El Plan Obama-Geithner puede funcionar. Por Domingo Cavallo

Desde que escribí mis tres posts sobre la crisis financiera global y la intervención del Estado, estuve en San Pablo, Lima, New York y ahora estoy en Washington. En todos estos lugares tuve oportunidad de hablar con economistas, políticos y banqueros sobre la crisis financiera global. También pude palpar el estado de ánimo de la gente de la calle en las numerosas oportunidades que tuve para conversar con choferes de taxi y personal de los hoteles y restaurantes. Por supuesto, leí las opiniones de Paul Krugman y Jeffrey Sachs, muy críticas del plan anunciado por Timothy Geithner para sanear el sistema financiero. Mañana viajo a París para participar en sendas reuniones en las que se discutirán soluciones para la crisis financiera global como aportes para la reunión del G20 que se llevará a cabo en Londres el 2 de Abril. Varios visitantes de este blog me han pedido que de mi opinión sobre el plan anunciado por la administración de los EEUU para enfrentar la crisis financiera global iniciada en ese país. Pues, acá vá.
El Plan Obama-Geithner para la economía norteamericana consiste en dos grandes programas de expansión fiscal y moneraria: uno enderezado a revertir o al menos atemperar la caída de la demanda interna de consumo e inversión y otro enderezado a sanear el sistema financiero, para que vuelva a jugar el rol de intermediador eficiente entre los ahorros y la inversión empresaria y familiar. Estos dos programas suponen gran expansión tanto de los pasivos monetarios del Banco de la Reserva Federal como de los pasivos del Tesoro. Es decir, aumentos significativos en la oferta de dólares y de bonos de la deuda pública.

El Plan ha recibido fuertes críticas, tanto por derecha como por izquierda.
Las críticas conservadores aluden al futuro efecto inflacionario y de aumento de los impuestos que predicen como consecuencia de la emisión monetaria y de la deuda pública. Las críticas por izquierda aluden a la insuficiencia de los esfuerzos para aumentar la demanda efectiva de bienes y servicios y al endeudamiento en que se incurre para ayudar a los banqueros y a los tenedores de activos financieros.
Las críticas por derecha son, en mi opinión injustificadas, porque la expansión fiscal es sólo transitoria, para compensar la caída en la demanda efectiva y se va a neutralizar tan pronto como la economía comience a reactivarse, por el efecto de la recuperación económica sobre la recaudación de impuestos. Es cierto que la situación fiscal de los EEUU no era sana, aún antes de que se desatara la crisis financiera, porque en plena expansión económica desplegaba un déficit fiscal de 700 mil millones de dólares y otro déficit semejante en la cuenta corriente de la Balanza de Pagos. Pero los ajustes necesarios para reducir o eliminar esos desequilibrios deberán lograrse a través de un proceso de coordinación con las economías que son la otra cara de la moneda: las que tuvieron fuertes superávit fiscales y externos. Intentar hacerlo ahora, con medidas unilaterales decididas por los EEUU, sería agravar la crisis no sólo en ese país sino también y, sobre todo, a escala global. Máxime cuando el mundo ve al Dólar y las letras del Tesoro Americano como los mejores refugios de valor.
La única solución mejor que la expansión fiscal en los EEUU requeriría fuerte expansión fiscal en los países con cuentas fiscales y externas superavitarias que cuentan con monedas nacionales también creíbles. En ese caso, los EEUU deberían utilizar la demanda por sus Dólares y por sus letras del Tesoro, para recrear la oferta de crédito al sector privado o a los países emergentes que están siendo afectados por la crisis global y no tienen bancos centrales ni tesoros nacionales en condiciones de actuar como prestamistas en última instancia. Pero esta alternativa no puede ser decidida unilateralmente por los EEUU. Los discursos de Obama y Geithner sugieren que esta es la propuesta que ellos llevaran al G20 que está por reunirse en Londres.
Las críticas por izquierda son de variado tenor. Por un lado comienzan señalando que el programa de expansión fiscal de Obama hay excesivo componente de rebaja de impuestos e insuficientes asignaciones presupuestarios para programas sociales capaces de mejorar la distribución del ingreso en forma permanente. Pero son poco realistas, porque no tienen en cuenta que la política fiscal es resorte del Congreso y no del Poder Ejecutivo, razón por la cual siempre será fruto de un compromiso entre posiciones más conservadoras y otras mas liberales. Lo que ha hecho Obama es lo único que puede hacer un Presidente norteamericano que respeta la división de poderes. Los detalles sobre la composición específica de la expansión fiscal siempre será discutible y opinable, pero nadie puede estar seguro que por haber buscado un compromiso el programa está condenado a fracasar.
