento de la población: ¿Está preparada América Latina?), el crecimiento económico de la región será más complicado en aquellas naciones con muchos ancianos y satisfacer las necesidades de atención de la salud, de pensiones y otras será especialmente difícil para los países de ingreso bajo y mediano. El establecimiento de políticas e instituciones adecuadas para adaptarse a los poderosos cambios demográficos será fundamental para salvaguardar el futuro social y económico de la región, dice la publicación. “Los países de la para la Cooperación y el Desarrollo Económicos(OCDE) se acostumbraron a la idea del rápido envejecimiento durante los decenios anteriores como resultado del menor tamaño de las familias, la mejor salud, más dinero y una vida más prolongada, todo lo cual ha sido una enorme ventaja social”, señala Daniel Cotlear, coautor del informe y economista principal de la Red de Desarrollo Humano del Banco Mundial. “Sin embargo, debería preocuparnos que el rápido envejecimiento ya no sea un fenómeno de los países ricos y que muchas naciones más pobres lo estén experimentando pero en gran parte sin el dinero y la planificación anticipada para enfrentar los desafíos sociales y económicos de este profundo cambio”, agrega. Cambios demográficos Cotlear dice que la composición demográfica de América Latina y el Caribe (ALC) ha cambiado extraordinariamente desde la década de 1950. En ese momento, la región tenía una pequeña población de alrededor de 160 millones de personas, inferior a la actual de Brasil. Dos tercios de los habitantes vivían en el campo. Las familias eran numerosas y las mujeres tenían una de las tasas de fertilidad más altas del mundo, un bajo nivel de educación y pocas oportunidades laborales fuera del hogar. Las inversiones en salud y educación llegaban apenas a una pequeña fracción de los niños, muchos de los cuales morían antes de cumplir 5 años. En la actualidad, la población de la región se ha triplicado y la mayoría de los habitantes vive en ciudades. Muchos menos menores mueren a causa de enfermedades gracias a los avances en salud y educación y nace un 50% menos de bebés como resultado de que las mujeres aprovechan la educación y la mayor cantidad de oportunidades para trabajar fuera del hogar. En consecuencia, el cambio demográfico en ALC durante el siglo XXI estará marcado por el rápido envejecimiento de la población. Esta tendencia puede ser observada en países con abundante inmigración europea, que fueron los primeros que iniciaron la transición demográfica a comienzos del siglo XX y que también cuentan con los sistemas de seguridad social más extendidos. El resto de la región seguirá beneficiándose de una disminución de la tasa de dependencia por unos pocos años más, pero luego enfrentará también un rápido envejecimiento, dice Cotlear. Este proceso no tomará un siglo como en Europa; se llevará a cabo en dos o tres décadas. A nivel mundial, la cuarta parte de los países que está envejeciendo más rápidamente se encuentra en ALC. Se necesita un “nuevo programa social” “Este libro describe las cuestiones que nos obligan a crear un nuevo programa social para América Latina que debe incorporar ahora los desafíos del creciente envejecimiento de la población”, dice Alejandro Toledo, ex presidente de Perú, en una nota escrita a los autores del informe del Banco. “Los gobiernos y el sector privado deben aprender a equilibrar las demandas planteadas por una población de ancianos que crece rápidamente al tiempo que siguen invirtiendo en la educación de la juventud y las necesidades de los pobres”. ¿Cómo pueden los gobiernos manejar el inevitable envejecimiento de sus poblaciones más pequeñas? Cotlear dice que pensiones o pobreza no son las únicas opciones: “Es necesario que comprendamos el ciclo de la vida económica, trabajo e ingresos de los ancianos, apoyo familiar, género y también el costo de la atención de la salud de los ancianos. A largo plazo, la cobertura de las jubilaciones debe extenderse a más personas, en especial a quienes trabajan en el mercado laboral informal donde simplemente no rigen las normativas y protecciones gubernamentales”. En el documento se recomienda a los países y las comunidades desarrollar una serie de políticas que respalden una vida larga y productiva para sus trabajadores y mantengan a los ancianos saludables y móviles todo el tiempo posible. Por ejemplo, serán fundamentales los sistemas de atención sanitaria que puedan brindar a las personas de la tercera edad una vida sana y servicios de salud primarios adecuados. Esto es especialmente importante debido a que la diabetes, la obesidad, las dolencias cardíacas y otras enfermedades no transmisibles atacan predominantemente a los ciudadanos en la mediana edad y mayores y pueden ser una fuente de dificultades financieras al verse obligadas a pagar su propio tratamiento. En lugar de jubilarse a los 60 años de edad, los trabajadores podrían esperar hasta mucho después para abandonar la fuerza de trabajo como lo hacen en Singapur y algunos países de la Unión Europea, recomienda el informe. Los gobiernos pueden ofrecer programas de educación permanente para personas de entre 50 y 60 años y deben considerar la promulgación de leyes contra la discriminación por edad. Otra opción política es atraer a más mujeres al mercado laboral; es posible que los países con menos empleadas femeninas fuera del hogar tengan que ampliar su fuerza de trabajo en el contexto del envejecimiento de la población. La publicación recomienda también la reforma continuada de los sistemas de pensiones, especialmente para los países que buscan aumentar el ahorro vitalicio. El presidente del Grupo del Banco Mundial, Robert B. Zoellick, analizará esta semana en París las repercusiones del envejecimiento en el desarrollo mundial cuando participe en el Foro Mundial sobre la Longevidad para explorar mejor las dimensiones sociales y económicas de las personas que viven más años. Leer más...

