Viven del Estado 11 millones de personas. Por Orlando Ferreres

Durante la gestión que se inició en 2003 las personas que reciben ingresos por vía estatal aumentaron un 28 por ciento. La pregunta que se deriva es cómo se reparte la torta entre los diferentes sectores de la población
Efectivamente, a diciembre de 2008, las personas con ingresos dependientes del Estado Argentino eran 10.888.131, y ese número debe haber aumentado bastante hasta marzo de 2010. A diciembre de 2002, los que vivían del Estado era de 8.534.972, o sea que aumentó en 2.353.159 durante la gestión que se inició en 2003, es decir, aumentó en 28% entre esos años.
Teniendo en cuenta que nuestra población es de 40 millones de personas, significa que hay que mantener casi al 30% de la población (más de 50% si se incluyen las familias de los activos) con impuestos o equivalentes. La población activa que trabaja en el sector privado formal es casi de 6 millones de personas, y otros 5,8 millones trabajan en negro o gris, o sea que cada persona que produce algo en el sector privado, tiene que mantener a una persona del sector público.
Este peso tan insoportable va "doblando el lomo" de los trabajadores del sector privado en la Argentina y también de los empresarios, y finalmente no tiene perspectivas de continuar así durante todo el tiempo, no tiene perspectivas de ser sustentable. Hay que tener en cuenta que el país gozó de condiciones económicas muy favorables desde 2003, que la impulsaron a crecer al 9% anual, o sea, ya no estamos en crisis para justificar estos números.
De todas maneras, mucha gente se preguntará ¿cómo es que mantenemos a tanta gente? ¿Dónde están? ¿No será que estas cifras están infladas? Para no tener esta discusión, veamos por sectores dónde están los que dependen de un ingreso del Estado:
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Tamaño e ineficiencia. Además de que son muchas las personas que hay que mantener en el sector público, también son muy poco eficientes los que trabajan en el sector oficial. Por ejemplo, si bien todos pagamos los maestros con impuestos, después hay que mandar a los chicos a la escuela privada por la gran caída de la calidad de la escuela pública en los últimos 20 o 30 años. También pagamos con impuestos a la policía (incluso en la ciudad, pagamos dos policías públicas superpuestas) para que nos cuide, pero después hay que poner guardias privados en muchos lugares, por la falta de eficiencia en la seguridad, y los robos están en la tapa de todos los diarios. El mercado de la seguridad privada, un negocio que depende de la ineficiencia de la policía pública, factura por año más de 5000 millones de dólares, incluyendo cámaras, personal, equipos. Lo mismo con la salud, que se paga con impuestos pero luego hay que ir a las prepagas privadas en muchos casos, por las largas esperas y baja calidad de la atención en los lugares públicos de salud, que incluso suelen no tener los remedios necesarios.
En cuanto a la parte social, el Seguro de Desempleo y los planes Jefes/Jefas de Hogar, plan Familias y otros, los hemos impulsado y estamos de acuerdo en hacerlos, pero como en los demás países donde se aplicaron estas medidas, con un horizonte temporal, o sea, no pueden ser para toda la vida del beneficiario. De todas maneras, no se piense que este es el problema del Gasto Público, ya que los Planes de Asistencia y Desempleo, todos sumados, llegaron en 2008 a $ 5209 millones, que sólo representaron el 2,5% del total del gasto de las personas que viven del Estado, que para ese año fue de $ 211.400 millones. Si incluimos los gastos en inversión pública, gastos operativos del estado y gastos financieros (intereses solamente), el gasto social no llega al 2% del total del gasto público.
Replanteo. El problema del sector público no es sólo el tamaño que ha adquirido en cosas que se han venido agregando por cada gobierno sin un plan director orgánico, gasto que lo pagamos todos, incluso los pobres, sino también la creciente ineficiencia que incrementa el gasto innecesariamente, por ejemplo, como hemos dicho, al duplicar el gasto en los bienes públicos esenciales, la educación, la seguridad, la salud.
Se requiere un total replanteo primero en cuanto al alcance de lo que es conveniente que haga el Estado. En segundo término, definir en qué nivel debe prestarse el servicio, es decir en la Nación, en la provincia o en el municipio, ya que, por ejemplo, con la transferencia de la educación primaria a las provincias se experimentó un gran fracaso. Además, hay muchas duplicaciones de prestaciones, ya que se dan bastantes casos en los que la Nación, las provincias y los municipios hacen lo mismo, con el correspondiente costo triplicado. Y, en tercer lugar, se debe controlar operativamente los resultados del sector público, estableciendo patrones de eficiencia de lo que se defina que quede en el Estado. No por ser del Estado, va a tener que ser ineficiente el servicio, pero para lograr eficiencia, hay que controlarlo. Hoy no hay control e incluso las normas que hay, no se respetan.
Si sos joven y no sabés por qué ganás tan poco, tenés que ver que el Estado se lleva una gran parte de tus ingresos, directa o indirectamente, para transferirlos a sus gastos, para lo cual te tiene que reducir tu poder de compra, y así otros podrán aprovechar lo que vos producís. No creas que esta pesada carga es por la ayuda social, pues ésta sólo llega al 2% del gasto.

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Economía: lo que no se quiere saber. Por Luis Rappoport

Cerrar los ojos ante el peligro no deja de ser una conducta humana, aunque habitualmente no sea la más saludable. Sin embargo, a menudo, ver lo evidente y negarlo puede ser una conducta comprensible cuando la decisión individual es impotente frente a ese peligro. Repasemos: durante el año 2010 vamos a tener una inflación de entre el 25% y el 30%. En el 2011, el piso inflacionario va a estar en esos mismos niveles. Pasó el verano de fines del 2008 y todo el 2009 en que la recesión puso un límite al desborde previo y los precios "solamente" aumentaron un 14%. No existirán políticas antiinflacionarias porque éstas requerirían una combinación de instrumentos que incluyen políticas fiscales, salariales, monetarias y cambiarias, incompatibles con la actual estructura de poder político.
Aclaremos: la presión salarial sobre el segmento de los trabajadores formales está santificada por la asociación entre el sindicalismo y el poder político. La recuperación de los ingresos fiscales por la mejora del nivel de actividad, empujado por el agro, brinda una oportunidad al gasto que -a falta de instituciones adecuadas para la gestión de la macroeconomía-, ni este, ni ningún gobierno desaprovecharía. En una población que no ahorra en su propia moneda, y en ausencia de políticas fiscales y de ingresos, los instrumentos monetarios son inservibles para controlar la inflación, salvo que se esté dispuesto a contraer la economía y a revaluar el peso en forma drástica. Nuevamente, ni éste, ni ningún gobierno harían semejante cosa. Con lo cual, entre el déficit fiscal y las compras de cambio del Banco Central, el Gobierno va a mantener el crecimiento de los medios de pago según el aumento de los precios. El dólar no va a crecer más allá del 10% anual porque devaluaciones mayores generarían incertidumbres incompatibles con el control político que requiere todo gobierno que se precie. Para decirlo más claro: como no hay pesos, por encima de los necesarios para realizar las transacciones de la economía, el aumento de los precios obliga a la emisión para mantener esas mismas transacciones, pero a precios mayores. Esos pesos faltantes se emitirán a través del déficit fiscal y de las compras de dólares del Banco Central. Esa misma inexistencia de pesos es lo que permitirá al Banco Central evitar desbordes (más allá del que supone estar montado en una inflación superior al 25%). Sin movimientos bruscos de carteras de ahorros es muy sencillo el control cambiario. Y no hay, ni va a haber movimientos bruscos de carteras de ahorros porque nadie, en su sano juicio, ahorra en pesos. El contexto expuesto tiene las siguientes tres consecuencias inevitables. En primer lugar: terminaremos 2011 con un peso más sobrevaluado que en los demonizados tiempos del uno a uno. Esa sobrevaluación va a volver a lesionar al ya zarandeado tejido industrial argentino. El sector agropecuario no va a pasarla mejor, porque los aumentos de precios, restadas las retenciones, no alcanzarán para compensar los aumentos de costos. La sobrevalorización del real no va a ayudar demasiado porque Brasil despliega modernas políticas industriales que buscan compensar dicha sobrevalorización. La Argentina está lejos de esas políticas y no le va a resultar fácil competir. Por otra parte, la tendencia de los mercados internacionales de commodities permitirán financiar un dólar barato, con mucha más eficacia que el endeudamiento de Cavallo. En segundo lugar: las ganancias de empleo, que en el contexto de precios estables permitieron una mejora de las condiciones sociales, se perderán. Hacen falta dos condiciones para la mejora de las condiciones sociales: precios estables y empleo. La primera ya se perdió. La segunda se va a perder en los próximos años por la mencionada pérdida de competitividad cambiaria.En tercer lugar: el gobierno posterior al 2011 se va a encontrar con opciones duras. Cualquiera sea la política que elija, la población va a sufrir. Somos una sociedad que vivió el trauma de la hiperinflación, se vio frente a un segundo trauma de pérdidas de empleo y marginación por un dólar fijo religioso, exagerado e innecesario, pero que sirvió para romper la cultura inflacionaria. Vivimos luego un tercer trauma durante el inevitable quiebre del uno a uno, con una, también inevitable, hiperrecesión. Todo ese sacrificio vivido se habrá perdido hacia el 2011. Y vendrán otros sacrificios cuando el nuevo gobierno deba realizar la imposible tarea de enfrentar -en simultáneo- alta inflación con fuerte retraso cambiario. Leer más...