La crítica por izquierda más fuerte se ha escuchado luego de que Timothy Geithner anunciara su programa para crear una asociación público-privada para la compra de activos tóxicos del sistema financiero norteamericano. Se argumenta que este programa apunta a ayudar a los banqueros a defender el valor de sus tenencias accionarias y a proteger a los acreedores de los bancos que no tienen garantía del Estado, es decir, a los grandes inversores financieros que tomaron por sí, o a través de sus asesores ignorantes o deshonestos, decisiones de inversión equivocadas. En mi opinión, esta crítica es injustificada por varias razones que paso a explicar.
En primer lugar, el argumento de que se trata de defender el valor de las tenencias accionarias de los bancos con problemas es insostenible, porque estas acciones ya han perdido prácticamente todo su valor: fueron licuadas por los aporte de capital que el Estado ya hizo para re-capitalizar a esas entidades financieras. Los tenedores de acciones al momento en que se desató la crisis, entre los cuales estaban los máximos directivos y ejecutivos bancarios que habían cobrado fuertes "bonus", precisamente en acciones de las mismas instituciones, ya perdieron la mayor parte del capital que creían tener. Además, esas acciones aún corren el riesgo de pasar a valer cero, porque no se descarta que si luego de la implementación del programa de compra de activos tóxicos, algunas entidades financieras siguen en estado de insolvencia, las mismas sean sometidas a los procesos de liquidación del FDIC (la institución que garantiza los depósitos bancarios) o a procesos equivalentes para entidades no bancarias, para los que el gobierno de Obama está solicitando la respectiva autorización legislativa al Congreso.
Con respecto a que este programa ofrece protección a los acreedores no garantizados de los bancos hay que hacer al menos tres consideraciones: 1) No se concede a estos acreedores ninguna garantía formal, algo que están buscando algunos de los que proponen "nacionalizar" los bancos: 2) Quienes aporten el capital accionario a estos fondos públicos-privados, que son los primeros en absorber las pérdidas si los activos que compran siguen desvalorizándose, son los que decidirán que activos comprar y a que precio. El comportamiento racional indica que buscarán las mejores oportunidades utilizando toda su experiencia como administradores de fondos, exactamente como lo hacen quienes invierten habitualmente en "distressed assets". Es muy probable que haya muchos activos que en este momento están siendo valuados por el mercado (precio al que los bancos deben contabilizarlos en sus balances) muy por debajo del precio que tendrían de no existir el pánico y la incertidumbre que hoy plaga los mercados. Estos serán los activos que buscarán los administradores de estos fondos que contarán no sólo con su aporte de capital sino con recursos prestados por el sector público en una relación 9 a 1; 3) Las entidades finanacieras que luego de este operativo todavía acusen una situación de insolvencia (patrimonio neto negativo) seguramente entrarán en liquidación y no sólo su capital eccionario pasará a valer cero, sino que los sus acreedores no garantizados sólo cobraran la parte que resulte de la liquidación de sus activos despues de honrar los pasivos garantizados (depósitos hasta 250,000 dólares por titular).
Es cierto que el gobierno podría haber dispuesto directamente la liquidación de las entidades financieras insolventes sin la etapa previa de compra pública-privada de activos tóxicos, pero es probable que por la enorme cantidad de activos que hoy el mercado subvalúa con exageración (como contracara de la exageración con que los sobrevaluó en la etapa previa a la crisis) hubieran terminado siendo liquidadas muchas entidades y afectando a millones de tenedores de bonos y depositantes no garantizados, mucho más de lo que un proceso de liquidación más limitado y ordenado, luego de la compra de activos tóxicos, va a arequerir.
Por supuesto que todo plan tiene siempre la posibilidad de ser insuficiente y fracasar. Pero me parece temerario que se sostenga de antemano que el plan Obama-Geithner está destinado al fracaso. Y mucho menos que está inspirado en el deseo de proteger a banqueros y a inversores imprudentes.

