jueves, 14 de enero de 2010

El desborde del gasto lleva a más presión inflacionaria. Por Roberto Cachanosky



La desesperación del Gobierno por controlar el BCRA e intentar volver al mercado voluntario de deuda pública tiene dos razones. En primer lugar durante este año hay vencimientos de deuda por US$ 13.680 millones, de los cuales casi US$ 5000 millones son en moneda extranjera. En segundo lugar, los números fiscales de 2009 fueron horribles a pesar de la contabilidad creativa con que se presentaron los datos para mostrar un déficit menor al real. Durante el año pasado el gasto creció a una tasa anual del 30% y los ingresos (con todos los trucos incluidos) aumentaron al 12%. Como el Gobierno no es proclive a bajar el gasto público y la economía no crecerá a tasas chinas como para generarle grandes ingresos fiscales, es claro que la desesperación del Gobierno es por pesos y por dólares. El tema de fondo es de dónde saldrán los fondos para financiar vencimientos de deuda y el déficit fiscal nacional, dejando de lado los serios problemas fiscales provinciales que no es otro problema menor.

En este contexto, es claro que la insistencia del Gobierno por quitarle la independencia al BCRA tiene como objetivo volver a utilizarlo como fuente de financiamiento al igual que en los 80 y décadas anteriores, cuando la inflación derretía el poder adquisitivo de la población y se producían fuertes pujas por la distribución del ingreso. Algo que el gobierno de los Kirchner ha vuelto a reinstaurar en nombre del modelo productivo y la solidaridad social.
El conflicto institucional que creó Cristina Kirchner se plantea en un contexto de alta tasa de inflación. De acuerdo a mediciones privadas, la Canasta Básica Total que necesita una familia compuesta por un matrimonio y dos hijos de 5 y 8 años para no ser pobre tenía un costo en diciembre del año pasado de $ 1694, un 19% más que en diciembre de 2008. Este número es bastante consistente con el incremento de la emisión monetaria del BCRA durante el año pasado que fue del 16% más una caída del PIB no menor al 4 o 5 por ciento. Es decir, hubo más pesos en circulación y menor cantidad de bienes ofertados, y cabe aclarar que la expansión monetaria no fue mayor por la fuga de capitales del primer semestre. Puesto de otra manera, no hubo más inflación porque, irónicamente, la fuga de capitales jugó a favor de los intereses del Gobierno, aunque no a favor de la gente.
Hasta ahora, la mayor causa de la emisión monetaria se originaba en las compras de divisas que hacía el BCRA para sostener el tipo de cambio "competitivo" como le gusta decir al Gobierno. Tipo de cambio competitivo que ha dejado de existir en términos reales. Es decir, se financiaba con el impuesto inflacionario el dólar competitivo.
Ahora bien, lo que sabemos hacia el futuro es que mientras haya superávit de balance comercial, el BCRA tendrá que seguir emitiendo moneda si es que sigue con este modelo cambiario, pero ahora se le agrega la necesidad de pesos que tiene el Gobierno por el creciente déficit fiscal. Esto significa que aún manoteando las reservas para financiar los gastos corrientes, esas reservas habrá que transformarlas en pesos porque, por ejemplo, a los jubilados seguramente les van a pagar en pesos y no en dólares.
¿Cómo se transformarán esos dólares en pesos? Mediante emisión monetaria. El BCRA le entregará dólares al tesoro, éste le dará al Central un bono "paga dios" y el Central le comprará los dólares al tesoro emitiendo pesos, con lo cual, en el fondo, se estará financiando nuevamente el gasto público con emisión monetaria deteriorando el patrimonio del BCRA.
Si partimos, en forma optimista, de una inflación del 20% anual, es de imaginar el resultado inflacionario que puede esperarse para 2010, y más si, por problemas fiscales, el Gobierno tiene que empezar a controlar parte del gasto incrementando las tarifas de los servicios públicos (transporte público y energía fundamentalmente) para reducir en algo la orgía de subsidios que ha implementando para disimular la realidad. El Gobierno le ha puesto una bomba de tiempo a la economía y, encima, con su comportamiento institucional y desvaríos económicos, acorta todos los días la mecha de la bomba.
Si a esta altura del partido no se reconoce que el país está sumergido en una profunda crisis política, económica e institucional, habrá que redefinir el concepto de crisis. Pánico de los empresarios para invertir, inflación de dos dígitos anuales, delicada situación fiscal, imposibilidad de acceder a los mercados voluntarios de deuda, desocupación, pobreza, indigencia, destrucción de sectores productivos completos como el ganadero y el lácteo, y demás problemas institucionales que por una cuestión de espacio no incluiré en esta nota.
Lo concreto es que, ante el desborde de gasto público que ha generado el Gobierno, sin una contrapartida de calidad del mismo (salvo que alguien afirme que en la Argentina tenemos una educación de excelencia, una salud pública del primer mundo y seguridad que nos permite dormir con la puerta abierta de nuestras casas), el sector privado está ahogado impositivamente. El Gobierno ha exprimido a la población con una carga tributaria salvaje. Y a pesar de esa carga tributaria salvaje, tuvo que confiscar los ahorros de la gente para su jubilación y ahora quiere manotear las reservas del Central.
Lo que le queda al Gobierno, dada su negativa a bajar el gasto público, es confiscar más activos líquidos o bien acelerar el proceso inflacionario. Si opta por la primera alternativa, el sistema financiero sufrirá una nueva conmoción. Si elige el camino de incrementar el impuesto inflacionario, considerando el ejercicio que la población ha adquirido para defenderse de años de alta inflación, el final es obvio. Huída de la moneda, aceleración de la inflación y lucha por la distribución del ingreso.

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