El guardián de las reservas. Por Martín Redrado

Como cualquier funcionario, en un Estado de Derecho el presidente del Banco Central no puede hacer lo que quiere, sino lo que debe, dado que un exhaustivo cuerpo normativo delimita sus facultades y sus deberes.
Además, si bien no es elegido por el voto popular, recibe un mandato de la ciudadanía a través de sus representantes, los miembros del Congreso, al que debe ajustar sus decisiones. En consecuencia, por las atribuciones que le reserva la carta orgánica, no está expuesto al dilema de "obedecer" o "rebelarse" ante instrucciones del Ejecutivo. Simplemente, no las puede recibir.

Uno de los deberes esenciales del Banco Central es proteger las reservas internacionales, que no son un ahorro convencional, sino que sirven como garantía de estabilidad monetaria, cambiaria y financiera. El presidente de la institución debe ser el "guardián de las reservas".
Este mandato cobra importancia crítica en un país con la historia de inestabilidad que caracterizó a la Argentina en los 40 años previos a 2003, donde la sucesión de procesos de inflación y devaluación culminó repetidamente en crisis financieras que atentaron contra el crecimiento y los ahorros de los argentinos.
Así, la política de acumulación y custodia de las reservas que siguió la institución en los últimos años, a pesar de iniciativas políticas que pretendían distraerlas hacia fines de corto plazo, fue lo que permitió absorber los efectos de la mayor crisis internacional de los últimos 80 años y preservar nuestros ahorros y el poder adquisitivo de los salarios, sin abruptos movimientos cambiarios ni el cierre de ningún banco, a diferencia de lo ocurrido en otros países.
Ese mandato no es pétreo: puede ser cambiado si la comunidad, a través de sus legisladores, decidiera asignar las reservas a otros fines -el pago de la deuda pública o el combate de la deuda social-. Por eso, desde el momento en que ingresó en el Banco el decreto sobre el Fondo del Bicentenario, se siguieron los procedimientos vigentes para su tratamiento. En los informes de los cuerpos profesionales de la entidad se señala que la intervención y aval de ese decreto por parte del Congreso es condición insoslayable para su puesta en marcha, posición resaltada por la Justicia en primera y segunda instancia. Valorar la necesidad de intervención del Congreso en el tratamiento del Fondo del Bicentenario no es la desobediencia de un cuerpo de tecnócratas a la autoridad presidencial, sino una muestra de respeto a la división de poderes.
En estos días también hemos destacado que la independencia de criterio del Banco Central respecto del Poder Ejecutivo responde a simples principios básicos de sana administración pública, a saber:
"Control por oposición" del financiamiento del gasto: la emisión de moneda no puede estar en manos de quien ejecuta el gasto (el Ejecutivo), para que nadie caiga en la "ilusión" de pensar que tiene "la máquina de la felicidad" y puede crear riqueza mediante la impresión de dinero.
"Coherencia temporal": como los efectos nocivos de la emisión monetaria "descontrolada" aparecen entre 4 y 8 trimestres más tarde, el gobernante -tal vez, con fines electorales- podría tentarse de aumentar el gasto y financiarlo con emisión en una magnitud superior a la prudencial, legando a su sucesor problemas inflacionarios.
Esto no es confundir autonomía con autismo. Me habrán escuchado hablar sobre la necesidad de la coordinación de la política monetaria, financiera y cambiaria con el resto de los brazos de la política macroeconómica, como condición necesaria para la estabilidad. Pero tampoco debe confundirse coordinación con subordinación. La política fiscal no puede recorrer un sendero autónomo y requerir que el resto de las variables -tipo de cambio o inflación- se adapten pasivamente a las necesidades de financiamiento.
Sería de mi parte una irresponsabilidad aceptar presiones que dejen el camino libre a quienes quieren manejar las reservas de todos los argentinos sin seguir los pasos que marca la ley para la remoción de los directores del BCRA. Sería delegar mis deberes en quienes exhiben una actitud temible, que proponen medidas que podrían dejar al país expuesto ante los "fondos buitre".
Por todo esto, mantengo mi decisión de seguir desempeñando mis deberes de funcionario hasta que el Congreso disponga lo contrario, para ser leal al interés general, a la misión que me impone la ley y a mis convicciones.

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¿No habíamos salido del default? Por Alfonso Prat Gay

