Eficiencia, la llave de la economía. Por Juan Alemann

Si hubiera que resumir toda la ciencia económica en una sola palabra, esa sería "eficiencia". Así como en medicina sería "salud", en derecho, "justicia", y en filosofía, "sabiduría". Sin embargo, llama la atención que muchos economistas se refieren poco a este término, y muchos hasta lo ignoran totalmente en sus análisis. En la política, la eficiencia suele considerarse algo negativo, como si se tratara de un concepto que expresa la explotación extrema del trabajador. Sin embargo, la historia nos ofrece una curiosa excepción: Lenin decía a sus seguidores que la eficiencia no era un concepto aplicable sólo al capitalismo, sino que también valía para el comunismo. Pero no fue comprendido. Claro que habría que preguntarse si un sistema comunista puede ser eficiente, ya que ello contradice su esencia.

La eficiencia mide la relación entre los medios empleados para alcanzar un objetivo y el valor de éste en términos económicos. La eficacia, en cambio, sólo se refiere a la efectividad para lograr un objetivo, sin medir los costos. Se puede ser eficaz, pero no eficiente, y se puede ser menos eficaz, pero eficiente. Tampoco es lo mismo eficiencia que productividad. Este último concepto expresa la relación de las horas de trabajo empleadas para producir determinado bien. Eventualmente se puede aplicar también a una máquina. Una empresa puede lograr una alta productividad del trabajo que utiliza, pero no ser eficiente. Porque la eficiencia de una empresa, si bien incluye el rendimiento del trabajo, se refiere a más cuestiones: la selección del personal y su capacitación, la programación de la producción, la incorporación de tecnología, la compra de insumos, la política de ventas, la financiación y las inversiones, así como la selección, planificación y ejecución de éstas.
La eficiencia incluye también la adaptación a situaciones cambiantes, así como un buen sistema de previsión de los futuros posibles y probables. Se relaciona también con la creatividad, el buen funcionamiento de los mercados y, en última instancia, con la libertad económica.
Por mucho tiempo, la ciencia económica no consideró la relación entre eficiencia y crecimiento. Se suponía que éste dependía casi exclusivamente del monto de las inversiones en relación con el producto bruto interno. En nuestro país se suele señalar que la tasa de inversión debe aumentar del nivel actual (de 2010) en torno del 21% (según Orlando Ferreres) al 30% o más para poder tener un crecimiento sustentable de por lo menos un 5% anual. Es un error: nuestra tasa de inversión histórica se ubica en torno del 20%, nivel que en la comparación internacional no es bajo, y que debería ser suficiente para que el PBI aumente por lo menos al 5% anual por mucho tiempo, con alta inversión social, a condición de que haya menos dilapidación y más eficiencia en la inversión misma, y luego en el funcionamiento de la economía.
Hemos sido históricamente muy ineficientes en la inversión estatal, que antes de las privatizaciones era de cerca de la mitad de la inversión total, con una inmensa dilapidación de fondos. Tasas de inversión superiores a la actual impondrían a la sociedad una contención en su consumo que no estaría dispuesta a aceptar. En China se llega a una tasa del orden del 40% porque hay un sistema político que lo puede imponer. Gracias a ello, ese país crece a tasas sostenidas del 8% al 10% (y más) por año, a pesar de muchas ineficiencias. Pero nuestro caso es totalmente diferente.
En 1961, el economista John Kendrick publicó un enjundioso estudio sobre las causas del crecimiento de la economía de los EE.UU. desde principios de siglo. Llegó a la conclusión de que era, por mitades, por factores materiales e inmateriales. O sea, por un lado, mayores recursos naturales, más trabajo humano e inversiones en capital, y, por el otro, los avances en tecnología y eficiencia, subsumiendo en este último concepto la capacitación, los cambios estructurales y toda suerte de iniciativas empresariales. Posteriormente, otros economistas, como el premio Nobel Robert Solow, avanzaron en esa dirección y hoy el tema sólo de discute en cuanto a su cuantificación.
Dada la revolución tecnológica, la mayor de toda la historia de la humanidad, que tuvo su momento culminante en la década del 90 (centrada en telefonía, informática y biotecnología), seguramente la incidencia de los factores inmateriales sea mayor ahora que en el período analizado por Kendrick. Sobre todo, el desarrollo de las PC, el amplio software e Internet han inducido a un salto de eficiencia y han tenido un impacto fenomenal en la economía. Es importante destacar que la Argentina dispone de una población inteligente que absorbe esa nueva tecnología con asombrosa rapidez, lo cual nos permite utilizar plenamente este factor de crecimiento. No es así en otros países emergentes.
Pero también la biotecnología ha sido fundamental para nosotros. En 15 años cuadruplicamos la producción de soja. Ello sólo fue en mínima parte por inversiones (en tractores y otros implementos). En lo esencial fue por el empleo de semillas genéticamente modificadas, por la aparición del glifosato y otros herbicidas e insecticidas, por la siembra directa (una tecnología en la que la Argentina es líder mundial), por el estudio de suelos y por una fertilización amplia y bien calibrada. También fue por el incentivo que significó el fuerte aumento de precios en el mercado mundial. Finalmente, influyeron también las notorias mejoras de eficiencia en el transporte y en los puertos. Todo esto llevó también a la ampliación de la superficie cultivada, incluso a zonas marginales que antes se consideraban no aptas para la soja.
En la década del 90, la Argentina pegó un salto en su nivel global de eficiencia por las privatizaciones. El Estado es intrínsecamente ineficiente en todo lo que hace, pero lo es más en el manejo de empresas, que exigen una dinámica incompatible con la parsimonia burocrática de la administración pública. Una empresa privada tiene incentivos naturales para ser eficiente, a saber: la responsabilidad patrimonial (el peligro de perder el capital), el afán de lucro y la competencia con otras empresas. En el Estado, esto se reemplaza por reglamentaciones que llevan inevitablemente a comportamientos rígidos y muy ineficientes.
Además, todo se politiza; no se designa la conducción por criterios de capacidad e idoneidad, sino por razones políticas. El caso más patético en este sentido es actualmente el de Aerolíneas Argentinas. La misma mecánica de la política lleva luego a emplear mucho más personal del necesario. En YPF se había llegado en la década del 80 a 54.000 personas; luego, José Estenssoro redujo la dotación a 6000 personas y aumentó al mismo tiempo la producción. Con la expansión de YPF, la dotación aumentó luego a algo más de 10.000. En las demás empresas estatales la situación era parecida, por lo cual las privatizaciones llevaron a la pérdida de más de 200.000 empleos, con un notable mejoramiento y una expansión en los servicios públicos prestados por esas empresas y un cambio total en otras empresas privatizadas. El caso más llamativo fue el de la telefonía, donde de 2,7 millones de líneas en 1990 pasamos a más 8 millones de líneas fijas y más de 50 millones de celulares.
En la década del 90 se privatizaron unas 30 empresas estatales y otros sectores estatales, que no eran considerados empresas, como rutas, puertos y aeropuertos. De allí surgieron unas 60 empresas privadas. El cambio en cuanto a manejo e introducción de tecnología (que estaba disponible, pero no se utilizaba) que se produjo en las empresas fue revolucionario y tuvo un formidable efecto sobre toda la economía, de crucial importancia en el caso de la telefonía, de la electricidad y de los puertos.
Las privatizaciones indujeron altas inversiones, muchas en sectores críticos, que actuaron como locomotora de la economía. El Tesoro nacional pasó de tener que subsidiar a las empresas (para cubrir inversiones y pérdidas operativas) a obtener ingresos tributarios. Sin duda, en lugar de reestatizar empresas y poner trabas a las que siguen operando, habría que pensar qué más se puede privatizar.
Es fundamental que los funcionarios que deciden en materia de inversión pública piensen en términos de eficiencia, lo cual se refiere a tres aspectos: selección de las inversiones conforme a su prioridad; estudio de proyectos; financiación asegurada, y ejecución en plazo breve, conforme a un programa de camino crítico. Y que, además, piensen qué inversiones se pueden trasladar total o parcialmente al sector privado y cómo. Esto implica que no se emprendan más proyectos simultáneamente que los que se puedan financiar. De hecho, se hace lo contrario.
Es habitual que el costo de las inversiones públicas duplique en exceso el que debería ser o el que sería para una empresa privada. Yacyretá debió haber costado no más de 5000 millones de dólares y terminará costando más de 12.000 millones. El mayor costo sólo es en mínima medida por corrupción; la mayor parte es por intereses intercalares (por la demora en la ejecución), por costos improductivos y mala planificación. O sea, por ineficiencia.
Pero, aparte de eso, a nivel macroeconómico es importante seleccionar los proyectos por su eficiencia, dando prioridad a los que más promueven el crecimiento o dan mejor solución a problemas sociales. Las usinas de Barrancosa y Cóndor Cliff, previstas en el río Santa Cruz, son, de lejos, las peores en cuanto a costo de electricidad de una lista de una veintena que fue relevada por la propia Secretaría de Energía. El tren bala no se compara ni remotamente en cuanto a efecto económico con la renovación general de vías o el proyecto de trincheras para los ferrocarriles suburbanos. Y suma y sigue.
El tema da para mucho más. Parafraseando aquel famoso eslogan de la campaña electoral norteamericana de 1992, diríamos: "¡Es la eficiencia, estúpido!". Leer más...

Cuando la palta no vale un peso. Por Martín Lousteau

Excepto por la década del 70, la segunda mitad del siglo XX estuvo caracterizada por alimentos baratos. Esta etapa parece haber finalizado en los últimos años. Después del pico de 2008 y del descenso asociado a la crisis financiera internacional, los precios de los commodities agrícolas han retomado su senda de crecimiento: desde mediados del año pasado, el valor de la soja ha subido casi 50%. La variación positiva para el maíz y el trigo es de alrededor del 90%.