El uso de las reservas y la vuelta a los mercados. Por Aldo Ferrer

Argentina ha sido protagonista importante en los acontecimientos financieros internacionales de esta primera década del siglo 21. Al principio, declaró la cesación de pagos de su deuda externa soberana, que constituyó el mayor default de la historia mundial. Luego, en 2004, sobre la base de un proceso notable de recuperación, fundado en los recursos propios, formuló una propuesta de canje de la deuda incumplida, iniciativa aceptada por la amplia mayoría de los tenedores de obligaciones de deuda. Poco después, la cancelación de la deuda pendiente con el Fondo Monetario Internacional (FMI) puso fin a sus condicionalidades sobre la política económica argentina.
La recuperación de la soberanía en el ejercicio de la política económica obedece a que, en el transcurso de esta década, las restricciones externa y fiscal, han sido sustituidas por los superávit gemelos, en el balance de pagos y en el presupuesto. A su vez, la restricción institucional también ha sido resuelta como lo demuestra que todos los conflictos ("resolución 125", las reformas de los regímenes previsional y de medios audiovisuales, el uso de las reservas del Banco Central), que involucran a los tres poderes del Estado, se tramitan conforme a las reglas de la Constitución. Base ésta, esencial de la seguridad jurídica y el comportamiento ordenado de la economía.
Otro canje de deuda. En este escenario, apareció la iniciativa del nuevo canje de deuda, promovida por el Poder Ejecutivo con el apoyo de la oposición, expresado en el respaldo mayoritario del Congreso para la suspensión de "ley cerrojo", que prohibía la reapertura del exitoso canje de 2004. No es seguro, sea cual fuere el grado de aceptación de este segundo canje, que se levante la animosidad contra la heterodoxia argentina y, efectivamente, se reanuden las corrientes de crédito externo a menores y razonables tasas de interés.
Además, el tema realmente pendiente en materia de deuda es con el Club de París y no con los que no aceptaron el canje de 2004 ( holds out ). La prioridad es seguir fortaleciendo lo que permitió salir de la crisis y crecer. Es decir, la movilización de los recursos propios.
El ahorro interno. Recordemos que el ahorro argentino alcanza a casi el 30 por ciento del producto interno bruto (PIB) -equivalente a más de 100 mil millones de dólares-, que la economía viene operando con sustantivos superávit en la balanza comercial (más de 15 mil millones de dólares estimado para este año) y en cuenta corriente equivalente al tres por ciento del PIB. La fortaleza actual de la economía permitió que, desde fines del 2007 hasta mediados del año pasado, salieran capitales propios por 40 mil millones de dólares (equivalentes al 20 por ciento del ahorro nacional), sin que colapsara.
La prioridad, por lo tanto, es retener y reciclar el ahorro interno en el proceso productivo, convenciéndonos de que el lugar más rentable y seguro para invertir nuestro ahorro es la Argentina. Después, todo lo demás, incluso "la vuelta a los mercados" internacionales, viene por añadidura.
¿Qué hacer ahora con el canje y el uso de las reservas? Respecto de lo primero, visto lo avanzado de la propuesta, lo mejor parece ser seguir adelante sin urgencia, porque nada fundamental depende del canje. Conviene no hacerse ilusiones y suponer que esta "vuelta a los mercados" es la solución de los problemas del financiamiento del desarrollo. Respecto de las reservas del Banco Central para cancelar deuda, es uno de los usos posibles. La iniciativa es tramitada en el marco de las reglas de la Constitución y la intervención de los tres poderes. Sería importante que el debate sea el espacio para un tratamiento amplio y profundo de los problemas del financiamiento del desarrollo y del presupuesto, no una mera confrontación de mayorías relativas en las cámaras del Congreso.
De todos modos, con o sin uso de reservas, con o sin canje, el país está en condiciones de cumplir sus compromisos externos y crecer. Los pagos de este año con reservas u otros recursos, tienen una diferencia de tasa de interés, dato importante, pero que no involucra la capacidad de pago. El pago con reservas es un recurso de una vez. En el mediano y largo plazo, son los recursos genuinos de la actividad corriente los que proporcionan los medios de pago.
Es necesario que el debate actual no impida resolver los problemas fundamentales. Uno, es afianzar la competitividad de la economía para consolidar la fortaleza actual de sus pagos internacionales. Otro, apuntalar la solvencia fiscal. No es preciso ajustar, es decir, bajar el gasto real indispensable para la oferta de bienes públicos. Si es preciso acomodar el crecimiento del gasto público al de la recaudación, lo cual permitiría recuperar, a breve plazo, el superávit primario. De otro modo, un crecimiento persistente del gasto por encima de los recursos públicos, lleva al endeudamiento, a la apreciación del tipo de cambio, a restablecer las restricciones externa y fiscal y, en consecuencia, a la pérdida de soberanía.
Argentina ha logrado remover las tres restricciones -externa, fiscal e institucional- que, en el pasado, frenaron su desarrollo. Subsiste una cuarta, resultado de las tres primeras: la restricción social resultante de la desigualdad en la distribución de la riqueza y de las oportunidades. Para que sea posible el encomiable objetivo, destacado por la Presidenta en su mensaje al Congreso, de alcanzar en el más breve plazo posible pobreza cero, es indispensable consolidar definitivamente el ejercicio soberano de la política económica de un país integrado al mundo en el comando de su propio destino. Este ha sido el gran logro de esta década que, para consolidarse, requiere que no se repitan las políticas del pasado.

*Economista, profesor emérito de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA)

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Usar las reservas o ir al default es un falso dilema. Por Alfonso Prat Gay

Para justificar su asalto al Banco Central, los Kirchner intentan convencer a la opinión pública de que Argentina enfrenta un dilema de hierro: "o pagamos con reservas o vamos al default". Según esta lógica, quien se opone al uso de las reservas (los jueces, la oposición) es un "defaulteador", un enemigo de la patria. Pero, ¿cómo es posible que Argentina, "uno de los países menos endeudados del mundo", el "único país del mundo con superávit fiscal en 2009 y en cada año desde 2003" y aquel que "salió del default en 2005 con la quita de deuda más grande de la historia" esté ahora a las puertas de un nuevo default?
Ni lo uno, ni lo otro. "Nos cobran tasas usureras por el default del 2001", dijo la Presidenta en su discurso ante la Asamblea Legislativa. Sin embargo, a mediados de 2007, el mundo ya se había olvidado del colapso del 2001 y los bonos argentinos rendían lo mismo que los bonos brasileros. Si hoy el mercado le pide a Argentina una tasa de interés que más que duplica la de Brasil es por el default de las instituciones que ha ejecutado minuciosamente el kirchnerismo durante los últimos cinco años. A saber: la destrucción del INDEC, la persistente erosión inflacionaria de nuestros salarios, las candidaturas testimoniales, la violación del federalismo fiscal, la presión sobre los jueces, el deterioro de la infraestructura de servicios públicos y recursos naturales, los ataques a la prensa y la manipulación de la publicidad oficial, la represión de nuestras exportaciones y el desmantelamiento de los órganos de auditoría y control. Las "tasas usureras" no son el resultado entonces de un complot internacional contra Argentina sino el reflejo de la profunda desconfianza interna y externa que provoca un gobierno que miente hasta con las estadísticas oficiales. "Prefiero ignorar un fallo judicial que cometer el delito de malversación de fondos endeudando a Argentina a estas tasas", dijo Cristina Kirchner en cadena nacional. Pues bien, el "delito" de colocar deuda al 13% (la tasa actual) o más ya ha sido cometido once veces por Cristina desde que llegó a la Casa Rosada. En esas once emisiones colocó más deuda que la que busca ahora cancelar con el Fondo del Desendeudamiento y ¡en más de una de ellas pagó tasas incluso superiores a las que aceptó Cavallo en el megacanje de 2001! "Las reservas (del Banco Central) rinden 0.5% y a nosotros (el Gobierno) nos cobran 13%", repiten como expertos en finanzas todos los funcionarios del kirchnerismo. Confunden rendimiento con costo y suponen que al Banco Central las reservas le llueven como maná. Pues bien, resulta que para acumular reservas, el Banco Central emite pesos o letras. Cuando emite letras, "alquila" las reservas a un costo también del 13% anual, con lo que no hay ahorro. Cuando emite pesos en medio de un proceso de inflación, convalida ese proceso, deteriorando el poder adquisitivo de los pesos ya emitidos. Este costo no lo paga ni el Gobierno ni el Banco Central, claro, sino todos los argentinos, especialmente los más pobres. A los niveles actuales, este impuesto inflacionario representa $24.000 millones de pesos al año, mucho más que el supuesto "ahorro" de US$ 1.000 millones. Lo que el Gobierno deja de pagar en intereses, se lo cobra al pueblo con inflación. "Estos pagos son tan urgentes que no podemos esperar a una ley" dicen los Kirchner. Pues bien, de los u$s 4.300 millones contemplados en el DNU 298 sólo el 10% vence en este primer trimestre y el 70% vence en los últimos cinco meses del año."Que no le mientan al pueblo y le digan cuál es su alternativa para pagar la deuda: el ajuste" azuza el oficialismo a la oposición. La realidad es que desendeudarse es ajustar. Pagar vencimientos de deuda con mayores impuestos es ajustar. Pagar deuda con el superávit de la ANSeS es ajustar las jubilaciones. Pagar deuda con impuesto inflacionario es achicar los planes sociales, que no se actualizan con la inflación. Lo virtuoso es refinanciar la deuda a medida que vence, y no como hace este gobierno, pagar esos vencimientos con más ingresos corrientes o menos gasto.Argentina no enfrenta el falso dilema de reservas o default, afortunadamente. Pero el kirchnerismo sí enfrenta el dilema real de hacer las cosas bien para refinanciar los vencimientos de deuda a tasas razonables, o ajustar. La apropiación de cajas extraordinarias (AFJPs, PAMI, ANSeS, aumento de capital del FMI) les permitió a los Kirchner postergar este duro compromiso hasta hoy. Para no reconocer su incapacidad, los Kirchner hacen lo que hicieron las dictaduras y los gobiernos democráticos de los '70 y '80: "ajustemos con inflación, que no se nota". Hay una alternativa a la salida inflacionaria y regresiva que propone Kirchner. En vez de repetir la historia eligiendo el camino fácil del impuesto inflacionario -moralmente inaceptable en un país en el que la pobreza roza el 30%- hay que respetar el libre juego de las instituciones. Que el Banco Central sea independiente del Ejecutivo y dé cuentas al Congreso si no cumple con su mandato de defender la estabilidad de nuestra moneda. Que el presupuesto que se discuta en el Congreso sea realista y debatido para evitar sorpresas a través de un DNU sólo días después. Que el INDEC mida bien lo que tiene que medir, en vez de estar vulgarmente intervenido. Sólo así el país podrá ir reduciendo las tasas de interés para refinanciar la deuda. Si lo logramos, seremos más creíbles y pagaremos tasas brasileras en vez de venezolanas, evitando de ese modo tanto el ajuste que oculta Cristina como el default que agita como amenaza.

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Acumulación de reservas: un fracaso presentado como éxito. Por Roberto Cachanosky