Mirando a través de la polvareda que levantó la última crisis institucional provocada por el kirchnerismo, van surgiendo, nítidos, algunos de sus más preocupantes escombros. Hay ahora anarquía en la conducción del Banco Central, la entidad autónoma encargada de velar por la estabilidad de la moneda. Esto ocurre justo en el inicio de un proceso de aceleración inflacionaria que vuelve a poner la inflación cerca del 20%, a pesar de que el crecimiento es aún anémico. Hubo un nuevo embargo, en este caso por más de US$ 3.500 millones en las cortes de Nueva York. Hay un doble conflicto de poderes gatillado por un Poder Ejecutivo que no respeta las decisiones autónomas del Poder Judicial y que simultáneamente pretende apropiarse de facultades exclusivas del Poder Legislativo. Hay, también, una nueva escalada en el peligrosísimo conflicto de poder entre la Presidenta y su Vicepresidente
Es cierto que nuestros males empalidecen frente a la tragedia que sufren hoy los habitantes de Haití. Pero la contemporaneidad de ambos terremotos no nos permite esquivar aquél adagio popular según el cual nuestra bendita tierra está, en general, exenta de los frecuentes desastres naturales de otros pagos porque está, en cambio, excesivamente expuesta a los desastres provocados por el hombre –especialmente nuestros dirigentes–.
Como en todo terremoto, en medio del desastre que se manifiesta en la corteza terrestre (el epicentro) poco importa detenerse en los desplazamientos tectónicos que dieron origen a la tragedia. Sabemos bien, sin embargo, que es poco aconsejable ignorar los movimientos del centro porque éstos se pueden repetir. En efecto, identificar los movimientos de las entrañas de la tierra muchas veces permite anticiparse y evitar nuevas tragedias y salvar miles de vidas.
Tomemos de la periferia el nuevo embargo del juez Griesa, que dio lugar, primero, a una insólita conferencia de prensa en la que el ministro de Economía lo acusó de formar parte de la conexión internacional de la conspiración en contra del gobierno de los Kirchner; segundo, a un fallido anuncio del secretario de Finanzas acerca de una falsa indulgencia del juez; finalmente, a una exoneración por parte de la Presidenta de la Nación, por considerarlo más probo y más expeditivo que nuestros propios jueces. Que lo anec-dótico no nuble la vista de la sustancia. La analogía del terremoto es por demás pertinente. Fueron muchos los temblores y remezones legales desde la renegociación de la deuda en 2005, todos ellos cabalmente ignorados por las mentes brillantes que idearon el Fondo del Bicentenario para el Desendeudamiento y la Estabilidad. Dos de esos remezones, de hecho, no han sido resueltos aún, a pesar de que el ministro intente negarlo. Hay todavía US$ 200 millones de la ANSES (desde la época de la nacionalización de las AFJPs) y US$ 105 millones del BCRA (desde la época del pago anticipado de la deuda al FMI) congelados en Nueva York a la espera de un fallo definitivo de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos.
Podríamos decir entonces que hoy subsisten tantos embargos como intentos del Poder Ejecutivo por quedarse con cajas ajenas.
Mientras pienso en embargos, nuevos y pasados, y pienso en los cada vez más necesarios (y más generosos) canjes de deuda –para garantizar el éxito del último de ellos, se nos dijo, es que se montaba aquél Fondo de extenso nombre– me pregunto, ¿acaso no habíamos salido del default?
A medida que recorro el trayecto inverso, del epicentro al centro, me topo con el titular de tapa de un diario del 3 de marzo de 2005: “La Argentina salió del default: la aceptación del canje fue de 76,07%”. El subtítulo agrega: “La deuda pública quedó en 125 mil millones de dólares”.
Es comprensible la confusión del ciudadano común. Hoy debemos más, a pesar del fuerte superávit fiscal de los últimos años, no nos prestan, nos embargan y tenemos que esconder nuestros aviones y nuestros ahorros para que las cortes internacionales no los confisquen.
Quizás el origen de lo que ocurre hoy haya que buscarlo en lo que no se hizo y en lo que se ocultó en aquella reestructuración de deuda “tan exitosa” de 2005. No se obtuvo la quita que se anunció en aquél momento. Ni se recuperó el acceso al crédito, que es uno de los principales objetivos de tal negociación ya sea que se trate de un país soberano o de una empresa pequeña o mediana.
En aquella ocasión se recompraron bonos por US$ 78 mil millones a cambio de US$ 38 mil millones en efectivo y nuevos bonos (una quita nominal del 51%). Se les regaló a los acreedores, además, la posibilidad de un ajuste por inflación, cuando se sabía que después de semejante devaluación la inflación inexorablemente le iba a ganar al dólar en los años subsiguientes.
Se les regaló también un premio a los bonistas, asociándolos a la mejora del PBI de argentina que inevitablemente iba a ocurrir cuando volvieran a emplearse al menos una parte de los recursos que quedaron ociosos después de la crisis social y económica más extraordinaria de nuestra historia. Estos dos regalos barrieron con la quita de capital.
Para tapar el fracaso de aquella reestructuración, el Gobierno sucesivamente envió a Moreno a intervenir el INDEC, se apropió de fondos de las provincias, se llevó los ahorros de las AFJPs, usó fondos de la ANSES y ahora intenta llevarse puesta la autonomía del BCRA y sus reservas.
Quizás haya que ir más atrás y detenerse en las raíces del default de 2001 y también en el origen y autenticidad de la deuda pública argentina. Pero no hay dudas de que con una verdaderamente exitosa negociación de la deuda en 2005, ninguno de los injustificables atropellos institucionales más recientes hubiera sido siquiera necesario. Los argentinos pagamos hoy, entre otras cosas, el costo de la mentira, de la mala praxis y de la obsesión por el corto plazo. La mentira, como lo están comprobando Cristina y Néstor Kirchner, Boudou y el propio Redrado, tiene patas cortas.

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BCRA: de lo que no se habla. Por Javier González Fraga

En las últimas semanas se ha hablado y escrito muchísimo sobre el conflicto generado por la creación del Fondo del Bicentenario, posibilitando la utilización de las reservas del Banco Central, mal llamadas excedentes, para el pago de deudas del Tesoro Nacional. Y también ocupó muchísima atención pública la consecuente intención del Gobierno de desplazar por mecanismos no previstos en nuestra Ley, al presidente de la entidad monetaria.

