En el debate actual sobre la inflación y el pago de la deuda, predominan dos enfoques alternativos. Por un lado, ajustar y enfriar la economía. Para tales fines, sería necesario reducir la demanda agregada mediante la baja del gasto público y el aumento de la tasa de interés y apreciar el peso para sustituir producción interna por importaciones, reduciendo la presión de la demanda sobre la oferta nacional de bienes y servicios. Al mismo tiempo, se liberarían recursos del Presupuesto para pagar deuda sin uso de reservas del Banco Central. Por el otro lado, el enfoque alternativo propone pagar deuda con reservas y sostener un crecimiento del gasto por encima de los recursos disponibles sin atender el tema precios, con vistas a impulsar la demanda, la producción y el empleo.
Esta alternativa del problema actual de la inflación y la deuda se plantea como si subsistieran las circunstancias del pasado. Vale decir, una economía sometida a las restricciones externa y fiscal, a una deuda agobiante que excede su capacidad de pago y a desórdenes macroeconómicos e institucionales que, en el límite, culminaban en la hiperinflación.
Nos pasó durante más de la mitad del siglo pasado, cuando registramos el récord mundial de inflación, con varias híper incluidas. Sin embargo, como hemos visto en las tres últimas notas en este mismo espacio, en los últimos años se ha producido un cambio radical en el comportamiento de la economía argentina. Desde la salida de la crisis del 2001/2002, en el transcurso de esta primera década del siglo XXI, los pagos internacionales vienen operando con un elevado superávit en el balance comercial, el cual registra saldos positivos anuales superiores a los u$s15.000 millones.
A su vez, la cuenta corriente del balance de pagos registra ocho años consecutivos positivos, hecho inédito en la historia económica del país. En el 2009 alcanzó al 3% del PBI y cabe esperar un superávit semejante en el 2010. A su vez, al mismo tiempo, entre el 2003 y la actualidad la relación deuda externa pública y privada/PBI bajó de 160 a 40 por ciento. Desde el momento en que se logro salir del default, con el exitoso canje de deuda del 2005, el pago al FMI y encuadrar los pagos dentro de límites manejables con recursos propios, también aquí se produjo un cambio radical.
La solución de la restricción externa facilitó resolver la restricción fiscal derivada de los déficits crónicos de las finanzas públicas. La recaudación tributaria nacional aumentó en 10 puntos del PBI para ubicarse cerca del 30% del producto, proporción razonable en una economía del ingreso medio argentino. En el mismo sentido operó la incorporación, en la esfera pública, de los recursos del sistema previsional, que constituyen parte principal del ahorro interno. El comportamiento de las finanzas públicas desde la salida de la crisis del 2001/2002 demuestra, en efecto, que la restricción fiscal puede ser, también, un problema superado.
En el pasado, el país tuvo, entre 1930 y 1983, una “restricción institucional”, agregada a las externa y fiscal. En la experiencia reciente, aún los temas más polémicos (por ejemplo, la resolución 125, las reformas de los regímenes previsional y de medios audiovisuales, el uso de las reservas del Banco Central), se procesan conforme las reglas constitucionales y la división de poderes propio de una sociedad democrática. Ahora, la restricción institucional es también un problema de otros tiempos.
En resumen, en la nueva economía argentina ni la inflación ni la deuda son actualmente lo que fueron en el pasado. Por lo tanto, enfriar y ajustar, por una parte, o crecer sin atender el problema precios, por la otra, no son las alternativas reales que confrontamos actualmente. Corresponde, entonces, reflexionar sobre las cuestiones que son determinantes del actual cuadro de situación. A saber, las causas actuales del aumento de precios, la solvencia fiscal y el tipo de cambio.
Sobre la primera, cabe observar que no estamos en presencia de ninguna de las causas clásicas de inflación, a saber: exceso de demanda o presiones de costos. La economía viene operando a niveles razonables de ocupación de la capacidad productiva instalada, está aún distante el pleno empleo de la mano de obra y no hay restricciones de abastecimientos importados por insuficiencia de divisas. Por lo tanto, no hay inflación por exceso de demanda respecto de los recursos disponibles. Por otra parte, ninguno de los precios básicos de la economía (tipo de cambio, salarios, tarifas de servicios públicos) está fuertemente desalineado y, por lo tanto, no es previsible un alza brusca en ninguno de ellos. Por lo tanto, tampoco hay amenazas severas de inflación de costos. ¿Cómo se explica entonces que el nivel general de precios esté aumentando en torno del 20% anual, un nivel inconveniente y perturbador?