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Documento del Plan Fénix

“Los reclamos por suprimir las retenciones a las exportaciones primarias ocupan, desde hace algún tiempo, un lugar destacado en la agenda de los medios de difusión. Los argumentos al respecto tienen muchas veces un contenido simplista, pero ello no impide que esto sea avalado por partidos políticos, organizaciones intermedias, cámaras empresariales y hasta organizaciones sindicales.”
Así comenzaba un comunicado que emitiéramos desde el Plan Fénix, en marzo de 2005. Cuatro años después, el debate sobre el tema permanece, con mayor vigor, habiendo atravesado instancias dramáticas durante el año 2008, con fuertes reverberaciones en el plano político y partidario. Una y otra vez se han reiterado argumentos a favor o en contra de este instrumento. Así lo hemos hecho también nosotros, exactamente hace un año. Reafirmamos nuestra postura a favor del mantenimiento de las retenciones, graduando su impacto por producto, escala de explotación y región geográfica. Se trata de un instrumento con indudables efectos positivos:
n Permite socializar parte de la renta primaria, que de derecho corresponde a toda la comunidad.
n Introduce un tipo de cambio diferenciado que favorece un desarrollo armónico de agro e industria, transfiriendo al conjunto de la economía la ventaja comparativa agrícola.
n Brinda holgura fiscal al Estado, lo que habilita el financiamiento de inversión productiva y otras prestaciones estatales, sin presionar sobre los mercados financieros.
La historia argentina de las últimas tres décadas avala esta postura: los dos ciclos más exitosos de la economía en términos de crecimiento (1963–1974 y 2003-2008) en los últimos 50 años contaron con la aplicación de tipos de cambio diferenciados mediante retenciones. Sobresale en ambos casos el fuerte impulso resultante para las exportaciones industriales no tradicionales, que crecen en términos reales a un ritmo muy superior al de las exportaciones agrícolas. Es ésta una herramienta insustituible para apuntalar al desarrollo con equidad de la Argentina, sobre la base de un modelo híbrido, que combine ventajas comparativas naturales y aquellas que permiten la actividad de transformación.
En la actual coyuntura se añaden algunos elementos novedosos. La caída de los precios internacionales (que han regresado así a valores próximos a los históricos) ha reducido el margen de ganancias extraordinarias del año pasado. A ello se agrega una sequía inédita, con valores de precipitación pluvial menores en 50 por ciento o más con relación a promedios históricos, que ocasiona la disminución de los volúmenes producidos (particularmente en los casos de trigo y maíz). A la disputa en torno de la posible apropiación de tales ganancias, que produjo la escalada del conflicto, se suman ahora los requerimientos para paliar la situación crítica ocasionada por la mencionada circunstancia climática.
La postura de las patronales rurales, respaldada por parte importante de la oposición política, no ha variado, sin embargo: el reclamo es por la abolición o drástica reducción de las retenciones, sin otros aditamentos. Ante este escenario, el Gobierno ha anunciado recientemente algunas medidas, a partir de reuniones con los representantes rurales, que desgravan parcialmente algunas producciones (pampeanas y extrapampeanas), segmentan la aplicación de retenciones y brindan subsidios para revertir la reducción del stock ganadero. Se mantiene la alícuota para la soja, habiéndose dispuesto en estos días su parcial coparticipación con las administraciones provinciales y municipales.
Entendemos que modificar los principios que sustentan el sistema de retenciones sería equivocado. A los argumentos ya mencionados debemos agregar la profundización de la actual crisis internacional, con impactos recesivos que llegarán inexorablemente a nuestro país. Hoy más que nunca, desguarnecer al Estado constituye un grave paso en falso, que entraña riesgos considerables. No es éste el momento, seguramente, de privilegiar intereses sectoriales, sobre todo cuando nada indica que la supervivencia de los emprendimientos agropecuarios esté bajo amenaza. Sólo los acreedores de la aún impaga deuda social de la Argentina tienen derecho a este tipo de reclamo: hablamos de niveles de pobreza y marginalidad que no pueden ser aceptables.
