(Nota publicada en La Voz del Interior - Miércoles 29 de abril de 2009)
Hoy, en un cuarto piso de la avenida Corrientes al 300, en la ciudad de Buenos Aires, se hará la asamblea de accionistas de Juan Minetti SA, la cementera de origen cordobés, cuya tradicional y gigantesca planta vemos a la izquierda cada vez que vamos desde la ciudad de Córdoba a Villa Carlos Paz. La asamblea no será como la de tantos otros años. La principal curiosidad de los participantes será constatar si aparece o no un enviado del Gobierno nacional para sentarse a la mesa del directorio de la compañía en representación de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). Hasta anoche, nada estaba claro.
En enero, la Anses prestó a Minetti 39,9 millones de pesos en obligaciones negociables que la empresa emitió por un total de 70 millones, aunque la toma de una silla en el directorio se hace por las acciones que habían ido comprando las desaparecidas administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones, AFJP (alrededor de 10 por ciento), que pasaron a la Anses. Será un paso más en el camino que viene recorriendo el organismo previsional para poner un pie en las principales empresas industriales y de servicios del país. Ya son al menos 23, aunque es posible que sean más; Anses no informa acerca de esta movida, lo que da lugar a las más amplias interpretaciones. Para algunos, es simplemente una forma de clientelismo VIP para amigos del Gobierno. En el caso de Minetti, por ejemplo, un eventual director por parte de la Anses pasaría a cobrar parte de los 2,96 millones de pesos con que la empresa remunera a los integrantes del directorio. Para el propio Néstor Kirchner, es un modo de “cuidar la platita” de quienes aportan al sistema previsional, recursos que luego son prestados por la Anses. Así lo expresó anteanoche en un acto organizado por los sectores progresistas que siguen junto a él. Para las cámaras empresarias nucleadas en el relanzado Grupo de los Siete (Asociación de Bancos, Cámara de la Construcción, Unión Industrial, Sociedad Rural, Confederaciones Rurales, Bolsa de Comercio y Cámara de Comercio), es una vía para meter mano en la conducción de las empresas, con las más diversas intenciones, desde forzar a bajar precios hasta imponer una transferencia de propiedad, pasando por conseguir contratos de provisión u obra para empresarios amigos, entre múltiples alternativas. Sin decir ni mu. Lo cierto es que, de una situación en la que parte de los ahorros previsionales eran invertidos en empresas sin que esto generara una participación accionaria por parte de las AFJP, se pasó a otra en la que la Anses ejercerá una representación. Cuando se estatizaron las AFJP, el Gobierno dijo, en forma oficiosa, que no ejercería ese papel. Pero ahora lo hace. No ha cambiado nada en el marco legal desde que desaparecieron las AFJP. Algunos abogados suponen que la decisión se sustenta jurídicamente en algo tan simple como esto: las AFJP no eran propietarias sino administradoras de fondos de millones de ahorristas, por lo que no podían ejercer ese rol. En cambio, ahora es la Anses la única propietaria de la inversión. Si el interés de Néstor Kirchner (la presidenta Cristina Fernández no ha dicho una sola palabra sobre una de las decisiones más trascendentes de su administración) es realmente “cuidar la platita”, entonces deberían ponerse en marcha la comisión bicameral y el consejo de inversiones que hace ya cinco meses ordenó crear la ley de estatización de las AFJP, redactada, revisada y votada por los propios kirchneristas. De esa forma, en la designación de los directores podría intervenir el Congreso, que además podría controlar no sólo lo que se invierte o presta a las empresas privadas, sino también fondos mucho mayores que la Anses ha prestado y presta al Estado. Pero en el universo kirchnerista (y no sólo kirchnerista), Poder Ejecutivo y Anses son lo mismo. Aunque no lo sean. Mejor ni pensarlo. Sin una política explicitada, sin un procedimiento público conocido, sin normas que establezcan cuál es el papel de esos directores, la cosa da para todo. Los odiadores profesionales de las AFJP no lo saben o se niegan a saberlo. Pero cuando éstas no alcanzaban un nivel de rentabilidad mínimo, debían poner dinero de su propio bolsillo para compensar la pérdida ocasionada a los aportantes. Además, los aportantes podían irse a otra administradora que les ofreciera mayor rentabilidad. Por otro lado, la persona jurídica de la AFJP