Esta discusión no es poco importante, pero tampoco agota el debate. Efectivamente, se está tratando del cumplimiento de la Ley, lo que es la base principal de la tan mentada “seguridad jurídica”. Resulta difícil de entender que se esté dispuesto a violentar la Ley para intentar lograr una mayor credibilidad internacional, como resultaría del uso de las reservas para pagar deudas. En algún punto del proceso de gestación de esta idea se cometieron gruesos errores jurídicos, y sobre el impacto en la imagen del país de estos atropellos. Sin duda, más grave aún que lo acontecido, es el mecanismo poco profesional e impulsivo por el cual se están tomando las principales decisiones en nuestro país.
Otra cuestión, menos debatida, es la discusión de fondo sobre la conveniencia de la utilización de las reservas del BCRA para cancelar deudas del Tesoro, más allá de las trabas establecidas por los límites y procedimientos fijados por la Carta Orgánica del Banco Central. Esto nos lleva a otro tema muy delicado, como es el sentido y el alcance de la autarquía del Banco Central, tanto en el plano de la Ley, como del sentido común.
Independencia del BCRA. La Carta Orgánica actual contiene demasiados “residuos” de la convertibilidad. Cuando en la década pasada el gobierno decidió abolir la política monetaria y cambiaria, adoptando la convertibilidad del Peso, se decidió conformar un banco central (así, con minúsculas) que fuera una caja de conversión. Esta caja de conversión no necesitaba ni pensar ni opinar sobre ninguna política monetaria, ni cambiaria, y por lo tanto podía afirmarse que “no recibirá instrucciones del Poder Ejecutivo”.
Pero en un contexto de flotación administrada del Peso, con una política monetaria activa, es inevitable que el Banco Central coordine su accionar con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Economía. Y aún mucho más, es importante que bajo la dirección del Presidente de la Nación, y del jefe de Gabinete, funcione un grupo de funcionarios, ocupados de controlar la inflación, que incluya al Banco Central. Esta entidad no solo tendría que asesorar en la materia al resto del Gobierno, sino hacer el seguimiento pormenorizado de las variables monetarias, cambiarias y de precios. Así se hace en casi todos los países que han logrado controlar el flagelo inflacionario. En la Argentina nadie se ocupa de contener la inflación real, sólo interesa disimularla.
Por eso considero que es una tarea pendiente la reformulación de la Carta Orgánica, para que se parezca más a los proyectos elaborados en el año 1990, previos a la convertibilidad. En esos proyectos prevalecía la idea de independencia o autarquía funcional con un solo propósito: limitar el financiamiento inflacionario que el Tesoro, a través del ministro de turno pudiera requerirle al Banco Central. Este es el sentido principal de constituir un Banco Central con cierta independencia: establecer un límite al financiamiento inflacionario.
La definición de un nivel óptimo de reservas está íntimamente ligada al punto anterior, y no puede depender exclusivamente, ni principalmente, de una fría relación entre la base monetaria y las reservas. Obviamente, cualquier comparación entre estas dos magnitudes obliga a definir el tipo de cambio. Pero en un contexto de flotación cambiaria, el tipo de cambio debe estar definido por una serie de condiciones macroeconómicas, internas y externas, y debe ser una variable de ajuste, y nunca una condición establecida por las necesidades fiscales.
Adoptar, como lo hace el pretendido Fondo del Bicentenario, una definición de “reservas excedentes”, en un contexto de creciente déficit fiscal generado por una decisión política de aumentar el gasto público, es un pasaporte a la devaluación y a la inflación. Y esto justamente es lo opuesto al propósito excluyente que tiene el Banco Central.
La inflación es la gran ausente del debate en estos días. Mientras desde el Gobierno se defiende la potestad de la Presidenta de tomar las decisiones, y desde la oposición se defiende, con razón, la vigencia de las leyes y los procedimientos, el país avanza hacia un riesgo inflacionario, y hacia un nuevo “festival de endeudamiento”.
Quienes impulsan el crecimiento del gasto público, sin importar a quién benefician esos recursos, con la falsa ilusión de lograr un crecimiento mayor en 2010, están ignorando todas las lecciones de los años 70 y 80, en los cuales se dispararon la inflación y el endeudamiento. Están olvidando que la inflación puede subir mucho más rápidamente que lo que aumente el déficit fiscal, o la expansión monetaria, porque el fenómeno que debemos observar es lo que técnicamente se llama “demanda de dinero”. Esto podría traducirse como la voluntad de los consumidores de mantener saldos monetarios en sus bolsillos, o en sus bancos. Si se quiebran las expectativas de una moderada estabilidad, puede quebrarse muy rápidamente esa demanda de dinero, y generarse una huída hacia bienes, consumo o divisas. Y ese mayor gasto público, en un contexto adverso a la inversión, será inflacionario, ya se pague con reservas, o con endeudamiento.
Aún estamos muy lejos de esa situación, y a tiempo de revertir el proceso, recuperando la solvencia fiscal. Pero cuanto más tiempo se demoren las decisiones de ajustar el gasto que beneficia a los que más tienen, especialmente los que se benefician de las tarifas de gas, luz y transporte, fuertemente subsidiadas en la Ciudad de Buenos Aires, más complicado será controlar la inflación en el futuro.