Esta suba generalizada de las materias primas alimenticias es consecuencia de elementos diversos. La depreciación del dólar a nivel global es una. Los factores climáticos también inciden. Y la suba del precio del petróleo y sus derivados genera dos efectos adicionales. Por un lado, eleva los costos de la producción agrícola y de su transporte debido al impacto en el precio de los fertilizantes y el combustible. Por el otro, vuelve a incentivar la utilización de ciertos biocombustibles en cuya producción participan cultivos que, de otra manera, serían destinados a la alimentación.
Pero el motor más importante del alza está relacionado, sin dudas, con el incremento de la demanda global. El crecimiento económico de países densamente poblados como China e India ha modificado su estructura productiva y social: las migraciones hacia las ciudades, el aumento del ingreso y la reducción de la indigencia han enriquecido la dieta de cientos de millones de personas.
Claramente, la suba de los precios internacionales de los alimentos representa una oportunidad para los países exportadores de dichos productos. Pero para muchas otras naciones y para el mundo en general constituye también un serio riesgo en materia de seguridad alimentaria (con impactos potenciales como mayor desnutrición o hambrunas) y de reversión del terreno ganado frente a la pobreza.
Para entender la profundidad del problema y por qué es tan grave para los países menos desarrollados es útil incorporar dos consideraciones: contrariamente a lo que parece creer el ministro Amado Boudou, los más pobres destinan una proporción mayor de sus ingresos a la compra de alimentos. Pero, además, el impacto del alza de las materias primas es mucho mayor y más directo para los sectores más vulnerables y de dietas más primitivas y menos elaboradas. La lógica es sencilla: cuanto más procesados son los alimentos que se consumen, menor es la relevancia del insumo original en el costo total. Para quien come un choclo el aumento del maíz es evidente. Pero la hamburguesa de una cadena de comidas rápidas posee otros ingredientes en su producción más allá de la carne surgida de feedlots (en los cuales se utiliza maíz): también existen los empleados, el gasto en publicidad, el empaque, el alquiler, el gas y la electricidad, por mencionar algunos.
El efecto que pueden tener todos estos factores queda claro al mirar lo que ocurre en la Argentina. En el primer semestre de 2010, los precios internacionales de las materias primas agrícolas aún seguían padeciendo inestabilidad y cayeron casi 10%. Sin embargo, la variación de precios experimentada en los alimentos en nuestra economía fue de 31%, diez veces más que promedio de América latina (excluyendo Venezuela).
Independientemente de los problemas locales con la inflación, lo cierto es que el incremento del precio de los commodities agrícolas posee consecuencias muy amplias. Más allá de la falta de apertura y participación política, de la ausencia de derechos ciudadanos extendidos, de la corrupción de sus gobernantes y de su ineficacia en brindar mejoras sostenidas en la calidad de vida de sus ciudadanos, los episodios que se están viviendo en Egipto, Túnez y otras partes del mundo árabe también guardan relación con el alza del precio de la comida.
Así como los países centrales no prestan la debida atención al empeoramiento de ciertos procesos políticos y sociales en vastas regiones del planeta hasta que es muy tarde, también pareciera haber cierta distracción general con la dinámica de la producción de alimentos. Por ejemplo, los últimos datos disponibles del Banco Mundial muestran que la participación de los proyectos destinados a la agricultura y el desarrollo rural en el total de préstamos de la entidad es la mitad que hace treinta años.
La suba del precio de los alimentos va a poner al mundo frente a desafíos mayúsculos en un futuro no muy lejano. Ya no se trata sólo de cómo producir más sino también de cómo cubrir a las poblaciones más vulnerables, cómo distribuir las rentas extraordinarias que surgirán y, finalmente, cómo administrar correctamente recursos naturales limitados como la tierra fértil y el agua que, junto con la energía, constituyen la fuente de todo lo demás.

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La gran aventura brasileña. Por Raúl Ferro

Brasil ha entrado por fin en las grandes ligas mundiales. Como parte del exclusivo club de los BRIC (Brasil, Rusia, India y China), el gigante sudamericano ha aumentado notablemente su peso específico en la economía global. No se trata solamente de tamaño. Hoy, Brasil no sólo es el segundo productor mundial de soja o el mayor exportador de mineral de hierro del mundo. Cuenta con un puñado de empresas que son jugadores globales de verdad, actores de primer nivel en sus industrias, como Embraer en el campo aeroespacial, Sadia en el agroalimentario o Vale en el minero. De ser un gigante que se miraba el ombligo hace apenas 15 años, Brasil ya se graduó como país que importa al mundo y al que el mundo le importa.

Todo esto gracias a las reformas que se iniciaron a mediados de los años noventa. Lo sucedido en estos últimos quince años ha sido mucho más trascendente que las décadas de industrialización que resultaron de las políticas centralistas de las dictaduras militares de los sesenta y de los setenta. Uno podría decir que ese proceso fue imprescindible para sentar las bases del salto que hemos visto dar a Brasil en la última década y media, pero hay algunas evidencias empíricas que señalan que esto no es así. La industria automotriz brasileña, que creció bajo un mercado cerrado a la competencia externa, seguía a principios de los noventa fabricando vehículos con tecnología de la década de los setenta (sólo hay que mirar un Ford Del Rey o un Chevette de esa época). Cuando el mercado se abrió y Brasil se convirtió en una de las plataformas de la industria automotriz global, las cosas cambiaron radicalmente. Otro caso de estudio que arroja resultados similares es el de Vale, empresa estatal enfocada en recursos naturales que estaba razonablemente administrada hasta su privatización a fines de los noventa. A partir de allí, la empresa inició un plan de reorientación estratégica que la ha llevado a ser una de las cinco mayores empresas mineras del mundo por capitalización bursátil. O Petrobras, que, pese a continuar bajo control estatal, ha seguido una estrategia de gestión que la ha llevado a convertirse no sólo en un gigante de su industria, sino también en un líder global en las operaciones de aguas profundas. La ampliación de capital de Petrobras en septiembre pasado -US$ 67.000 millones de capital recaudado, la mayor de la historia bursátil del mundo- llevó a la Bolsa de San Pablo, Bovespa, a convertirse en la segunda mayor bolsa del mundo por valor de mercado. La primera es Hong Kong, todo un símbolo de los tiempos que corren.
Pero todos estos éxitos tienen su contrapartida. Brasil ha ido bastante más allá que México, por ejemplo, en su proceso de apertura, pero aún tiene grandes temas pendientes. Una institucionalidad política débil, en la que el peso de los caudillos regionales sigue siendo determinante en los equilibrios del poder legislativo, altos niveles de corrupción, un sistema tributario inconcebible, un sistema judicial que necesita modernizarse y unas tasas de criminalidad aterradoras en algunas zonas del país son el lado B de un país que ya se insinúa como una de las potencias del futuro, que es uno de los destinos preferidos de los inversionistas y que cuenta con el tan preciado grado de inversión de las calificadoras de riesgo.
En ese sentido, Brasil tiene mucho por hacer. Fernando Henrique Cardoso hizo un buen trabajo durante sus dos gobiernos. Lo mismo puede decirse de los dos mandatos de Lula. Ahora le tocará a Dilma Rousseff seguir con la misión. Probablemente le toque un trabajo más difícil que a sus antecesores. Las reformas iniciales, aunque más visibles y grandilocuentes, suelen ser relativamente más sencillas de implementar. La segunda generación de reformas es mucho más compleja. El problema es que si Brasil quiere consolidarse como un líder de clase mundial -que combina un Estado democrático con una economía competitiva abierta al mundo- necesita acometer urgentemente la tarea de profundizar las reformas. No es fácil, pero es imprescindible. El país necesita avanzar en transparencia, profundizar la apertura de su mercado y, especialmente, reducir su excesiva burocracia y su defectuosa institucionalidad política.
La consolidación de Brasil como líder integral es importante para la región. Este país se ha convertido en referente para la opinión pública de muchos países latinoamericanos. Dentro del Mercosur, Brasil se erige, más que la vecina Argentina, como el ejemplo a seguir para los socios pequeños de la anquilosada unión aduanera -Uruguay y, en menor medida, Paraguay- . Y para la izquierda argentina, lo que han hecho los líderes de la izquierda brasileña -como los de la izquierda chilena o la uruguaya- debería servir de guía.

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La soja ayuda, pero no puede hacer milagros. Por Enrique Szewach

La visita de mi amiga Dilma a la Argentina reavivó el debate respecto del desbalance comercial que tiene nuestro país con Brasil.
En los últimos años la relación entre el real y el peso pasó de prácticamente 1 a 1 a casi 2,50 a uno a favor nuestro, y considerando, además, que nuestro gobierno prohibió ventas al vecino país, el déficit con Brasil es más un problema argentino.

De todas maneras, considerar el balance comercial en forma parcial, con cada país, carece de sentido. Es como en su caso. Usted, si trabaja, seguramente, tiene un “superávit comercial” con la empresa que lo tiene empleado y “déficit comercial” con el autoservicio chino de la esquina. Imagínese que usted se presenta ante el vecino chino y le dice que quiere “reducir su déficit comercial”, pidiéndole que contrate sus servicios. Obviamente, esto sería absurdo.
Por eso, corresponde mirar el balance comercial de manera integral y no con cada país. Más allá que haya que trabajar para levantar arbitrarias barreras comerciales o contrarrestar incentivos que generan ventajas artificiales a favor de algún país en perjuicio de otros.
Dicho esto, puede pasar al tema de fondo: nuestro balance comercial total. El balance comercial refleja la diferencia entre lo que el país produce internamente y lo que consume e invierte. Si el país tiene superávit comercial, ello significa que produce más de lo que consume o invierte, de manera que le vende al resto del mundo la diferencia. Inversamente, un país con déficit comercial consume e invierte más de lo que produce, de manera que tiene que importar la diferencia. Esa diferencia se “financia” con ahorro del resto del mundo, que puede tomar la forma de un préstamo o de inversión extranjera, entre otras.
La Argentina ha sido, estructuralmente, un país con déficit comercial, derivado de que el populismo predominante siempre ha incentivado más el crecimiento del consumo que el de la producción. Como consumíamos más de lo que producíamos, ese “desbalance” de importaciones debía ser financiado o bien con endeudamiento, o bien con ingreso de capitales propios o de inversores extranjeros. Cuando ese financiamiento se agotaba, no había posibilidad de hacer crecer más el consumo por el lado de las cantidades y toda la expansión populista se traducía en explosión inflacionaria y crisis externa que llevaba a una megadevaluación para bajar el salario real y reducir el consumo interno, generar superávit comercial por caída de importaciones, pagar el endeudamiento previo (o defaultear) y volver a empezar. A esto se lo llamó nuestras “crisis recurrentes de sector externo”.
Pero un día se produjo una “revolución productiva” y apareció el yuyito, la soja, cuyo boom de cantidades y precios es el nuevo “mecanismo de financiamiento” de las importaciones.
Permítanme ilustrar con algunos números. En el clímax de la década del 90 (97/98), la Argentina tuvo un déficit comercial de unos US$ 5 mil millones. Pero descontando las exportaciones de productos primarios y manufacturas de ese origen, el déficit se hubiera elevado a ¡US$ 20 mil millones! En 2010, el país tuvo un superávit de US$ 12 mil millones, pero descontando las exportaciones ya mencionadas, el déficit hubiera sido de ¡US$ 26 mil millones!
Entre 1998 y 2010 las exportaciones agrícolas y sus manufacturas pasaron de US$ 15 mil millones a US$ 40 mil millones.
Es decir: no es sólo la mejora de los precios; es, sobre todo, el violento cambio en las cantidades. La soja ha permitido “levantar” la restricción externa. O mejor dicho, alejar el momento de la crisis. Dado que el populismo exacerbado está haciendo crecer las importaciones más rápido que la producción y los precios agrícolas, obligando a un incipiente regreso al endeudamiento externo y con presiones inflacionarias crecientes.
La soja ayuda a extender el ciclo positivo, pero no puede hacer milagros si el populismo sigue descontrolado expandiendo el consumo y desincentivando la producción. Leer más...

