Precios por ascensor, dólar por escalera. Por Néstor Scibona

La célebre frase del general Perón referida a la escalada precios-salarios, que los sindicalistas desempolvan en cada negociación paritaria, comenzó a ser adaptada por varios dirigentes empresarios con relación al tipo de cambio. La polémica fue alimentada luego por la extrema sensibilidad que existe sobre el tema en la Argentina, donde el aumento de un centavo en la cotización del dólar suele aparecer en la tapa de los diarios y hace perder la perspectiva.
Cuando Eduardo Buzzi, titular de Federación Agraria, dijo que el dólar debía costar 4 pesos se ganó un titular periodístico, pero pocos repararon en que ese nivel significaría un alza de apenas 2,5% con respecto al cierre del viernes. Cuando Cristiano Rattazzi, presidente de Fiat, advirtió que la industria está perdiendo competitividad, abrió preventivamente otro paraguas. Como él, muchos empresarios exportadores temen que la mayor inflación y los aumentos salariales superiores al 25% que trae aparejada provoquen una suba de costos en dólares difícil de contrarrestar. Rattazzi sostiene que un ajuste de esa magnitud equipararía los salarios en dólares de la industria automotriz local con los de Brasil, y que, por la diferencia de tamaño de ambos mercados, será difícil atraer nuevos proyectos de inversión de este lado de la frontera.
Detrás de estas prevenciones hay una realidad. En los últimos siete meses, el tipo de cambio nominal sólo tuvo una suba de 1%: a mediados de septiembre de 2009 se ubicaba en 3,85 pesos por dólar y ahora, en abril de 2010, alcanza a 3,90. Ningún precio de la economía subió tan poco en ese período, con excepción de las congeladas y subsidiadas tarifas de servicios públicos y sólo para los usuarios de menores consumos.
De ahí a suponer que el Gobierno está utilizando al dólar "planchado" para evitar mayores presiones inflacionarias hay un solo paso. No por casualidad, en el Relevamiento de Expectativas de los Mercados (REM), que recoge semanalmente el Banco Central, las consultoras privadas prevén un tipo de cambio nominal de 4,16 pesos para diciembre de 2010. Este nivel representa una suba de 6,6% con respecto al actual y de 9,7% con relación a diciembre de 2009. O sea, menos de la mitad de la inflación minorista para este año, que la mayoría de los pronósticos privados sitúa en torno de 25%, una vez y media más que las inverosímiles estadísticas de inflación anual del Indec.
Sin embargo, también hay que tener en cuenta que si el Banco Central decidiera elevar el tipo de cambio nominal, deberá emitir más pesos para comprar parte del superávit comercial récord de este año. Y como también debe emitir cada vez más para financiar al Tesoro, esto lo obligaría a un fenomenal esfuerzo de esterilización para no aportar más combustible a la inflación.
Nadie lo va a admitir públicamente en un gobierno que decidió erradicar del diccionario la palabra "inflación" como único plan para combatirla. Pero más de un funcionario debe seguramente añorar las épocas kirchneristas en que un robusto superávit fiscal primario le permitía al Tesoro transferirle al BCRA los pesos con los cuales compraba dólares para atender sus obligaciones externas sin afectar el nivel inflacionario. Esto permitía mantener genuinamente un tipo de cambio real alto. Ahora ocurre a la inversa: con el vapuleado Fondo de Desendeudamiento (FoDe), el BCRA le transfiere dólares al Tesoro sin otra contrapartida que un pagaré a 10 años; y además emite pesos de sus ganancias contables de 2009 para financiar el desbordado aumento del gasto público. El único atenuante es que lo hace con cierto gradualismo para evitar una espiralización inflacionaria que, afortunadamente, descarta la mayoría de los economistas privados.
Otro fenómeno peculiar se verifica en el sistema financiero. En los últimos meses han crecido los depósitos a plazo fijo, cuya tasa de interés se ubica en torno de 9% anual. La explicación que aportan los banqueros es que los ahorristas no comparan la tasa con la inflación, sino con la evolución del dólar, lo cual hace que en cualquier momento puedan pasarse de moneda para realizar ganancias, aprovechando la ausencia de grandes fluctuaciones cambiarias. En sentido inverso, pero con el mismo propósito, operan quienes atesoraron dólares y hoy adelantan consumos (autos, televisores, electrodomésticos, refacciones de vivienda, etc.) para cubrirse de mayores subas de precios debido a las mayores expectativas inflacionarias. Esto torna más endeble para la última parte del año el fuerte repunte que registró la actividad económica en los últimos tres trimestres, cuando el PBI creció a una tasa anualizada del orden de 7 por ciento.
Pilares desequilibrados
El deterioro de las expectativas también tiene que ver con lo que ocurre con los tres pilares del "modelo" económico kirchnerista. El superávit fiscal desapareció con el imparable aumento del gasto público. El superávit comercial, en cambio, se fortalece con la cosecha récord de soja y la mayor demanda brasileña de productos industriales argentinos. El tipo de cambio real alto, a su vez, depende según se mire la foto o la película.
Las estadísticas del BCRA muestran que el tipo de cambio real multilateral (que relaciona el peso con una canasta de monedas) era en febrero 12,6% más alto que el de hace un año, pero 5,2% más bajo que en noviembre de 2009. La explicación es que hacia fin del año pasado se frenó en el mundo la depreciación del dólar frente a otras monedas y, en la Argentina, la sucesión de miniajustes del tipo de cambio nominal frente a una inflación más baja que la actual. Esta tendencia es corroborada por un cálculo del Estudio Broda, que registra entre marzo de 2010 y noviembre de 2009, caídas de 9,6% en el TCRM y de 7,3% del tipo de cambio real bilateral (peso/dólar). A valores reales de 2001 (previos a la convertibilidad), un dólar equivalía en marzo pasado a 1,30 pesos, frente a 1,41 en noviembre de 2009 y 1,55 en enero de 2008. Para fin de 2010, Broda prevé un deterioro de 14,3% en el TCRM con respecto a diciembre de 2009 y de 24,3% frente al promedio 2003/2006.
Para los exportadores, una mayor o menor rentabilidad depende del mercado o la moneda en que operan, así como del precio internacional y el volumen de lo que venden, pero una suba de costos en dólares los descoloca. El argumento del "lobby devaluacionista", como se lo califica en algunos despachos oficiales, apunta a subir el tipo de cambio nominal para licuarlos, pero eso tiene patas cortas si la mayor inflación resultante no permite mejorar o deteriora el tipo de cambio real.