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Más que el Fondo del Bicentenario, lo que viene es el Fondo del Bienio. Por Carlos Melconián

Desde finales del año pasado se ha venido pronosticando que 2010 sería un año mejor que 2009. Se trataba de un pronóstico relativamente sencillo. Una recuperación de veinte millones de toneladas de soja a precios buenos no récord, y un boom exportador de autos a Brasil serían casi suficientes para ello. Se mantendría así, el superávit de comercio de más de USD 15.000 millones. Hay, además, una variable clave, la fuga de capitales que durante dos años, entre finales de 2007 y 2009, se encargó de vaciar al superávit del comercio generando una recesión, aunque se pudo evitar una crisis cambiaria.
La fuga en la Argentina es una variable muy difícil de pronosticar. Pero basado en la distensión financiera que hay en el mundo y que ya lleva varios meses, se la proyecta a mitad de camino de lo que se estaba fugando. Es muy fuerte la nueva “borrachera financiera mundial”: fortificó al real a 1.70 reales por dólar (desde 2.40), permite financiar a Brasil a menos del 6% y a Uruguay a menos del 7% anual en dólares a larguísimo plazo. Es decir, si para la modesta demanda Argentina este machazo fenómeno permitiera que sólo se fugara la mitad de lo que se iba, ya el mercado cambiario y monetario se lubricaría de tal manera que le permitiría a la economía recuperar lo que perdió en 2009. Hasta aquí, la base de la recuperación proyectada, con la inversión y el empleo estancados. Pero aún en este escenario se presentaban además desafíos complejos para la economía.
O sea, se trata de un escenario que no habilitaba un salto directo a ponerse a pensar “non stop” en 2011. Mucho menos a hablar de que vuelven tasas chinas de crecimiento. Tampoco es cierto que todo iba a ir bien, salvo que se cometiera algún error político. El camino aún en la recuperación estaba lleno de desafíos de carácter estrictamente económico. Desde ya que el mundo y la política también juegan un partido. Pero bastante antes que saltara el problema Fondo del Bicentenario-Redrado había desafíos pendientes para 2010, todos económicos. Lo ocurrido ahora genera un “empiojamiento” adicional y se trata de un enorme error político-económico-jurídico, el famoso Fondo. Por lo tanto, no es que veníamos impecablemente bien para un 2010 a toda orquesta y los acontecimientos recientes lo pudrieron. Definitivamente no. La política efectivamente tenía (tiene) incorporado el riesgo de la personalidad de Néstor Kirchner. Pero está primordialmente, la economía.
Entre los desafíos está, por ejemplo, la tasa de inflación, que va a entrar en el cuarto año consecutivo a dos dígitos y es previo al affaire Banco Central. Todavía en la cabeza del argentino “normal”, 20% anual luce llevadero. Es más, hay hasta un riesgo adicional: que al Gobierno no le conforme sólo crecer recuperando lo perdido en 2009 y entonces quiera darle más al gasto público para ir más rápido. Entonces acumulará más inflación. Por cada punto adicional de producto que quiera sumar acumulará cinco de inflación. O sea, cinco por uno. Por arriba del 3,5%/4% de crecimiento genuino de 2010 la inflación va a ir por arriba del 20% anual. Pero el caso emblemático económico, previo al conflicto, es la situación del fisco argentino y su financiamiento. Un aspecto crucial notablemente subestimado por el Gobierno, la oposición y curiosamente ignorado hasta el conflicto por el propio mercado de bonos local que aprovechaba el pago con reservas de todo 2009 y le saca a la Argentina el doble de renta que al Uruguay, en una extraordinaria timba. Este es el verdadero origen del problema de estos días. Aún en el “mejor 2010”, la proyección del deterioro fiscal y las necesidades de financiamiento empeoran.
El conflicto se arrastra de varios años de aceleración de gasto. Pero tiene su punto de inflexión en 2009. Argentina pasa de un superávit primario bien medido de $ 31.000 millones a un déficit de $ 5.000 millones, quedándose en el camino con un adicional de $ 14.000 millones de la recaudación anual que iba a las AFJP antes de la reforma. O sea, hay un deterioro del orden de los $ 50.000 millones o casi cinco puntos del PBI que son irreversibles en 2010 antes del affaire.
El financiamiento de este agujero, más los servicios de la deuda pública neta en pesos y dólares ya viene efectuándose intra sector público. Esto es: el Banco Nación y otros Organismos públicos financiaron los pesos. Mientras tanto, la parte en dólares (unos US$ 6.000 / 7.000 millones ya fueron financiados en 2009 por el Banco Central). En silencio, sin el alboroto armado con el Fondo del Bicentenario, de manera legal y contablemente bajo “tres pretextos” macroeconómicamente irrelevantes: adelantos transitorios (que la historia muestra que son permanentes); transferencia de utilidades por la devaluación del peso de treinta centavos por dólar a lo largo del año; y la contabilización como ingreso fiscal de los Derechos Especiales de Giro realizada por el FMI. Todo antes de la grandilocuencia del Fondo del Bicentenario.
Las reservas no mostraron caída pese a tamaña utilización con fines fiscales dado que el BCRA ha estado asumiendo pasivos en distintas operaciones con el Banco de Basilea y por los encajes en dólares originados en los depósitos en dólares de argentinos en el sistema bancario local. De esta manera, se pudo mostrar que las reservas subieron a pesar de haber sido usadas, en parte, para pagar la deuda.
Llegado hasta aquí, estamos hoy igual que el 13 de diciembre, un día antes de que se desatara todo este conflicto. En esto no tiene nada que ver ni el rechazo al decreto 2010 ni los embargos en los EE.UU. Se trata de un problema endógeno, que ya venía y que no ha sido enfrentado genuinamente.
Hoy, indudablemente, habrá que darle salida. Para ello hay que entender varias cosas:
1. Que si bien se trató de un error de carácter político, la grandilocuencia de mostrar que la plata está toda de golpe aquí presenta un problema cuyo origen tiene estricto carácter económico.
2. Que para 2010, efectivamente, se necesitan entre US$ 5000/6000 millones para afrontar los vencimientos en moneda extranjera y que, más allá de los mecanismos de apropiación legal de esos dólares del Banco Central, si son dólares comprados con emisión monetaria del superávit comercial cuando el Tesoro se los lleve no entregará pesos, justamente porque no tiene, por lo tanto habrá un impacto monetario para atender, si no la inflación se va a encargar de ello.
3. Que más allá de estas necesidades en dólares que dieron origen al pretendido Fondo del Bicentenario y el culebrón, hay en 2010 un problema fiscal todavía mayor que son necesidades en pesos. En efecto, el Gobierno argentino aun habiéndose apropiado de los stocks de deuda de las AFJP en 2008, necesita entre vencimientos y déficit fiscal probable en 2010, casi dos Fondos del Bicentenario más, pero en pesos, que ni han aparecido en la actual discusión como si no estuvieran en la mente de nadie.
Por lo tanto, la política tiene varios desafíos a futuro. Por supuesto, hay que resolver el problema de quien será el próximo “gerenciador”, más que presidente del BCRA. Pero tiene además otro tema clave, que es encontrar el financiamiento menos traumático posible para lo que resta del actual mandato presidencial, empezando por 2010. Nótese que esta es una tarea que debió haber resuelto el presupuesto público para 2010, votado y aprobado hace varios meses. Si este agujero ya existía: ¿Cómo se financiaba lo votado? ¿Los números del agujero eran éstos que aquí se han mencionado? ¿O terminaba cerrando con “otras fuentes de financiamiento”?, ¿es eso cerrar el presupuesto?
Por supuesto, la política podrá negociar simultáneamente otros temas de carácter político, la Ley 26.122, la curiosa definición post Convertibilidad de reservas excedentes, la eventual reasignación autónoma del gasto público en cabeza del poder ejecutivo, etc.. Pero está claro que, simultáneamente o acto seguido, al “pliego de condiciones” de la negociación le llega el “pliego de propuestas”, cuyo alcance ortodoxo u heterodoxo o mixto y su costo político, será parte de esa negociación. Bajo estas condiciones, se abre entonces una altísima probabilidad hipócrita, aunque acorde a la realidad que vive la Argentina. Discutir cierta “engaña pichanga” para otorgar un salvoconducto porque la alternativa es el default. Las fórmulas que la política termine encontrando para el financiamiento de la transición 2010-2011 que no cuesta mucho imaginar: i) financiamiento del BCRA en dólares, pero también en pesos bajo distintos pretextos ii) financiamiento crediticio al sistema bancario local donde el “atajo” diría encajes en pesos o dólares (otra hipocresía con caída de reservas), o iii) financiamiento liquidando parte del Fondo de Garantía de la ANSES, o sea, plata de los jubilados “stock”, adicional al “flujo” de los aportes mensuales que ya se lo tragaron las cuentas públicas en 2008.
Todo lo que se viene discutiendo va en ese sentido. Por ejemplo, ampliar el cupo de adelantos transitorios del Banco Central. Dejar de lado el Fondo del Bicentenario grandilocuente y gigante y “calzar” el uso de reservas con cada vencimiento: es lo mismo, pero en cuotas. Que sea el Tesoro y no el Banco Central quien absorba la emisión monetaria de la compra del superávit comercial. Y así sucesivamente.
Insisto, para esta transición hacia un nuevo gobierno a finales de 2011, la regresión ochentista está a la vista. El fondo de la cuestión no es “un puñado” más o menos de reservas. Es que estamos frente a la contraparte de un barril sin fondo en el gasto. Ahí sí, un mínimo gesto va a hacer falta. Y quienes hoy están en la oposición deben sí, dejar claro, de quién es la responsabilidad porque si no cargará con ese ajuste a futuro. Y aquí vamos llegando a la “madre del borrego” del tema Bicentenario, reservas, Redrado: se ha confundido una recuperación económica con desafíos económicos importantes, con el hecho de que si la política no interfiere “va todo en coche” en 2010 con un poquito de esfuerzo otra vez a “tasas chinas”. ¿Alguien cree que el agujero señalado en esta nota, aún con la economía recuperándose, es del último mes o post affaire?
O sea, en el actual culebrón, las luces mediáticas se encendieron para enfocar la resistencia del Banco Central a otorgar las reservas, la destitución de su presidente y su posterior restitución. Recién ahí se levantaron todas las voces. Pero, reitero, esto ya viene ocurriendo en magnitudes relevantes a lo largo de 2009, dándole cada vez más a la Carta Orgánica una actitud permisiva. Lo que pasa es que “el barril sin fondo sigue in crescendo”. El Fondo del Bicentenario dándole los dólares al Tesoro bajo la metodología demandada por el Gobierno Nacional, muy probablemente hubiera abierto la puerta para que las excusas y pretextos usados en 2009 para llevarse dólares (las mencionadas utilidades, diferencias de cambio, etc.) tornaran en 2010 a emisión monetaria lisa y llana para las necesidades en pesos. Ahí sí, ya estaríamos en la Argentina de hace veinte años, en materia fiscal. Un gravísimo y severo retroceso ochentista adicional a todo lo que ha ocurrido a lo largo de estos últimos años.
En síntesis, en los próximos “x” días o “x” semanas se estará discutiendo, cada sector desde su fortaleza política, el Fondo del Bienio, para no defaultear nuevamente. Es el salvoconducto. Desde ya, el “nuevo modelo” cierra con inflación y una nueva administración en 2011 se tendrá que encargar de volver a patrones internacionales. El tema central en este proceso es no asustar financieramente a la gente, que tiene mucha experiencia de cómo moverse en esos casos.