Para la industria ya desapareció el colchón cambiario. Por Domingo Cavallo

Mientras descansé unos días en Córdoba tuve oportunidad de conversar con varios industriales que me explicaron que si bien hay mucha demanda interna y el gobierno se preocupa por brindarles protección contra las importaciones, la exportación de manufacturas industriales está enfrentando grandes dificultades por combinación de altos costos salariales y fuerte presión tributaria. Incluso me dieron datos sobre costo salarial horario que resultan sorprendentes.

En el caso de un industrial metalúrgico me indicó que mientras a fines de 2001 el costo de la hora del operario industrial era de 7 dólares, hoy cuesta ya 13 dólares y, con los aumentos que se prevén para 2011, si el precio del dólar sube poco, están previendo que ese costo puede llegar a 16 dólares, semejante al costo de la hora operario industrial en el sur de los Estados Unidos. Bastante más alto que en Brasil, México y Chile, a pesar de que en esos países las monedas nacionales se han apreciado mucho en los últimos años. Yo le argumenté que el dólar en 2001 estaba mucho más apreciado que en la actualidad, por lo que la comparación debería ser hecha teniendo en cuenta la canasta de monedas de nuestro comercio exterior. Y le prometí hacer el análisis correcto.
En el Gráfico que acompaña a este post aparece un índice del costo salarial horario para la industria manufacturera con base 1 en 1997, construido con los datos trimestrales de la encuesta industrial que publica el INDEC. El índice llega hasta el tercer trimestre de 2010. Este índice tiene dos características importantes: el costo salarial está corregido por la productividad media del trabajo en la industria manufacturera, medida por el índice de producción industrial dividido por el índice de número de horas totales trabajadas, y está deflactado por un índice del costo en pesos de una cesta de monedas extranjeras, al que le denominamos “dólar canasta”. La cesta de monedas extranjeras representa adecuadamente la composición de nuestro comercio exterior.
Para entender cómo influye el hecho de que no se tienen en cuenta sólo el precio del dólar sino el del resto de las monedas relevantes, por ejemplo, el real brasilero, vale la pena mirar el gráfico y entender el salto hacia arriba del índice de costo salarial que se dio entre el cuarto trimestre de 1998 y el primero de 1999. Ese salto se explica por la fuerte devaluación del real, que equivalió a una disminución del precio en pesos del dólar canasta.
Surge claramente que ya en el tercer trimestre de 2010 el salario industrial corregido por productividad estaba casi tan alto como en el momento de mayor costo horario industrial de la década del 90, el año 1999. Está más de 20 % por arriba del nivel que ese costo salarial tenía en 2001, antes del abandono de la convertibilidad.Obviamente, si durante 2011 el costo salarial sube 30 % y el precio del dólar sólo 10 %, como surge de los pronósticos más habituales, este índice se ubicará hacia fines del 2011 casi un 40 % por arriba del nivel que tenía a fines de 2001 y 20 % por arriba del máximo nivel alcanzado durante la década del 90.
Sin duda este comportamiento del costo industrial horario significará un gran desaliento a la exportación de manufacturas. Hay que tener además en cuenta que en la actualidad la presión tributaria que soporta la actividad económica es muy superior a lo que era en 2001. Hoy las exportaciones industriales pagan un 5 % de retención que en aquella época no existía. Además todos los contribuyentes pagan el impuesto a las ganancias sin ajuste por inflación, lo que significa una presión fiscal adicional. Además, el impuesto a las transferencias financieras en aquel año se podía tomar a cuenta de IVA y Ganancias, cosa que hoy no ocurre. Y, por último, han desaparecido los planes de competitividad, que le permitían a las empresas industriales descontar el costo salarial por aportes patronales del IVA. (Las únicas empresas que recuperan los aportes patronales como lo disponían los planes de competitividad son las de transporte que tienen a su personal afiliado al gremio de los camioneros, quienes le tienen que devolver en efectivo, a la gente de Moyano, el 15 % del monto que les devuelve la AFIP).
La única razón por la que hoy hay todavía buenas exportaciones de automóviles es porque Brasil está absorbiendo mucha producción argentina debido a la fuerte demanda que plantea su mercado interno. Pero si esta situación se llegara a revertir por una eventual desvalorización del real, el panorama empeorará significativamente.
Es paradójico, pero la estrategia que prometía un tipo de cambio real alto, está dejando a la industria exportadora mucho más expuesta que en la época de la convertibilidad. Lo único que queda de la estrategia “”industrialista” que se pregonó hasta el cansancio y se sigue pregonando, es la fuerte tendencia a la sustitución de importaciones basada no en la eficiencia sino en el proteccionismo. Una tendencia que va a contramano de lo que ocurre en todo el resto de las economías emergentes.

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Europa no debe seguir la estrategia argentina. Por Domingo Cavallo

(Publicado en El País, Madrid, jueves 20/01/2011)

El artículo de Paul Krugman titulado ¿Tiene salvación Europa?, que publicó EL PAÍS el pasado domingo, es muy bueno en términos de las alternativas que afronta Europa, pero cuando habla de la "estrategia argentina completa", hace una descripción errónea de sus supuestos méritos. Esta interpretación puede ser peligrosa para Europa.

Paul Krugman presenta cuatro estrategias que los europeos podrían utilizar para salir de la crisis a las que denomina: "resistir", "reestructuración de la deuda", "la estrategia argentina completa" y "europeísmo revitalizado".
Coincido plenamente con su comentario sobre las virtudes de la cuarta estrategia. Coincido parcialmente con su argumento en favor de reestructurar la deuda de aquellos países en los que parece muy difícil recuperar la confianza de los inversores con su actual endeudamiento, seguramente Grecia e Irlanda y probablemente Portugal. Sería peligroso que también se vieran obligados a hacerlo España y Bélgica.
Pero la insistencia de Paul Krugman en considerar que, a la postre, la salida que encontró Argentina a su crisis de 10 años atrás (a la que Krugman denomina "la estrategia argentina completa") es superior a la que lograron los países que, como Letonia, Estonia y Lituania, preservaron sus sistemas de convertibilidad monetaria, puede llevar a los europeos a adoptar decisiones equivocadas.
Krugman sostiene que "resistir" y mantener los regímenes de convertibilidad monetaria tiene costes recesivos exagerados y que la recuperación va a ser muy lenta. Señala como ejemplo los casos de Letonia, de Estonia y de Lituania, donde los salarios descendieron un 15% en el primer caso y un 10% en los otros dos, y sufrieron caídas del producto interior bruto (PIB) a niveles de depresión económica. Lo que no menciona Krugman es que en Argentina, que ya había sufrido una recesión de casi el 15% hasta finales de 2001, con una caída de los salarios de 13%, a causa del abandono de la convertibilidad durante el año 2002, el PIB cayó otro 10% y los salarios se desplomaron, en términos reales, más del 30%.
Tampoco menciona que la rápida recuperación a partir de 2003 se produjo gracias a un ritmo inédito de mejora en los términos del intercambio externo y que, a pesar de esta bonanza, a partir de 2002 la economía argentina se descapitalizó peligrosamente en sectores claves, desde la energía y los transportes hasta la ganadería. Y, como si todo esto fuera poco, está sufriendo niveles muy elevados de inflación en comparación con el resto de los países del mundo.
En el plano procedimental, Krugman sostiene que lo que hizo posible la devaluación en Argentina fue la retirada de dinero de los bancos y la imposición de límites a las extracciones de dinero en efectivo. Luego sugiere que la devaluación permitió parar esa corrida. En sus propios términos: "Esta retirada obligó al Gobierno argentino a limitar el dinero que se podía sacar y, una vez que estos límites entraron en vigor, fue posible cambiar el valor del peso sin desencadenar una segunda retirada masiva".
Esto no es cierto. La corrida en contra de los depósitos bancarios se acentuó después de la devaluación, a punto tal que el Gobierno debió transformar lo que era una simple restricción al retiro de efectivo, el denominado corralito, que permitía seguir utilizando el dinero bancario para los pagos, en una verdadera confiscación de todo tipo de depósitos bancarios, obligando a su reestructuración y congelación por un largo periodo de tiempo, el denominado corralón.
Yo estoy convencido de que con una combinación de las estrategias de "resistir", como lo están haciendo ahora, más una "reestructuración de la deuda" en los países con pocas posibilidades de recuperar la confianza inversora y, finalmente, un "europeísmo revitalizado" que los lleve a un mayor grado de integración fiscal y política, Europa no solo puede ser salvada, sino que volverá a jugar su papel de región ejemplar de paz y progreso como lo fue desde el final de la II Guerra Mundial. Sería un suicidio para Europa y una calamidad para el mundo que los países europeos que hoy sufren crisis trataran de conseguir una salida siguiendo "la estrategia argentina completa".
Domingo Cavallo fue ministro de Relaciones Exteriores y ministro de Economía de Argentina.

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¿Tiene salvación Europa? Por Paul Krugman

(Publicado en El País de Madrid, el domingo 16/01/2011)

Hay algo especialmente apropiado en el hecho de que la actual crisis europea empezase en Grecia. Porque los males de Europa tienen todo el aspecto de una tragedia griega clásica, en la que un hombre de carácter noble encuentra su perdición por el defecto fatal del orgullo desmedido.