El problema, entonces, es la inflación más que el dólar. Aunque en el mercado interno a muchos empresarios les convenga para hacer diferencias rápidas y a los dirigentes sindicales fortalecerse gestionando aumentos salariales impactantes, que no pueden obtener quienes no tienen la misma capacidad de presión, como la legión de jubilados, trabajadores en negro, cuentapropistas y desocupados. A más largo plazo, sin embargo, una alta inflación les complica la vida a todos. Incluso al propio Gobierno, que dice desconocerla y retuerce las estadísticas para ocultarla.

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Como combatir la inflación sin "ajustar" ni "enfriar" la economía. Por Aldo Ferrer

En el debate actual sobre la inflación y el pago de la deuda, predominan dos enfoques alternativos. Por un lado, ajustar y enfriar la economía. Para tales fines, sería necesario reducir la demanda agregada mediante la baja del gasto público y el aumento de la tasa de interés y apreciar el peso para sustituir producción interna por importaciones, reduciendo la presión de la demanda sobre la oferta nacional de bienes y servicios. Al mismo tiempo, se liberarían recursos del Presupuesto para pagar deuda sin uso de reservas del Banco Central. Por el otro lado, el enfoque alternativo propone pagar deuda con reservas y sostener un crecimiento del gasto por encima de los recursos disponibles sin atender el tema precios, con vistas a impulsar la demanda, la producción y el empleo.

Esta alternativa del problema actual de la inflación y la deuda se plantea como si subsistieran las circunstancias del pasado. Vale decir, una economía sometida a las restricciones externa y fiscal, a una deuda agobiante que excede su capacidad de pago y a de­sórdenes macroeconómicos e institucionales que, en el límite, culminaban en la hiperinflación.
Nos pasó durante más de la mitad del siglo pasado, cuando registramos el récord mundial de inflación, con varias híper incluidas. Sin embargo, como hemos visto en las tres últimas notas en este mismo espacio, en los últimos años se ha producido un cambio radical en el comportamiento de la economía argentina. Desde la salida de la crisis del 2001/2002, en el transcurso de esta primera década del siglo XXI, los pagos internacionales vienen operando con un elevado superávit en el balance comercial, el cual registra saldos positivos anuales superiores a los u$s15.000 millones.
A su vez, la cuenta corriente del balance de pagos registra ocho años consecutivos positivos, hecho inédito en la historia económica del país. En el 2009 alcanzó al 3% del PBI y cabe esperar un superávit semejante en el 2010. A su vez, al mismo tiempo, entre el 2003 y la actualidad la relación deuda externa pública y privada/PBI bajó de 160 a 40 por ciento. Desde el momento en que se logro salir del default, con el exitoso canje de deuda del 2005, el pago al FMI y encuadrar los pagos dentro de límites manejables con recursos propios, también aquí se produjo un cambio radical.
La solución de la restricción externa facilitó resolver la restricción fiscal derivada de los déficits crónicos de las finanzas públicas. La recaudación tributaria nacional aumentó en 10 puntos del PBI para ubicarse cerca del 30% del producto, proporción razonable en una economía del ingreso medio argentino. En el mismo sentido operó la incorporación, en la esfera pública, de los recursos del sistema previsional, que constituyen parte principal del ahorro interno. El comportamiento de las finanzas públicas desde la salida de la crisis del 2001/2002 demuestra, en efecto, que la restricción fiscal puede ser, también, un problema superado.
En el pasado, el país tuvo, entre 1930 y 1983, una “restricción institucional”, agregada a las externa y fiscal. En la experiencia reciente, aún los temas más polémicos (por ejemplo, la resolución 125, las reformas de los regímenes previsional y de medios audiovisuales, el uso de las reservas del Banco Central), se procesan conforme las reglas constitucionales y la división de poderes propio de una sociedad democrática. Ahora, la restricción institucional es también un problema de otros tiempos.
En resumen, en la nueva economía argentina ni la inflación ni la deuda son actualmente lo que fueron en el pasado. Por lo tanto, enfriar y ajustar, por una parte, o crecer sin atender el problema precios, por la otra, no son las alternativas reales que confrontamos actualmente. Corresponde, entonces, reflexionar sobre las cuestiones que son determinantes del actual cuadro de situación. A saber, las causas actuales del aumento de precios, la solvencia fiscal y el tipo de cambio.
Sobre la primera, cabe observar que no estamos en presencia de ninguna de las causas clásicas de inflación, a saber: exceso de demanda o presiones de costos. La economía viene operando a niveles razonables de ocupación de la capacidad productiva instalada, está aún distante el pleno empleo de la mano de obra y no hay restricciones de abastecimientos importados por insuficiencia de divisas. Por lo tanto, no hay inflación por exceso de demanda respecto de los recursos disponibles. Por otra parte, ninguno de los precios básicos de la economía (tipo de cambio, salarios, tarifas de servicios públicos) está fuertemente desalineado y, por lo tanto, no es previsible un alza brusca en ninguno de ellos. Por lo tanto, tampoco hay amenazas severas de inflación de costos. ¿Cómo se explica entonces que el nivel general de precios esté aumentando en torno del 20% anual, un nivel inconveniente y perturbador?
La respuesta es que estamos en presencia de un caso de inflación inercial. Es decir, los precios aumentan a un cierto ritmo porque los actores económicos y sociales incorporan una hipótesis de aumento de precios que se retroalimenta en ajustes continuos de precios y salarios, a pesar de la ausencia de inflación de demanda y de costos y de la existencia de equilibrios macroeconómicos razonablemente sólidos. La inflación inercial se sostiene en las expectativas y en un clima político tenso, en el cual se incluyen visiones catastróficas de la realidad y el futuro, incluida la explosión inflacionaria. En este escenario, por razones estacionales o circunstancias propias, algunos alimentos crecen más que el promedio, fenómeno que sucede también en economías con niveles generales de precios estables.