Cuando el Gobierno elogia el aumento de las reservas que se produjo durante su gestión se olvida de mencionar dos detalles claves que sirven de contrapeso: el incremento del endeudamiento y la fuga de capitales.
Claramente estamos volviendo a un Banco Central (BCRA) similar al que tuvimos en los 80, cuando esa institución era un apéndice del tesoro y se dedicaba a financiarlo emitiendo billetes en cantidades industriales. La nueva moda de decir que el Central no puede ser autista del resto de la política monetaria indica, más que una filosofía política, una clara intención de recurrir al impuesto inflacionario ante el desborde fiscal producto del gasto público récord.
que esa institución se había convertido en un altar sagrado durante los 90 implica desconocer que luego de haber destruido cuatro signos monetarios entre 1935 y 1991 y de haber generado inflación, inflaciones de tres dígitos anuales e hiperinflación, era inevitable que el BCRA terminara en una especie de caja de conversión. ¿Por qué? Porque la gente no confiaba en los billetes que emitía dicha institución. Es más, conservo en mi poder (tal vez algún lector también) los billetes de 1.000.000 de australes que servían para comprar un chupetín. De manera que no fue el gobierno de Menem el que decidió transformar el Central en una especie de Caja de Conversión sino que fue la gente la que dijo que los papeles impresos por esa institución no le merecían la más mínima confianza. Teniendo en cuenta nuestra historia inflacionaria, y avisados por el gobierno que el BCRA tiene que transformarse en un instrumento de desarrollo económico, (una especie de BANADE bis con todas las estafas que esa institución produjo en sus años de “gloria”) lo único que podemos esperar es que el rumbo inflacionario se afiance en los próximos meses. Esa es la filosofía del gobierno y, por sobre todas las cosas, su fuente de financiamiento. Tanto Cristina Fernández como la nueva presidente del BCRA se ufanan de las reservas que se acumularon bajo el kirchnerismo. Es más, lo dicen de tal manera que pareciera ser que las reservas fueran de los Kirchner. Pero dejando de lado la ironía, en varias oportunidades han sostenido que gracias a los Kirchner se acumularon reservas como nunca antes se habían acumulado. Formular esta afirmación sin hablar del pasivo del Banco Central es como comprar un castillo con un gigantesco crédito hipotecario y decir que uno tiene un castillo sin mencionar que también tiene una deuda. Antes de explicar este punto, es necesario hacer una observación para mostrar las contradicciones del discurso oficial para usar las reservas. Marcó del Pont dice que mostrar alguna relación entre la base monetaria y las reservas implica seguir razonando como cuando estaba la convertibilidad, y luego agrega que la convertibilidad ya no existe más y que no es correcto pensar en esos términos. Pero, al mismo tiempo, el gobierno dice que va a usar las reservas excedentes. Si hay reservas excedentes es porque las relacionan con algo. ¿Qué es ese algo? La base monetaria. Finalmente la cuenta de las reservas excedentes surge de hacer una trampa contable al relacionar base monetaria con reservas y tipo de cambio de valuación de las reservas. En otras palabras, para argumentar que el BCRA tiene reservas excedentes recurren a pensar en términos de la convertibilidad. La contradicción en el discurso para apropiarse de las reservas del BCRA están evidente que deja en claro la desesperación por hacer caja de cualquier manera. Ahora bien, volviendo al tema de la acumulación de reservas durante el kirchnerismo y de la forma en que se ufanan, voy a dar los siguientes datos. Al 31 de mayo del 2003, cuando asumió Néstor Kirchner, las reservas del BCRA eran de U$S 11.087 millones. Al 31 de diciembre de 2009 llegaban a U$S 47.967. Las reservas aumentaron en U$S 36.880 millones. Con estos datos dice Cristina Fernández: ¡vean lo que hemos logrado con nuestro modelo de inclusión social y desarrollo productivo! ¡Hemos multiplicado por 4,3 el monto de las reservas! Y Marcó del Pont le agrega el argumento mercantilista diciendo que esas reservas no surgieron del endeudamiento sino que son genuinas porque son el fruto del comercio exterior. Más exportaciones que importaciones. Hasta aquí el envoltorio con que presentan solo una parte de la historia para venderla como la octava maravilla del mundo. Pero busquemos más datos. ¿Cuál fue el saldo de balance comercial acumulado entre 2003 y 2009? El acumulado fue de U$S 93.131 millones versus un aumento de reservas de U$S 36.880 millones. Si el gobierno hubiese generado confianza, hoy las reservas tendrían que estar por arriba de los U$S 100.000 millones. Los U$S 10.000 de reservas que recibió Néstor Kirchner cuando asumió más el saldo de balance comercial (exportaciones menos importaciones). Puesto de otra manera, si el saldo de balance comercial acumulado entre 2003 y 2009 fue de U$S 93.131 millones y las reservas se incrementaron en U$S 36.880 millones, faltan U$S 56.251 millones. ¿Dónde estarán? Frente a este argumento el gobierno dirá: es verdad, pero tuvimos una crisis internacional que nos complicó. La culpa fue del mundo. La crisis comenzó entrado el 2008, de todas maneras, siendo benévolo, consideremos la fuga de capitales del 2008 y del 2009. En esos dos años se fugaron capitales por U$S 37.217 millones, cifra inferior a los U$S 56.251 millones que faltan. Hay que explicar dónde se fueron los U$S 19.034 millones que faltan. En el 2007 se fugaron U$S 8.880 millones, mucho antes de la crisis. Esto quiere decir que el resto, otros casi U$S 8.000 millones se fugaron antes del 2007. En definitiva, si el aumento de las reservas durante el kirchnerismo fue de U$S 36.880 millones y el saldo de balance comercial acumulado fue de U$S 93.131 millones, siempre generaron desconfianza. El resultado es muy pobre. Tuvieron más fuga de capitales que acumulación de reservas por el saldo positivo de balance comercial del que tanto hacen gala. Vamos ahora a otro punto fundamental. Ellos dicen que acumularon U$S 36.880 millones. ¡Todo un logro! Lo que no dicen es que los pesos en circulación (pasivo del BCRA) pasaron de $ 20.757 millones en mayo del 2003 a $ 98.065 millones en diciembre del 2009. O sea, mientras se ufanan de haber multiplicado las reservas (el activo) por 4,3 veces, el pasivo les creció 4,7 veces. Pero, error de Cachanosky, porque el pasivo aumentó más. En efecto, al 31 de mayo de 2003 el stock de deuda de corto plazo del Central (LEBACs, NOBACs y pases) era de $ 4.982 millones y al 31 de diciembre pasado era de $ 51.832 millones (al momento de redactar esta nota ya llegan a los $ 62.800 millones). Lo que hicieron fue emitir para comprar esos famosos dólares genuinos comerciales y quitar parte de esa emisión con deuda remunerada. Y esa deuda remunerada se multiplicó por 10. Aumentó 10 veces o, si se prefiere, se incrementó en $ 46.850 millones. De manera que los pesos en circulación y el endeudamiento de corto plazo del central (dejo de lado los encajes que también son parte del pasivo del BCRA) pasaron de $ 25.731 millones cuando asumió Néstor Kirchner a $ 149.897 millones al 31 de diciembre pasado. Mientras gritan a los cuatro vientos que las reservas se multiplicaron por 4,3 veces, el pasivo les aumentó 5,8 veces y, encima, se les fugaron U$S 56.251 millones que es el equivalente al 60% del saldo positivo del balance comercial. Si a aumentar el activo en 4,3 veces contra un incremento del pasivo en 5,8 veces y, además, tener una fuga de capitales de U$S 56.251 millones (equivalente al 60% del saldo comercial del período) lo consideran una política exitosa, ¡¿cómo serán los números de un fracaso para los Kirchner?! Mejor no imaginarlo. PD: Alguno podrá argumentar que se usaron U$S 9.000 millones para pagarle al FMI, sin embargo en los datos de reservas dejé los U$S 7.700 millones en encajes en dólares que tienen los bancos en el BCRA y no consideré la deuda con el BIS para no complicar más la cosa. Si incluyera ambos datos, los números darían peor.

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El supuesto “desendeudamiento” también es una mentira. Por Domingo Cavallo

Mientras el Gobierno de los Kirchner habla de “desendeudamiento” el Estado se está endeudando de la peor forma posible.
Todos los meses la deuda con los jubilados aumenta por incumplimiento de las leyes jubilatorias en vigencia y por multiplicación de reclamos judiciales. El origen de esta deuda es la falta de movilidad de las jubilaciones superiores a la mínima entre enero de 2002 y diciembre de 2006. La deuda por el capital adeudado más los intereses hasta el momento del pago y las costas judiciales se hacen exigibles una vez que salen las sentencias judiciales y quedan firmes. Ese proceso, que comenzó lentamente en 2003, se va acelerando cada vez más y muy pronto adquirirá la misma magnitud que tenía al final del Gobierno del Dr. Alfonsín en 1989. En aquella época ascendía a 18 mil millones de dólares que debieron ser consolidados en 1991 y dieron lugar a la emisión de los denominados “bocones previsionales” por ese mismo monto.
Cuando se habla del aumento del endeudamiento de la década del 90 se computan a estos 18 mil millones de dólares como si hubieran sido fruto de déficit fiscal durante los años de Menem, pero en realidad, se trató de un simple reconocimiento de una deuda que se fue acumulando a lo largo de los años durante el gobierno anterior. Ahora está ocurriendo lo mismo que en la década de los 80 y por la misma causa: no se reconoce a los jubilados el derecho a la movilidad que se torna muy relevante cuando hay inflación. Pero la Justicia finalmente hace lugar a los reclamos y la deuda acumulada debe pagarse. Es muy probable que el próximo Gobierno tenga que iniciar su gestión con un esquema de consolidación de pasivos semejante al de 1991. Y los montos involucrados serán aún mayores que los de aquella época.
Pagar los vencimientos de capital de la deuda en dólares que vence a lo largo de 2010 y 2011 con reservas del Banco Central no significa que el Estado Argentino se desendeude, a menos que las reservas para esos pagos sean adquiridas por el Gobierno con superávit fiscal. El Gobierno, a través del mal denominado “Fondo de Desendeudamiento”, compra esas reservas con un bono en dólares que coloca compulsivamente en el Banco Central. La emisión de ese bono es la prueba más clara de que no hay “desendeudamiento” y si la operación se hiciera con todas las de la ley, es decir haciéndose cargo el Tesoro del pasivo que el Banco Central adquirió para financiar esas reservas, tendría que emitir letras del tesoro para reemplazar a las lebacs, pagando tasas de interés seguramente más altas que las que actualmente paga el Banco Central. Ello pondría de manifiesto, de manera más clara aún, que no se trata de “desendeudamiento” sino de un cambio de fuente de financiamiento, pasando a una fuente más onerosa que la anterior.
Es bien conocido que desde el año 2008 han venido acumulándose atrasos en los pagos a proveedores y contratistas de obras públicas, a los beneficiarios de subsidios y a los exportadores que tienen derecho a la devolución del IVA. Todo eso significa un aumento de la deuda flotante, que si bien no aparece en las estadísticas, es una deuda más exigible y más acuciante que la que está documentada en bonos del tesoro. Además, tiene el inconveniente que entorpece el funcionamiento de las empresas que en la medida en que sufren esos atrasos en sus cobranzas, se quedan sin capital de trabajo.
Cuando un Gobierno incurre en déficit fiscal lejos de desendeudarse está necesariamente aumentando su deuda. Claro que para disimularlo puede “defaultearla” en forma implícita, a través de la inflación, o simplemente esconderla para que la gente no lo advierta. Desde 2002 en adelante se están utilizando estos dos procedimientos en proporciones cambiantes. A medida que la gente no se deja engañar, la única vía que le queda al Gobierno para “desendeudarse” es licuando su deuda a través de la inflación.
Por eso, el “desendeudamiento” es otra mentira tan infame como aquella a la que nos tiene acostumbrado el INDEC cuando publica sus índices de precios.

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El problema no son las reservas, es el gasto. Por Andrea y Miguel Angel Broda

(Publicado en el Suplemento Económico de La Nación - Domingo 14/03/2010)

La característica saliente en toda la era K ha sido el permanente crecimiento del gasto público y el grosero incumplimiento, año tras año, de los presupuestos que aprobó el Congreso. En efecto, el gasto consolidado (Nación más provincias más municipios) pasó de 27,6% del PBI en 2003 a 41,3% en 2009 y camina para más de 42% en 2010.
Estas cifras impactan si tenemos en cuenta que el promedio del gasto entre 1980 y 2002 fue de 29,2% del PBI y más aún si consideramos que tan sólo en los tres últimos años el gasto aumentó ¡más de diez puntos del producto!, el doble que en Grecia.