Ahora bien, los argumentos aquí expuestos no son por cierto desconocidos para la generalidad de los analistas y actores del quehacer económico y social. Cualquier persona razonablemente informada e intelectualmente honesta puede reconocer su validez, más allá de los matices con los que el instrumento de las retenciones puede ser aplicado. Cualquier persona sabe que la supresión de las retenciones no paliará los impactos de la crisis internacional, ni tampoco devolverá la lluvia perdida. En consecuencia, la presente puja en torno del tema no refleja sino un posicionamiento torpe y de miras cortas. Quienes abogan por la eliminación de las retenciones, en función de su interés sectorial inmediato, sacrifican una estrategia que a la postre resulta más beneficiosa para el conjunto. A ello contribuye, por otra parte, una dirigencia política incapaz de pensar más allá de la coyuntural capitalización de la protesta.
Entendamos que –tal como lo dijéramos en declaraciones anteriores– no es sólo el interés sectorial sino el patrón de acumulación y distribución lo que aquí está en juego. Hemos vivido y sufrido las consecuencias de esquemas fundados en la revaluación cambiaria y el desfinanciamiento estatal. No están tan lejanos los recuerdos del empobrecimiento de los años ’90 y la correspondiente crisis terminal de 2001. Sin embargo, hay quienes parecen añorar este modelo.
Señalamos además que –más allá del fragor producido por los numerosos cruces verbales– el posicionamiento gubernamental ha carecido de la necesaria claridad. En lugar de ofrecer una fundamentación equilibrada y articulada de esta política, se ha recurrido a argumentos parciales, ora apuntando a aspectos distributivos, ora señalando necesidades fiscales. La dirigencia política argentina debe comprender –desde el Gobierno o desde el llano– que es imperativo persuadir desde la razón, y a la vez desde una perspectiva que valore el bienestar del conjunto de la sociedad. De la misma manera corresponde reclamar a los medios de comunicación un tratamiento objetivo, que no priorice una toma de posición, como hoy se observa en forma generalizada.
Este conflicto debe ser encarado en términos adecuados no sólo a la coyuntura sino a una senda de desarrollo con equidad. Esto es, en el marco de un proyecto nacional todavía por definirse para la Argentina.
Deben esclarecerse por lo pronto los intereses y la representatividad de los actores, lo que lleva a reconocer que la dirigencia enfrentada a las retenciones no representa a la población campesina de recursos y horizontes productivos limitados. Se trata por lo contrario de propietarios de medio y alto porte, rentistas en muchos casos, y en su mayoría de la llanura pampeana. Ellos se han beneficiado considerablemente con la conjunción de precios altos y devaluación verificada en los últimos años. Así lo evidencian los elevados precios de la tierra (e incluso de los inmuebles urbanos en las ciudades del interior agropecuario pampeano).
Pero la realidad de la actividad agropecuaria en la Argentina es considerablemente más compleja. Ella comprende producciones de diversa naturaleza y escala, cadenas de intermediación fuertemente oligopolizadas en muchos casos, proveedores de insumos críticos también concentrados.
Es necesario entonces comprender la problemática agropecuaria en toda su diversidad. Esto implica ir más allá de la cuestión puntual de las retenciones.
El modelo de agricultura intensiva en tecnología que se ha desarrollado en la última década conlleva una fuerte expansión del cultivo de soja, en detrimento tanto de usos más equilibrados de los suelos (lo que puede comprometer la sostenibilidad a futuro), como de cultivos más intensivos en uso de mano de obra en zonas extrapampeanas. Asimismo, ha puesto en entredicho la viabilidad de la actividad ganadera, que se ha visto desplazada, afectando el stock total e incluso la actividad lechera. Se avizoran los riesgos propios del monocultivo en términos de su viabilidad ecológica como de precios internacionales no previsibles.
Estos aspectos requieren definiciones estratégicas por parte del Estado, ya que la preservación del suelo y la sostenibilidad en el largo plazo no pueden dejarse libradas a las señales de mercado dado el limitado horizonte de evaluación de los decisores privados. Estas definiciones se encuentran ausentes. Sólo se han ensayado medidas puntuales, con éxito diverso. Debe ser objeto de particular consideración la agricultura de escala familiar en áreas alejadas de las zonas cerealeras. Asimismo, las cadenas de elaboración y comercialización, tanto en granos como en carnes, hoy día se apropian de una parte no desdeñable de la renta primaria. Esto amerita un estudio en profundidad para su reformulación. Es imperativo un ejercicio participativo de planificación sectorial, que defina un perfil futuro a la vez factible y deseable, en lo que atañe al sector y a su vinculación con el resto de la economía. Se podrán establecer así los roles que cada actividad debe cumplir en el conjunto del quehacer agropecuario, incorporando explícitamente la consideración de aspectos ambientales. Otros tópicos que deben integrar esta agenda son la creación de una comercializadora de carácter público y la revisión de la legislación referida a los arrendamientos rurales.