Hace no mucho, los europeos podían, de manera bastante justificada, afirmar que la actual crisis económica estaba demostrando realmente las ventajas de su modelo económico y social. En gran parte de Europa, las normas que regían el despido de los trabajadores ayudaban a limitar la pérdida de empleos, mientras que los sólidos programas de bienestar social garantizaban que incluso los parados mantuviesen su asistencia sanitaria y recibiesen unos ingresos básicos. Puede que el producto interior bruto de Europa estuviera cayendo tanto como el de Estados Unidos, pero los europeos no estaban sufriendo ni de lejos el mismo grado de miseria. Y la verdad es que siguen sin sufrirlo.
Sin embargo, Europa padece una crisis profunda; porque el logro del que está más orgullosa, la moneda única adoptada por la mayoría de los países europeos, está ahora en peligro. Lo que es más, cada vez se parece más a una trampa. Irlanda, aclamado como el Tigre celta no hace mucho tiempo, ahora está luchando para evitar la quiebra. España, una economía en auge hasta hace pocos años, ahora tiene un 20% de desempleo y se enfrenta a la perspectiva de años de deflación dolorosa y agotadora.
Se suponía que la creación del euro era el momento más sublime de una grandiosa y noble empresa: el esfuerzo realizado durante generaciones para traer la paz, la democracia y la prosperidad compartida a un continente antes y a menudo desgarrado por la guerra. Pero los arquitectos del euro, atrapados por la magnitud y el romanticismo de su proyecto, decidieron ignorar las dificultades mundanas con las que una moneda compartida previsiblemente se encontraría.
La consecuencia es una tragedia no solo para Europa sino también para el mundo, para el que Europa es un modelo de conducta crucial. ¿Cómo ha ocurrido esto?
El camino hacia el euro
Todo empezó con el carbón y el acero. El 9 de mayo de 1950 -una fecha cuyo aniversario se celebra ahora como el Día de Europa-, Robert Schuman, el ministro de Asuntos Exteriores francés, propuso que su país y Alemania Occidental aunaran sus producciones de carbón y acero. Fue el primer paso en el camino hacia una "federación de Europa" que, en última instancia, se convertiría en una unión aduanera dentro de la cual se comerciaba libremente con todos los bienes. Luego, a medida que la democracia se extendió por Europa, también lo hicieron las instituciones económicas unificadoras europeas.
En los años ochenta y noventa, Europa se puso manos a la obra para eliminar muchos de los obstáculos que aún impedían la plena integración económica. Las fronteras se abrieron; se garantizó la libre circulación de las personas; y las normas sobre los productos, la seguridad y los alimentos se armonizaron. Se proclamó que la creación del euro era el siguiente paso lógico de este proceso.
Las ventajas de una moneda única europea eran evidentes. No más necesidad de cambiar dinero al llegar a otro país; no más incertidumbre por parte de los importadores sobre lo que un contrato terminaría costando realmente, ni por parte de los exportadores sobre lo que realmente valdría el pago prometido. Mientras tanto, la moneda compartida reforzaría la sensación de unidad europea.
Por otro lado, formar una unión monetaria significa sacrificar la flexibilidad. ¿Hasta qué punto es grave es esta pérdida? Eso depende. Fijémonos en lo que, en principio, parece una comparación extraña entre dos economías pequeñas con problemas.
Dejando a un lado el clima, el paisaje y la historia, la República de Irlanda y el Estado de Nevada tienen mucho en común. Ambas son economías pequeñas de unos pocos millones de personas enormemente dependientes de la venta de productos y servicios a sus vecinos. Ambas fueron economías en expansión durante la mayor parte de la década pasada. Ambas padecieron enormes burbujas inmobiliarias, que estallaron y causaron mucho dolor. Ambas padecen ahora un paro de alrededor del 14%. Y ambas son miembros de uniones monetarias más grandes: Irlanda forma parte de la zona euro y Nevada, de la zona dólar. Pero la situación de Nevada es mucho menos desesperada que la de Irlanda.
Es cierto que los presupuestos tanto de Irlanda como de Nevada han sufrido un duro golpe por culpa de la crisis. Pero gran parte del dinero que se gasta en los habitantes de Nevada proviene de programas federales, no estatales. En concreto, los jubilados no tienen que preocuparse porque la reducción de la recaudación de impuestos del Estado vaya a poner en peligro sus cheques de la Seguridad Social o su cobertura de Medicare. En Irlanda, por el contrario, tanto las pensiones como el gasto en sanidad están a punto de sufrir recortes.
Además, Nevada, a diferencia de Irlanda, no tiene que preocuparse por el coste de los rescates bancarios, no porque el Estado haya escapado a las grandes pérdidas de préstamos, sino porque esas pérdidas, en su mayoría, estarán cubiertas por Washington.
Y es probable que el problema del paro de Nevada se vea aliviado en gran medida durante los próximos años gracias a la emigración; de manera que, incluso si los puestos de trabajo no vuelven, habrá menos trabajadores en busca de los empleos que queden.
Europa, por otro lado, no está integrada fiscalmente: los contribuyentes alemanes no corren automáticamente con parte de los gastos de las pensiones griegas o los rescates bancarios irlandeses. Y aunque los europeos tienen el derecho legal de moverse libremente para buscar trabajo, en la práctica, una integración cultural imperfecta -sobre todo la falta de un idioma común- hace que los trabajadores tengan menos movilidad geográfica que sus homólogos estadounidenses.
Estados Unidos, como sabemos, tiene una unión monetaria que funciona, y sabemos por qué funciona: porque coincide con un país: un país con un Gobierno central grande, un idioma común y una cultura compartida. Europa no tiene ninguna de estas cosas, lo cual ha hecho que las perspectivas de una moneda única fueran inciertas desde el principio.
Euroforia, eurocrisis
El euro nació oficialmente el 1 de enero de 1999. Al principio, era una moneda virtual: las cuentas bancarias y las transferencias electrónicas se expresaban en euros, pero la gente seguía teniendo francos, marcos y liras en sus carteras. Tres años después, se llevó a cabo la transición final y el euro se convirtió en el dinero de Europa.
El mercado de eurobonos empezó a rivalizar pronto con el mercado de bonos en dólares; los pagarés en euros empezaron a circular por todo el mundo. Y la creación del euro infundió una nueva sensación de confianza, especialmente a aquellos países europeos que históricamente habían sido considerados riesgos de inversión. Hasta más tarde que resultó evidente que este aumento de la confianza era el cebo de una trampa peligrosa.
Grecia, con su larga historia de impagos de deudas y rachas de inflación elevada, era el ejemplo más llamativo. Hasta finales de los años noventa, la historia fiscal de Grecia quedaba reflejada en el rendimiento de sus bonos: los inversores solo compraban bonos emitidos por el Gobierno griego si estos ofrecían unos intereses mucho más altos que los bonos emitidos por gobiernos considerados apuestas seguras, como Alemania. Sin embargo, a medida que el estreno del euro se acercaba, la prima de riesgo de los bonos griegos se desvanecía. Después de todo, se razonaba, la deuda griega pronto sería inmune a los peligros de la inflación: el Banco Central Europeo procuraría que así fuese.
De hecho, a mediados de la década de 2000, casi todo el miedo a los males fiscales específicos de un país había desaparecido de la escena europea. A medida que los tipos de interés convergían en toda Europa, los que antes eran países con tipos de interés elevados se dejaron llevar, como era de prever, por el frenesí del préstamo. (Merece la pena señalar que este frenesí del préstamo estaba financiado por bancos de Alemania y de otros países con tipos de interés tradicionalmente bajos; esa es la razón por la que los actuales problemas de deuda de la periferia europea son también un gran problema para el sistema bancario europeo en su conjunto).
Y entonces, estalló la burbuja
Todavía se oye a la gente hablar de la crisis económica mundial de 2008 como si fuese algo fabricado en Estados Unidos. Pero Europa merece cargar con la misma responsabilidad. Nosotros teníamos nuestros prestatarios de alto riesgo, que decidieron firmar hipotecas demasiado elevadas para sus ingresos o fueron engañados para que lo hicieran; los europeos tenían sus economías periféricas que, de forma similar, tomaron prestado mucho más dinero del que realmente podían permitirse devolver.
En Grecia, la historia es sencilla: durante los años de los préstamos fáciles, el Gobierno conservador de Grecia asumió una gran deuda (más de la que reconocía). Cuando el Gobierno cambió de manos en 2009, las ficciones contables salieron a la luz; de repente, se descubrió que Grecia tenía un déficit mucho mayor y una deuda considerablemente superior de lo que todo el mundo pensaba. Los inversores, comprensiblemente, emprendieron la huida.
Pero Grecia es en realidad un caso poco representativo. Hace solo unos años, España, con diferencia la mayor de las economías en crisis, era un ciudadano europeo modélico, con un presupuesto equilibrado y una deuda pública aproximadamente la mitad de grande, expresada como porcentaje del PIB, que la de Alemania. Lo mismo se podía decir de Irlanda. ¿Qué fue lo que salió mal?
En primer lugar, se produjo un grave revés fiscal a causa de la crisis. Los ingresos se hundieron en España e Irlanda y, a medida que subió el paro, también lo hizo el coste de las prestaciones por desempleo. Como consecuencia, tanto España como Irlanda pasaron de superávits presupuestarios justo antes de la crisis a enormes déficits presupuestarios en 2009.
Luego estaban los costes de la limpieza financiera. Estos han sido especialmente agobiantes en Irlanda, donde los bancos se descontrolaron durante los años del boom. Cuando la burbuja estalló, se sospechó inmediatamente de la solvencia de los bancos irlandeses. En un intento por impedir un ataque masivo contra el sistema financiero, el Gobierno de Irlanda garantizó todas las deudas bancarias (lo que cargó al Gobierno con esas deudas e hizo que se cuestionase su solvencia). En comparación, los grandes bancos españoles estaban bien regulados, pero había y hay una gran inquietud respecto al estado de las cajas de ahorro más pequeñas, y preocupación sobre cuánto tendrá que gastar el Gobierno español para evitar que quiebren.
En el transcurso del último año más o menos, primero Grecia y luego Irlanda se vieron atrapadas en un círculo vicioso financiero: a medida que los posibles prestamistas perdían la confianza, los tipos de interés que tenían que pagar por la deuda aumentaban, lo que socavaba sus perspectivas futuras, lo cual conducía a una pérdida mayor de confianza y a tipos de interés aún más altos. Los países europeos más fuertes solo consiguieron evitar una implosión inmediata proporcionando a Grecia e Irlanda líneas de crédito de emergencia, lo que les permitió esquivar temporalmente los mercados privados. ¿Pero cómo se va a resolver todo esto?
Cuatro líneas argumentales europeas
Algunos economistas, entre ellos yo mismo, observamos los males de Europa y tenemos la sensación de que hemos visto esta película antes, hace una década en otro continente: concretamente en Argentina.
A diferencia de España o Grecia, Argentina nunca renunció a su moneda, pero en 1991 hizo la siguiente mejor cosa posible: vinculó rígidamente su moneda al dólar estadounidense, y creó una "caja de conversión" según la cual cada peso en circulación estaba respaldado por un dólar de las reservas. Durante gran parte de los años noventa, Argentina se vio recompensada con unos tipos de interés mucho más bajos y grandes entradas de capital extranjero.
Sin embargo, Argentina acabó cayendo en una persistente recesión y perdió la confianza de los inversores. Hacia principios de 2002, después de airadas manifestaciones y una retirada masiva de los bancos, todo se había ido al garete. El vínculo entre el peso y el dólar se rompió, mientras el valor del peso caía en picado; entretanto, Argentina dejó de pagar sus deudas y terminó pagando solo unos 35 céntimos por cada dólar.
Es difícil evitar la sospecha de que el futuro podría deparar algo similar a una o más de las economías problemáticas de Europa.
Tal como yo lo veo, hay cuatro modos en que la crisis europea podría remitir (y podría remitir de manera diferente en los distintos países):
- Resistir: cabe la posibilidad de que las economías europeas puedan tranquilizar a los acreedores mostrando la voluntad suficiente para soportar el dolor y evitar así el impago y la devaluación. Los modelos de conducta en este caso son los países bálticos, Estonia, Lituania y Letonia, que han estado dispuestos a soportar una austeridad fiscal muy dura mientras los salarios se reducen poco a poco con la esperanza de restaurar la competitividad (un proceso conocido como "devaluación interna").
Hasta cierto punto, los países bálticos han conseguido tranquilizar a los mercados, que ahora los consideran menos arriesgados que Irlanda, y no digamos que Grecia. Pero todos los indicios apuntan a que pasarán muchos años antes de que recuperen el terreno perdido.
- Reestructuración de la deuda: los inversores no esperan que Grecia e Irlanda paguen sus deudas por completo. Esperan alguna clase de reestructuración de la deuda, aunque ello no pondría fin de ningún modo al sufrimiento de las economías en dificultades. Fijémonos en Grecia: aun cuando el Gobierno se negase a reconocer toda su deuda, todavía tendría que recortar drásticamente el gasto y subir los impuestos para equilibrar su presupuesto, y todavía tendría que padecer el dolor de la deflación. Pero una reestructuración de la deuda podría terminar con el círculo vicioso de la caída de la confianza y la subida de los costes del interés, lo que convertiría la devaluación interna en una estrategia viable aunque atroz.
- La estrategia argentina completa: Argentina no solamente dejó de pagar su deuda externa; también abandonó su vínculo con el dólar, lo que permitió que el valor del peso cayese más de dos tercios. Y esta devaluación funcionó: a partir de 2003, Argentina experimentó una rápida recuperación económica impulsada por la exportación.
¿Seguirán el mismo camino uno o más de los países europeos con problemas? Para ello, tendrían que superar un gran obstáculo: el hecho de que ya no tienen sus propias monedas. Como señalaba Barry Eichengreen, de Berkeley, en un influyente análisis de 2007, cualquier país de la eurozona que insinuase siquiera que iba a abandonar la moneda, desencadenaría una devastadora retirada masiva de sus bancos, al apresurarse los depositantes a trasladar sus fondos a lugares más seguros. Y Eichengreen concluía diciendo que este obstáculo "procedimental" que impide la salida hacía que el euro fuera irreversible.
Pero también se suponía que la vinculación con el dólar de Argentina iba a ser irreversible, y lo que al final hizo posible la devaluación fue el hecho de que hubo una retirada masiva de los bancos a pesar de la insistencia del Gobierno en que un peso siempre valdría un dólar. Esta retirada obligó al Gobierno argentino a limitar el dinero que se podía sacar y, una vez que estos límites entraron en vigor, fue posible cambiar el valor del peso sin desencadenar una segunda retirada masiva. En Europa no ha pasado nada parecido (todavía). Pero sin duda es algo que está dentro de lo posible, especialmente a medida que el sufrimiento causado por la austeridad y la devaluación interna se prolongue.
- Europeísmo reavivado: a principios de diciembre, Jean-Claude Juncker, el primer ministro de Luxemburgo, y Giulio Tremonti, el ministro de Economía de Italia, desataron una tormenta con su propuesta de crear "eurobonos" que serían emitidos por un organismo de deuda europeo a instancias de los países europeos individuales. Como estos bonos estarían garantizados por la Unión Europea en conjunto, brindarían a las economías con problemas un modo de evitar los círculos viciosos del declive de la confianza y el aumento del coste de los préstamos. Por otra parte, esos bonos podrían exponer a unos Gobiernos a las deudas de otros (un inconveniente que los furiosos funcionarios alemanes se apresuraron a señalar). Los alemanes defienden con firmeza que Europa no debe convertirse en una "unión de transferencias" en la que los Gobiernos y los países más fuertes proporcionen ayuda sistemáticamente a los más débiles. Pero como demuestra la comparación entre Irlanda y Nevada, Estados Unidos funciona como una unión monetaria en gran parte precisamente porque también es una unión de transferencias, en la cual los Estados que no han quebrado ayudan a los que sí. Y resulta difícil vislumbrar un modo de que el euro funcione a menos que Europa encuentre la manera de lograr algo similar. Un fracaso del euro representaría un golpe posiblemente irreversible para las esperanzas de una verdadera federación europea. ¿Permitirán los países fuertes de Europa que eso suceda? ¿O asumirán la responsabilidad, y posiblemente el coste, de ser los guardianes de sus vecinos? El mundo entero espera la respuesta.
Paul Krugman es profesor de Economía en Princeton y premio Nobel de Economía de 2008. Su último libro es El retorno de la economía de la depresión y la crisis de 2008. © The New York Times Magazine 2011. Distributed by The New York Times Syndicate. Traducción de News Clips.