Además, el kirchnerismo gastó siempre muy por encima de lo presupuestado: gastó $ 10.767 millones más en 2005; 14.041 millones en 2006; 31.012 millones en 2007 y 34.000 millones en 2008. En esos años, ese mayor gasto se financió con mayores recursos (el Gobierno subestimaba los ingresos del presupuesto para luego gastar discrecionalmente los excedentes).
Y en 2009, pese a que sus ingresos resultaron muy inferiores a los esperados, el Gobierno siguió gastando por encima de lo presupuestado, generando déficit fiscal (bien medido, el déficit financiero -caja- de la Nación fue de $ 21.114 millones el año pasado).
El deterioro fiscal, la inseguridad jurídica y la mala política económica K hicieron que hoy tengamos cerrado el acceso a los mercados de deuda a tasas inferiores al 15% anual, mientras que Grecia, casi quebrada, acaba de colocar 5.000 millones de euros a diez años a una tasa de 6,39 por ciento.
Con este aumento del gasto alocado e insostenible, que llevó a un fuerte incremento de las necesidades de financiamiento, y sin acceso a los mercados, hoy el problema de fondo es de dónde obtener las fuentes de fondeo para cubrir necesidades financieras en ascenso. O sea, el conflicto actual es por las fuentes de financiamiento de un importante agujero fiscal.
Para darse una idea, en 2008 había que atender necesidades de financiamiento (netas de pagos intrasector público) por $ 42.450 millones, en 2009 éstas ascendieron a 51.250 millones y en 2010 treparían significativamente a un rango de entre 70.000 millones y 84.000 millones (si el gasto primario del sector público nacional -SPN- crece entre 28% y 34% interanual). Siempre usaron reservas
El problema central no son las reservas. De hecho, siempre se utilizaron reservas para atender pagos de deuda en moneda extranjera.
En 2009 se usaron US$ 6353 millones, que el Tesoro le compró al Central vendiéndole los derechos especiales de giro (DEG, por $ 9583 millones) y usando los pesos que el propio BCRA le prestó (adelantos transitorios). En 2010, si el Tesoro tuviera que comprarle al Central las reservas que necesita para pagar deuda en moneda extranjera (US$ 6569 millones o $ 26.900 millones), tendría que destinar los adelantos (por un máximo permitido de $ 12.600 millones) y una parte de las utilidades que el BCRA le gira al fisco ($ 7500 millones de un total de 20/24.000 millones) a tal fin.
Y, además, tendría que utilizar los desembolsos de organismos ($ 6800 millones) para cubrir el resto de los pagos en dólares. Así, no le quedarían al kirchnerismo recursos suficientes para financiar subsidios, aviones, propaganda oficial, "fútbol para todos", etcétera.
En cambio, si el Gobierno logra (vía DNU/proyecto Verna) llevarse las reservas sin tener que comprárselas con pesos al Central y sin usar desembolsos, liberaría $ 26.900 millones para financiar la "fiesta del gasto". Moraleja: el conflicto actual no es por las reservas, sino por la necesidad de financiar un preocupante comportamiento gastomaníaco del oficialismo (que la mayor parte de la oposición parece también avalar).
Nótese que si el Gobierno cumpliera con el austero presupuesto 2010, no faltaría plata. Sólo falta plata si, como viene sucediendo, el kirchnerismo vuelve a gastar mucho más de lo aprobado en el Congreso (el propio Gobierno ya está trabajando internamente con un gasto para este año $ 55.000 millones mayor al del presupuesto). Los verdaderos retos
O sea, el problema hoy no es que hayan aumentado las amortizaciones de deuda o que se paguen las obligaciones en moneda extrajera con reservas (de hecho, en la última semana, el Tesoro le compró al BCRA US$ 365 millones de reservas con pesos de un anticipo de utilidades). El problema hoy pasa por cuán abultadas terminen siendo las necesidades de financiamiento de 2010 (que a su vez dependen de la suba del gasto), por cuánto emita el BKRA para financiar al fisco (o sea, si trabaja "turno simple o doble") y por cuánto quede para 2011 de las "erosionadas latas" que se han venido utilizando.
Los autores son economistas




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Intereses detrás del ataque a la ciencia climática. Por Jeffrey D. Sach

(Publicado en el Suplemento Económico de La Nación. Domingo 28/02/2010)

En las semanas previas y posteriores a la conferencia sobre cambio climático en Copenhague en diciembre, la ciencia del cambio climático sufrió ataques por parte de críticos que sostienen que los científicos han ocultado evidencias y que la ciencia tiene graves fallas. El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC, según sus siglas en inglés) ha sido acusado de parcialidad.
El público se siente desconcertado. Si los expertos no pueden ponerse de acuerdo respecto de la existencia de una crisis climática, ¿por qué debieran los gobiernos gastar miles de millones de dólares para enfrentarla?

Los críticos -que son pocos, pero agresivos- están utilizando tácticas que perfeccionaron más de 25 años. Han exagerado los desacuerdos científicos para detener las acciones dirigidas a controlar el cambio climático, y sectores con intereses como Exxon Mobil los financian.
Merchants of D oubt (Mercaderes de la duda), un nuevo libro de Naomi Oreskes y Erik Conway, que aparecerá a mediados de 2010, dará una versión autorizada de sus conductas tramposas. Los autores muestran que el grupo de malintencionados, que cuentan con una plataforma gracias a los ideólogos del libre mercado de The Wall Street Journal , ha tratado de confundir al público y desacreditar a los científicos cuya visión está ayudando a salvar al mundo del daño no intencional al medio ambiente.
Quienes llevan adelante la campaña contra las acciones para controlar el cambio climático tienen el apoyo de los mismos lobbies que tomaron partido por la industria del tabaco para desacreditar la ciencia que vinculó el hábito de fumar con el cáncer de pulmón. Más tarde combatieron las evidencias científicas de que el óxido de sulfuro de las usinas a carbón causaba la lluvia ácida. Luego, cuando se descubrió que ciertos productos químicos llamados CFC estaban causando la reducción de la capa de ozono en la atmósfera, los mismos grupos lanzaron campañas malévolas para desacreditar también esa ciencia.
El mismo grupo defendió más tarde a los gigantes del tabaco contra las acusaciones de que el humo de segunda mano causa cáncer y otras enfermedades. Y luego, a partir de la década de 1980, este mismo grupo se enfrentó a quienes batallan contra el cambio climático.
Aunque estos ataques contra la ciencia han estado equivocados por más de 30 años, siguen sembrando dudas sobre hechos reconocidos. Hay mucho dinero respaldando a los negadores del cambio climático, se trate de compañías que no quieren pagar el costo extra de aplicar nuevas normativas, o ideólogos del libre mercado opuestos a cualquier tipo de control estatal.
La última ronda de ataque incluye dos episodios. El primero fue el hackeo de un centro de investigaciones sobre el cambio climático en Inglaterra. Los correos electrónicos robados sugerían la falta de claridad en la presentación de algunos datos del clima. Cualesquiera que sean los detalles de este caso específico, los estudios en cuestión representan una fracción diminuta de las pruebas científicas abrumadoras que demuestran la realidad del cambio climático provocado por el hombre y la urgente necesidad de una respuesta.
El segundo asunto fue un error notorio respecto de los glaciares que apareció en un informe del IPCC. El IPCC edita miles de páginas de texto. Los errores muestran la inevitabilidad de las debilidades humanas y no fallas en la ciencia del clima.
Cuando salieron a la luz los correos electrónicos y el error del IPCC, editorialistas de The Wall Street Journal lanzaron una campaña que describía la ciencia del clima como un embuste. Sostuvieron que los científicos estaban fabricando evidencias para obtener subsidios para investigación, una acusación absurda. Pero entonces recordé que esta línea de ataque -acusar a los científicos de conspiración para llamar a los empresarios a rechazar la ciencia- fue casi idéntica a la utilizada por The Wall Street Journal y otros en el pasado cuando lucharon contra los controles sobre el tabaco, la lluvia ácida, la destrucción de la capa de ozono, el humo de segunda mano y otros contaminantes peligrosos.
La ciencia del cambio climático es una actividad intelectual maravillosa. Grandes mentes científicas a lo largo de muchas décadas aprendieron a "descifrar" la historia de la Tierra, para comprender cómo funciona el sistema del clima. Y el mensaje es claro: el uso a gran escala de petróleo, carbón y gas amenaza la biología y la química del planeta. Estamos alimentando cambios peligrosos en la química del clima y los océanos, provocando tormentas, sequías y otros eventos extremos que afectan la producción de alimentos y la calidad de vida en el planeta.
Necesitamos transformar urgentemente nuestros sistemas de energía, transporte, alimenticio, industrial y de construcción, para reducir el peligroso impacto humano sobre el clima. Es nuestra responsabilidad escuchar, entender el mensaje y actuar.

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Las consecuencias de décadas de una política errática de la Argentina. Por Emilia Subiza y Diego Cabot

(Publicado en el suplemento económico de La Nación. Domingo 28 de febrero de 2010)

La política energética que siguió la Argentina en las últimas dos décadas, más específicamente la vinculada con el petróleo, vuelve a ser cuestionada en un escenario donde subyace la posibilidad de que los británicos encuentren petróleo en las aguas cercanas a las islas Malvinas. La actividad exploratoria en la Argentina, sobre todo la offshore, que requiere aún más inversión, quedó relegada mientras que otros países de la región, con Brasil como caso paradigmático, no dejan de anunciar nuevos descubrimientos mar adentro.
¿Qué pasó? ¿Hay petróleo cerca de las costas de la Argentina o es una utopía pensar en yacimientos considerables mar adentro? Esas son algunas de las preguntas que se hacen a diario los petroleros. Y las respuestas aún no son unánimes. Primero, las causas. En voz baja los ejecutivos de las petroleras y a viva voz los consultores, todos coinciden en que la Argentina perdió mucho tiempo cuando el crudo no dejaba de batir récords en su cotización a mediados de la década pasada. Después el precio bajó y la rentabilidad de esos proyectos ya no fue la misma. La otra razón, coinciden, es una falta de política de Estado capaz de mantener los programas que, se sabe, llevan años de maduración.