Las herramientas de intervención gubernamental deben encontrarse correctamente diseñadas y ser implementadas en forma confiable. La imagen resultante debe ser la de un Estado comprometido con una política eficaz, con aristas diversas, correctamente fundamentada, y que no se limita seguramente a introducir un tipo de cambio diferenciado o a atender requerimientos fiscales.
Se requiere entonces a la vez voluntad de diálogo y convicción fundada en la defensa de posturas que benefician al colectivo de los argentinos. La negociación de ninguna manera puede transcurrir bajo la amenaza de medidas que comprometen la continuidad de las actividades productivas, ni mucho menos con la concreción de aquéllas.
El conflicto con el sector agropecuario lleva ya demasiado tiempo. Urge en esta nueva etapa una solución duradera en pro de un proceso de crecimiento sostenible y equitativo, ajustada además a un escenario internacional muy diferente y seguramente más duro que el que vivimos en los últimos años.
* Proyecto Estratégico de la Universidad de Buenos Aires-Plan Fénix.
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La desesperante política económica. Por Paul Krugman

A lo largo del fin de semana, The New York Times y otros periódicos publicaban detalles filtrados sobre el plan para rescatar a los bancos del Gobierno de Obama. Tim Geithner, secretario del Tesoro, ha convencido al presidente Obama para que recicle la política del Gobierno de Bush, y más concretamente, la propuesta "Dinero a cambio de basura" que presentó hace seis meses el entonces secretario del Tesoro Henry Paulson y que después se abandonó.
Esto es más que decepcionante. De hecho, me llena de desesperación. Después de todo, acabamos de pasar por una tormenta de fuego con las primas de AIG, durante la cual los miembros del Gobierno afirmaban que no sabían nada, que no podían hacer nada, y que de todos modos era culpa de otros. Por otra parte, la Administración no ha resuelto las dudas de los ciudadanos acerca de qué hacen los bancos con el dinero público. Y ahora, por lo visto, Obama se ha decidido por un plan financiero que, en esencia, da por sentado que los bancos están básicamente saneados y que los banqueros saben lo que hacen.

Es como si el presidente estuviera decidido a confirmar la impresión cada vez más extendida de que él y su equipo económico han perdido el contacto con la realidad, y de que su visión económica está nublada por unos lazos excesivamente estrechos con Wall Street. Y es posible que para cuando Obama comprenda que necesita cambiar de rumbo, ya haya perdido su capital político.
Centrémonos por un momento en el análisis económico de la situación. Ahora mismo, nuestra economía se ve lastrada por un sistema financiero disfuncional, paralizado por las enormes pérdidas provocadas por los activos hipotecarios y otros activos.
Como bien pueden explicar los historiadores económicos, ésta es una vieja historia, no muy distinta de docenas de crisis similares a lo largo de los siglos. Y hay un procedimiento probado para lidiar con las repercusiones de la quiebra financiera generalizada, que es el siguiente: el Gobierno se asegura la confianza en el sistema garantizando muchas deudas bancarias (aunque no necesariamente todas). Al tiempo, asume el control provisional de los bancos verdaderamente insolventes, para limpiar sus balances. Es lo que Suecia hizo a principios de la década de 1990. Es también lo que hizo EE UU tras la catástrofe de las cajas de ahorro en los años de Reagan. Y no hay razón para que ahora no podamos hacer lo mismo.
Pero al parecer, el Gobierno de Obama, al igual que el de Bush, quiere una salida más fácil. El elemento común entre el plan de Paulson y el de Geithner es la insistencia en que los activos incobrables de los libros contables valen en realidad mucho, mucho más de lo que cualquiera está dispuesto a pagar por ellos en la actualidad. De hecho, su verdadero valor es tan alto que si se les adjudicara el precio que les corresponde, los bancos no tendrían problemas.
Y por ello el plan es usar fondos públicos para impulsar al alza el precio de los activos incobrables hasta que alcancen niveles "justos". Paulson proponía que el Gobierno comprase directamente los activos. Geithner, por el contrario, plantea un complejo plan según el cual el Gobierno presta dinero a inversores privados, que lo usan para comprar esos activos. La idea, explica el principal asesor económico de Obama, es usar "la experiencia del mercado" para establecer el valor de los activos tóxicos.