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Venezuela repite la historia de Argentina 1975, ¿algún parecido con la Argentina de hoy? Por Domingo Cavallo

Lo que está pasando en Venezuela es muy parecido a lo que pasó en Argentina en 1975. Se trata del episodio conocido en nuestra historia económica como “el Rodrigazo”.

Desde 1973, cuando los términos del intercambio eran muy favorables a nuestro país, el Gobierno de Cámpora, primero, y el de Perón, inmediatamente, después aplicaron un programa económico que buscaba mejorar rápidamente el nivel de vida de los sectores populares a partir de una fuerte expansión del gasto público, acompañada por un congelamiento del precio del Dólar y fuertes controles administrativos de prácticamente todos los precios de la economía. También se re-nacionalizaron empresas, se impusieron controles de cambio y fuertes restricciones al comercio exterior. Al cabo de dos años, cuando los precios en dólares de nuestros productos de exportación comenzaron a bajar, el fuerte déficit fiscal y el desequilibrio en la cuenta corriente de la Balanza de Pagos obligaron al gobierno a producir una fuerte devaluación del Peso. Los sindicatos reaccionaron pidiendo fuertes aumentos de salarios nominales. A pesar de los controles de cambio y de los controles de precios, la fuga de capitales y la inflación se acentuaron. Ese año comenzó el episodio estanflacionario que duró 15 años y que terminó en hiperinflación.
En Venezuela, el Gobierno de Chávez viene aplicando, desde hace varios años, políticas muy parecidas a las de Cámpora y Perón entre 1973 y 1975. En el caso de Venezuela estas políticas se pudieron mantener por mas años que en Argentina porque el precio del petróleo estuvo aumentando hasta mediados de 2008. Después de un año y medio de recibir precios más bajos, ahora Chávez no tuvo otra alternativa que hacer lo que el gobierno de Isabel Perón hizo en Junio de 1975: producir una fuerte devaluación del Bolívar y acentuar los controles de precios. Es muy probable que el resultado de estas medidas sea el mismo que el del Rodrigazo en Argentina 1975.
El esquema cambiario que ahora existe en Venezuela es muy parecido al que han venido utilizando el Gobierno Argentino desde 2002 en adelante. Hay cambios múltiples en ambos países. Allá han sido creados explícitamente, como un tipo de cambio para importaciones indispensables (alimentos y medicamentos) y para los dólares que genera el Petróleo, que se aplica a todas las demás importaciones y exportaciones. En Argentina han sido creados a través de las retenciones y las prohibiciones para exportar. Pero el propósito es el mismo: mantener más bajo el precio de los alimentos mientras el dólar más alto permite al gobierno hacerse de mas recursos fiscales: en el caso de Venezuela convirtiendo los dólares que al gobierno le genera el Petróleo en más bolívares y, en Argentina, a través del ingreso que generan a las arcas del gobierno las retenciones agropecuarias.
Como en Venezuela, en Argentina también se han producido re-estatizaciones de empresas, abundan los controles de precios y el gobierno distribuye fuertes subsidios a las actividades económicas a las que afecta negativamente con sus otras intervenciones.
Hay un gran riesgo de que en algunos meses Argentina repita la historia de la Venezuela de estos días. El detonante no va ser una devaluación decidida por el gobierno, sino un aumento de muchos precios atrasados, que tendrá un efecto equivalente. Los aumentos provendrán de la necesidad de reducir el monto de los subsidios y devolver estímulos a la producción agropecuaria, cuando estos cambios se tornen inevitables. Cuando ello ocurra, el riesgo de inflación con estancamiento, que ya estamos viviendo, será tan alto como el que hoy existe en Venezuela. Este es el riesgo al que me refiero en mi libro “Estanflación”, que hoy tiene aun más vigencia que cuando lo escribí en el 2008.
La peligrosa incompetencia del Gobierno de los Kirchner en materia de manejo de las relaciones financieras con el exterior, los exabruptos relacionados con el Fondo del Bicentenario y el intento de cambiar la conducción del Banco Central, es muy parecida a la demostrada por Chávez en todos sus manejos financieros y fiscales de los últimos años.