La inflación inercial no se evita con ajuste ni enfriando la economía. Por esta vía lo que se logra es frenar el crecimiento, aumentar el desempleo, el malestar social y la inseguridad. Pero tampoco se resuelve desatendiendo el problema precios o suponiendo que los aumentos provienen, esencialmente, de maniobras abusivas de formadores de precios en sectores concentrados. Cuando éstas existen tienen que ser reprimidas por el Estado, pero, en todo caso, la pregunta es por qué ahora esas maniobras son inflacionarias y en otros momentos no lo son. La respuesta es que ahora prevalece la inflación inercial . No hay ninguna medida aislada que resuelva el problema.
La respuesta radica en un programa de estabilidad y crecimiento fundado en la solidez de los equilibrios macroeconómicos y la política de ingresos para concertar, entre los actores económicos y sociales, privados y públicos, metas de precios y salarios, que tiendan a reducir la hipótesis inflacionaria implícita en el comportamiento de esos actores. En un momento como el actual, sería particularmente útil contar con un consejo económico y social, en cuyo seno el Gobierno concertara con los actores privados, del trabajo y la empresa, una estrategia de crecimiento con equidad y estabilidad razonable de precios.
El éxito de esa estrategia depende de la solidez de la macroeconomía y de continuar reduciendo los niveles de deuda. Para tales fines son centrales las otras dos cuestiones mencionadas. Es decir, la solvencia fiscal y el tipo de cambio.
Respecto de la deuda, conviene recordar que con o sin uso de reservas, con o sin canje, el país está en condiciones de cumplir sus compromisos externos y crecer. Los pagos de este año con reservas u otros recursos tienen una diferencia de tasa de interés, dato importante pero que no involucra la capacidad de pago. De todos modos, el pago con reservas es un recurso circunstancial. En el mediano y largo plazo, son los recursos genuinos de la actividad corriente de la economía los que proporcionan los medios de pago.
Sobre la solvencia fiscal, conviene recordar que, una vez iniciada la recuperación de los componentes de la demanda agregada (consumo, inversiones y exportaciones), no se justifica insistir en la inyección de demanda supletoria vía gasto público. La solvencia fiscal y la calidad del gasto recuperan así su papel fundamental en la gobernabilidad del sistema económico, la formación de las expectativas, la estabilidad y el desarrollo.
No es preciso “enfriar” ni “ajustar” la economía, es decir, bajar el gasto real indispensable para la oferta de bienes públicos, para frenar el aumento de precios. Si es preciso acomodar el crecimiento de gasto público a la de la recaudación lo cual permitiría recuperar, a breve plazo, el superávit primario. De otro modo, un crecimiento persistente del gasto por encima de los recursos públicos lleva inevitablemente al endeudamiento, a la apreciación del tipo de cambio, a restablecer las restricciones externa y fiscal y, consecuentemente, a la pérdida de soberanía. El desequilibrio fiscal y el aumento de la deuda no contribuyen a crear el escenario adecuado para llevar la actual tasa de inflación a niveles tolerables y posibles, en torno del 10% anual.
En relación con la política cambiaria, reducir la tasa actual de aumento de precios facilita mantener un tipo de cambio de equilibrio desarrollista (TCED) indispensable para el crecimiento de la producción y el empleo. Como lo demuestra nuestra experiencia y la de las economías en desarrollo más exitosas, el TCED es también necesario para la formación de una economía integrada y abierta, capaz de gestionar el conocimiento e integrada al mundo.
Crecer con equidad y una estabilidad razonable de precios está al alcance de los medios del país. Lograrlo o no depende de tomar nota del potencial de desarrollo de la nueva economía argentina una vez que se ha liberado, a menos de insistir en las decisiones del pasado, de las restricciones fiscal, externa e institucional.

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Inflación: las diez causas de un fenómeno que inquieta. Por Francisco Jueguen

No hay peor ciego que aquel que no quiere ver. El refrán, nacido de la profunda experiencia popular, hace justicia a la usual estrategia kirchnerista para enfrentar las contrariedades de la vida cotidiana que ponen en jaque su discurso progresista: la negación sistemática. Así, sin reconocimiento oficial, el más palpable de los problemas que sufren los argentinos se escurre, preocupante, hacia sus bolsillos. Esa incómoda verdad, más allá de la batalla semántica, tiene un único nombre. Se llama inflación.
Pero economistas cercanos al Gobierno, como el radical Aldo Ferrer o el justicialista Eduardo Curia, reconocen la existencia de la inflación. "Los precios están subiendo más de lo que conviene. Hay una inflación incómoda", confiesa Ferrer, director de Enarsa. Sin embargo, son originales a la hora de explicar las causas. La inflación, sugieren, es inercial y alentada por expectativas. Otros 17 economistas también ratificaron que la inflación existe, pero opinaron que su origen es otro. Aquí, un decálogo de las diferentes causas y mitos de la inflación:
1) Más gasto que ingresos
Cristina Kirchner dio la buena noticia. Dijo que la economía cerraba 2009 con un superávit fiscal primario (antes del pago de intereses de la deuda) de $ 17.277 millones, un 1,5% del PBI. Pero, como siempre ocurre con la información oficial, ciertos detalles fueron selectivamente olvidados. Se había registrado una caída del ahorro primario de un 47% en relación con 2008 y un déficit fiscal (tras el pago de intereses) de $ 7131,1 millones. Si no hubiera sido por recursos extraordinarios (el dinero de los jubilados y del FMI, por ejemplo), el resultado hubiese sido mucho peor. El gasto público había crecido un 30% anual, por arriba de los ingresos y de la inflación real, de un 15% en promedio, según los privados. Para el Gobierno, de cara a las elecciones de 2011, es fundamental mantener ese nivel de erogaciones: allí el germen del Fondo de Desendeudamiento, compuesto por reservas para pagar deuda. La mayoría de los economistas piensan que la inflación de hoy es consecuencia del incentivo (transferencias del Gobierno o cambios en la estructura impositiva) de la demanda agregada (la cantidad de bienes y servicios que demandan todos los habitantes de un país). Crece el gasto ?financiado con emisión monetaria? muy por encima del ritmo de la recaudación. Según Bein & Asociados, se pasó de un superávit primario de 3,9% del PBI en 2004 a un déficit de 1% del PBI si no se consideran los recursos extraordinarios.