Pero el plan de Geithner propone una apuesta cuyo resultado ya se sabe de antemano: si el valor de los activos sube, los inversores se benefician, pero si baja, los inversores pueden escaquearse de su deuda. Por lo tanto, en realidad no se trata de permitir que los mercados funcionen. Es sólo una forma indirecta y encubierta de subvencionar la compra de activos incobrables.
Dejando a un lado el probable coste para los contribuyentes, hay algo extraño en todo esto. Según mis cuentas, ésta es la tercera vez que el Gobierno de Obama presenta un plan que es esencialmente un refrito del plan de Paulson, y cada vez ha añadido un nuevo conjunto de extras y afirmado que está haciendo algo completamente distinto. Empieza a parecer obsesivo.
Pero el verdadero problema de este plan es que no va a funcionar. Sí, es posible que los activos problemáticos estén algo infravalorados. Pero el hecho es que los ejecutivos financieros apostaron literalmente sus bancos basándose en la creencia de que no había una burbuja de la vivienda, y en la creencia relacionada de que los insólitos niveles de endeudamiento de las familias no eran un problema. Perdieron esa apuesta. Y ningún abracadabra financiero -porque en el fondo eso es lo que es el plan de Geithner- va a cambiar ese hecho.
A lo mejor se preguntan por qué no probar el plan y ver qué pasa. Una respuesta es que el tiempo se está agotando: cada mes que no atacamos la crisis, desaparecen otros 600.000 puestos de trabajo.
Sin embargo, lo más importante es la forma en que Obama está malgastando su credibilidad. Si este plan fracasa -como sucederá casi con toda seguridad- es improbable que consiga persuadir al Congreso de que apruebe más fondos para hacer lo que debería haber hecho desde el principio.
No todo está perdido: los ciudadanos quieren que Obama tenga éxito, lo cual significa que todavía puede rescatar su plan para rescatar a los bancos. Pero se nos acaba el tiempo.

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¿ Quo Vadis dólar? Por Roberto Cachanosky

Dólar caro y caja abundante fue todo lo que en estos 6 años hubo como concepción de la política económica. El resto son parches que se fueron poniendo a medida que la situación económica iba complicándose. Los controles de precios, las prohibiciones de exportación, el dibujo del IPC , el canje de bicicletas y demás medidas no son otra cosa que el resultado de la inconsistencia económica que tenía un modelo, si así puede llamarse, que algunos llegaron al delirio de creer que se trataba de un nuevo paradigma de política económica.
El dólar caro le permitía al Gobierno dolarizar parte de sus ingresos tributarios para agrandar la caja y, además, le daba colchón para subir las retenciones. Recordemos que comenzaron en el 2002 con el 10%, luego las subieron al 20%, al 24%, al 27,5%, al 35% y finalmente quisieron ir por la 125 para aumentar las retenciones y estalló el país.
¿Por qué el aumento constante de retenciones? Por varias razones. La primera es que a más gasto público más necesidad de recursos para financiarlo. La segunda tiene que ver con el tipo de cambio real. Como el Banco Central emitió moneda a marcha forzada, la inflación se comió el tipo de cambio real hasta dejarlo en un nivel similar al de la convertibilidad. Dicho en otras palabras, con el dólar quieto en torno a los 3 pesos y los precios internos subiendo en pesos (algo de lo que Cristina Fernández se olvidó de hablar en el Congreso), los bienes y los salarios empezaron a ser cada vez más altos medidos en dólares. Esto significa que por cada dólar que el Estado recauda por derechos de exportación puede pagar menos salarios y comprar menos bienes. En definitiva, la licuación del tipo de cambio real le generó al Gobierno un problema de caja que, inicialmente, intentó solucionar con la 125, intento que lo hizo chocar contra la pared. De manera que, desde antes que se produjera la crisis internacional, el Gobierno ya estaba en problemas con su "modelo".