La respuesta es que estamos en presencia de un caso de inflación inercial. Es decir, los precios aumentan a un cierto ritmo porque los actores económicos y sociales incorporan una hipótesis de aumento de precios que se retroalimenta en ajustes continuos de precios y salarios, a pesar de la ausencia de inflación de demanda y de costos y de la existencia de equilibrios macroeconómicos razonablemente sólidos. La inflación inercial se sostiene en las expectativas y en un clima político tenso, en el cual se incluyen visiones catastróficas de la realidad y el futuro, incluida la explosión inflacionaria. En este escenario, por razones estacionales o circunstancias propias, algunos alimentos crecen más que el promedio, fenómeno que sucede también en economías con niveles generales de precios estables.
La inflación inercial no se evita con ajuste ni enfriando la economía. Por esta vía lo que se logra es frenar el crecimiento, aumentar el desempleo, el malestar social y la inseguridad. Pero tampoco se resuelve desatendiendo el problema precios o suponiendo que los aumentos provienen, esencialmente, de maniobras abusivas de formadores de precios en sectores concentrados. Cuando éstas existen tienen que ser reprimidas por el Estado, pero, en todo caso, la pregunta es por qué ahora esas maniobras son inflacionarias y en otros momentos no lo son. La respuesta es que ahora prevalece la inflación inercial . No hay ninguna medida aislada que resuelva el problema.
La respuesta radica en un programa de estabilidad y crecimiento fundado en la solidez de los equilibrios macroeconómicos y la política de ingresos para concertar, entre los actores económicos y sociales, privados y públicos, metas de precios y salarios, que tiendan a reducir la hipótesis inflacionaria implícita en el comportamiento de esos actores. En un momento como el actual, sería particularmente útil contar con un consejo económico y social, en cuyo seno el Gobierno concertara con los actores privados, del trabajo y la empresa, una estrategia de crecimiento con equidad y estabilidad razonable de precios.
El éxito de esa estrategia depende de la solidez de la macroeconomía y de continuar reduciendo los niveles de deuda. Para tales fines son centrales las otras dos cuestiones mencionadas. Es decir, la solvencia fiscal y el tipo de cambio.
Respecto de la deuda, conviene recordar que con o sin uso de reservas, con o sin canje, el país está en condiciones de cumplir sus compromisos externos y crecer. Los pagos de este año con reservas u otros recursos tienen una diferencia de tasa de interés, dato importante pero que no involucra la capacidad de pago. De todos modos, el pago con reservas es un recurso circunstancial. En el mediano y largo plazo, son los recursos genuinos de la actividad corriente de la economía los que proporcionan los medios de pago.
Sobre la solvencia fiscal, conviene recordar que, una vez iniciada la recuperación de los componentes de la demanda agregada (consumo, inversiones y exportaciones), no se justifica insistir en la inyección de demanda supletoria vía gasto público. La solvencia fiscal y la calidad del gasto recuperan así su papel fundamental en la gobernabilidad del sistema económico, la formación de las expectativas, la estabilidad y el desarrollo.
No es preciso “enfriar” ni “ajustar” la economía, es decir, bajar el gasto real indispensable para la oferta de bienes públicos, para frenar el aumento de precios. Si es preciso acomodar el crecimiento de gasto público a la de la recaudación lo cual permitiría recuperar, a breve plazo, el superávit primario. De otro modo, un crecimiento persistente del gasto por encima de los recursos públicos lleva inevitablemente al endeudamiento, a la apreciación del tipo de cambio, a restablecer las restricciones externa y fiscal y, consecuentemente, a la pérdida de soberanía. El desequilibrio fiscal y el aumento de la deuda no contribuyen a crear el escenario adecuado para llevar la actual tasa de inflación a niveles tolerables y posibles, en torno del 10% anual.
En relación con la política cambiaria, reducir la tasa actual de aumento de precios facilita mantener un tipo de cambio de equilibrio desarrollista (TCED) indispensable para el crecimiento de la producción y el empleo. Como lo demuestra nuestra experiencia y la de las economías en desarrollo más exitosas, el TCED es también necesario para la formación de una economía integrada y abierta, capaz de gestionar el conocimiento e integrada al mundo.