Pero ¿cuál es esa política fiscal que fogonea la inflación? La obra pública, salarios estatales, aumentos a jubilados y la asignación por hijo, por ejemplo, sobre lo que es difícil producir un ajuste. Pero también aparecen, entre otros, los millonarios subsidios a privados (firmas energéticas, de transporte de pasajeros y compensaciones a productores agropecuarios), el sostenimiento del Fútbol para Todos o los US$ 57 millones que perdió Aerolíneas Argentinas durante enero y febrero de este año.
Para el economista Roberto Cachanosky hay un stock de subsidios que "gatilla el aumento del gasto público". Según sus cifras, en 2006 los subsidios al sector energético fueron de $ 4032 millones, mientras que en 2009 llegaron a 15.944 millones. En tanto, el sector transporte, que en 2006 tenía subsidios por 1876 millones, recibió el año pasado 11.584 millones. El total de subsidios y préstamos del sector público al sector privado pasó de 8800 millones en 2006 a 33.300 millones el año pasado.
2) Inversión insuficiente
"En vez de aumentar la oferta, los empresarios incrementan los precios", vociferó el ministro del Interior, Florencio Randazzo. El Gobierno admite, así, que la inversión ?el motor de la oferta? está por lo menos amesetada en relación con la creciente demanda. El último informe del Centro de Estudios para la Producción (CEP) indicó que, a pesar de que superan ampliamente los promedios registrados durante la convertibilidad, ya en 2008 todos los componentes de la inversión comenzaron a mostrar una merma con respecto a 2007.
Los números del economista Orlando Ferreres no reflejan semejante amplitud con relación a los años 90. Mientras entre 1991 y 1994 se registró un crecimiento acumulado del PBI de un 36%, la tasa IBIF/PBI (la relación entre la inversión y el producto bruto interno) fue de 17,9%. En el período 1996-1998, con una expansión de un 18%, la tasa IBIF/PBI fue de 19,7%. Esto no cambió mucho durante el kirchnerismo. Durante 2003 y 2008, el crecimiento del PBI acumulado fue de un 50%, mientras que la inversión en relación con el producto fue de 19,8 por ciento.
"Hoy se invierte, pero no hay proyectos grandes y nuevos. Buena parte de la inversión es amortización; reponer lo que se desgasta", explica Ferreres, para quien la inversión está en un 19%, una tasa insuficiente. La meseta de la inversión tiene una explicación. Los empresarios se quejan de la falta de reglas claras e incentivos, la incertidumbre que genera la ausencia de estadísticas creíbles, la pérdida de competitividad del peso ?casi anclado frente al dólar, pese a la inflación? y "un clima hostil de negocios".
3) La expansión monetaria
El Banco Central de Martín Redrado recibió muchas críticas en los últimos años. A grandes rasgos, los economistas cuestionaron la expansión de la base monetaria ?mediante emisión de pesos? para financiar el aumento del gasto público, hecho que fogoneó la inflación en vez de ponerle un techo. Además, se criticó la pasividad del BCRA a la hora de inducir tasas de interés reales más altas, que promuevan el ahorro en vez del consumo.
El circulante, dice Marina Dal Poggetto, del estudio Bein & Asociados, avanzó un 18% anual en 2009 y estuvo en sintonía con el Programa Monetario difundido por el BCRA. Para este año, el mismo informe oficial prevé una expansión del M2 [en la jerga de los economistas, la sumatoria del dinero circulante y el depositado en cajas de ahorro y cuentas corrientes] de entre el 11,9% y el 18,9%, contra un 20,2% estimado por Bein.
El ex secretario de Política Económica de Martín Lousteau, Gastón Rossi, completa el cuadro. "En 2006 y hasta principios de 2008, la expansión monetaria era un subproducto de la política cambiaria: se emitía para comprar el excedente de dólares y sostener la paridad cambiaria nominal. Hoy debido al afiebrado ritmo de expansión del gasto y de la incapacidad para obtener financiamiento, la política monetaria pasó a estar determinada por la política fiscal. El Central emite para financiar al Tesoro", concluye.
Mario Brodersohn, ex secretario de Hacienda de Raúl Alfonsín, puso el foco en otro lugar. "Hay una política monetaria muy pasiva para los depositantes con tasas de interés negativas, o sea, muy por debajo de la inflación real".
4) Problemas de expectativas
Sin puntos de referencia sobre la verdadera realidad de los precios con los que indexar contratos y salarios, y determinar costos, algunos economistas creen que se genera una inercia inflacionaria que se monta en los problemas puramente estructurales. Desde la destrucción de la credibilidad del Instituto de Estadística y Censos (Indec), ningún actor económico y social sabe con certeza cuánto suben los precios. Así prolifera una decena de índices para medir la inflación.
Pero, desconociendo la variación promedio, se amplifican los saltos en los precios y los formadores compran cobertura frente al riesgo. Remarcan mirando al vecino y por las dudas. "Creo que la responsabilidad del estímulo fiscal y monetario son fenómenos sobrestimados", opina el economista de la consultora Prefinex Osvaldo Cado. "Una inflación del 15% anual a la par de un derrumbe de la demanda agregada de un 6% durante 2009 es la prueba incontrastable de que hoy la evolución de los precios tiene una dinámica que se explica a sí misma", agrega Cado.
Así, no son pocas las voces que coinciden en que, para empezar a atacar el problema de la inflación, es necesario antes encontrar una solución al problema de la falta de estadísticas confiables.
5) Paritarias y costos empresariales
Los salarios no son la causa de la inflación. Pero en un contexto de expectativas inflacionarias que se suma a un descontrol fiscal, reclamos desmedidos en las paritarias pueden impulsar la suba de precios. Ningún gremio reclama alzas menores al 23%. Usan, claro está, el "Indec del supermercado".
Pero además de los salarios, otros costos empresariales siguen subiendo mientras se recalienta la economía, algo que obliga a las compañías al ajuste para mantener su rentabilidad. Sólo para citar algunos ejemplos, los costos del sector de la construcción tuvieron un alza de un 27,02% (materiales y salarios) durante el último año, según la Cámara Argentina de la Construcción (CAC). En tanto, el índice de la Cámara Empresaria de Operadores Logísticos (Cedol) ?que incluye el transporte? avanzó, en sólo tres meses, un 5,75 por ciento.