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La novela del Banco Central. Por Martín Lousteau

(Nota publicada en La Nación. Jueves 14 de enero de 2010)

En una entrevista reciente, el futbolista Guillermo Barros Schelotto sostuvo que la principal falla que ve en los jóvenes jugadores pasa por "la responsabilidad: juegan contra Boca y lo primero que piensan es tirar un caño; hay más preocupación por el lucimiento personal que por lo beneficioso para el equipo".

Gran parte de los problemas que padece nuestra sociedad reflejan una extensión de este comportamiento más allá de la esfera futbolística. El actual conflicto en torno al Banco Central de la República Argentina es, en ese sentido, paradigmático.
Todo se inicia cuando el Gobierno, consciente de su debilitamiento fiscal, decreta la transferencia de reservas del Banco Central a un pomposo Fondo del Bicentenario para el Desendeudamiento y la Estabilidad.
Así, mediante un muy cuestionable decreto de necesidad y urgencia -cuyas falencias técnicas generan, además, discusiones e inconvenientes de toda índole-, engrosa las arcas del Tesoro Nacional por un monto de 6500 millones de dólares, al tiempo que se asegura un mecanismo de financiamiento de mediano plazo, con márgenes que casi triplican ese monto.
A la actual situación financiera se ha llegado porque la administración kirchnerista nunca ha aceptado corregir el rumbo de sus acciones. Ni siquiera al comienzo de la administración de Cristina Fernández, cuando la oportunidad se presentaba como propicia.
En lugar de rever su concepción económica, el Gobierno persiste en la centralización e improvisación para la toma de decisiones y, ante el fracaso, busca en nuevos y más complejos paliativos los recursos para frenar su deterioro político, saltándose los procedimientos legales adecuados y obviando mínimas normas de cortesía política.
Pero tampoco ayuda, lamentablemente, que gran parte de la oposición transforme en héroe mediático a todo aquel que se oponga circunstancialmente a Néstor Kirchner.
El accionar de ambas partes es la única manera de entender cómo el Poder Ejecutivo termina ensañándose con un presidente del Banco Central que le fue absolutamente funcional durante cinco años y cómo éste, súbitamente, se rebela para hacer su propio juego político y termina contando con el respaldo unánime del resto del arco político.
Como si nadie hubiera percibido la subordinación previa en materia de política monetaria y cambiaria, la inacción ante las tasas crecientes de inflación, el silencio frente a los cambios anteriores llevados a cabo en la Carta Orgánica de la entidad y la inapropiada distribución de dividendos. Tan sólo durante 2009, el Banco Central transfirió al Tesoro 8800 millones de dólares, equivalentes al 12 por ciento del gasto primario.
La Argentina se está transformando, con mayor celeridad, en una sociedad viciosa: prefiere recompensas moderadas inmediatas, aun a cambio de elevados costos a futuro. Así, lo que debiera ser estratégico se vuelve táctico, y temas que resultan de trascendencia para definir el perfil de sociedad que habremos de ser en un futuro son discutidos con poco tiempo y liviandad en los medios, para ser luego tratados en un par de sesiones del Congreso.
Así ha ocurrido ya con la estatización de los fondos de pensión, la ley de medios, la reforma política y la asignación universal por hijo. La actual controversia constituye sólo un paso más: el tipo de autonomía que debe tener el Banco Central de la República Argentina, con lo que eso implica en términos de política antiinflacionaria en un país que ha sufrido y sufre ese flagelo, se está reduciendo a una telenovela desquiciada.
La salida de este embrollo deberá provenir de la política y no de su judicialización; los enredos procesales y los tiempos de la Justicia sólo aportarán ruido a un tema de gran sensibilidad y potenciales consecuencias financieras.
Pero la solución no es sencilla. En su excepcional Silla del águila , Carlos Fuentes narra cómo tienen lugar las conspiraciones para la sucesión presidencial en un futuro donde, a raíz de un conflicto con los Estados Unidos, México se queda sin plataforma de comunicaciones de ninguna especie.
Si la Argentina atravesara una situación similar, es decir, sin televisión ni Internet, no tendrían relevancia muchos de los actores políticos actuales, ya que abundan los líderes mediáticos, con escasa preparación y nula ideología, sin equipos y faltos de estructuras partidarias.
No son ellos quienes podrán sacarnos del laberinto. O, como diría Barros Schelotto, no son los novatos que tiran caños sino los que piensan cómo ganar el encuentro los que son necesarios.
El Parlamento y, más precisamente, el peronismo y el radicalismo, con sus años de práctica política pero en sus versiones y vertientes actuales, deberán articular una respuesta que saque al Gobierno del incómodo lugar en el que se ha puesto, al tiempo que le marque los límites que deberá aprender a respetar hacia adelante.