Crecer con equidad y una estabilidad razonable de precios está al alcance de los medios del país. Lograrlo o no depende de tomar nota del potencial de desarrollo de la nueva economía argentina una vez que se ha liberado, a menos de insistir en las decisiones del pasado, de las restricciones fiscal, externa e institucional.
Esta alternativa del problema actual de la inflación y la deuda se plantea como si subsistieran las circunstancias del pasado. Vale decir, una economía sometida a las restricciones externa y fiscal, a una deuda agobiante que excede su capacidad de pago y a desórdenes macroeconómicos e institucionales que, en el límite, culminaban en la hiperinflación.
Nos pasó durante más de la mitad del siglo pasado, cuando registramos el récord mundial de inflación, con varias híper incluidas. Sin embargo, como hemos visto en las tres últimas notas en este mismo espacio, en los últimos años se ha producido un cambio radical en el comportamiento de la economía argentina. Desde la salida de la crisis del 2001/2002, en el transcurso de esta primera década del siglo XXI, los pagos internacionales vienen operando con un elevado superávit en el balance comercial, el cual registra saldos positivos anuales superiores a los u$s15.000 millones.
A su vez, la cuenta corriente del balance de pagos registra ocho años consecutivos positivos, hecho inédito en la historia económica del país. En el 2009 alcanzó al 3% del PBI y cabe esperar un superávit semejante en el 2010. A su vez, al mismo tiempo, entre el 2003 y la actualidad la relación deuda externa pública y privada/PBI bajó de 160 a 40 por ciento. Desde el momento en que se logro salir del default, con el exitoso canje de deuda del 2005, el pago al FMI y encuadrar los pagos dentro de límites manejables con recursos propios, también aquí se produjo un cambio radical.
La solución de la restricción externa facilitó resolver la restricción fiscal derivada de los déficits crónicos de las finanzas públicas. La recaudación tributaria nacional aumentó en 10 puntos del PBI para ubicarse cerca del 30% del producto, proporción razonable en una economía del ingreso medio argentino. En el mismo sentido operó la incorporación, en la esfera pública, de los recursos del sistema previsional, que constituyen parte principal del ahorro interno. El comportamiento de las finanzas públicas desde la salida de la crisis del 2001/2002 demuestra, en efecto, que la restricción fiscal puede ser, también, un problema superado.
En el pasado, el país tuvo, entre 1930 y 1983, una “restricción institucional”, agregada a las externa y fiscal. En la experiencia reciente, aún los temas más polémicos (por ejemplo, la resolución 125, las reformas de los regímenes previsional y de medios audiovisuales, el uso de las reservas del Banco Central), se procesan conforme las reglas constitucionales y la división de poderes propio de una sociedad democrática. Ahora, la restricción institucional es también un problema de otros tiempos.
En resumen, en la nueva economía argentina ni la inflación ni la deuda son actualmente lo que fueron en el pasado. Por lo tanto, enfriar y ajustar, por una parte, o crecer sin atender el problema precios, por la otra, no son las alternativas reales que confrontamos actualmente. Corresponde, entonces, reflexionar sobre las cuestiones que son determinantes del actual cuadro de situación. A saber, las causas actuales del aumento de precios, la solvencia fiscal y el tipo de cambio.
Sobre la primera, cabe observar que no estamos en presencia de ninguna de las causas clásicas de inflación, a saber: exceso de demanda o presiones de costos. La economía viene operando a niveles razonables de ocupación de la capacidad productiva instalada, está aún distante el pleno empleo de la mano de obra y no hay restricciones de abastecimientos importados por insuficiencia de divisas. Por lo tanto, no hay inflación por exceso de demanda respecto de los recursos disponibles. Por otra parte, ninguno de los precios básicos de la economía (tipo de cambio, salarios, tarifas de servicios públicos) está fuertemente desalineado y, por lo tanto, no es previsible un alza brusca en ninguno de ellos. Por lo tanto, tampoco hay amenazas severas de inflación de costos. ¿Cómo se explica entonces que el nivel general de precios esté aumentando en torno del 20% anual, un nivel inconveniente y perturbador?