6) La matriz productiva
La Argentina sufre, aunque no debiera, por ser "el granero del mundo". De esa hipótesis nació el uso de las retenciones a la exportación. La idea es simple: la matriz productiva nacional es fundamentalmente agropecuaria o agroindustrial. Son también estos productos los que mayormente se exportan. Cuando el mundo crece y demanda alimentos o derivados, los precios internos suben al ritmo de los internacionales. Las soluciones se duplican: mayor producción ?más inversión? o un ajuste por precios.
Actualmente, créase o no, la Argentina elabora alimentos para 300 millones de personas. Pero la inversión en el sector agroalimentario (el campo y su industria) está en standby. "Las trabas a las exportaciones, las normativas oficiales, las alzas en los impuestos nacionales, provinciales y municipales, la intervención en todos los mercados retrotraen la inversión. Se produce, pero no se sabe a cuánto se va a vender. Hay mucha incertidumbre", afirma Ernesto Ambrosetti, economista de la Sociedad Rural Argentina (SRA).
Las retenciones, que gravan todos los productos, no sólo al agro, fueron impuestas para diferenciar precios internos de los externos. Pero los empresarios del agro y la agroindustria desestiman que fueran usadas para proteger el plato de comida de los argentinos. El fin fue recaudar más, dicen.
7) Bendito dólar
Hoy se habla de atraso cambiario. Esto suele ocurrir cuando la inflación diluye la competitividad del tipo de cambio real. En el país, el Gobierno y los empresarios impulsaron principalmente sólo una competitividad cambiaria ?aquella que se basa en el valor de la moneda? en vez de una real, apoyada en la inversión tecnológica?. Pero más allá de eso, una política de tipo de cambio alto mal administrada genera presiones inflacionarias. No es el caso actual de China o de Chile entre mediados de los 80 y mediados de los 90, según Roberto Frenkel y Martín Rapetti, del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes). Además, según Rossi, actualmente la política cambiaria sólo tiene "incertidumbre hacia la suba" (la devaluación fue de un 27,62% desde 2006, según datos del BCRA). El economista afirma que nadie anticipa una apreciación nominal del peso, lo que desincentiva su demanda. Esto se agrava por tasas reales de interés fuertemente negativas.
La relación dólar-salario desaparece, explica Cado, si la moneda local es la de referencia, como ocurre en Brasil. "Al ser baja la inflación, la gente ahorra en reales", aclara. La cultura dolarizadora en la Argentina destruye esa opción.
8) Oligopolios y formadores de precios
Los oligopolios en sectores formadores de precios clave aceleran la tasa de inflación, pero siempre una vez que ésta está lanzada. Nunca "crean" inflación.
Ante la acusación oficial, Nicolás Salvatore, economista de la Universidad de Buenos Aires (UBA), asegura que hoy existen los mismos grupos concentrados que funcionaban en el país en 2005. Aunque aclara: la inflación en ese entonces era de un dígito. Advierte, además, que grupos concentrados también existen en América latina, cuyo PBI crece al 5% y con un 5% de inflación anual desde hace diez años. "¿Serán los capitalistas argentinos los más avaros del mundo, más avaros que hace cinco años?", se pregunta Salvatore.
Luego de esa pregunta, y siguiendo la premisa oficial, viene una reflexión aún más interesante: si en la economía actual hubiera una mayor concentración, como dicen los funcionarios más cercanos a la Presidenta, significaría que la política del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, fracasó. Desde hace cuatro años tiene bajo su mando la política de defensa de la competencia. Además indicaría que la política económica del Gobierno en los últimos años no generó nuevas pymes.
"Es un Gobierno que generaliza algo no generalizable. La de concentración es una definición sectorial y geográfica", afirma Fernando Navajas, de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL). No obstante, estima que no es visible que haya un aumento de la concentración.
9) Incentivo al consumo
El efecto "vuelo de la perdiz" aparece cuando, en tiempos de inflación, parece que el consumo interno crece, pero en realidad se consume porque es la mejor manera de ahorrar. A la larga se asoma el freno de la economía. El sistema financiero fogoneó esta idea. Los consumidores (según la encuesta de expectativas de la Universidad Torcuato Di Tella) esperan una inflación del 25% para los próximos 12 meses, un ritmo levemente superior al 2% mensual. En tanto, el sistema bancario local ofrece una tasa promedio del 8,93% anual (o 0,73% mensual) por dejar inmovilizado su dinero por al menos un mes en un plazo fijo. Es un rendimiento casi tres veces menor que el ritmo de depreciación que espera en su poder de compra. A esto se suman virulentas campañas publicitarias con el afán de incrementar las ventas.
A contramano, los empresarios de todos los sectores se quejan de la falta de créditos blandos para aumentar la oferta.
10 ) La teoría del crecimiento
"El sendero del crecimiento sostenido con adecuados niveles de empleo sólo se logrará con estabilidad de precios; la inflación es el principal obstáculo." La definición no proviene de la Reserva Federal de los Estados Unidos ni del Banco Central Europeo, sino del Banco Popular de China.
Las experiencias de otros países desmienten la tesis oficial que indica que la suba de precios es una consecuencia del exitoso crecimiento económico, una idea difundida por la Comisión Económica para América Latina (Cepal) entre los año 60 y 70 y que tiene cada vez menos adeptos a nivel internacional. "A nivel teórico, esa idea no se discute más. Es poco seria", califica el economista de Fimades Luis Palma Cané.
La inflación en la Argentina "es nueve veces más alta que la internacional y cinco o seis veces más elevada que la de los países vecinos", estima Brodersohn. Pero esos países también crecieron.
La variación del IPC de la Argentina en 2009 fue superada sólo por seis naciones (Congo, Etiopía, Venezuela, Paquistán, Ghana y Egipto). La inflación local triplicó el promedio de América latina (excluyendo del cálculo a Venezuela).
Otro ejemplo sirve para ilustrar este fenómeno. Durante el ciclo de expansión de la economía mundial más importante de la historia (2003-2007) fue la Argentina la que más inflación reflejó si se la compara con economías avanzadas, Estados Unidos, la zona del euro, Japón y China.