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Cómo administrar la abundancia. Por Juan Alemann

(Nota publicada en La Nación, martes 18 de enero de 2011)
En los últimos veinte años, la economía argentina experimentó una profunda transformación. En el Gobierno siempre se habla del crecimiento y de los cambios operados durante el período kirchnerista, pero esto induce a error, ya que el cambio se inició en 1989 y el alto crecimiento sólo se explica a partir de las reformas estructurales de la década del 90 y de la revolución tecnológica.
Entre 1990 y 1998, el producto bruto interno creció un 60%. Luego bajó un 20% hasta 2002, y a partir de allí aumentó un 70%. La cuenta total arroja un plus del 126%, y por habitante, algo más del 100%. Aun ajustando algunas cifras del PBI (cuyo cálculo nunca es exacto), el crecimiento ha sido fenomenal, muy superior al histórico (que en el siglo pasado fue, en promedio, del orden del 3,5% anual, con un mucho mayor crecimiento poblacional que en las últimas dos décadas). Pero, además, el crecimiento de 1990 a 2010 estuvo acompañado de transformaciones cualitativas profundas, entre las que se destaca la telefonía móvil y la computadora personal con Internet.

Las causas básicas de este alto crecimiento son tres:
1. Las privatizaciones de la década del 90, mediante las cuales se logró una sensible mejora en los servicios públicos, se dio un fuerte impulso al crecimiento económico, se eliminó una carga insoportable para las finanzas públicas y se obtuvieron importantes ingresos fiscales adicionales. YPF pasó a ser el mayor contribuyente, tanto globalmente como en relación con el impuesto a las ganancias, que antes no pagaba. En materia de telefonía, pasamos de 2,7 millones de líneas en 1990 -que funcionaban defectuosamente- a 8 millones de conexiones fijas y más de 50 millones inalámbricas, por celular. En materia de electricidad, las usinas privatizadas que antes constituían la estatal Segba operan a plena capacidad (que ha sido fuertemente aumentada, sobre todo por introducción del ciclo combinado), con mínimos inconvenientes -a pesar de los palos en la rueda que pone el Gobierno-, cuando en la crisis de enero de 1989 Segba trabajaba a un tercio de su capacidad. En materia portuaria, la mejora es sideral; aquí se suma a la privatización la desregulación. La siderúrgica Somisa sólo podía operar con alta protección y precios elevados, mientras que su sucesora Siderar opera con alta eficiencia, exportando acero, y obtiene ganancias y paga altos importes por el correspondiente impuesto. Y suma y sigue. Sin las privatizaciones, el crecimiento de la primera década del nuevo siglo simplemente no hubiera sido posible. A pesar de que el Gobierno se ocupó, a partir de 2002, de poner trabas a las empresas privatizadas, éstas siguieron operando en forma eficiente. Este es el meollo de la cuestión: el Estado es intrínsecamente ineficiente, en especial cuando maneja empresas.
2. La revolución tecnológica, que tuvo su pico en la década del 90 y que fue la mayor de toda la historia de la humanidad, tuvo un formidable efecto sobre el crecimiento económico. Se concentró en tres aspectos: telefonía (en especial teléfonos móviles); computación y sistemas informáticos (en especial, Internet), y biotecnología (en especial, la elaboración de semillas genéticamente modificadas). Aparte de esto, hubo muchos otros avances; por ejemplo, la introducción generalizada de la siembra directa en nuestra agricultura y la fenomenal expansión de feedlots . Además, la computación también transformó las máquinas, con mayor automaticidad y mucha más productividad por operario. Hubo una verdadera explosión tecnológica.
3. La aparición de China y luego de India y otros países, como grandes compradores de commodities que la Argentina exporta. Gracias a ello, el precio internacional de la soja aumentó a más del doble. Pero el fenómeno no sólo afectó a cereales y oleaginosas, sino a toda suerte de metales y minerales que la Argentina produce y exporta en creciente cantidad, e incentivó inversiones en minería. Esto permitió también que la recesión mundial de 2009 tuviera poco impacto en la Argentina, ya que, a diferencia de la crisis del 30, cuando los precios de nuestras commodities se derrumbaron, esta vez se mantuvieron relativamente altos. Los términos de intercambio se modificaron dramáticamente a favor de nuestro país por la suba del precio de las commodities que exportamos y por la baja en el precio de computadoras y productos conexos, que importamos. Si medimos el precio de las maquinarias importadas, no por su peso, sino por su productividad, también hay bajas.
En este contexto, y conforme al "modelo" de los Kirchner, el Estado creció mucho. En sus tres niveles (nacional, provincial y municipal) requería menos del 30% del producto bruto interno en 1990, mientras que ahora está cerca del 40%. Teniendo en cuenta el crecimiento del período, esto significa que en términos absolutos y reales (sin tener en cuenta la inflación), el sector público gasta el triple que hace 20 años, cubriendo la casi totalidad con ingresos genuinos. Además, por el drástico corte de la deuda pública y la reducción compulsiva de intereses, se redujo la carga de los mismos a una fracción de lo que era antes.
Esto permitió implementar políticas sociales que en otras épocas hubieran sido financieramente imposibles: el otorgamiento masivo de subsidios a familias muy pobres; el aumento de las jubilaciones mínimas (muy por encima de la inflación); la incorporación al régimen jubilatorio de unos 2,3 millones de personas que habían cumplido con la edad requerida, pero no con los aportes; el subsidio a 3,5 millones de menores; el regalo de 500 pesos a los que perciben la jubilación mínima y el creciente subsidio a las tarifas de servicios públicos esenciales (electricidad, gas, agua, transporte público), que beneficia fundamentalmente a personas de menores ingresos.
Frente a la abundancia de recursos del Estado, se plantea inevitablemente el interrogante de si en materia social no se podría haber hecho más o haber hecho las cosas mejor. Sin duda, si el Estado no hubiera dilapidado tantos recursos en los últimos años se podrían haber destinado más recursos a programas sociales, especialmente a la vivienda, un problema crítico. El aumento del número de empleados públicos en cerca de un millón en la última década era innecesario. Además, la reestatización de empresas privatizadas y la creación de nuevas empresas estatales tuvo un alto e innecesario costo para el Estado. También hubo dilapidación en la ejecución de inversiones públicas, por proyectos deficientes y mala ejecución, y por haber asumido inversiones que podrían haber hecho (mejor y más barato) empresas privadas. Además, hubo importaciones caras e innecesarias de gasoil, mientras se exportaba el mismo combustible a menor precio. Finalmente, hubo mucho subsidio injustificado, directo e indirecto, a personas pudientes.
Pero, aparte de esto, en materia de vivienda se podría haber hecho más, con métodos constructivos más racionales, con traslado de tareas de terminación a los propios beneficiarios y con apoyo a programas de autoconstrucción y de cofinanciación. Pero, además, el problema no tiene solución si mantenemos una alta inmigración de personas paupérrimas, que pasan a constituir la mayor parte de los pobladores de las villas de emergencia. Nuestro fuerte crecimiento crea un mayor desnivel con países pobres del subcontinente y atrae más inmigrantes.
Un último punto: la ocupación ha crecido mucho menos que el PBI, con una elasticidad-empleo cada vez más baja, de que modo que la desocupación y la subocupación se mantienen más altas de lo que debería ser, con la agravante de una altísima proporción de trabajadores en negro. Los coeficientes serían muy superiores aún si el Estado no hubiera empleado tanta gente que no necesitaba. Este tema requiere ser pensado en profundidad: en especial, es imprescindible repensar la política laboral dando prioridad a los incentivos para emplear más personal por sobre las mejoras a los privilegiados que ya trabajan en blanco.
© La Nacion
El autor, economista, fue ?secretario de Hacienda de la Nación Leer más...