La respuesta es que estamos en presencia de un caso de inflación inercial. Es decir, los precios aumentan a un cierto ritmo porque los actores económicos y sociales incorporan una hipótesis de aumento de precios que se retroalimenta en ajustes continuos de precios y salarios, a pesar de la ausencia de inflación de demanda y de costos y de la existencia de equilibrios macroeconómicos razonablemente sólidos. La inflación inercial se sostiene en las expectativas y en un clima político tenso, en el cual se incluyen visiones catastróficas de la realidad y el futuro, incluida la explosión inflacionaria. En este escenario, por razones estacionales o circunstancias propias, algunos alimentos crecen más que el promedio, fenómeno que sucede también en economías con niveles generales de precios estables.
La inflación inercial no se evita con ajuste ni enfriando la economía. Por esta vía lo que se logra es frenar el crecimiento, aumentar el desempleo, el malestar social y la inseguridad. Pero tampoco se resuelve desatendiendo el problema precios o suponiendo que los aumentos provienen, esencialmente, de maniobras abusivas de formadores de precios en sectores concentrados. Cuando éstas existen tienen que ser reprimidas por el Estado, pero, en todo caso, la pregunta es por qué ahora esas maniobras son inflacionarias y en otros momentos no lo son. La respuesta es que ahora prevalece la inflación inercial . No hay ninguna medida aislada que resuelva el problema.
La respuesta radica en un programa de estabilidad y crecimiento fundado en la solidez de los equilibrios macroeconómicos y la política de ingresos para concertar, entre los actores económicos y sociales, privados y públicos, metas de precios y salarios, que tiendan a reducir la hipótesis inflacionaria implícita en el comportamiento de esos actores. En un momento como el actual, sería particularmente útil contar con un consejo económico y social, en cuyo seno el Gobierno concertara con los actores privados, del trabajo y la empresa, una estrategia de crecimiento con equidad y estabilidad razonable de precios.
El éxito de esa estrategia depende de la solidez de la macroeconomía y de continuar reduciendo los niveles de deuda. Para tales fines son centrales las otras dos cuestiones mencionadas. Es decir, la solvencia fiscal y el tipo de cambio.
Respecto de la deuda, conviene recordar que con o sin uso de reservas, con o sin canje, el país está en condiciones de cumplir sus compromisos externos y crecer. Los pagos de este año con reservas u otros recursos tienen una diferencia de tasa de interés, dato importante pero que no involucra la capacidad de pago. De todos modos, el pago con reservas es un recurso circunstancial. En el mediano y largo plazo, son los recursos genuinos de la actividad corriente de la economía los que proporcionan los medios de pago.
Sobre la solvencia fiscal, conviene recordar que, una vez iniciada la recuperación de los componentes de la demanda agregada (consumo, inversiones y exportaciones), no se justifica insistir en la inyección de demanda supletoria vía gasto público. La solvencia fiscal y la calidad del gasto recuperan así su papel fundamental en la gobernabilidad del sistema económico, la formación de las expectativas, la estabilidad y el desarrollo.
No es preciso “enfriar” ni “ajustar” la economía, es decir, bajar el gasto real indispensable para la oferta de bienes públicos, para frenar el aumento de precios. Si es preciso acomodar el crecimiento de gasto público a la de la recaudación lo cual permitiría recuperar, a breve plazo, el superávit primario. De otro modo, un crecimiento persistente del gasto por encima de los recursos públicos lleva inevitablemente al endeudamiento, a la apreciación del tipo de cambio, a restablecer las restricciones externa y fiscal y, consecuentemente, a la pérdida de soberanía. El desequilibrio fiscal y el aumento de la deuda no contribuyen a crear el escenario adecuado para llevar la actual tasa de inflación a niveles tolerables y posibles, en torno del 10% anual.
En relación con la política cambiaria, reducir la tasa actual de aumento de precios facilita mantener un tipo de cambio de equilibrio desarrollista (TCED) indispensable para el crecimiento de la producción y el empleo. Como lo demuestra nuestra experiencia y la de las economías en desarrollo más exitosas, el TCED es también necesario para la formación de una economía integrada y abierta, capaz de gestionar el conocimiento e integrada al mundo.
Crecer con equidad y una estabilidad razonable de precios está al alcance de los medios del país. Lograrlo o no depende de tomar nota del potencial de desarrollo de la nueva economía argentina una vez que se ha liberado, a menos de insistir en las decisiones del pasado, de las restricciones fiscal, externa e institucional.
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