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Acelerar el gasto vs. frenar la inflación. Por Néstor Scibona

(Publicado en La Nación del 11 de abril de 2010. Suplemento Económico)
Faltan todavía 16 largos meses para las internas obligatorias que definirán las candidaturas presidenciales de 2011 y tanto el oficialismo como la oposición enfrentan el mismo dilema. Nadie quiere mostrarse anticipadamente como candidato, para evitar el desgaste que supone el implacable clima de confrontación política. La excepción en el PJ es Eduardo Duhalde, pero aún comparte, por encima de Néstor Kirchner, los últimos puestos de imagen positiva en las encuestas de opinión pública. La ubicación de ambos de la mitad de tabla para abajo se asemeja a la de River y Boca en el actual campeonato de fútbol. Unicamente Cristina Kirchner está en una posición aún más desfavorable.
La falta de un referente detrás de quien encolumnarse por ahora no parece inquietar demasiado a gobernadores, intendentes, legisladores y sindicalistas del justicialismo. Prácticos como de costumbre razonan que, pese a todo, Néstor Kirchner sigue siendo el dueño de la abultada chequera del gasto público. Y hoy por hoy, esto les interesa mucho más que las difusas encuestas de intención de voto. Ya tendrán tiempo para realinearse, si hiciera falta, detrás de éstos o de otro candidato partidario con más chances ganadoras en 2011. Algunos con más énfasis que otros suelen repetir una premisa cara al PJ: las lealtades se acompañan sólo hasta la puerta del cementerio.
Mientras tanto, buena parte de los 17 mandatarios oficialistas y semioficialistas que compartieron con CFK el primer almuerzo de gobernadores se fueron de Olivos con la certeza de que la Casa Rosada los abastecerá de fondos suficientes para pagar aumentos salariales, terminar obras públicas y refinanciar deudas con la Nación. En otras palabras, que no sufrirán apremios fiscales hasta fin de año si no sacan los pies del plato.
De ahí que la mayoría haya mostrado escaso o nulo entusiasmo con la propuesta de tornar más equitativa la coparticipación del impuesto al cheque, promovida por el heterogéneo arco opositor para poner en aprietos al kirchnerismo. Descuentan que si esa ley fuera sancionada finalmente por el Congreso, la Presidenta habrá de vetarla, pero, para atenuar el costo político, la acompañará con la promesa de una eliminación o reducción gradual del gravamen a partir de 2011. Algunas ideas que se barajan en el oficialismo pasan por bajar alícuotas y computar parte de los pagos a cuenta del impuesto a las Ganancias, aunque nadie ha dicho claramente cómo habrán de compensarse los ingresos fiscales que resignaría la Casa Rosada por este impuesto, que aporta 24.000 millones de pesos anuales; o sea, el equivalente a otro Fondo de Desendeudamiento.
La otra zanahoria ofrecida a los gobernadores aliados tiene fecha de lanzamiento y marketing político ad hoc , pero por ahora poco contenido. En la última semana de abril, se constituiría la comisión para reformar el régimen de coparticipación federal de impuestos que, en realidad, poco podrá reformar si se tiene en cuenta que cualquier cambio debería ser convalidado por las 24 legislaturas provinciales en un año preelectoral. Aquí, la idea sería constituir el denominado Fondo de Equidad Social (FES) con una proporción aún indefinida de los excedentes de recaudación impositiva nacional, que siempre son subestimados en la ley de presupuesto. Si hubiera acuerdo sobre el monto, el FES se redistribuiría automáticamente entre las provincias en función de los actuales porcentajes de coparticipación. Algo así como un Fondo Sojero Bis, que gobernadores e intendentes recibirán en plena campaña electoral. Meses de prueba
Con este panorama por delante, el matrimonio Kirchner no tendría demasiados escollos para seguir bombeando el gasto público y la demanda interna como lo ha hecho en los últimos meses. Tiempo atrás Néstor Kirchner dijo que su objetivo es que el PBI crezca 7% este año para mejorar las chances electorales del oficialismo. El comportamiento de la actividad económica en los últimos tres trimestres no estuvo demasiado lejos de esa meta. Hasta los economistas más escépticos pronostican que el crecimiento de 2010 podría ubicarse entre 5 y 6 por ciento.
La contracara de esta recuperación a marcha forzada de la economía es en una inflación en escalones más altos y que el Gobierno niega como si estuviera en otro país. Si bien el ritmo de suba en los precios de los alimentos se ha moderado en la última semana, ahora se producen ajustes en otros rubros que recogen las fuertes alzas del primer trimestre y elevan a 25% anual el piso de aumento de precios al consumidor, independientemente de lo que vaya a informar esta semana el Indec.
A diferencia de años anteriores, la expansión del gasto público (que en el primer trimestre promedió el 35% frente a una suba del 25% en la recaudación) tiene esta vez mucho más incidencia inflacionaria. Desapareció el superávit fiscal; no hay margen para subir impuestos ni retenciones y el Gobierno recurrió a todas las cajas disponibles para financiarla. Ahora les toca el turno a las reservas del Banco Central transferidas al Tesoro y no se descarta que aproveche el canje para colocar deuda voluntaria.
Un cálculo del Estudio Broda estima que si el gasto público creciera 30% este año, las necesidades financieras (netas de refinanciaciones dentro del sector público) serían de 67.000 millones de pesos (frente a 52.000 millones en 2009 y 15.300 millones en 2008). Pero si se el gasto se elevara 35% treparían a 79.000 millones y si lo hace al 42% llegarían a casi 96.000 millones. Esta última hipótesis tiene un antecedente: en los nueve meses previos a las elecciones presidenciales de 2007, el gasto había crecido 49% interanual. Se trata de una receta conocida para el kirchnerismo, aunque en este caso buena parte del financiamiento recaerá en una mayor emisión monetaria del BCRA.
Para buena parte de los políticos oficialistas y la mayoría de los sindicalistas, la inflación más alta no sería un problema serio, porque podría contrarrestarse con ajustes salariales superiores al 20%, que crean la falsa ilusión de que con más plata en los bolsillos es posible ganarle a la inflación. Pero es un drama para la legión de trabajadores en negro, jubilados, cuentapropistas, desocupados y beneficiarios de planes sociales, que ven deteriorar sus ingresos reales mes tras mes.
Tampoco el cuadro es tranquilizante para muchos empresarios, sobre todo desde que el discurso oficial apunta a culparlos con exclusividad por la suba de precios y amenaza con movilizar a la dupla Guillermo Moreno-Hugo Moyano para vigilarlos. Este factor de desconfianza neutraliza además la hipótesis oficial de que con más inversión para aumentar la oferta y crédito a tasas negativas será posible contener las presiones y las expectativas inflacionarias.