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El desborde del gasto lleva a más presión inflacionaria. Por Roberto Cachanosky

La desesperación del Gobierno por controlar el BCRA e intentar volver al mercado voluntario de deuda pública tiene dos razones. En primer lugar durante este año hay vencimientos de deuda por US$ 13.680 millones, de los cuales casi US$ 5000 millones son en moneda extranjera. En segundo lugar, los números fiscales de 2009 fueron horribles a pesar de la contabilidad creativa con que se presentaron los datos para mostrar un déficit menor al real. Durante el año pasado el gasto creció a una tasa anual del 30% y los ingresos (con todos los trucos incluidos) aumentaron al 12%. Como el Gobierno no es proclive a bajar el gasto público y la economía no crecerá a tasas chinas como para generarle grandes ingresos fiscales, es claro que la desesperación del Gobierno es por pesos y por dólares. El tema de fondo es de dónde saldrán los fondos para financiar vencimientos de deuda y el déficit fiscal nacional, dejando de lado los serios problemas fiscales provinciales que no es otro problema menor.

En este contexto, es claro que la insistencia del Gobierno por quitarle la independencia al BCRA tiene como objetivo volver a utilizarlo como fuente de financiamiento al igual que en los 80 y décadas anteriores, cuando la inflación derretía el poder adquisitivo de la población y se producían fuertes pujas por la distribución del ingreso. Algo que el gobierno de los Kirchner ha vuelto a reinstaurar en nombre del modelo productivo y la solidaridad social.
El conflicto institucional que creó Cristina Kirchner se plantea en un contexto de alta tasa de inflación. De acuerdo a mediciones privadas, la Canasta Básica Total que necesita una familia compuesta por un matrimonio y dos hijos de 5 y 8 años para no ser pobre tenía un costo en diciembre del año pasado de $ 1694, un 19% más que en diciembre de 2008. Este número es bastante consistente con el incremento de la emisión monetaria del BCRA durante el año pasado que fue del 16% más una caída del PIB no menor al 4 o 5 por ciento. Es decir, hubo más pesos en circulación y menor cantidad de bienes ofertados, y cabe aclarar que la expansión monetaria no fue mayor por la fuga de capitales del primer semestre. Puesto de otra manera, no hubo más inflación porque, irónicamente, la fuga de capitales jugó a favor de los intereses del Gobierno, aunque no a favor de la gente.
Hasta ahora, la mayor causa de la emisión monetaria se originaba en las compras de divisas que hacía el BCRA para sostener el tipo de cambio "competitivo" como le gusta decir al Gobierno. Tipo de cambio competitivo que ha dejado de existir en términos reales. Es decir, se financiaba con el impuesto inflacionario el dólar competitivo.
Ahora bien, lo que sabemos hacia el futuro es que mientras haya superávit de balance comercial, el BCRA tendrá que seguir emitiendo moneda si es que sigue con este modelo cambiario, pero ahora se le agrega la necesidad de pesos que tiene el Gobierno por el creciente déficit fiscal. Esto significa que aún manoteando las reservas para financiar los gastos corrientes, esas reservas habrá que transformarlas en pesos porque, por ejemplo, a los jubilados seguramente les van a pagar en pesos y no en dólares.
¿Cómo se transformarán esos dólares en pesos? Mediante emisión monetaria. El BCRA le entregará dólares al tesoro, éste le dará al Central un bono "paga dios" y el Central le comprará los dólares al tesoro emitiendo pesos, con lo cual, en el fondo, se estará financiando nuevamente el gasto público con emisión monetaria deteriorando el patrimonio del BCRA.
Si partimos, en forma optimista, de una inflación del 20% anual, es de imaginar el resultado inflacionario que puede esperarse para 2010, y más si, por problemas fiscales, el Gobierno tiene que empezar a controlar parte del gasto incrementando las tarifas de los servicios públicos (transporte público y energía fundamentalmente) para reducir en algo la orgía de subsidios que ha implementando para disimular la realidad. El Gobierno le ha puesto una bomba de tiempo a la economía y, encima, con su comportamiento institucional y desvaríos económicos, acorta todos los días la mecha de la bomba.
Si a esta altura del partido no se reconoce que el país está sumergido en una profunda crisis política, económica e institucional, habrá que redefinir el concepto de crisis. Pánico de los empresarios para invertir, inflación de dos dígitos anuales, delicada situación fiscal, imposibilidad de acceder a los mercados voluntarios de deuda, desocupación, pobreza, indigencia, destrucción de sectores productivos completos como el ganadero y el lácteo, y demás problemas institucionales que por una cuestión de espacio no incluiré en esta nota.
Lo concreto es que, ante el desborde de gasto público que ha generado el Gobierno, sin una contrapartida de calidad del mismo (salvo que alguien afirme que en la Argentina tenemos una educación de excelencia, una salud pública del primer mundo y seguridad que nos permite dormir con la puerta abierta de nuestras casas), el sector privado está ahogado impositivamente. El Gobierno ha exprimido a la población con una carga tributaria salvaje. Y a pesar de esa carga tributaria salvaje, tuvo que confiscar los ahorros de la gente para su jubilación y ahora quiere manotear las reservas del Central.
Lo que le queda al Gobierno, dada su negativa a bajar el gasto público, es confiscar más activos líquidos o bien acelerar el proceso inflacionario. Si opta por la primera alternativa, el sistema financiero sufrirá una nueva conmoción. Si elige el camino de incrementar el impuesto inflacionario, considerando el ejercicio que la población ha adquirido para defenderse de años de alta inflación, el final es obvio. Huída de la moneda, aceleración de la inflación y lucha por la distribución del ingreso.

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