La combinación de retraso cambiario (el Gobierno puede pagar menos gastos por cada dólar que cobra por derechos de exportación y de importación), la caída de los precios internacionales que también conspira contra los ingresos tributarios, más la recesión interna que afecta al resto de los ingresos impositivos determinan que, tanto la caja abundante como el tipo de cambio alto sean historia. El modelo se terminó. Se agotó. Murió. Kirchner dilapidó el tipo de cambio alto que le dejó Duhalde y, como decimos los economistas, fue un free rider (alguien que se beneficia gratis de lo que hace otro) del boom de precios internacionales (ese boom que criticaba Cristina antes porque los precios de los alimentos eran caros y que ahora también critica porque son baratos y le afecta la recaudación). Acabado el tipo de cambio caro y con el viento de cola que se transformó en viento de frente, tienen que buscar una salida. ¿Cuál puede ser? Dentro del listado de medidas K todo es posible. Desde nuevas confiscaciones de stocks hasta una devaluación para mejorar los ingresos fiscales. El problema es que devaluar en este contexto de desconfianza e incertidumbre es muy complicado para un gobierno que no es creíble. Lo único que tenemos por cierto es que el tipo de cambio va a seguir subiendo porque al gobierno le conviene por una cuestión de caja y porque ya no es solo el sector agropecuario el que está complicado, sino que también la industria le está pidiendo un tipo de cambio más alto.
Y aquí viene el problema. ¿Puede el Gobierno llevar lentamente el tipo de cambio hacia arriba sin que haya una estampida de las que conocemos? Puede pero lo veo complicado. En primer lugar porque no tiene las reservas que declara. En segundo lugar porque la gente, ante la incertidumbre, siempre se refugia masivamente en el dólar. Además porque con la caída de exportaciones habrá menos oferta de dólares en el mercado. Y, en cuarto lugar, porque veo un movimiento extraño que me hace recordar a la década del 80.
¿Cuál es ese movimiento extraño? Que mientras los depósitos en pesos en el sistema financiero crecen (algo muy extraño en un contexto de incertidumbre e inflación) el stock de créditos al sector privado baja. Es decir, el sistema financiero está pagando tasas de interés por depósitos a plazo fijo y no le prestan al sector privado. Como nadie va a pagar una tasa de interés por depósitos y luego dejarlas guardadas en una caja fuerte, a alguien le tienen que estar prestando. ¿Quién puede ser? El BCRA. Todo parece indicar que el discurso de Cristina en contra de que la plata no genera plata, no se aplica en los hechos. Dicho en otras palabras, el kirchnerismo estaría armando una de las típicas bicicletas financieras a las que estamos acostumbrados los argentinos. Porque el día que el depositante golpee la ventanilla del banco y pida sus pesos, el banco tendrá que darse vuelta y decirle al Central: toma estos bonos y dame los pesos que tengo al cliente en la ventanilla. En ese momento el Central tendrá que emitir los pesos para pagarle al banco y este pagarle al cliente. ¿Qué hará el cliente con sus pesos? Con las cosas insólitas que hacen el kirchnerismo, uno no debe descartar la hipótesis que busque refugiarse en el dólar, como corresponde a cualquier persona sensata que busca defender su patrimonio de un Estado depredador. En ese caso veremos cuál es la verdadera capacidad que tiene el Central para dominar la desconfianza de la gente. Una capacidad que parece no ser tan potente cuando uno ve cómo se ponen nerviosos cuando el mercado está en comprador y empiezan los llamados de teléfono para que no vendan o no compren.
En síntesis. Si el gobierno deja el tipo de cambio quieto, está en problemas. Si lo hace subir también puede estar en serios problemas. Una paradoja del tan declamado modelo productivo que nos hace preguntar, sabiendo la respuesta, ¿quo vadis dólar?

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La venganza de la superabundancia de dinero barato. Por Paul Krugman

¿Se acuerdan de aquella buena época, cuando solíamos hablar de la "crisis de los subprimes " y algunos incluso llegaron a pensar que esta crisis podía "contenerse"? ¡Ah, qué nostalgia!
Hoy sabemos que los préstamos subprime eran tan sólo una pequeña parte del problema. Vivimos en un mundo de prestatarios en problemas, que son desde los desarrolladores de centros comerciales hasta las "milagrosas" economías europeas. Y siguen apareciendo nuevas clases de deudas problemáticas.
¿Cómo se produjo esta crisis global de deudas? ¿Por qué se generalizó tanto? La respuesta puede localizarse en un discurso que Ben Bernanke, el director de la Reserva Federal, pronunció hace cuatro años. En ese momento, Bernanke intentaba tranquilizar. Pero lo que dijo presagiaba el descalabro que vendría.