En los próximos meses, el kirchnerismo deberá probar hasta qué punto la táctica de subir el gasto por encima de lo que crecen los recursos y estimular la demanda por encima del crecimiento de la oferta, puede ser redituable políticamente frente a una inflación cada vez más difícil de manejar por las distorsiones socioeconómicas que acarrea. Sus aliados están a la expectativa para saber si siguen alineados o no. Sus opositores también, aunque encuentren cada vez más estrecho el margen para apelar a la racionalidad económica. Leer más...

Economía: lo que no se quiere saber. Por Luis Rappoport

Cerrar los ojos ante el peligro no deja de ser una conducta humana, aunque habitualmente no sea la más saludable. Sin embargo, a menudo, ver lo evidente y negarlo puede ser una conducta comprensible cuando la decisión individual es impotente frente a ese peligro. Repasemos: durante el año 2010 vamos a tener una inflación de entre el 25% y el 30%. En el 2011, el piso inflacionario va a estar en esos mismos niveles. Pasó el verano de fines del 2008 y todo el 2009 en que la recesión puso un límite al desborde previo y los precios "solamente" aumentaron un 14%. No existirán políticas antiinflacionarias porque éstas requerirían una combinación de instrumentos que incluyen políticas fiscales, salariales, monetarias y cambiarias, incompatibles con la actual estructura de poder político.
Aclaremos: la presión salarial sobre el segmento de los trabajadores formales está santificada por la asociación entre el sindicalismo y el poder político. La recuperación de los ingresos fiscales por la mejora del nivel de actividad, empujado por el agro, brinda una oportunidad al gasto que -a falta de instituciones adecuadas para la gestión de la macroeconomía-, ni este, ni ningún gobierno desaprovecharía. En una población que no ahorra en su propia moneda, y en ausencia de políticas fiscales y de ingresos, los instrumentos monetarios son inservibles para controlar la inflación, salvo que se esté dispuesto a contraer la economía y a revaluar el peso en forma drástica. Nuevamente, ni éste, ni ningún gobierno harían semejante cosa. Con lo cual, entre el déficit fiscal y las compras de cambio del Banco Central, el Gobierno va a mantener el crecimiento de los medios de pago según el aumento de los precios. El dólar no va a crecer más allá del 10% anual porque devaluaciones mayores generarían incertidumbres incompatibles con el control político que requiere todo gobierno que se precie. Para decirlo más claro: como no hay pesos, por encima de los necesarios para realizar las transacciones de la economía, el aumento de los precios obliga a la emisión para mantener esas mismas transacciones, pero a precios mayores. Esos pesos faltantes se emitirán a través del déficit fiscal y de las compras de dólares del Banco Central. Esa misma inexistencia de pesos es lo que permitirá al Banco Central evitar desbordes (más allá del que supone estar montado en una inflación superior al 25%). Sin movimientos bruscos de carteras de ahorros es muy sencillo el control cambiario. Y no hay, ni va a haber movimientos bruscos de carteras de ahorros porque nadie, en su sano juicio, ahorra en pesos. El contexto expuesto tiene las siguientes tres consecuencias inevitables. En primer lugar: terminaremos 2011 con un peso más sobrevaluado que en los demonizados tiempos del uno a uno. Esa sobrevaluación va a volver a lesionar al ya zarandeado tejido industrial argentino. El sector agropecuario no va a pasarla mejor, porque los aumentos de precios, restadas las retenciones, no alcanzarán para compensar los aumentos de costos. La sobrevalorización del real no va a ayudar demasiado porque Brasil despliega modernas políticas industriales que buscan compensar dicha sobrevalorización. La Argentina está lejos de esas políticas y no le va a resultar fácil competir. Por otra parte, la tendencia de los mercados internacionales de commodities permitirán financiar un dólar barato, con mucha más eficacia que el endeudamiento de Cavallo. En segundo lugar: las ganancias de empleo, que en el contexto de precios estables permitieron una mejora de las condiciones sociales, se perderán. Hacen falta dos condiciones para la mejora de las condiciones sociales: precios estables y empleo. La primera ya se perdió. La segunda se va a perder en los próximos años por la mencionada pérdida de competitividad cambiaria.En tercer lugar: el gobierno posterior al 2011 se va a encontrar con opciones duras. Cualquiera sea la política que elija, la población va a sufrir. Somos una sociedad que vivió el trauma de la hiperinflación, se vio frente a un segundo trauma de pérdidas de empleo y marginación por un dólar fijo religioso, exagerado e innecesario, pero que sirvió para romper la cultura inflacionaria. Vivimos luego un tercer trauma durante el inevitable quiebre del uno a uno, con una, también inevitable, hiperrecesión. Todo ese sacrificio vivido se habrá perdido hacia el 2011. Y vendrán otros sacrificios cuando el nuevo gobierno deba realizar la imposible tarea de enfrentar -en simultáneo- alta inflación con fuerte retraso cambiario.


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DEUDA PÚBLICA Y CONFLICTO POLÍTICO. Plan Fénix

La deuda pública externa ha sido un condicionante central, en el escenario económico y político de la Argentina; su continua expansión a lo largo de los últimos treinta años ha constituido uno de los más formidables obstáculos para el crecimiento del país. Un país no pobre; pero empobrecido entre otras razones por el endeudamiento; esto es la resultante de políticas económicas perversas, reflejo de intereses y desvaríos de elites de poder carentes de proyectos viables y aceptables para las mayorías.
Tras la declaración de default a fines del año 2001 y la posterior renegociación de los pasivos externos, los compromisos de pago adquirieron un perfil sostenible; puede afirmarse que la deuda no representa hoy día un obstáculo central para la economía.

Sin embargo, la sociedad ha asistido en los últimos meses a un persistente conflicto político, originado por un conjunto de decisiones en torno a la deuda pública - ahora parcialmente en manos de acreedores locales. Este conflicto ha atravesado circunstancias álgidas, motivando enfrentamientos públicos de actores políticos de fuste, oficialistas y opositores, y ha involucrado en reiteradas oportunidades a instancias del Poder Judicial. El conflicto ha girado tanto en torno de cuestiones de fondo como de procedimiento.