no podía ser propietaria de otras empresas. Esos límites eran una barrera natural contra el riesgo de que una AFJP se endulzara invirtiendo a pérdida en una empresa que, por otro lado y por ser del propio grupo, le reportara beneficios obtenidos gracias a un financiamiento fraudulento. De hecho, no se conocieron casos de este tipo. Por encima de estas barreras, el Estado podía fijar (y fijaba) políticas generales de inversión válidas para todas las AFJP y las controlaba a través de la Superintendencia y mecanismos institucionales. Ahora, la Anses no tiene límites. Puede prestar e invertir a quien quiera y por el monto que quiera. No informa decisiones ni resultados. No están vigentes mecanismos de control y consulta legislados hace cinco meses. Las consecuencias son múltiples. Una, es concreta: la desaparición del mercado de capitales. El ahorro previsional se transformó en un impuesto. Y es difícil que, de ahora en más, una empresa que no quiera tener un vigilante estatal en su directorio vuelva a pedir prestada plata a la Anses o, llegado un extremo, a cotizar en Bolsa, ante el riesgo de que la compre la Anses. Las otras consecuencias son eventuales, múltiples y desafían la imaginación más febril. ¿Qué hará una empresa que se dedica a vender alimentos y es en parte propiedad de la Anses cuando Guillermo Moreno o quien sea le quiera fijar precios? Una constructora que quiera ganar una licitación pública, ¿podrá comprarle cemento a Loma Negra o tendrá que acordar con Minetti? ¿Qué pasará cuando esa empresa tenga otra cuestión conflictiva con el Estado, que va por cuerda separada? En el propio caso de Minetti, hay un ejemplo. Sobre la cementera hay una multa impuesta por el Ministerio de Economía por supuestas prácticas de fijación de precios y además está pendiente una resolución de Defensa de la Competencia para autorizar su fusión con Hormix. Con un director en Minetti, el kirchnerismo estará, al menos desde lo formal, en los dos lados del mostrador. Todas estas cuestiones merecían al menos una discusión y la fijación de una política pública sujeta a reglas conocidas por todos. No es así, como tantas veces. El Gobierno no tiene buenos pergaminos: la experiencia indica que le gusta más mandar a los obedientes de lo que sabe gobernar a los ciudadanos. Por eso no se molesta ni por explicar sus políticas. Hay un pequeño detalle: ya se intentó muchas veces, y desde todos los costados, gobernar este país sin el entusiasmo, la confianza, la buena fe y las ganas de alguna de sus dos mitades. Y no funcionó. Ni una sola vez.
En enero, la Anses prestó a Minetti 39,9 millones de pesos en obligaciones negociables que la empresa emitió por un total de 70 millones, aunque la toma de una silla en el directorio se hace por las acciones que habían ido comprando las desaparecidas administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones, AFJP (alrededor de 10 por ciento), que pasaron a la Anses. Será un paso más en el camino que viene recorriendo el organismo previsional para poner un pie en las principales empresas industriales y de servicios del país. Ya son al menos 23, aunque es posible que sean más; Anses no informa acerca de esta movida, lo que da lugar a las más amplias interpretaciones. Para algunos, es simplemente una forma de clientelismo VIP para amigos del Gobierno. En el caso de Minetti, por ejemplo, un eventual director por parte de la Anses pasaría a cobrar parte de los 2,96 millones de pesos con que la empresa remunera a los integrantes del directorio. Para el propio Néstor Kirchner, es un modo de “cuidar la platita” de quienes aportan al sistema previsional, recursos que luego son prestados por la Anses. Así lo expresó anteanoche en un acto organizado por los sectores progresistas que siguen junto a él. Para las cámaras empresarias nucleadas en el relanzado Grupo de los Siete (Asociación de Bancos, Cámara de la Construcción, Unión Industrial, Sociedad Rural, Confederaciones Rurales, Bolsa de Comercio y Cámara de Comercio), es una vía para meter mano en la conducción de las empresas, con las más diversas intenciones, desde forzar a bajar precios hasta imponer una transferencia de propiedad, pasando por conseguir contratos de provisión u obra para empresarios amigos, entre múltiples alternativas. Sin decir ni mu. Lo cierto es que, de una situación en la que parte de los ahorros previsionales eran invertidos en empresas sin que esto generara una participación accionaria por parte de las AFJP, se pasó