La situación energética del país

Ocho ex Secretarios de Energía han elaborado un meduloso trabajo sobre la situación energética de la Argentina. En razón de que el documento incluye cuadros estadísticos, nos resulta imposible reproducirlo aquí. Los interesados pueden consultarlo en esta dirección:

http://bit.ly/dXnMIF

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Hipotecando el futuro. Por Juan José Llach

La sensación reinante de un fácil triunfo electoral del oficialismo se asienta en gran medida en el rutilante aumento del consumo. Cualquier otro dato de la economía empalidece ante esta fiesta iniciada a la salida de la crisis de 2008-09, coincidente luego con el Bicentenario y que, sin dudarlo, ha permitido el equipamiento y la mejora de las condiciones de vida de millones de hogares en la Argentina.No es la primera vez que vivimos situaciones de este tipo. Hay antecedentes peronistas, como 1946-52 y 1973-76; otros no peronistas, como la "plata dulce", y peronistas vergonzantes, como la convertibilidad.

Aunque muy distintas en tantos otros aspectos, todas estas experiencias llevaron el consumo a niveles insostenibles y terminaron mal. Que esto último ocurriera nuevamente en el futuro próximo sería doblemente lamentable, porque se daría por primera vez con la situación mundial tan favorable e interrumpiría el ciclo de casi diez años sin crisis serias que se ha dado ahora por primera vez en décadas.¿Cuáles son los problemas de aumentar el consumo, si en última instancia es el objetivo final de la actividad económica? El primero es el riesgo de un final abrupto. El segundo es que coloca injustamente sobre las espaldas de las próximas generaciones, incluyendo las de los jóvenes de hoy, costosos gravámenes.Son varios los factores que empujan hoy naturalmente a consumir. Perdido el miedo a la crisis, hay mayor propensión a gastar en esparcimiento, renovando o ampliando stocks de bienes durables y accediendo a nuevos productos, como las netbooks o los plasmas. A esto se agrega una política explícita de promoción del consumo mediante muy bajas tasas de interés y aumentos del gasto público y la base monetaria de más del 30% anual, sin reparar para ello en medios tales como usar las reservas del BCRA para pagar deudas o gasto público. Por cierto, todo esto resulta en un aumento de la inflación que, como se vio tantas veces en el pasado, hace crecer el consumo por la caída de incentivos al ahorro. Esto se ve claramente en los números macroeconómicos.Si comparamos 2011 con los años notablemente virtuosos de la década, el resultado fiscal empeoró en cerca de 2,5% del PBI, pasando de superávit genuino a déficit o a superávit falaz, y el del balance de pagos cayó 3% del PBI, llegando virtualmente a cero. Ha habido pues una fuerte caída del ahorro público y del ahorro privado y esto ha contribuido a una caída de la inversión equivalente a 2,5% del PBI entre 2007 y 2010. No sólo se ahorra poco, sino que buena parte del ahorro no se realiza en pesos o dentro del sistema financiero, sino acumulando dólares o en el exterior. Las cifras varían enormemente según se use el balance de pagos (devengado) o el mercado cambiario (caja), mostrando una salida de capitales entre 2008 y 2010 de 16.000 millones de dólares, en el primer caso, y de 49.000 millones, en el segundo.Otro punto que ilustra la naturaleza insostenible del consumismo en curso es la propia inflación. Ya se está llegando a niveles de aumentos de precios que limitarán el consumo por la pérdida de poder adquisitivo de muchos perceptores de ingresos. Se acentúan, asimismo, las distorsiones de precios relativos (tipo de cambio, energía, transportes). Y se están comprometiendo los niveles de vida futuros porque cuanto más se demore en estabilizar, más costoso será en términos de actividad económica, empleos y niveles de pobreza.Una tercera hipoteca que la Argentina ha contraído es la del sistema previsional. Según estimaciones de Idesa, existen hoy 1,33 aportantes por