Desinversión y subsidios sostienen a grandes empresas. Por IDESA

Información referida a las 500 empresas más grandes de la Argentina, producida por el INDEC, señala que entre los años 2003 y 2009 los salarios, las utilidades y el pago de impuestos crecieron muy por encima de lo que aumentó el valor agregado de esas empresas. El desbalance se compensó con disminución de la inversión y fuerte crecimiento de los subsidios. Esto testimonia la creciente dependencia que tienen las grandes empresas de los subsidios que distribuye el Estado y sugiere que la exuberancia del consumo no está siendo acompañada por inversiones que le den sustento para el futuro.

Recientemente el INDEC actualizó, con datos del año 2009, la Encuesta Nacional a Grandes Empresas (ENGE). En este documento se publica información económica referida a las 500 empresas no financieras más grandes del país. Se trata de un segmento de alta importancia dentro del aparato productivo, al punto que son las empresas que generan aproximadamente el 20% del valor agregado total (o PBI) de la economía argentina. Esto implica que, más allá de las particularidades derivadas de su tamaño y concentración, las tendencias en este reducido grupo de empresas tienen un peso importante en el comportamiento general de la economía.
Desde el punto de vista de la registración contable macroeconómica, el valor agregado generado en un período tiene como contrapartida la retribución al trabajo (salarios), a las empresas (utilidades), a los servicios del Estado (impuestos), a los ahorristas (intereses) y a la reposición del capital consumido (amortizaciones). Según el informe del INDEC, entre los años 2003 y 2009 el valor agregado de las 500 empresas más grandes aumentó en términos reales (es decir, corregido por inflación) un 56%. Este alto crecimiento se explica por la profundidad de la crisis del 2002, pero lo más significativo es que en la distribución de este crecimiento del valor agregado se destacan las siguientes tendencias:
• La retribución al factor trabajo –es decir, el pago de salarios e indemnizaciones– aumentó, en el mismo período, un 130%.
• La retribución a las empresas –es decir, las utilidades– aumentó un 118%.
• La retribución a los servicios del Estado –es decir, el pago de impuestos– creció un 80%.
Los datos señalan que entre las grandes empresas la retribución al trabajo, las utilidades de las empresas y el pago de impuestos crecen muy por encima de lo que aumenta el valor agregado generado por esas empresas. En otras palabras, la generación de riqueza creció menos que los ingresos distribuidos a favor de los trabajadores, los capitalistas y el Estado. El desbalance se compensa con menores inversiones y con el incremento de los subsidios del Estado a favor de las empresas.
La menor disposición a invertir se refleja en que las amortizaciones caen un 17% entre los años 2003 y el 2009. Si bien el fenómeno puede estar reflejando una subestimación contable, no deja de ser muy sugerente que entre las grandes empresas disminuya el monto del capital consumido. También es muy sugerente que el pago de intereses por créditos para la producción muestre una caída, en términos reales, del orden del 13%. Esto, en parte, refleja las bajas tasas de interés prevalecientes, pero también manifiesta que el crédito para financiar la ampliación de la capacidad productiva es muy limitado.
Pero lo más importante que surge de la Encuesta es que el componente más dinámico dentro del financiamiento de las grandes empresas son los subsidios del Estado. Entre los años 2003 y 2009 los subsidios aumentaron en un 345% en términos reales, llegando a representar el 6,5% del valor agregado. Como es un promedio, donde hay empresas que no reciben y otras que sí, es claro que entre estas últimas se impone una lógica empresarial en la que no se prioriza seducir consumidores en base a la calidad y precios de los productos sino en congraciarse con los funcionarios que administran los subsidios. Es el “capitalismo de amigos”, que sustituye al “capitalismo de mercado” . Bajo estas reglas no prospera el innovador, el emprendedor, el que arriesga y se esfuerza, sino el lobbista, el amigo, el que mejor "llegada" logra a las autoridades.
Con sus limitaciones, los datos oficiales sugieren que la exuberancia del consumo presente tiene bases débiles de sustentabilidad. Las empresas –al menos, las grandes- muestran limitada vocación por ampliar su capacidad productiva, la inversión se financia fundamentalmente con utilidades (ya que es muy escaso el crédito para la producción) y la brecha que generan los incrementos de salarios, de impuestos y utilidades por encima del aumento en el valor agregado se cubre con subsidios. Se trata de otro indicio consistente con la idea de que es necesario un cambio estructural de reglas de juego para evitar que la Argentina dilapide, otra vez, la oportunidad de iniciar un proceso de desarrollo sustentable.
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Venderle naranjas al Paraguay. Por Alieto Guadagni

El Gobierno acaba de suscribir 18 pagarés por un total de 819 millones de dólares a favor de la empresa petrolera? estatal de Venezuela (Pdvsa). De esta manera, se saldan deudas pendientes por? las importaciones de fueloil vendido, pero no producido por esta empresa. Recordemos que hace? años, cuando alguien proponía en la Argentina una operación de comercio exterior que carecía de sentido económico, se decía: "Eso es como querer venderle naranjas al? Paraguay".
El caso es que ahora, lamentablemente, deberíamos decir esto: "Es? tan absurdo como comprarle fueloil contaminante a la empresa estatal Pdvsa de Venezuela sin licitación". Veamos por qué; comencemos por indicar que el Plan Energético Nacional (2004-2008), anunciado en 2004 por el secretario de Energía, Daniel Cameron, indicaba que se compraría directamente fueloil vendido por Pdvsa, pero sin ningún tipo de concurso abierto de precios y calidades a fin de asegurar buenos precios para la Argentina.? Pero el caso es que desde hacía décadas el país tenía una balanza de exportaciones-importaciones de fueloil? fuertemente superavitaria, si bien en meses críticos de invierno por razones de falta estacional de gas era necesario importar puntualmente fueloil.

La cuestión es que entre 2004 y 2009 exportamos más de 8 millones de toneladas y, al mismo tiempo, sorprendentemente importamos? 4,8 millones. Las estadísticas indican algo muy extraño: aumentan las exportaciones, pero también crecen las importaciones.
Concretamente, de cada 100 toneladas importadas, apenas se justifican? alrededor de 40 porque las otras 60 llegaron a nuestros puertos en meses en los que al mismo tiempo salían barcos cargados de fueloil rumbo al exterior, particularmente a Nueva York. Quiere decir que el argumento estacional no alcanza para justificar esta masiva y redundante operación.
Es así como compramos innecesariamente nada menos que alrededor de 2,8 millones de toneladas. Aunque supongamos que todos los precios sean competitivos (es decir, con licitaciones abiertas de precio y calidad) y, en consecuencia, sin sobreprecios, existe inevitablemente un importante quebranto económico, que se traduce al mismo tiempo en un quebranto fiscal cuando el que compra es el gobierno a través de un ente como Cammesa (la empresa mixta que opera el mercado eléctrico).
La razón es muy simple: existe una amplia diferencia -en el orden de los 122 dólares la tonelada- entre los valores CIF (el precio cotizado por el vendedor incluye costo, seguro y flete hasta el destino final) y FOB ( free on board o libre a bordo; el vendedor pone las mercancías a bordo de un transporte y a partir de allí se hace cargo el comprador), a la que hay que agregar el incremento en los costos logísticos vinculados con toda esta redundante operación portuaria de movimiento de grandes cantidades de fueloil.
Pero aquí no concluye el perjuicio a nuestro país; además, se sabe que el fueloil argentino es de buena calidad ambiental (con bajo contenido de azufre) y que se vende en mercados exigentes (Nueva York), cosa que no ocurre con el que estamos importando, ya que ahora está amparado por la resolución?150 de 2008, por la que el secretario de Energía postergó indefinidamente la vigencia de la buena norma ambiental? que él mismo, con muy buen criterio, había establecido dos años antes (resolución 1283, de 2006).
O sea que, para comprarle fueloil en exceso a Pdvsa, además, había que tolerar que tuviera un alto contenido de azufre contaminante, por encima del que posee? nuestro propio fueloil. Pero esta práctica se llevó a cabo también durante 2010, ya que en el primer semestre del año pasado la Argentina aumentó las exportaciones de fueloil mientras que las importaciones ?también trepaban. Es decir, suben los quebrantos económicos y fiscales, que pueden ser estimados por encima de 330 millones de dólares (hasta diciembre de 2009). Toda esta cuestión podría ser solucionada en 24 horas; simplemente, bastaría con que Cammesa, ente con amplia participación privada, estableciera, como indican las buenas prácticas empresariales, que todas sus compras de fueloil se hicieran mediante licitaciones abiertas y competitivas de precios, calidades y financiamiento. Si se hiciera eso, inmediatamente se evaporaría la inmensa mayoría de estas compras injustificadas, ya que naturalmente los productores nacionales estarían en condiciones de ofrecer los mejores precios.
Este tema es de interés público porque las compras que ahora Cammesa realiza directamente a Pdvsa (que simplemente intermedia en este negocio porque el fueloil no es de la compañía venezolana) son financiadas por fondos públicos.
Una reflexión final: todos conocemos el drama de la gente humilde en el conurbano, donde lamentablemente aún 6 de cada 10 familias no tienen cloacas y 4 de cada 10 no tienen agua potable de red. Con el innecesario y enorme sobrecosto de esta operación de fueloil, se pudo haber llevado agua potable y cloacas a medio millón de personas. Es hora de priorizar un gasto público sensato y transparente. Es muy difícil mejorar las condiciones de vida de los más humildes, si el gasto público no es socialmente responsable.
El autor es economista y fue secretario de Energía de la Nación

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La riqueza cambiante de las naciones. Por Manuel de la Rocha

Un aspecto ampliamente conocido de la economía global del siglo XXI es el surgimiento de los llamados países emergentes. Pero el realineamiento económico mundial de las dos últimas décadas va mucho más allá y representa una transformación de importancia histórica, comparable a la revolución industrial, de la que destacamos los siguientes aspectos:
1. El centro de gravedad de la economía internacional se desplaza rápidamente hacia Oriente y el Sur: aún más dramático, más de la mitad del crecimiento económico a nivel mundial en los últimos 15 años ha sido generado por los países emergentes y en desarrollo. Como consecuencia, las economías que no son miembros de la OCDE ya representan el 49% del PIB global, que según las proyecciones llegará al 57% en 2030. La crisis económica que ha golpeado fundamentalmente a los países de la OCDE ha acentuado estas tendencias.