a otra en la que la Anses ejercerá una representación. Cuando se estatizaron las AFJP, el Gobierno dijo, en forma oficiosa, que no ejercería ese papel. Pero ahora lo hace. No ha cambiado nada en el marco legal desde que desaparecieron las AFJP. Algunos abogados suponen que la decisión se sustenta jurídicamente en algo tan simple como esto: las AFJP no eran propietarias sino administradoras de fondos de millones de ahorristas, por lo que no podían ejercer ese rol. En cambio, ahora es la Anses la única propietaria de la inversión. Si el interés de Néstor Kirchner (la presidenta Cristina Fernández no ha dicho una sola palabra sobre una de las decisiones más trascendentes de su administración) es realmente “cuidar la platita”, entonces deberían ponerse en marcha la comisión bicameral y el consejo de inversiones que hace ya cinco meses ordenó crear la ley de estatización de las AFJP, redactada, revisada y votada por los propios kirchneristas. De esa forma, en la designación de los directores podría intervenir el Congreso, que además podría controlar no sólo lo que se invierte o presta a las empresas privadas, sino también fondos mucho mayores que la Anses ha prestado y presta al Estado. Pero en el universo kirchnerista (y no sólo kirchnerista), Poder Ejecutivo y Anses son lo mismo. Aunque no lo sean. Mejor ni pensarlo. Sin una política explicitada, sin un procedimiento público conocido, sin normas que establezcan cuál es el papel de esos directores, la cosa da para todo. Los odiadores profesionales de las AFJP no lo saben o se niegan a saberlo. Pero cuando éstas no alcanzaban un nivel de rentabilidad mínimo, debían poner dinero de su propio bolsillo para compensar la pérdida ocasionada a los aportantes. Además, los aportantes podían irse a otra administradora que les ofreciera mayor rentabilidad. Por otro lado, la persona jurídica de la AFJP no podía ser propietaria de otras empresas. Esos límites eran una barrera natural contra el riesgo de que una AFJP se endulzara invirtiendo a pérdida en una empresa que, por otro lado y por ser del propio grupo, le reportara beneficios obtenidos gracias a un financiamiento fraudulento. De hecho, no se conocieron casos de este tipo. Por encima de estas barreras, el Estado podía fijar (y fijaba) políticas generales de inversión válidas para todas las AFJP y las controlaba a través de la Superintendencia y mecanismos institucionales. Ahora, la Anses no tiene límites. Puede prestar e invertir a quien quiera y por el monto que quiera. No informa decisiones ni resultados. No están vigentes mecanismos de control y consulta legislados hace cinco meses. Las consecuencias son múltiples. Una, es concreta: la desaparición del mercado de capitales. El ahorro previsional se transformó en un impuesto. Y es difícil que, de ahora en más, una empresa que no quiera tener un vigilante estatal en su directorio vuelva a pedir prestada plata a la Anses o, llegado un extremo, a cotizar en Bolsa, ante el riesgo de que la compre la Anses. Las otras consecuencias son eventuales, múltiples y desafían la imaginación más febril. ¿Qué hará una empresa que se dedica a vender alimentos y es en parte propiedad de la Anses cuando Guillermo Moreno o quien sea le quiera fijar precios? Una constructora que quiera ganar una licitación pública, ¿podrá comprarle cemento a Loma Negra o tendrá que acordar con Minetti? ¿Qué pasará cuando esa empresa tenga otra cuestión conflictiva con el Estado, que va por cuerda separada? En el propio caso de Minetti, hay un ejemplo. Sobre la cementera hay una multa impuesta por el Ministerio de Economía por supuestas prácticas de fijación de precios y además está pendiente una resolución de Defensa de la Competencia para autorizar su fusión con Hormix. Con un director en Minetti, el kirchnerismo estará, al menos desde lo formal, en los dos lados del mostrador. Todas estas cuestiones merecían al menos una discusión y la fijación de una política pública sujeta a reglas conocidas por todos. No es así, como tantas veces. El Gobierno no tiene buenos pergaminos: la experiencia indica que le gusta más mandar a los obedientes de lo que sabe gobernar a los ciudadanos. Por eso no se molesta ni por explicar sus políticas. Hay un pequeño detalle: ya se intentó muchas veces, y desde todos los costados, gobernar este país sin el entusiasmo, la confianza, la buena fe y las ganas de alguna de sus dos mitades. Y no funcionó. Ni una sola vez.
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