jubilado, principalmente como consecuencia de los casi tres millones de nuevos beneficios otorgados sin aportes previos. Generosidad para unos e injusticia para otros, porque ésta es una de las causas por las que el haber medio provisional es apenas un 40% del salario medio del sector formal y por las que los juicios de los jubilados avanzan a paso tan lento, con burla sistemática de derechos adquiridos. Si no se buscan soluciones de fondo, esta espada de Damocles será cada vez más gravosa. El problema es más agudo porque el gasto público total se acerca al 45% del PBI, un nivel que luce insostenible. Su carga es aun más pesada porque, desde hace tiempo, la provisión de buena parte de los bienes y servicios públicos es muy deficitaria, como puede verse a diario en la inseguridad y en la baja calidad de la educación brindada en muchas escuelas y universidades.Es cierto que tanto la cuestión de la seguridad social como la del gasto encuentran un cierto contrapeso en el bajo nivel de endeudamiento público explícito de la Nación, un 47% del PBI, que cae al 25% si se excluyen deudas dentro del propio sector público. Aunque estos valores son mucho mayores incluyendo los holdouts y las deudas del sistema previsional, debe reconocerse que un gobierno que se tome las cosas en serio tendría aquí una herramienta.En la economía real, y pese a las declamaciones sobre el modelo productivo, la competitividad sistémica de la producción argentina no ha avanzado significativamente en la última década, salvo en la agricultura, la vitivinicultura y algunas empresas manufactureras. El país no está hoy mejor que hace una década para crecer y desarrollarse de manera endógena y sostenida y con mayor independencia de los vientos a favor globales. Se ha desaprovechado así una década excepcional. Las nuevas clases empresarias innovadoras no tienen masa crítica ni mucho menos la oscura y acelerada acumulación de capital de los grupos empresarios amigos del poder. En cuanto a las empresas públicas, aun desde una visión pragmática acerca de quién debe prestar los servicios, resulta claro que el avance estatal de esta década ha reducido la eficiencia y la eficacia en algunas prestaciones (casos de algunos ferrocarriles) y ha fomentado la dilapidación de recursos públicos, como se ve en el déficit creciente de Aerolíneas Argentinas o en casos como los de Atucha II o Cóndor Cliff y Barrancosa, mencionados por los ex secretarios de energía en su último documento.Con la energía hay, por cierto, problemas más hondos, como el hecho de que la demanda aumenta más del 40% y la oferta crece 21%, lo que resulta en un sostenido aumento de las importaciones que nos convertirá en importadores netos en poco tiempo mientras se sigue casi regalando la energía a millones que pueden pagarla. La lista podría ampliarse hasta el cansancio, porque tampoco se está dando educación de calidad a buena parte de nuestros jóvenes ni limitando el desarrollo del poder paralelo del narcotráfico ni manteniendo y ampliando lo necesario la infraestructura de transportes.Pese a ser un año de elecciones presidenciales, estos temas no figuran en la agenda del Gobierno, que, por el contrario, actúa como si no quisiera heredarse a sí mismo presentando todo lo que ocurre como un éxito que no empaña un futuro venturoso. En verdad, se está recayendo en el viejo error argentino de timbear el futuro pensando sólo en el presente. Más aún, ahora se hace aparecer como políticamente incorrecto al aguafiestas que advierte sobre los riesgos, y este clima instalado por el Gobierno contagia a parte de la oposición.Es un grave error, porque para que la Argentina continúe creciendo deberán corregirse las falencias mencionadas. Todavía puede evitarse un final abrupto, aunque este riesgo ha aumentado considerablemente. En todo caso, la triste verdad es que, tal como se está procediendo, lo más probable es que sean una vez más los más pobres de la sociedad los principales pagadores de una fiesta en buena medida ajena.