2. La división tradicional entre países desarrollados y países en desarrollo ya no es tan significativa. Las enormes divergencias entre países requieren de una nueva clasificación que defina mejor su evolución económica. La OCDE
[Shifting Wealth: Perspectives on Global Development. 2010] propone una descripción dinámica del mundo, dividido en cuatro categorías basado en el crecimiento de las dos últimas décadas: países prósperos: los de la OCDE; países convergentes, con tasas de crecimiento per cápita que doblan las de la OCDE; países con dificultades (struggling), con tasas de crecimiento per cápita solo ligeramente superiores a la OCDE y; países pobres, que sufren bajas tasas de crecimiento y renta per cápita por debajo de los 950 dólares al final del periodo. Esta categorización va más allá de la tradicional división entre Norte y Sur, y proporciona una visión mucho más completa de la evolución dinámica del desarrollo global. Así, se muestra claramente que un grupo importante de países en desarrollo, entre los que destacan casi toda Asia, parte de Latinoamérica y amplias zonas de África, van convergiendo hacia niveles de riqueza de los países prósperos, otros están luchando para penetrar en ese selecto club, mientras que unos 25 países siguen sufriendo bajo el peso de la pobreza extrema, esencialmente en África Occidental y Central.
Muchas de las causas de este cambio estructural de la economía internacional son bien conocidas, otras no tanto. Primero, la apertura exterior de economías, anteriormente cerradas, como China, India y la URSS entre otras, produjo una sacudida en la oferta del mercado laboral mundial. Cerca de 1.500 millones de trabajadores se incorporaron a la economía de mercado en la década de 1990. Esto redujo el coste de numerosos bienes y servicios comerciados, posibilitando el despegue de varios países convergentes, principalmente en Asia. Segundo, el crecimiento en los países emergentes alimentó la demanda de materias primas y energía, lo que produjo una transferencia de riqueza hacia los países exportadores de estos productos, impulsando así el crecimiento en África, Latinoamérica y Oriente Próximo. Y tercero, muchos países emergentes han pasado de ser deudores a acreedores netos, acumulando grandes cantidades de divisas, especialmente China, lo que ha permitido mantener bajas las tasas de interés en los países desarrollados.
3. La creciente importancia del Sur para el Sur: la intensificación extraordinaria de los flujos económicos y financieros entre los gigantes emergentes y los países pobres, a través del comercio y la inversión extranjera directa, es una de las grandes novedades de esta nueva era. Es probable que esta tendencia continúe. En 2009 China se convirtió en el principal socio comercial de Brasil, India y Sudáfrica. Los países en desarrollo ahora mantienen cerca del 37% del comercio mundial, y el comercio intrasur representa alrededor de la mitad de ese total, constituyéndose potencialmente como el gran motor del crecimiento mundial en la próxima década.
4. La pobreza extrema se ha reducido en términos absolutos, pero ha aumentado la desigualdad al interior de los países. El realineamiento de la economía mundial ha permitido reducir el número de pobres en 120 millones durante los noventa y aproximadamente 300 millones en la primera mitad de la década del 2000. Solo en China, por ejemplo, entre 1990 y 2005 la pobreza extrema disminuyó del 60% al 16% de la población. A pesar de la reducción de la pobreza absoluta, la desigualdad a nivel global no se ha reducido. El aumento gigantesco de la desigualdad en países como China o India ha surgido de estructuras económicas duales, por la incorporación de muchos millones de trabajadores desde zonas rurales de bajísimos ingresos a los sectores urbanos impulsados por los servicios y las manufacturas. El aumento de la desigualdad también se ha producido en las grandes economías del norte, como EE UU o Reino Unido, y está en el origen estructural de la crisis financiera del 2008. Por el contrario, otros países como Brasil o Sudáfrica han sido capaces de crecer vigorosamente y reducir los niveles de desigualdad.
De la evolución descrita se desprende que la velocidad y magnitud de los cambios han sido más profundas de lo que se pensaba hace 30 años, cuando la ideología neoliberal comenzaba su dominio y se destacaban las oportunidades que la globalización ofrecía para el crecimiento y el desarrollo, y por tanto la necesidad de abrirse y adaptarse para aprovecharlas. Pero mientras las transformaciones han sido de mayor calado que el inicialmente previsto, las políticas de reforma y redistribución en los países de la OCDE no han sido a menudo suficientes para compensar los desafíos de la globalización, y la desigualdad y vulnerabilidad social han aumentado.
Veinte años después, los mercados financieros globales imponen su dictadura, muchos Gobiernos nacionales se ven impotentes y la ciudadanía apenas percibe diferencias en las salidas a las crisis entre Gobiernos progresistas y conservadores. Y es que aunque los problemas siguen siendo locales, las soluciones pasan por propuestas y políticas globales. En este sentido, se señalan tres áreas claves para un programa socialdemócrata de alcance global:
La primera prioridad es el establecimiento de una nueva gobernanza global: si los problemas del planeta cada vez son más globales, la responsabilidad y las soluciones deben compartirse entre todos. Pero la reforma de las instituciones internacionales no ha estado a la par con los cambios que se requieren para mejorar la gobernabilidad mundial. El resultado ha sido una pérdida de legitimidad profunda y una crisis en cuanto a su eficacia. La aparición del G-20 y los acuerdos que de ahí han surgido son pasos positivos, pero quedan todavía lejos de conformar un sistema de gobernabilidad global realmente democrático e inclusivo, y que debe incluir la reforma de la ONU.
En segundo lugar, hay que lograr instrumentos de fiscalidad internacional. La protección y promoción de los bienes públicos internacionales (cambio climático, investigación contra enfermedades de transmisión, lucha contra la pobreza, etcétera), requieren de fondos suficientes y predecibles para financiarlos. El establecimiento de figuras impositivas internacionales representa de mejor manera la búsqueda de soluciones globales a problemas de todos y debe ser un ámbito diferenciador para la socialdemocracia. El debate ha comenzado con los impuestos al carbono, a los bancos o a las transacciones financieras. Además, una nueva fiscalidad internacional debe llevar a la erradicación de los paraísos fiscales.
En tercer lugar, cuando las líneas divisorias entre países ricos y pobres se difuminan, también lo hacen las trayectorias de las migraciones humanas. Ya no es solo a los países de la OCDE donde emigran los trabajadores de los países pobres, sino que los flujos migratorios sur-sur se han vuelto casi tan importantes como los anteriores. Por eso, es necesario un acuerdo migratorio global, que considere a los emigrantes fundamentalmente como seres humanos protegidos por derechos elementales, al mismo tiempo que se aprovechan sus capacidades productivas en beneficio de todos.
Las tres propuestas mencionadas, junto a otras como el reforzamiento de la regulación de los mercados financieros, el establecimiento de un mínimo social global o un nuevo orden para el comercio internacional, deben constituir el eje de una agenda global socialdemócrata renovada, que muestre a los ciudadanos que dos décadas después, en la era de la globalización acelerada multipolar, existen aún diferencias entre las opciones de progreso y las conservadoras. Leer más...

Los mecanismos de financiamiento, al servicio del "modelo". Por Roberto Cachanosky

Es curioso, pero una de las grandes críticas que solía formular en mis artículos de los 90 era el constante aumento del gasto público y la inconsistencia entre convertibilidad y el déficit fiscal que reapareció en 1994. Hoy la crítica es la misma que me cansé de publicar en 1990, con el agravante que el incremento del gasto público ha sido mucho más pronunciado sin contrapartida en la calidad del mismo (seguridad, educación, salud, etc.) y, además, se han utilizado todos los mecanismos disponibles para financiar el gasto. Aún usando todos los mecanismos disponibles para financiar el gasto, tenemos un déficit fiscal del orden de los $ 33.4000 millones acumulados en los últimos 12 meses cuando se elimina la contabilidad creativa de ganancias ficticias que incluye el Gobierno entre sus ingresos corrientes, sin contar el uso de las reservas del Banco Central para financiar el pago de deuda en moneda extranjera.