Eso no es todo. Precios de referencia en el mercado interno que están lejos de los valores internacionales, falta de seguridad jurídica -un bien insustituible en proyectos largos- y también una posición cómoda de las petroleras que miraron para otro lado a la hora de atender la exploración en el mar. La consecuencia fue previsible. Hay pocos relevamientos y datos (exploración sísmica) elaborados con la última tecnología. Un ejecutivo de una petrolera lo ejemplificó de la siguiente manera: "Los grandes proyectos de exploración offshore los hizo la YPF estatal. Entonces se hacía sísmica 2D [bidimensional]. Ahora todo lo nuevo es 3D [tridimensional]. Pero estas exploraciones recién comenzaron. Y la diferencia entre uno y otro es como la que hay entre una radiografía y una tomografía computada".
Así las cosas, el país no ha desarrollado su cuenca marítima. ¿Hay petróleo? Nadie lo sabe a ciencia cierta. Por ahora, hay alguna inquietud, casi un acto reflejo por lo que está sucediendo en el vecindario. Pero certezas, pocas. Habrá que invertir para sacarse las dudas.
"La Argentina tiene muy pocos y muy malos contratos para exploración offshore de petróleo. Se usa la figura del concesionario que en el resto del mundo no se aplica desde los 80 y Enarsa es apenas un socio minoritario", dijo un ex secretario de Energía durante el gobierno de Ricardo Alfonsín, Gustavo Calleja. El especialista señaló que por falta de inversión no se ha descubierto ningún nuevo yacimiento de importancia ni siquiera en tierra, y el último importante fue a manos de la antigua petrolera estatal YPF.
La inversión que demanda un proyecto de exploración de petróleo offshore es mucha y varía de acuerdo con variables como la profundidad del agua y la magnitud del proyecto. Calleja cree que con los valores actuales del crudo (más de US$ 80) pueden ser rentables estos proyectos. Dice, además, que países como Gran Bretaña, Brasil o Chile no tienen en mente la rentabilidad sino que buscan el autoabastecimiento.
El consultor Gerardo Rabinovich contó que para Brasil el piso de precio a partir del cual conviene extraer del mar es de US$ 40 por barril: "Actualmente el margen de rentabilidad es más que interesante". Hay quienes dicen que con un precio menor que los US$ 100 por barril, Petrobras no extraerá crudo.
El ex secretario de Energía Daniel Montamat explicó que el negocio exploratorio se basa en la apropiación de la renta y que en la década del 80 había mejores condiciones de largo plazo, a pesar de que el precio internacional del petróleo era inferior. "Ahora hay un gran precio de referencia internacional, pero acá está acotado por las retenciones. En Brasil, en cambio, las empresas pueden tomar la referencia internacional y hacer proyectos de largo plazo", sostuvo.
La ley 25.943 de creación de Energía Argentina Sociedad Anónima (Enarsa), en noviembre de 2004, otorgó a la empresa estatal la titularidad de los permisos de exploración y concesiones de explotación de todos los bloques ubicados en la plataforma continental argentina que no estuvieran adjudicados a la fecha de su creación. Estos bloques se distribuyen en las cuencas sedimentarias del Salado, del Colorado, de Rawson, península Valdés, San Jorge, San Julián, Malvinas, Austral, Argentina y costa afuera.
Los proyectos exploratorios, si bien se cuentan con los dedos de una mano, se han vuelto a poner en marcha. Enarsa trabaja junto con YPF y ENAP Sipetrol (filial de la estatal chilena ENAP) en la cuenca Austral. Según datos proporcionados por YPF en ese proyecto se habrían perforado tres pozos exploratorios, a una distancia de 35 kilómetros de Santa Cruz, con una inversión de alrededor de US$ 71,5 millones.
Enarsa también está asociada a Repsol YPF, Petrobras y PetroUruguay para explorar frente a las costas de Mar del Plata, pero aún no se perforó el fondo marítimo allí.
Según un informe del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG), en la década del 80 se hicieron 84 pozos de exploración en la Argentina, mientras que en los años 90 este número cayó a 46. Y, entre 2002 y 2009 sólo se hicieron apenas nueve, todos ellos en los últimos años, después de una prolongada sequía en materia exploratoria offshore.
"Se hace muy poca exploración en el mar porque la responsabilidad de convocar a licitaciones y llegar a acuerdos es de Enarsa, que hace una intermediación parasitaria, no pone nada y no cuenta con el know how. Además los precios están topeados", dijo Montamat en relación con las retenciones a la exportación que le ponen un máximo al valor del barril. Para el especialista, los pocos proyectos en aguas nacionales de exploración offshore fueron hechos por Repsol YPF porque está obligada a hacer algo de exploración por imagen y por el programa que se comprometió con el Gobierno. La ley de Enarsa
Según la ley, las compañías asociadas a Enarsa son responsables de aportar los fondos necesarios para financiar las inversiones correspondientes a Enarsa durante la etapa de exploración. Este financiamiento será a fondo perdido si las partes decidieran no solicitar la comercialidad del área, mientras que, de producirse un descubrimiento comercial, la empresa estatal se compromete a reintegrar a los socios del consorcio, durante la etapa de explotación y en función de su porcentaje de participación, los fondos aportados por éstos en la etapa de exploración correspondientes al porcentaje de Enarsa.
El proceso hasta que se obtiene petróleo de una cuenca offshore lleva entre 10 y 12 años entre las etapas de sísmica y de perforación, que es la que ahora iniciarán los británicos. Y opinó que en no más de ocho meses la empresa Desire Petroleum sabrá si hay petróleo y en qué magnitud. Montamat contó que Repsol YPF tenía un presupuesto de US$ 100 millones para un pozo en la cuenca Austral y que éste dio resultados negativos. Sólo como muestra, el mayor descubrimiento de Brasil offshore, en Tupí, costó unos US$ 250 millones.
El académico del Instituto Tecnológico Buenos Aires (ITBA) Juan Rosbaco opinó que la estatal Enarsa no hace demasiado para atraer los capitales privados y además hay otros lugares más convenientes por razones geológicas y también por las regulaciones en el precio que la Argentina. "Algunas pocas compañías actúan, pero pondrían ser más fichas si las condiciones fueran mejores", comentó.
"La Argentina no tiene un programa sistemático de presencia en el mar continental, al contrario de lo que hizo Brasil en el mar y Uruguay en su costa. Todos están ávidos, menos la Argentina", dijo el ex secretario de Energía Alieto Guadagni. Esto se explica, de acuerdo con su visión, por la falta de seguridad jurídica y estabilidad tributaria para la actividad en el país. Guadagni señaló que el Gobierno no tiene para invertir y tampoco da reglas de juego claras para que lo hagan los privados. "Enarsa no tiene una política clara de atracción de capitales de riesgo que se necesitan para estas exploraciones", agregó.
Enarsa se defiende. "Desde su creación Enarsa ha desarrollado una intensa actividad de exploración en la plataforma continental argentina", dijo a La Nacion mediante un comunicado. Sólo el tiempo dirá si es verdad.

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Sálvese quien pueda. Por Carlos Melconián

Dentro de una semana el proyecto para tomar reservas del Banco Central por motivos fiscales cumple dos meses. A hoy, su destino es incierto. Lo mismo vale para el presupuesto público 2010, aprobado antes e incumplible desde el mismo día que se votó.
Respecto de su tratamiento futuro en el Congreso de la Nación, hemos oído o leído durante el fin de semana pasado varias definiciones y hasta propuestas. Entre ellas:
1- Los gobernadores deben acompañar, pero también reclamar los recursos del impuesto al cheque.
2- Debe cambiar la coparticipación del impuesto al cheque y agilizarse el Fondo de ATN.
3- El Fondo no se usará para las provincias, sino será para deuda de la Nación con los acreedores.
4- Para apoyar el Fondo con el voto tendrá que haber recursos para gastos corrientes.

5- Todos estamos de acuerdo con el Fondo, el problema es si es ley o DNU.
6- Debe asegurarse la provisión de recursos frescos a las provincias en forma permanente.
7- No puede haber un cheque en blanco contra promesas vagas.
8- Hay que encontrar una fuente alternativa al uso de reservas.
Las definiciones provienen, según el caso, del Poder Ejecutivo o sus representantes, o de los provinciales o sus representantes. También de lo que se supone que es la oposición. En principio, no opinan la gente común ni probables candidatos a presidente 2011.
No es un tema menor, ya que el camino que seguramente terminará tomando la utilización de recursos del Banco Central va a tener consecuencias macroeconómicas directas de corto plazo (2010) justamente para la gente común y de mediano plazo (2012) para el próximo presidente.
Para entender las consecuencias hay que recordar el origen del problema. Las necesidades de fondos fiscales para 2010 son de $ 40.000 millones (aproximadamente, $ 20.000 millones por lo que sería déficit del Tesoro, $ 7000 millones por déficit de los fiscos provinciales ?más sus vencimientos de deuda menos lo que está acordado refinanciar por la Nación? y $ 13.000 millones por vencimientos de la deuda pública nacional en pesos por capital e intereses netos de lo que se autocobrará el sector público por títulos que tiene tras la toma de las AFJP) y US$ 6500 millones también por vencimientos de deudas del Estado, pero en dólares.
El Fondo del Bicentenario, se supone, calza con este último agujero. Como se ve, aun consiguiendo algún financiamiento externo (cada vez más difícil por cuestiones internas y externas), el tema fiscal no estará resuelto, ni en monto ni en tipo de moneda (faltan pesos más que dólares).
Por lo tanto, más allá de la aprobación del Fondo del Bicentenario, el fisco deberá nutrirse de otros proveedores de financiamiento: el sistema bancario, la Anses y además emisión monetaria lisa y llana, para la que hasta podrían necesitarse ampliaciones adicionales a las actuales vía Carta Orgánica del BCRA, para no salirse de la ley.
Una pesada carga
Aclarado conceptual y numéricamente el tema, vuelvo a los dichos y propuestas del fin de semana.
Medido "almaceneramente", y bajo el concepto de "caja única", el tema no es la redistribución del impuesto al cheque, la automaticidad del envío de fondos o si es DNU o ley.
El problema es que las necesidades de $ 40.000 millones y US$ 6500 millones no cambian. Es cierto que un gobernador o un legislador provincial quiere asegurar lo propio y que el Poder Ejecutivo, con el Fondo del Bicentenario, ha querido asegurar lo suyo, y así sucesivamente. O sea, se trata, hasta ahora, más bien de un sálvese quien pueda. Con excepciones: la gente común y el próximo presidente, que tendrán que cargar con el muerto.
Dado que lo que viene es plata del Central, sí o sí en dólares y en pesos, esta regresión ochentista de emisión más uso de reservas lleva a más inflación monetarista y devaluación para la gente común. ¿Cuánto? Más de lo que el propio "modelo" ya traía inercialmente, y dependiendo de la amortiguación cambiaria o no del real y de la soja. O sea, cuarto año consecutivo a dos dígitos, pero 2010 empezando con dos...
Por otro lado, ¿quiénes tendrán la voz cantante en la mesa de negociación del Congreso para, simultáneamente, llevar al menos al equilibrio operativo a los fiscos nacionales y provinciales a diciembre de 2011? Como se ve en los números proyectados, algo así como $ 30.000 millones ($ 20.000 millones más $ 10.000 millones), que es el monto a que han llegado los déficit operativos de Nación-provincias, de los que alguien se tendrá que hacer cargo a mediano plazo.
Es un mínimo camino de recomposición. No hay que olvidarse de que, hasta hace apenas un año, el ¡superávit! fiscal era uno de los gemelos y ancla del modelo. Aquí sólo se trata del pasaje de una administración a otra por lo menos en equilibrio.
Así, la descapitalización ganadera, energética y primaria ha llegado a las reservas para evitar un default. Pero, aun así, la inflación monetarista y su repercusión en salario, tipo de cambio, rentabilidad, crédito, etc. será inevitable. Por lo tanto, cualquier negociación sensata, además de evitar un default y el sálvese quien pueda, deberá agregar al menos estos temas.

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La salida es el desarrollo. Por Juan J. LLach

La preocupante situación de las finanzas públicas es la clave detrás del DNU del Fondo del Bicentenario, y también de la posterior avasallante remoción del presidente del Banco Central y de los conflictos desatados en su torno. Surge como nota auspiciosa un mayor equilibrio de poderes, con mayor protagonismo del Poder Judicial y del Congreso. La cuestión fiscal puede verse desde dos ángulos. La mirada habitual se dirige hacia el déficit. Después de un récord histórico de seis años, de un superávit del 1,43% del PBI, después del pago de intereses de la deuda, en 2009 la Argentina entró en déficit. Lo propio hicieron casi todos los países desarrollados y muchos países emergentes, por ser ésa una de las principales herramientas de política económica para combatir la peor crisis global en ochenta años.