El origen de estos episodios se encuentra en la atención de los servicios de la deuda pública y en la reapertura de negociaciones con los tenedores de títulos que no se avinieron a su canje en el año 2005. El Gobierno Nacional propuso primero garantizar el pago de obligaciones – a través del "Fondo del Bicentenario"–; luego, optó directamente por movilizar reservas para la cancelación de los vencimientos, mediante la creación del "Fondo de Desendeudamiento Argentino". Éste último habilitaría la cancelación de obligaciones sin contraer el gasto fiscal destinado a otros fines.
Frente a la controversia suscitada, desde el Plan Fénix hacemos llegar a la sociedad nuestro aporte para la comprensión de esta problemática. Brindamos también nuestro punto de vista acerca de los cursos de acción a seguir. Todo ello, como siempre, considerando el interés colectivo, y desde una perspectiva de largo plazo.
En primer lugar, compartimos una opinión generalizada entre analistas de diversas vertientes, en el sentido de que la actual coyuntura económica no evidencia síntomas de gravedad. En términos de nivel de actividad y del sector externo, la Argentina enfrenta en relativamente buenas condiciones la gran crisis mundial, originada en el sector financiero de los países desarrollados. Ello, además, a pesar de una sequía inédita, que contribuyó a que en el año 2009 cayeran en un 30% las producciones agrarias exportables, afectando además la recaudación fiscal. Indicadores macroeconómicos fundamentales, como ser el nivel de actividad y los saldos de los sectores público y externo, lucen tanto o más sólidos que los de otras economías latinoamericanas.
Las perspectivas a corto plazo resultan también alentadoras, aunque no sugieran un camino totalmente despejado. La situación fiscal, si bien desmejorada con relación a 2008 por pérdidas de recaudación y por una política de corte expansivo, muestra a nivel nacional indicadores que perfilan una situación manejable, en términos de desbalances. Esto no impide que se adopten con oportunidad y eficacia medidas necesarias para reequilibrarla, en el proceso de salida de la "fase baja del ciclo", consecuencia de la crisis 2
global. En el caso de las finanzas provinciales, los desequilibrios requieren intervenciones de alguna magnitud, sin que por ello los riesgos sean pronunciados. Por cierto, el reavivamiento de la inflación constituye un punto que requiere la máxima atención, dadas las tendencias de los últimos tres años y los visibles deslizamientos de hoy, en un marco de recuperación del ritmo de crecimiento
En este contexto, no es improcedente avanzar hacia una negociación que permita incorporar al canje la mayor cantidad posible de deuda pendiente (en manos de los holdouts), como así también renovar los vencimientos de capital. Los niveles actuales de deuda son claramente sostenibles, al representar cerca del 45% del Producto Interno Bruto. Es correcto en consecuencia renovar vencimientos, cuidando de no incrementar este porcentual.
Es crucial, sin embargo, que esta negociación permita obtener tasas de interés compatibles con el crecimiento, similares a las que han obtenido otros países. El tratamiento que recibe hoy día la deuda del país en los mercados internacionales no refleja su mejor situación relativa. Si bien ha crecido el precio de los bonos argentinos, ante la expectativa de aprobación del canje de deuda por parte de la Comisión Nacional de Valores (SEC) de los Estados Unidos, las tasas de interés implícitas son aún muy elevadas, sobre todo en comparación con otros países de similar o peor desempeño macroeconómico. De aceptar la Argentina tales tasas, se estaría emitiendo una señal de insolvencia, que no encuentra justificación alguna. Sin duda, persisten gruesas fallas en la evaluación del riesgo, por parte del mercado financiero internacional.
En tal sentido, el uso de las reservas para la cancelación de vencimientos es un camino adecuado, sólo en la medida en que coadyuve a este propósito de reducción del costo del endeudamiento. Y bajo ningún concepto, el propósito debe ser algún deseable "retorno a los mercados", como reclaman en forma monótona los voceros de las finanzas especulativas. Nunca más el endeudamiento público debe ser el camino a seguir, vista la nefasta experiencia argentina.
Por otra parte, los niveles de los pasivos actuales y la abundante disponibilidad de reservas permiten afectar sin riesgos mayores parte de ellas, a los fines de cubrir los servicios de la deuda; ello permite liberar recursos para expandir la demanda interna, en la medida en que ello sea necesario y viable, conforme la evolución del ciclo económico. Sin duda, esto implica atender la deuda con reservas; pero esta vía nada especial significa, toda vez que siempre la deuda pública denominada en moneda extranjera se atiende utilizando las reservas que la sociedad guarda en el Banco Central. El punto básico reside aquí en no reducir los recursos fiscales necesarios para una política contracíclica, oportuna en estas circunstancias, mal que les pese a los voceros del ajuste recesivo. Por otro lado, es menester que el Presupuesto General de la Nación sea adecuadamente reformulado, a fin de incorporar estas previsiones.
Resulta claro que el actual cuadro de conflicto se origina más en la dinámica política que en el frente económico (con la salvedad de lo ya mencionado acerca de la inflación); y ésta por cierto es una apreciación que también comparten distintos analistas. Pero debe advertirse que a la larga, esta dinámica podrá afectar el plano económico, y en definitiva la vida del colectivo social. Por lo pronto, los "ruidos" políticos actuales en nada ayudan, por cierto, a esclarecer la real situación del país, frente a los acreedores.
Es imperativo entonces que la dirigencia alineada con un proyecto de desarrollo inclusivo esté dispuesta a actuar en consecuencia, construyendo los necesarios acuerdos que permitan apuntalar y no socavar una situación económica que luce sostenible.
Ello implica resignar posicionamientos que reflejan intereses personales, sectoriales, proselitistas o de mera búsqueda de acrecentar el poder político, respetando a la vez las formas y pautas institucionales. Lo que urge ahora es liberar energías transformadoras para encarar la deuda social, que representa la exclusión de uno de cada cinco argentinos.
Desde el Plan Fénix, exhortamos entonces a esta dirigencia a encarar la tarea. Lo hacemos desde la Universidad, y además desde un proyecto que agrupa a docentes e investigadores de diferentes tradiciones, orientaciones político-ideológicas o partidarias, en una experiencia que ha demostrado que tales diferencias no impiden trabajar en pro de objetivos comunes.
Plan Fénix
Buenos Aires, marzo de 2010

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