Acelerar el gasto vs. frenar la inflación. Por Néstor Scibona

(Publicado en La Nación del 11 de abril de 2010. Suplemento Económico)
Faltan todavía 16 largos meses para las internas obligatorias que definirán las candidaturas presidenciales de 2011 y tanto el oficialismo como la oposición enfrentan el mismo dilema. Nadie quiere mostrarse anticipadamente como candidato, para evitar el desgaste que supone el implacable clima de confrontación política. La excepción en el PJ es Eduardo Duhalde, pero aún comparte, por encima de Néstor Kirchner, los últimos puestos de imagen positiva en las encuestas de opinión pública. La ubicación de ambos de la mitad de tabla para abajo se asemeja a la de River y Boca en el actual campeonato de fútbol. Unicamente Cristina Kirchner está en una posición aún más desfavorable.
La falta de un referente detrás de quien encolumnarse por ahora no parece inquietar demasiado a gobernadores, intendentes, legisladores y sindicalistas del justicialismo. Prácticos como de costumbre razonan que, pese a todo, Néstor Kirchner sigue siendo el dueño de la abultada chequera del gasto público. Y hoy por hoy, esto les interesa mucho más que las difusas encuestas de intención de voto. Ya tendrán tiempo para realinearse, si hiciera falta, detrás de éstos o de otro candidato partidario con más chances ganadoras en 2011. Algunos con más énfasis que otros suelen repetir una premisa cara al PJ: las lealtades se acompañan sólo hasta la puerta del cementerio.
Mientras tanto, buena parte de los 17 mandatarios oficialistas y semioficialistas que compartieron con CFK el primer almuerzo de gobernadores se fueron de Olivos con la certeza de que la Casa Rosada los abastecerá de fondos suficientes para pagar aumentos salariales, terminar obras públicas y refinanciar deudas con la Nación. En otras palabras, que no sufrirán apremios fiscales hasta fin de año si no sacan los pies del plato.
De ahí que la mayoría haya mostrado escaso o nulo entusiasmo con la propuesta de tornar más equitativa la coparticipación del impuesto al cheque, promovida por el heterogéneo arco opositor para poner en aprietos al kirchnerismo. Descuentan que si esa ley fuera sancionada finalmente por el Congreso, la Presidenta habrá de vetarla, pero, para atenuar el costo político, la acompañará con la promesa de una eliminación o reducción gradual del gravamen a partir de 2011. Algunas ideas que se barajan en el oficialismo pasan por bajar alícuotas y computar parte de los pagos a cuenta del impuesto a las Ganancias, aunque nadie ha dicho claramente cómo habrán de compensarse los ingresos fiscales que resignaría la Casa Rosada por este impuesto, que aporta 24.000 millones de pesos anuales; o sea, el equivalente a otro Fondo de Desendeudamiento.
La otra zanahoria ofrecida a los gobernadores aliados tiene fecha de lanzamiento y marketing político ad hoc , pero por ahora poco contenido. En la última semana de abril, se constituiría la comisión para reformar el régimen de coparticipación federal de impuestos que, en realidad, poco podrá reformar si se tiene en cuenta que cualquier cambio debería ser convalidado por las 24 legislaturas provinciales en un año preelectoral. Aquí, la idea sería constituir el denominado Fondo de Equidad Social (FES) con una proporción aún indefinida de los excedentes de recaudación impositiva nacional, que siempre son subestimados en la ley de presupuesto. Si hubiera acuerdo sobre el monto, el FES se redistribuiría automáticamente entre las provincias en función de los actuales porcentajes de coparticipación. Algo así como un Fondo Sojero Bis, que gobernadores e intendentes recibirán en plena campaña electoral. Meses de prueba
Con este panorama por delante, el matrimonio Kirchner no tendría demasiados escollos para seguir bombeando el gasto público y la demanda interna como lo ha hecho en los últimos meses. Tiempo atrás Néstor Kirchner dijo que su objetivo es que el PBI crezca 7% este año para mejorar las chances electorales del oficialismo. El comportamiento de la actividad económica en los últimos tres trimestres no estuvo demasiado lejos de esa meta. Hasta los economistas más escépticos pronostican que el crecimiento de 2010 podría ubicarse entre 5 y 6 por ciento.
La contracara de esta recuperación a marcha forzada de la economía es en una inflación en escalones más altos y que el Gobierno niega como si estuviera en otro país. Si bien el ritmo de suba en los precios de los alimentos se ha moderado en la última semana, ahora se producen ajustes en otros rubros que recogen las fuertes alzas del primer trimestre y elevan a 25% anual el piso de aumento de precios al consumidor, independientemente de lo que vaya a informar esta semana el Indec.
A diferencia de años anteriores, la expansión del gasto público (que en el primer trimestre promedió el 35% frente a una suba del 25% en la recaudación) tiene esta vez mucho más incidencia inflacionaria. Desapareció el superávit fiscal; no hay margen para subir impuestos ni retenciones y el Gobierno recurrió a todas las cajas disponibles para financiarla. Ahora les toca el turno a las reservas del Banco Central transferidas al Tesoro y no se descarta que aproveche el canje para colocar deuda voluntaria.
Un cálculo del Estudio Broda estima que si el gasto público creciera 30% este año, las necesidades financieras (netas de refinanciaciones dentro del sector público) serían de 67.000 millones de pesos (frente a 52.000 millones en 2009 y 15.300 millones en 2008). Pero si se el gasto se elevara 35% treparían a 79.000 millones y si lo hace al 42% llegarían a casi 96.000 millones. Esta última hipótesis tiene un antecedente: en los nueve meses previos a las elecciones presidenciales de 2007, el gasto había crecido 49% interanual. Se trata de una receta conocida para el kirchnerismo, aunque en este caso buena parte del financiamiento recaerá en una mayor emisión monetaria del BCRA.
Para buena parte de los políticos oficialistas y la mayoría de los sindicalistas, la inflación más alta no sería un problema serio, porque podría contrarrestarse con ajustes salariales superiores al 20%, que crean la falsa ilusión de que con más plata en los bolsillos es posible ganarle a la inflación. Pero es un drama para la legión de trabajadores en negro, jubilados, cuentapropistas, desocupados y beneficiarios de planes sociales, que ven deteriorar sus ingresos reales mes tras mes.
Tampoco el cuadro es tranquilizante para muchos empresarios, sobre todo desde que el discurso oficial apunta a culparlos con exclusividad por la suba de precios y amenaza con movilizar a la dupla Guillermo Moreno-Hugo Moyano para vigilarlos. Este factor de desconfianza neutraliza además la hipótesis oficial de que con más inversión para aumentar la oferta y crédito a tasas negativas será posible contener las presiones y las expectativas inflacionarias.
En los próximos meses, el kirchnerismo deberá probar hasta qué punto la táctica de subir el gasto por encima de lo que crecen los recursos y estimular la demanda por encima del crecimiento de la oferta, puede ser redituable políticamente frente a una inflación cada vez más difícil de manejar por las distorsiones socioeconómicas que acarrea. Sus aliados están a la expectativa para saber si siguen alineados o no. Sus opositores también, aunque encuentren cada vez más estrecho el margen para apelar a la racionalidad económica.