El discurso, titulado "La superabundancia global de ahorros y el déficit de la cuenta corriente estadounidense", ofrecía una nueva explicación para el rápido aumento del déficit comercial de los Estados Unidos a principios del siglo XXI. Las causas, argumentó Bernanke, no estaban localizadas en los Estados Unidos, sino en Asia.
A mediados de los 90, señaló, las economías emergentes de Asia eran grandes importadoras de capital y pedían préstamos en el exterior para financiar su propio desarrollo. Pero después de la crisis financiera asiática de 1997-98, esos países empezaron a protegerse amasando reservas extranjeras y, de hecho, exportando capital al resto del mundo.
El resultado fue un mundo inundado de dinero barato que buscaba algún lugar a donde ir.
Casi todo ese dinero fue a los Estados Unidos: de ahí nuestro gigantesco déficit comercial, que es la contracara de la afluencia de capitales. Pero, tal como Bernanke señaló, el dinero fluyó también hacia otras naciones.
En particular, un número de pequeñas economías europeas recibieron una gran masa de capital que, aunque mucho más pequeña en términos de dólares que la que entró en los Estados Unidos, era mucho más grande en comparación con el tamaño de sus respectivas economías. Sin embargo, gran parte de la superabundancia global de ahorros terminó en los Estados Unidos. ¿Por qué?
Bernanke citó como justificación "la profundidad y la sofisticación" de los mercados financieros del país. Profundidad, sí. Pero ¿sofisticación? Bueno, se podría decir que los banqueros estadounidenses, a los que un cuarto de siglo de entusiasmo desregulador había conferido poder, guiaron al mundo hacia el descubrimiento de maneras sofisticadas de enriquecerse, y ocultaron los riesgos y engañaron a los inversores.
Los sistemas financieros abiertos y poco regulados caracterizaban a muchos de los otros receptores de esa gran afluencia de capitales.
Eso puede explicar la casi espeluznante correlación que existe entre los elogios de los conservadores de dos o tres años atrás y el desastre económico de hoy. Del milagro al caso perdido
"Las reformas han convertido a Islandia en un tigre nórdico", declaraba un artículo del Instituto Cato. "Cómo hizo Irlanda para convertirse en el tigre celta" era el título de un artículo de la Fundación Heritage. "El milagro económico estonio", el título de otro.
Las tres naciones sufren hoy una profunda crisis. Durante un tiempo, la afluencia de capitales creó la ilusión de riqueza en esos países, tal como les creó la misma ilusión a los propietarios de viviendas estadounidenses: el precio de los valores subía, las monedas eran fuertes y todo parecía fantástico.
Pero las burbujas siempre estallan y las economías milagrosas de ayer se han convertido en los casos perdidos de hoy, naciones cuyos valores se han evaporado, pero cuyas deudas siguen siendo reales. Y esas deudas son una carga especialmente pesada, porque casi todos los préstamos estaban establecidos en otras monedas.
Hoy los perjudicados no son tan sólo los prestatarios originales. En los Estados Unidos, la burbuja inmobiliaria se infló a lo largo de ambas costas, pero cuando estalló, la demanda de productos manufacturados, especialmente autos, cayó a pique, y eso tuvo un costo altísimo sobre el centro industrial.
De manera semejante, las burbujas de Europa se situaron en la periferia del continente y, sin embargo, la producción industrial de Alemania -que nunca tuvo una burbuja financiera, pero es el núcleo manufacturero europeo- cae rápidamente, ante la reducción de las exportaciones.
Si ustedes quieren saber de dónde salió la crisis, deben pensar de esta manera: estamos viendo la venganza de la superabundancia. Y la superabundancia de ahorros sigue existiendo. De hecho, es más grande que nunca, ahora que los consumidores súbitamente empobrecidos han redescubierto las virtudes de la austeridad y el boominmobiliario mundial, que ofreció una salida para todos esos ahorros excesivos, se ha convertido en un colapso mundial.
Una manera de pensar la situación de este momento es entender que sufrimos una paradoja global de la austeridad: en todo el mundo los ahorros necesarios exceden la cantidad que las empresas están dispuestas a invertir. Y el resultado es una crisis mundial que deja a todos en malas condiciones. Así fue como nos metimos en este lío. Y todavía buscamos la forma de salir de él.
Traducción de Mirta Rosenberg Leer más...