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Pero hay una gran diferencia, y es que casi todos esos países pueden recurrir al mercado de capitales, interno o externo, para financiarse, mientras que desde hace tres años la Argentina ha hecho todo lo posible para no poder hacerlo. Además, nuestro país no ahorró lo suficiente durante la bonanza de 2003-2008, y por ello tampoco pudo recurrir, como Chile y algunos otros países, a esos recursos.
Otra mirada sobre la cuestión fiscal es la del gasto público consolidado, que incluye todas las erogaciones financiadas con impuestos o contribuciones obligatorias de la Nación, las provincias, los municipios y las obras sociales. Este gasto había llegado ya a un máximo histórico de 37,7% del PBI en 2008. En 2009, el gasto nacional aumentó 30,7%. Dada la escasez de recursos de provincias y municipios, hacemos un supuesto muy conservador de un 23% de aumento del gasto total en 2009, lo que implica un 43% del PBI.
Si se persistiera en seguir gastando como hasta ahora, el gasto público total llegaría en 2010 al 45% del PBI: unos 592.000 millones de pesos, o 144.000 millones de dólares. Este es un nivel sólo superado por una docena de países muy desarrollados. Como dirían los chicos, suena muy loco. Por un lado, la evasión allá es mucho menor que en la Argentina (hay que tener en cuenta que quien paga todos los impuestos aporta aquí la mitad de sus ingresos anuales, y en el caso del agro, aún más). Nuestras tasas impositivas para los cumplidores son las de un país desarrollado.
Además, el jubileo tributario de la moratoria y el blanqueo, que anula todas las sanciones a quien cumpla de aquí en más, ha deteriorado la moral impositiva media, aun en los contribuyentes cumplidores, que era uno de los progresos atesorados por la Argentina en las últimas dos décadas. Por otro lado, por la deficiencia de los servicios públicos, son muchos los que deben pagar por su cuenta la educación, la salud, la seguridad, y a veces hasta la justicia, mediante los arbitrajes. Se trata, en síntesis, de un nivel de gasto muy difícil de financiar normalmente.
A pesar de haber llegado a tales alturas, es clara la intención del Gobierno de seguir gastando tanto como sea posible. Quiérase o no, 2010 también será "un año electoral", y el Gobierno desea perpetuarse, aunque sus probabilidades de lograrlo sean bajísimas. Por ello, también se reducirán al mínimo los ajustes de precios de la energía y los combustibles, que, en parte, serían de estricta justicia y le darían una fuente genuina de financiamiento, al reducir los subsidios. Es probable que éstos sean mantenidos también para la producción de carne (aunque, insólitamente, sólo en feedlots ), con lo que se intenta vanamente retrotraer los fuertes aumentos de precios originados en la política previa de reprimir la producción. En línea, pues, con seguir consumiendo los stocks de petróleo, gas y carne vacuna, a cuenta de los próximos gobiernos y, lo que es mucho peor, de las generaciones futuras, se fueron buscando otros activos para meter mano. Primero fue la expropiación de los fondos acumulados en las cuentas de capitalización de las AFJP, incluso las de quienes habían confiado ingenuamente en el Estado, eligiendo a la administradora del Banco Nación. El año pasado se consumieron también los fondos entregados por el FMI por el aumento de las cuotas de sus miembros.
Ahora se intentará, con el canje de deuda, lograr algún acceso al financiamiento voluntario, que probablemente se consiga en montos limitados. Por eso les llegó el turno a las reservas del Banco Central. En un país con una historia monetaria más normal y acceso al financiamiento voluntario, usar las reservas como recurso de financiamiento complementario pasaría inadvertido, salvo para los especialistas. Pero en la Argentina, un país que ha desfondado repetidamente el BCRA, generando inflaciones desbocadas, y que hoy no tiene acceso al financiamiento, se trata de un recurso peligroso que sería mejor no utilizar. Es probable, sin embargo, que una negociación política permita la aprobación legislativa del Fondo del Bicentenario, al precio de un nuevo aumento del gasto público para aliviar a provincias y municipios que el propio poder central ha ahogado con su centralismo tributario. Por ello harán falta más fuentes de financiamiento, y ellas consistirán en "bicicletear" a contratistas y proveedores, lo que puede aportar mucha caja, y un clásico argentino: el impuesto inflacionario. En este contexto, y más allá de lo que se piense respecto de la autonomía del Banco Central, hubiera sido mucho mejor para generar confianza en el peso y calmar las muy riesgosas expectativas de inflación nombrar una conducción del BCRA con mayor independencia del poder político. Por cierto, las nuevas autoridades tienen abierta la oportunidad de hacerlo.
Ante este cuadro, también la oposición enfrenta un complejo dilema. Dadas sus buenas posibilidades de imponerse en 2011, el camino elegido por el Gobierno, de seguir con una política fiscal muy expansiva, unido a insostenibles niveles de subsidios y a precios relativos distorsionados, les dejará una pesadísima herencia a sus sucesores. Por otro lado, no ayudar al Gobierno a encontrar una salida, o pedir un ajuste fiscal, le podría acarrear costos políticos, aunque muchas veces se subestima a los votantes cuando se piensa que ellos no entenderían un mensaje realista sobre los peligros que se corren. Frente a tan difícil situación, surgen algunas visiones extremas. Hay quienes piensan que un gasto público del 45% del PBI no podrá financiarse y deberá licuarse con devaluación e inflación crecientes. Es decir, un brusco aumento del impuesto inflacionario. Otros creen que es posible hacer un gran ajuste fiscal para reducir el gasto rápidamente en varios puntos del PBI. Alguna moderación del gasto habrá de todos modos, por las buenas o por las malas. Pero existen además, y pueden intentarse, otros caminos. El principal de ellos es apostar por el desarrollo, más allá de la recuperación en curso, y hacerlo por vías genuinas, y entonces sí licuar el gasto, pero por el crecimiento de la economía.
No va en esta dirección el trascendido de que parte de las reservas del BCRA podrían usarse para financiar al sector privado, algo que sólo pueden permitirse países más creíbles y con reservas mucho mayores. De lo que se trata es de alentar la inversión con un programa financiero creíble, diciendo la verdad y desarmando gradualmente la maraña de medidas que desalientan la producción. También aquí la oposición tiene un papel por jugar, desde el Congreso y también anticipando sus propuestas de desarrollo a partir de 2011, porque ello ayudará a recuperar la credibilidad en el país, clave pare crecer y evitar los peores caminos. ©LA NACION
El autor es economista y sociólogo.

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El guardián de las reservas. Por Martín Redrado

Como cualquier funcionario, en un Estado de Derecho el presidente del Banco Central no puede hacer lo que quiere, sino lo que debe, dado que un exhaustivo cuerpo normativo delimita sus facultades y sus deberes.
Además, si bien no es elegido por el voto popular, recibe un mandato de la ciudadanía a través de sus representantes, los miembros del Congreso, al que debe ajustar sus decisiones. En consecuencia, por las atribuciones que le reserva la carta orgánica, no está expuesto al dilema de "obedecer" o "rebelarse" ante instrucciones del Ejecutivo. Simplemente, no las puede recibir.

Uno de los deberes esenciales del Banco Central es proteger las reservas internacionales, que no son un ahorro convencional, sino que sirven como garantía de estabilidad monetaria, cambiaria y financiera. El presidente de la institución debe ser el "guardián de las reservas".
Este mandato cobra importancia crítica en un país con la historia de inestabilidad que caracterizó a la Argentina en los 40 años previos a 2003, donde la sucesión de procesos de inflación y devaluación culminó repetidamente en crisis financieras que atentaron contra el crecimiento y los ahorros de los argentinos.
Así, la política de acumulación y custodia de las reservas que siguió la institución en los últimos años, a pesar de iniciativas políticas que pretendían distraerlas hacia fines de corto plazo, fue lo que permitió absorber los efectos de la mayor crisis internacional de los últimos 80 años y preservar nuestros ahorros y el poder adquisitivo de los salarios, sin abruptos movimientos cambiarios ni el cierre de ningún banco, a diferencia de lo ocurrido en otros países.
Ese mandato no es pétreo: puede ser cambiado si la comunidad, a través de sus legisladores, decidiera asignar las reservas a otros fines -el pago de la deuda pública o el combate de la deuda social-. Por eso, desde el momento en que ingresó en el Banco el decreto sobre el Fondo del Bicentenario, se siguieron los procedimientos vigentes para su tratamiento. En los informes de los cuerpos profesionales de la entidad se señala que la intervención y aval de ese decreto por parte del Congreso es condición insoslayable para su puesta en marcha, posición resaltada por la Justicia en primera y segunda instancia. Valorar la necesidad de intervención del Congreso en el tratamiento del Fondo del Bicentenario no es la desobediencia de un cuerpo de tecnócratas a la autoridad presidencial, sino una muestra de respeto a la división de poderes.
En estos días también hemos destacado que la independencia de criterio del Banco Central respecto del Poder Ejecutivo responde a simples principios básicos de sana administración pública, a saber:
"Control por oposición" del financiamiento del gasto: la emisión de moneda no puede estar en manos de quien ejecuta el gasto (el Ejecutivo), para que nadie caiga en la "ilusión" de pensar que tiene "la máquina de la felicidad" y puede crear riqueza mediante la impresión de dinero.
"Coherencia temporal": como los efectos nocivos de la emisión monetaria "descontrolada" aparecen entre 4 y 8 trimestres más tarde, el gobernante -tal vez, con fines electorales- podría tentarse de aumentar el gasto y financiarlo con emisión en una magnitud superior a la prudencial, legando a su sucesor problemas inflacionarios.
Esto no es confundir autonomía con autismo. Me habrán escuchado hablar sobre la necesidad de la coordinación de la política monetaria, financiera y cambiaria con el resto de los brazos de la política macroeconómica, como condición necesaria para la estabilidad. Pero tampoco debe confundirse coordinación con subordinación. La política fiscal no puede recorrer un sendero autónomo y requerir que el resto de las variables -tipo de cambio o inflación- se adapten pasivamente a las necesidades de financiamiento.
Sería de mi parte una irresponsabilidad aceptar presiones que dejen el camino libre a quienes quieren manejar las reservas de todos los argentinos sin seguir los pasos que marca la ley para la remoción de los directores del BCRA. Sería delegar mis deberes en quienes exhiben una actitud temible, que proponen medidas que podrían dejar al país expuesto ante los "fondos buitre".
Por todo esto, mantengo mi decisión de seguir desempeñando mis deberes de funcionario hasta que el Congreso disponga lo contrario, para ser leal al interés general, a la misión que me impone la ley y a mis convicciones.