¿Cuáles son los mecanismos de financiamiento del gasto y cuáles ha usado el Gobierno? Los mecanismos son: a) impuestos, b) endeudamiento, c) emisión monetaria y d) consumo de capital.
En materia impositiva, el actual gobierno ha superado todos los récords de carga tributaria. No sólo incrementó los derechos de exportación, sino que también ha congelado los mínimos no imponibles del impuesto a las ganancias para hacerle pagar más impuestos a los empleados, al tiempo que no se permiten ajuste por inflación en los balances. Es decir, el Gobierno cobra impuestos sobre ganancias inexistentes.
Decía que la carga tributaria ha llegado a niveles récord superando inclusive a países desarrollados. Pero bueno es aclarar que esa carga tributaria es asfixiante para quienes trabajan en el mercado formal, porque la misma recae sólo sobre ellos mientras que los que están en el mercado informal no soportan esa presión impositiva. Dicho de otra manera, el promedio da una cosa, pero la carga efectiva sobre los que trabajamos en blanco es mucho mayor al promedio.
El otro mecanismo de financiamiento es el endeudamiento. Mucho se habla desde el Gobierno de la política de desendeudamiento, por ejemplo el pago al contado al FMI, pero el BCRA tenía en 2004 un stock de Lebacs, Nobacs y pases de $ 10.000 millones y actualmente ese stock está en los $ 80.000 millones. Multiplicó por 8 la deuda de corto plazo llevándola al equivalente a unos U$S 20.000 millones. El doble de lo que se le pagó al FMI. Si a este dato se le agrega la deuda que el tesoro coloca a diferentes organismos públicos, más la deuda no registrada como es el no pago a los jubilados por juicios pendientes por no ajuste de haberes, no sólo no hubo política de desendeudamiento sino que se uso intensamente la deuda como forma de financiar el gasto.
En lo que hace a la emisión monetaria, la emisión primaria de moneda viene creciendo a un ritmo del 34% anual, generando un proceso inflacionario del orden del 27% en el nivel general y cercano al 40% en el rubro alimentos. Es decir, no sólo el Gobierno nos mata con impuestos sin contraprestación alguna, sino que, además se endeuda y cobra un fenomenal impuesto inflacionario.
Con semejante emisión monetaria no debe sorprender que estemos en una suerte de corralito de hecho dado que los cajeros automáticos no tienen efectivo y en varias provincias tienen que pagar los sueldos de los empleados públicos en diferentes días por falta de billetes físicos. Ya estamos en la serie S de los billetes de $ 100 que se imprimieron en Brasil y en la M en los billetes que se imprimen aquí. Dentro de poco tendrán que imprimir los billetes de un solo lado para poder llegar a tiempo a abastecer el mercado.
Pero todo esto no ha sido suficiente y también se consumió el stock de capital para financiar más consumo en forma artificial. La pérdida de millones de stock ganadero, rutas que están en pésimo estado, transporte público agonizando y el sistema energético colapsado.
Justamente el embate que estamos viendo contra las empresas distribuidoras de energía es resultado de una clara política populista de hacerle creer a la gente que tiene energía barata. Los miles de millones de pesos que se destinan a subsidiar la energía van fundamentalmente a financiar la generación, que además es cara por los sistemas que se están utilizando. La distribución de energía no recibe directamente subsidios. Por más que sea políticamente incorrecto decirlo, en los 90 también hubo picos de mucho calor y mucho frío y sin embargo no faltaba gas en invierno ni energía en verano. ¿Por qué? Porque el sistema energético tenía reservas de capacidad de generación y distribución para afrontar los picos de calor y los de frío. Al congelarse demagógicamente las tarifas de energía que pagan los usuarios domiciliarios se optó por consumir el stock de capital y no disponer de suficientes reservas para los picos de calor y frío, con el agravante que se gastan millones de pesos al año en generar energía en forma ineficiente y más cara. Es decir, la brecha entre el costo de generar energía y el precio que se paga en el domicilio se amplió por la forma más onerosa en que se genera electricidad. Brecha que, obviamente no se paga en la boleta de luz, pero se paga con el impuesto inflacionario.
Si bien este gobierno dice llamarse progresista y suele formular discursos que son música para la izquierda, la realidad es que ese discurso parece ser más para la tribuna dado que las políticas que se aplican son populismo en estado químicamente puro. Y el populismo sólo es sostenible mientras haya recursos. Cuando se acaban los recursos para financiar la demagogia las cosas se complican como acabamos de ver en Bolivia con don Evo Morales o en Venezuela con el dictador comandante que se mandó una flor de devaluación.
Así como en los 90 mi argumento era que el sistema solo podía funcionar mientras nos financiaran del exterior, ahora los mecanismos de financiamiento son múltiples y con un contexto internacional mucho más favorable, como Brasil con un dólar barato y la soja en buen precio internacional.
Si se acepta que estamos frente a un modelo típicamente populista y que el populismo sobrevive mientras pueda aumentar el gasto, la pregunta es: ¿qué ocurrirá con el gasto en este 2011? Seguro que seguirá subiendo en forma sideral. La segunda pregunta es: ¿hay margen para seguir financiando más gasto? Margen siempre hay, por ejemplo, el impuesto inflacionario. Pero el gran interrogante es qué tasa de inflación está dispuesta a pagar la gente sin que se produzca un impacto político negativo en la imagen del gobierno.
Stock de capital para consumir hay, siempre que la población aguante los serios problemas de infraestructura que tenemos (transporte público, energía, rutas, etc.). Deuda pública el BCRA puede seguir colocando total, dentro de la improvisación del populismo, mañana se verá a quién perjudicar si la cosa se complica. Y, finalmente, el margen para aplicar más carga tributaria también parece haber con la decisión de no modificar los mínimos no imponibles.
En síntesis, cuanto más dure esta fiesta populista, más inflación, más atada con alambre la infraestructura y más carga tributaria. La gente tendrá que acostumbrarse a que la plata no le alcance para llegar a fin de mes, a viajar como ganado en el transporte público, a viajar por rutas destrozadas, a no prender el aire acondicionado cuando sube la temperatura, a hacer colas para cargar combustible y a recorrer los cajeros automáticos para conseguir efectivo. Deberá acostumbrarse a ello en nombre de la justicia social.

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El centralismo clientelista fracasó. Por Juan José Llach

Aumentan día tras día las evidencias del fracaso económico y social del centralismo clientelista montado a principios de siglo para repartir arbitrariamente a provincias, municipios y organizaciones sociales rentas extraídas del conjunto del país en magnitudes sin precedente. Las evidencias surgen desde ámbitos tan disímiles como las ocupaciones de tierras en la Capital y el Gran Buenos Aires, los malos resultados de los estudiantes argentinos en las evaluaciones educativas internacionales (PISA 2009) o la vuelta a la concentración de población en el GBA que surge del censo 2010.

No son pocos los que piensan que el sistema perdurará por la ficción que lo envuelve y protege. Aun en las provincias perjudicadas, son muchos los ciudadanos y dirigentes que creen, o quieren creer, que el reparto así montado es una concesión graciosa de la Nación. Que las "transferencias discrecionales" (no mandadas por ley) a provincias y municipios, que este año llegarán a cerca de 35.000 millones de pesos, son un obsequio bien habido y sin cargo.
La verdad es bien distinta, porque el sistema se basa en recursos extraídos a las provincias -a veces ilegal o ilegítimamente- con efectos muy negativos. Por un lado, la Nación se sigue apropiando de ingresos que debería estar coparticipando, como, por ejemplo, el impuesto a los créditos y débitos bancarios; o el 15% de la masa coparticipable que va a la Anses, pese a haber sido legislado en su momento como compensación por los ingresos que se aportaban a las AFJP, que ya no existen. La suma de estas apropiaciones indebidas es del mismo orden de magnitud del supuesto obsequio de las "transferencias discrecionales". Esto obedece, también, a que las retenciones a las exportaciones, que este año llegarán al récord de 50.000 millones de pesos, son recursos extraídos de las provincias, apenas atenuados por el premio consuelo de la devolución de un 30% de las retenciones sobre la soja, unos 5000 millones de pesos en 2010.
A la injusticia de estas apropiaciones indebidas de recursos por parte de la Nación, se agrega una larga lista de inequidades entre provincias y sectores sociales. Santa Cruz recibe transferencias para obra pública similares a las de la provincia de Buenos Aires y cincuenta veces mayores por habitante que las que recibe Córdoba. Una cifra cuidadosamente ocultada, cercana a los 25.000 millones de pesos tomados de las provincias, se distribuye entre sectores pudientes del Gran Buenos Aires para que puedan usar y malgastar la electricidad o el gas a una cuarta parte del precio que rige en países vecinos. En fin, las retenciones a las exportaciones castigan en mayor medida a las provincias del Norte, limitando el desarrollo de sus agroindustrias, de gran potencial, e impulsando emigraciones.
Un sistema de esta índole no es conducente a la convergencia económica y social de las provincias argentinas entre sí, por lo que seguirá motorizando emigraciones muchas veces empobrecedoras. Así se ha visto en los primeros resultados del censo 2010. Por primera vez desde 1980, los 24 partidos del Gran Buenos Aires han vuelto a ganar participación en la población total, del 24 al 24,7%. Si a ellos se agregan los nuevos del "cuarto cordón", el aumento es de 25,7 a 26,7%, porque ellos han crecido el doble que los tradicionales desde 2001. Es indudable que al menos parte de este cambio de tendencia se debe al empobrecimiento relativo de muchas provincias o distritos y a la baja calidad de sus servicios públicos de salud y educación, resultantes ambos de los límites que se imponen a su producción y de la exacción de recursos por parte de la Nación.
En lo que hace a los inmigrantes extranjeros, también influyen por cierto políticas socioeconómicas deficitarias, tanto en Bolivia como en Paraguay. Hace mucho tiempo que los estudiosos de las migraciones han mostrado el irresistible atractivo de las grandes ciudades, por su elevado ingreso medio por habitante y la mayor probabilidad de conseguir un empleo. Pero aquí la cuestión vira de tono, porque al disparatado sistema centralista se agrega el injusto tratamiento a la provincia de Buenos Aires en la coparticipación federal y, contra lo que se cree, también a los partidos del GBA, pese al fondo del conurbano. Según el Iaraf (Instituto Argentino de Análisis Fiscal), entre enero y noviembre de 2010 las provincias recibieron 2430 pesos por habitante en concepto de transferencias legales (no discrecionales), promedio que oculta abismales diferencias: desde los 9144 pesos recibidos por Tierra del Fuego hasta los mínimos de 1276 pesos de la provincia de Buenos Aires y los 634 recibidos por la ciudad de Buenos Aires. Quienes emigran hacia el Gran Buenos Aires no se equivocan, porque pese a todo es probable que sus oportunidades sean mayores allí. Pero la exacción a la que se somete también a esta región del país hace que muchas veces sus sueños se vean frustrados. El mismo sistema centralista y clientelista que los empuja a venir los maltrata a la llegada, como en una broma macabra.
Otra prueba clara y dolorosa del fracaso del centralismo vigente la dan los resultados de las evaluaciones internacionales PISA 2009 de aprendizajes de lengua, matemática y ciencia, tomadas a jóvenes de 15 años y recién publicadas. En línea con lo hallado por el estudio latinoamericano de educación primaria de la Unesco, se observa que los chicos argentinos aprenden cada vez menos en comparación con sus pares latinoamericanos. Según materias y niveles, la Argentina ha pasado del primero o segundo puesto en América latina a entre el sexto y el noveno en los últimos quince años.
Otro dato muy negativo de la prueba PISA es que de las 66 naciones o regiones participantes, la Argentina es el país en el cual los resultados de lectura dependen más de las diferencias entre escuelas: subsiste a pleno la vieja realidad de escuelas pobres para los pobres. Es evidente que no alcanzó con las leyes votadas en esta década (180 días, educación nacional, educación técnica y financiamiento), pese a haberse aumentado la inversión en educación, ciencia y tecnología del 4,2% del PBI en 2004 a 6% o más en 2010. Ninguna de las metas sustantivas de la ley de financiamiento se ha cumplido y, como se analizó en http://blogs.lanacion.com.ar/ciencia-maldita/, la idea de que el derrame de dinero todo lo arregla ha fracasado una vez más.
Es de todos modos penoso que ni el Gobierno ni la oposición hayan presentado proyectos de ley al Congreso para dar continuidad al financiamiento preferencial que la educación necesita y fijar nuevas metas a alcanzar e institutos que permitan lograrlo. Hay mayor consenso que en el pasado acerca de lo que hay que hacer para mejorar la Justicia y la calidad educativas. Sobresalen cinco puntos: universalizar el alcance de las políticas de desarrollo infantil y universalización del nivel inicial; doble jornada en primaria y media, empezando por las zonas más necesitadas, y con adquisición de competencias laborales a nivel medio; evaluación censal y no muestral de los aprendizajes al menos cada dos años, para que directivos, docentes, padres y alumnos sepan si su escuela está mejorando o no y para diseñar mejores políticas educativas, escuela por escuela, provincia por provincia; en fin, llegar a un nuevo contrato entre la sociedad y los maestros, que elimine flagrantes excesos y jerarquice definitivamente la profesión.
No son pocos los gobernadores que desearían hacer más de estas cosas, pero los recursos los limitan seriamente. Abundan también alternativas fiscales que permitirían mejorar este sistema, y el político que liderara este cambio sería a la larga un genuino triunfador. Mientras tanto, los príncipes de turno, no sólo los de hoy, se solazan en el centralismo clientelista creyendo que el fracaso económico y social no es tan importante, porque de todos modos se pueden seguir ganando elecciones con este sistema. Ya sería hora de que leyeran más certeramente una realidad que está empezando a cambiar y puede deparar sorpresas.

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