El autor es economista y sociólogo. Fue ministro de Educación de la Nación

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La presidenta y la fiesta de los bancos. Por Martín Lousteau

Tal como nos tiene acostumbrados, el discurso de Cristina Fernández de Kirchner en el día de ayer fue una gran pieza de oratoria. Personalmente, me resultó inspirador escuchar la enumeración de algunos importantes logros de estos años: un período de crecimiento récord (independientemente de válidas discusiones respecto de sus causas); la renegociación de la deuda y el proceso de "desendeudamiento"; la universalización de los beneficios previsionales (a pesar de sus errores de diseño); la implementación de la Asignación Universal por Hijo, la sanción del casamiento igualitario (más allá de que su enunciación no fue del todo feliz), y la confrontación con ciertas corporaciones que en el pasado han mostrado una clara tendencia a abusar de su posición de poder.

También me sonaron refrescantes algunos toques claramente personales de la presidenta, tal como su postura frente a determinados comportamientos de los sindicatos.Sin embargo, fue llamativa la gran cantidad de cifras económicas utilizadas que resultan engañosas cuando no directamente equivocadas, junto con la acumulación de errores conceptuales en esa materia. Nadie exige que un primer mandatario domine todas las disciplinas relacionadas con el quehacer estatal, pero sí que sus principales asesores impidan que yerros groseros queden registrados en un acto de este calibre.Particularmente frustrante me resultó todo lo atinente a la inflación. Y no se trata solamente -como dijo la oposición- de la falta de mención de un tema que desde hace unos años constituye el principal problema económico de nuestro país, tanto por su impacto cotidiano como por su impacto futuro. En definitiva, eso no hace más que reflejar que el Gobierno no tolera que la cuestión se discuta siquiera internamente y que los actuales funcionarios no se animan ni a levantar la voz al respecto.Lo más grave es que, de guiarnos por la alocución presidencial, el Gobierno no alcanza a comprender las causas y las consecuencias de la dinámica inflacionaria. Sólo así se entiende que se adjudique ciertos méritos o que critique comportamientos ajenos cuando tanto unos como otros son consecuencia de la elevada inflación que padecemos y frente a la cual nada se hace.La mentada recaudación récord es producto del incremento de los precios. La acumulación de reservas es otra cara de la emisión desenfrenada de un Banco Central de la República Argentina (BCRA) que alimenta el proceso inflacionario. El boom de consumo con tarjetas de crédito -que nuestra mandataria llamativamente calificó de popular, cuando el 40% de la población sufre la informalidad laboral y está excluida del sistema financiero- también está disparado por las expectativas de aumento de precios. Y la supuesta tendencia a la "desprimarización" de nuestra economía -algo no verificado en la práctica- irá pronto en sentido inverso producto de una inflación que nos hace perder competitividad mes tras mes.Una crítica similar le cabe a la diatriba presidencial respecto de los bancos. Es cierto que en 2010 éstos obtuvieron ganancias por casi $12.000 millones y que no los han logrado dando más y mejores créditos, extendiendo los plazos o creando nuevos nichos de negocio. De hecho, los han ganando gracias a una política pública que genera inflación.En todo mercado, cuanto mayor es la oferta de determinado bien menor es su precio. Y con el dinero ocurre igual. Por eso cuando el BCRA imprime billetes a un ritmo desenfrenado, baja la tasa de interés que los bancos te pagan para que les confíes tus ahorros: hoy esa cifra es de apenas 4% anual (¡una sexta parte de la tasa de inflación!).El año pasado el BCRA emitió la friolera de $67.000 millones. Sin embargo, también procedió a retirar del mercado $27.000 millones vendiendo Lebac y Nobac que los bancos compran. Esos títulos rindieron 14%, más de tres veces el costo del dinero para los bancos. Esta diferencia sola les permitió embolsar $3000 millonesCon inflación alta escasean los créditos a largo plazo y además la gente prefiere adelantar sus gastos. Así, es natural que el sistema se concentre en prestar para el consumo a través de créditos personales, prendarios y de las tarjetas de crédito. Y como el costo financiero promedio de éstos supera el 40% (es decir diez veces más que lo que les cuesta obtener los depósitos), el nicho resulta sumamente redituable.Finalmente, el Estado se beneficia fiscalmente de la inflación y elige estimular artificialmente el crecimiento. Ambos elementos hacen subir el precio de los títulos públicos, lo cual genera jugosos beneficios a las entidades que los tienen en cartera.Así mientras todas las familias argentinas, en particular aquellas de menores recursos, padecen el aumento cotidiano de los precios, los bancos llenan sus arcas con dinero proveniente del mismo pozo. Otra destacable faceta del progresismo de la inflación que algunos parecen o eligen ignorar. Leer más...