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¿No habíamos salido del default? Por Alfonso Prat Gay

Mirando a través de la polvareda que levantó la última crisis institucional provocada por el kirchnerismo, van surgiendo, nítidos, algunos de sus más preocupantes escombros. Hay ahora anarquía en la conducción del Banco Central, la entidad autónoma encargada de velar por la estabilidad de la moneda. Esto ocurre justo en el inicio de un proceso de aceleración inflacionaria que vuelve a poner la inflación cerca del 20%, a pesar de que el crecimiento es aún anémico. Hubo un nuevo embargo, en este caso por más de US$ 3.500 millones en las cortes de Nueva York. Hay un doble conflicto de poderes gatillado por un Poder Ejecutivo que no respeta las decisiones autónomas del Poder Judicial y que simultáneamente pretende apropiarse de facultades exclusivas del Poder Legislativo. Hay, también, una nueva escalada en el peligrosísimo conflicto de poder entre la Presidenta y su Vicepresidente
Es cierto que nuestros males empalidecen frente a la tragedia que sufren hoy los habitantes de Haití. Pero la contemporaneidad de ambos terremotos no nos permite esquivar aquél adagio popular según el cual nuestra bendita tierra está, en general, exenta de los frecuentes desastres naturales de otros pagos porque está, en cambio, excesivamente expuesta a los desastres provocados por el hombre –especialmente nuestros dirigentes–.
Como en todo terremoto, en medio del desastre que se manifiesta en la corteza terrestre (el epicentro) poco importa detenerse en los desplazamientos tectónicos que dieron origen a la tragedia. Sabemos bien, sin embargo, que es poco aconsejable ignorar los movimientos del centro porque éstos se pueden repetir. En efecto, identificar los movimientos de las entrañas de la tierra muchas veces permite anticiparse y evitar nuevas tragedias y salvar miles de vidas.
Tomemos de la periferia el nuevo embargo del juez Griesa, que dio lugar, primero, a una insólita conferencia de prensa en la que el ministro de Economía lo acusó de formar parte de la conexión internacional de la conspiración en contra del gobierno de los Kirchner; segundo, a un fallido anuncio del secretario de Finanzas acerca de una falsa indulgencia del juez; finalmente, a una exoneración por parte de la Presidenta de la Nación, por considerarlo más probo y más expeditivo que nuestros propios jueces. Que lo anec-dótico no nuble la vista de la sustancia. La analogía del terremoto es por demás pertinente. Fueron muchos los temblores y remezones legales desde la renegociación de la deuda en 2005, todos ellos cabalmente ignorados por las mentes brillantes que idearon el Fondo del Bicentenario para el Desendeudamiento y la Estabilidad. Dos de esos remezones, de hecho, no han sido resueltos aún, a pesar de que el ministro intente negarlo. Hay todavía US$ 200 millones de la ANSES (desde la época de la nacionalización de las AFJPs) y US$ 105 millones del BCRA (desde la época del pago anticipado de la deuda al FMI) congelados en Nueva York a la espera de un fallo definitivo de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos.
Podríamos decir entonces que hoy subsisten tantos embargos como intentos del Poder Ejecutivo por quedarse con cajas ajenas.
Mientras pienso en embargos, nuevos y pasados, y pienso en los cada vez más necesarios (y más generosos) canjes de deuda –para garantizar el éxito del último de ellos, se nos dijo, es que se montaba aquél Fondo de extenso nombre– me pregunto, ¿acaso no habíamos salido del default?
A medida que recorro el trayecto inverso, del epicentro al centro, me topo con el titular de tapa de un diario del 3 de marzo de 2005: “La Argentina salió del default: la aceptación del canje fue de 76,07%”. El subtítulo agrega: “La deuda pública quedó en 125 mil millones de dólares”.
Es comprensible la confusión del ciudadano común. Hoy debemos más, a pesar del fuerte superávit fiscal de los últimos años, no nos prestan, nos embargan y tenemos que esconder nuestros aviones y nuestros ahorros para que las cortes internacionales no los confisquen.
Quizás el origen de lo que ocurre hoy haya que buscarlo en lo que no se hizo y en lo que se ocultó en aquella reestructuración de deuda “tan exitosa” de 2005. No se obtuvo la quita que se anunció en aquél momento. Ni se recuperó el acceso al crédito, que es uno de los principales objetivos de tal negociación ya sea que se trate de un país soberano o de una empresa pequeña o mediana.
En aquella ocasión se recompraron bonos por US$ 78 mil millones a cambio de US$ 38 mil millones en efectivo y nuevos bonos (una quita nominal del 51%). Se les regaló a los acreedores, además, la posibilidad de un ajuste por inflación, cuando se sabía que después de semejante devaluación la inflación inexorablemente le iba a ganar al dólar en los años subsiguientes.
Se les regaló también un premio a los bonistas, asociándolos a la mejora del PBI de argentina que inevitablemente iba a ocurrir cuando volvieran a emplearse al menos una parte de los recursos que quedaron ociosos después de la crisis social y económica más extraordinaria de nuestra historia. Estos dos regalos barrieron con la quita de capital.
Para tapar el fracaso de aquella reestructuración, el Gobierno sucesivamente envió a Moreno a intervenir el INDEC, se apropió de fondos de las provincias, se llevó los ahorros de las AFJPs, usó fondos de la ANSES y ahora intenta llevarse puesta la autonomía del BCRA y sus reservas.
Quizás haya que ir más atrás y detenerse en las raíces del default de 2001 y también en el origen y autenticidad de la deuda pública argentina. Pero no hay dudas de que con una verdaderamente exitosa negociación de la deuda en 2005, ninguno de los injustificables atropellos institucionales más recientes hubiera sido siquiera necesario. Los argentinos pagamos hoy, entre otras cosas, el costo de la mentira, de la mala praxis y de la obsesión por el corto plazo. La mentira, como lo están comprobando Cristina y Néstor Kirchner, Boudou y el propio Redrado, tiene patas cortas.

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BCRA: de lo que no se habla. Por Javier González Fraga

En las últimas semanas se ha hablado y escrito muchísimo sobre el conflicto generado por la creación del Fondo del Bicentenario, posibilitando la utilización de las reservas del Banco Central, mal llamadas excedentes, para el pago de deudas del Tesoro Nacional. Y también ocupó muchísima atención pública la consecuente intención del Gobierno de desplazar por mecanismos no previstos en nuestra Ley, al presidente de la entidad monetaria.

Esta discusión no es poco importante, pero tampoco agota el debate. Efectivamente, se está tratando del cumplimiento de la Ley, lo que es la base principal de la tan mentada “seguridad jurídica”. Resulta difícil de entender que se esté dispuesto a violentar la Ley para intentar lograr una mayor credibilidad internacional, como resultaría del uso de las reservas para pagar deudas. En algún punto del proceso de gestación de esta idea se cometieron gruesos errores jurídicos, y sobre el impacto en la imagen del país de estos atropellos. Sin duda, más grave aún que lo acontecido, es el mecanismo poco profesional e impulsivo por el cual se están tomando las principales decisiones en nuestro país.
Otra cuestión, menos debatida, es la discusión de fondo sobre la conveniencia de la utilización de las reservas del BCRA para cancelar deudas del Tesoro, más allá de las trabas establecidas por los límites y procedimientos fijados por la Carta Orgánica del Banco Central. Esto nos lleva a otro tema muy delicado, como es el sentido y el alcance de la autarquía del Banco Central, tanto en el plano de la Ley, como del sentido común.
Independencia del BCRA. La Carta Orgánica actual contiene demasiados “residuos” de la convertibilidad. Cuando en la década pasada el gobierno decidió abolir la política monetaria y cambiaria, adoptando la convertibilidad del Peso, se decidió conformar un banco central (así, con minúsculas) que fuera una caja de conversión. Esta caja de conversión no necesitaba ni pensar ni opinar sobre ninguna política monetaria, ni cambiaria, y por lo tanto podía afirmarse que “no recibirá instrucciones del Poder Ejecutivo”.
Pero en un contexto de flotación administrada del Peso, con una política monetaria activa, es inevitable que el Banco Central coordine su accionar con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Economía. Y aún mucho más, es importante que bajo la dirección del Presidente de la Nación, y del jefe de Gabinete, funcione un grupo de funcionarios, ocupados de controlar la inflación, que incluya al Banco Central. Esta entidad no solo tendría que asesorar en la materia al resto del Gobierno, sino hacer el seguimiento pormenorizado de las variables monetarias, cambiarias y de precios. Así se hace en casi todos los países que han logrado controlar el flagelo inflacionario. En la Argentina nadie se ocupa de contener la inflación real, sólo interesa disimularla.
Por eso considero que es una tarea pendiente la reformulación de la Carta Orgánica, para que se parezca más a los proyectos elaborados en el año 1990, previos a la convertibilidad. En esos proyectos prevalecía la idea de independencia o autarquía funcional con un solo propósito: limitar el financiamiento inflacionario que el Tesoro, a través del ministro de turno pudiera requerirle al Banco Central. Este es el sentido principal de constituir un Banco Central con cierta independencia: establecer un límite al financiamiento inflacionario.
La definición de un nivel óptimo de reservas está íntimamente ligada al punto anterior, y no puede depender exclusivamente, ni principalmente, de una fría relación entre la base monetaria y las reservas. Obviamente, cualquier comparación entre estas dos magnitudes obliga a definir el tipo de cambio. Pero en un contexto de flotación cambiaria, el tipo de cambio debe estar definido por una serie de condiciones macroeconómicas, internas y externas, y debe ser una variable de ajuste, y nunca una condición establecida por las necesidades fiscales.
Adoptar, como lo hace el pretendido Fondo del Bicentenario, una definición de “reservas excedentes”, en un contexto de creciente déficit fiscal generado por una decisión política de aumentar el gasto público, es un pasaporte a la devaluación y a la inflación. Y esto justamente es lo opuesto al propósito excluyente que tiene el Banco Central.
La inflación es la gran ausente del debate en estos días. Mientras desde el Gobierno se defiende la potestad de la Presidenta de tomar las decisiones, y desde la oposición se defiende, con razón, la vigencia de las leyes y los procedimientos, el país avanza hacia un riesgo inflacionario, y hacia un nuevo “festival de endeudamiento”.
Quienes impulsan el crecimiento del gasto público, sin importar a quién benefician esos recursos, con la falsa ilusión de lograr un crecimiento mayor en 2010, están ignorando todas las lecciones de los años 70 y 80, en los cuales se dispararon la inflación y el endeudamiento. Están olvidando que la inflación puede subir mucho más rápidamente que lo que aumente el déficit fiscal, o la expansión monetaria, porque el fenómeno que debemos observar es lo que técnicamente se llama “demanda de dinero”. Esto podría traducirse como la voluntad de los consumidores de mantener saldos monetarios en sus bolsillos, o en sus bancos. Si se quiebran las expectativas de una moderada estabilidad, puede quebrarse muy rápidamente esa demanda de dinero, y generarse una huída hacia bienes, consumo o divisas. Y ese mayor gasto público, en un contexto adverso a la inversión, será inflacionario, ya se pague con reservas, o con endeudamiento.
Aún estamos muy lejos de esa situación, y a tiempo de revertir el proceso, recuperando la solvencia fiscal. Pero cuanto más tiempo se demoren las decisiones de ajustar el gasto que beneficia a los que más tienen, especialmente los que se benefician de las tarifas de gas, luz y transporte, fuertemente subsidiadas en la Ciudad de Buenos Aires, más complicado será controlar la inflación en el futuro.

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Más que el Fondo del Bicentenario, lo que viene es el Fondo del Bienio. Por Carlos Melconián

Desde finales del año pasado se ha venido pronosticando que 2010 sería un año mejor que 2009. Se trataba de un pronóstico relativamente sencillo. Una recuperación de veinte millones de toneladas de soja a precios buenos no récord, y un boom exportador de autos a Brasil serían casi suficientes para ello. Se mantendría así, el superávit de comercio de más de USD 15.000 millones. Hay, además, una variable clave, la fuga de capitales que durante dos años, entre finales de 2007 y 2009, se encargó de vaciar al superávit del comercio generando una recesión, aunque se pudo evitar una crisis cambiaria.
La fuga en la Argentina es una variable muy difícil de pronosticar. Pero basado en la distensión financiera que hay en el mundo y que ya lleva varios meses, se la proyecta a mitad de camino de lo que se estaba fugando. Es muy fuerte la nueva “borrachera financiera mundial”: fortificó al real a 1.70 reales por dólar (desde 2.40), permite financiar a Brasil a menos del 6% y a Uruguay a menos del 7% anual en dólares a larguísimo plazo. Es decir, si para la modesta demanda Argentina este machazo fenómeno permitiera que sólo se fugara la mitad de lo que se iba, ya el mercado cambiario y monetario se lubricaría de tal manera que le permitiría a la economía recuperar lo que perdió en 2009. Hasta aquí, la base de la recuperación proyectada, con la inversión y el empleo estancados. Pero aún en este escenario se presentaban además desafíos complejos para la economía.
O sea, se trata de un escenario que no habilitaba un salto directo a ponerse a pensar “non stop” en 2011. Mucho menos a hablar de que vuelven tasas chinas de crecimiento. Tampoco es cierto que todo iba a ir bien, salvo que se cometiera algún error político. El camino aún en la recuperación estaba lleno de desafíos de carácter estrictamente económico. Desde ya que el mundo y la política también juegan un partido. Pero bastante antes que saltara el problema Fondo del Bicentenario-Redrado había desafíos pendientes para 2010, todos económicos. Lo ocurrido ahora genera un “empiojamiento” adicional y se trata de un enorme error político-económico-jurídico, el famoso Fondo. Por lo tanto, no es que veníamos impecablemente bien para un 2010 a toda orquesta y los acontecimientos recientes lo pudrieron. Definitivamente no. La política efectivamente tenía (tiene) incorporado el riesgo de la personalidad de Néstor Kirchner. Pero está primordialmente, la economía.
Entre los desafíos está, por ejemplo, la tasa de inflación, que va a entrar en el cuarto año consecutivo a dos dígitos y es previo al affaire Banco Central. Todavía en la cabeza del argentino “normal”, 20% anual luce llevadero. Es más, hay hasta un riesgo adicional: que al Gobierno no le conforme sólo crecer recuperando lo perdido en 2009 y entonces quiera darle más al gasto público para ir más rápido. Entonces acumulará más inflación. Por cada punto adicional de producto que quiera sumar acumulará cinco de inflación. O sea, cinco por uno. Por arriba del 3,5%/4% de crecimiento genuino de 2010 la inflación va a ir por arriba del 20% anual. Pero el caso emblemático económico, previo al conflicto, es la situación del fisco argentino y su financiamiento. Un aspecto crucial notablemente subestimado por el Gobierno, la oposición y curiosamente ignorado hasta el conflicto por el propio mercado de bonos local que aprovechaba el pago con reservas de todo 2009 y le saca a la Argentina el doble de renta que al Uruguay, en una extraordinaria timba. Este es el verdadero origen del problema de estos días. Aún en el “mejor 2010”, la proyección del deterioro fiscal y las necesidades de financiamiento empeoran.
El conflicto se arrastra de varios años de aceleración de gasto. Pero tiene su punto de inflexión en 2009. Argentina pasa de un superávit primario bien medido de $ 31.000 millones a un déficit de $ 5.000 millones, quedándose en el camino con un adicional de $ 14.000 millones de la recaudación anual que iba a las AFJP antes de la reforma. O sea, hay un deterioro del orden de los $ 50.000 millones o casi cinco puntos del PBI que son irreversibles en 2010 antes del affaire.
El financiamiento de este agujero, más los servicios de la deuda pública neta en pesos y dólares ya viene efectuándose intra sector público. Esto es: el Banco Nación y otros Organismos públicos financiaron los pesos. Mientras tanto, la parte en dólares (unos US$ 6.000 / 7.000 millones ya fueron financiados en 2009 por el Banco Central). En silencio, sin el alboroto armado con el Fondo del Bicentenario, de manera legal y contablemente bajo “tres pretextos” macroeconómicamente irrelevantes: adelantos transitorios (que la historia muestra que son permanentes); transferencia de utilidades por la devaluación del peso de treinta centavos por dólar a lo largo del año; y la contabilización como ingreso fiscal de los Derechos Especiales de Giro realizada por el FMI. Todo antes de la grandilocuencia del Fondo del Bicentenario.
Las reservas no mostraron caída pese a tamaña utilización con fines fiscales dado que el BCRA ha estado asumiendo pasivos en distintas operaciones con el Banco de Basilea y por los encajes en dólares originados en los depósitos en dólares de argentinos en el sistema bancario local. De esta manera, se pudo mostrar que las reservas subieron a pesar de haber sido usadas, en parte, para pagar la deuda.
Llegado hasta aquí, estamos hoy igual que el 13 de diciembre, un día antes de que se desatara todo este conflicto. En esto no tiene nada que ver ni el rechazo al decreto 2010 ni los embargos en los EE.UU. Se trata de un problema endógeno, que ya venía y que no ha sido enfrentado genuinamente.
Hoy, indudablemente, habrá que darle salida. Para ello hay que entender varias cosas:
1. Que si bien se trató de un error de carácter político, la grandilocuencia de mostrar que la plata está toda de golpe aquí presenta un problema cuyo origen tiene estricto carácter económico.
2. Que para 2010, efectivamente, se necesitan entre US$ 5000/6000 millones para afrontar los vencimientos en moneda extranjera y que, más allá de los mecanismos de apropiación legal de esos dólares del Banco Central, si son dólares comprados con emisión monetaria del superávit comercial cuando el Tesoro se los lleve no entregará pesos, justamente porque no tiene, por lo tanto habrá un impacto monetario para atender, si no la inflación se va a encargar de ello.
3. Que más allá de estas necesidades en dólares que dieron origen al pretendido Fondo del Bicentenario y el culebrón, hay en 2010 un problema fiscal todavía mayor que son necesidades en pesos. En efecto, el Gobierno argentino aun habiéndose apropiado de los stocks de deuda de las AFJP en 2008, necesita entre vencimientos y déficit fiscal probable en 2010, casi dos Fondos del Bicentenario más, pero en pesos, que ni han aparecido en la actual discusión como si no estuvieran en la mente de nadie.
Por lo tanto, la política tiene varios desafíos a futuro. Por supuesto, hay que resolver el problema de quien será el próximo “gerenciador”, más que presidente del BCRA. Pero tiene además otro tema clave, que es encontrar el financiamiento menos traumático posible para lo que resta del actual mandato presidencial, empezando por 2010. Nótese que esta es una tarea que debió haber resuelto el presupuesto público para 2010, votado y aprobado hace varios meses. Si este agujero ya existía: ¿Cómo se financiaba lo votado? ¿Los números del agujero eran éstos que aquí se han mencionado? ¿O terminaba cerrando con “otras fuentes de financiamiento”?, ¿es eso cerrar el presupuesto?
Por supuesto, la política podrá negociar simultáneamente otros temas de carácter político, la Ley 26.122, la curiosa definición post Convertibilidad de reservas excedentes, la eventual reasignación autónoma del gasto público en cabeza del poder ejecutivo, etc.. Pero está claro que, simultáneamente o acto seguido, al “pliego de condiciones” de la negociación le llega el “pliego de propuestas”, cuyo alcance ortodoxo u heterodoxo o mixto y su costo político, será parte de esa negociación. Bajo estas condiciones, se abre entonces una altísima probabilidad hipócrita, aunque acorde a la realidad que vive la Argentina. Discutir cierta “engaña pichanga” para otorgar un salvoconducto porque la alternativa es el default. Las fórmulas que la política termine encontrando para el financiamiento de la transición 2010-2011 que no cuesta mucho imaginar: i) financiamiento del BCRA en dólares, pero también en pesos bajo distintos pretextos ii) financiamiento crediticio al sistema bancario local donde el “atajo” diría encajes en pesos o dólares (otra hipocresía con caída de reservas), o iii) financiamiento liquidando parte del Fondo de Garantía de la ANSES, o sea, plata de los jubilados “stock”, adicional al “flujo” de los aportes mensuales que ya se lo tragaron las cuentas públicas en 2008.
Todo lo que se viene discutiendo va en ese sentido. Por ejemplo, ampliar el cupo de adelantos transitorios del Banco Central. Dejar de lado el Fondo del Bicentenario grandilocuente y gigante y “calzar” el uso de reservas con cada vencimiento: es lo mismo, pero en cuotas. Que sea el Tesoro y no el Banco Central quien absorba la emisión monetaria de la compra del superávit comercial. Y así sucesivamente.
Insisto, para esta transición hacia un nuevo gobierno a finales de 2011, la regresión ochentista está a la vista. El fondo de la cuestión no es “un puñado” más o menos de reservas. Es que estamos frente a la contraparte de un barril sin fondo en el gasto. Ahí sí, un mínimo gesto va a hacer falta. Y quienes hoy están en la oposición deben sí, dejar claro, de quién es la responsabilidad porque si no cargará con ese ajuste a futuro. Y aquí vamos llegando a la “madre del borrego” del tema Bicentenario, reservas, Redrado: se ha confundido una recuperación económica con desafíos económicos importantes, con el hecho de que si la política no interfiere “va todo en coche” en 2010 con un poquito de esfuerzo otra vez a “tasas chinas”. ¿Alguien cree que el agujero señalado en esta nota, aún con la economía recuperándose, es del último mes o post affaire?
O sea, en el actual culebrón, las luces mediáticas se encendieron para enfocar la resistencia del Banco Central a otorgar las reservas, la destitución de su presidente y su posterior restitución. Recién ahí se levantaron todas las voces. Pero, reitero, esto ya viene ocurriendo en magnitudes relevantes a lo largo de 2009, dándole cada vez más a la Carta Orgánica una actitud permisiva. Lo que pasa es que “el barril sin fondo sigue in crescendo”. El Fondo del Bicentenario dándole los dólares al Tesoro bajo la metodología demandada por el Gobierno Nacional, muy probablemente hubiera abierto la puerta para que las excusas y pretextos usados en 2009 para llevarse dólares (las mencionadas utilidades, diferencias de cambio, etc.) tornaran en 2010 a emisión monetaria lisa y llana para las necesidades en pesos. Ahí sí, ya estaríamos en la Argentina de hace veinte años, en materia fiscal. Un gravísimo y severo retroceso ochentista adicional a todo lo que ha ocurrido a lo largo de estos últimos años.
En síntesis, en los próximos “x” días o “x” semanas se estará discutiendo, cada sector desde su fortaleza política, el Fondo del Bienio, para no defaultear nuevamente. Es el salvoconducto. Desde ya, el “nuevo modelo” cierra con inflación y una nueva administración en 2011 se tendrá que encargar de volver a patrones internacionales. El tema central en este proceso es no asustar financieramente a la gente, que tiene mucha experiencia de cómo moverse en esos casos.

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