Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En segundo lugar, tengo que aclarar que el dictamen que hemos presentado es compartido con el bloque de la Unión Cívica Radical y que, además, cuenta con el apoyo de los integrantes del bloque del Partido Federal Fueguino.
Por esta razón, haremos un esfuerzo para poder compartir el tiempo en esta introducción, sobre todo teniendo en cuenta que estos son temas que a veces me entusiasman demasiado. Por ello, adelanto que vamos a compartir nuestro tiempo con el colega Enrique Vaquié.
Hace dos semanas este tema no era una prioridad en la agenda de nadie. Ciertamente no lo era en la agenda de la oposición y tampoco en la del Poder Ejecutivo.
Como se sabe, se descubrió que era una prioridad el mismo día en que vino la presidenta a abrir el período de sesiones ordinarias, en las que anunció una modificación a la Carta Orgánica, que no iba a ser un zafarrancho, y que después, como quedó plasmada en el proyecto original, era bastante menos zafarrancho de lo que efectivamente estamos discutiendo hoy.
Podríamos discutirlo todo el día, pero no tenemos el tiempo, por lo que brutalmente hago una simplificación para que se entienda. Con la propuesta original presentada por el Poder Ejecutivo, el Banco Central hubiera podido girar al Tesoro nacional durante este año aproximadamente 60.000 millones de pesos. Con la propuesta actual que empuja el Poder Ejecutivo, ese número es de 170.000 millones de pesos, de los cuales 100.000 millones, si fuera así, tendrían efecto monetario, y esto lo digo porque debemos tener en cuenta que la base monetaria hoy es de 220.000 millones de pesos.
Entonces, a lo que en principio era una reforma para tener la continuidad y de a poco quedarse con el patrimonio neto del Banco Central, porque eso es usar reservas contra letras intransferibles que no valen nada, se agrega la dimensión de quedarse con la tristemente célebre maquinita de emitir. En todos los episodios de la historia argentina, cada vez que el Tesoro y el gobierno tuvieron acceso a la maquinita, terminamos con procesos no solamente inflacionarios sino también tremendamente disruptivos del funcionamiento de la economía, y tremendamente regresivos en la distribución del ingreso.
Planteo esto porque seguramente los diputados que firmaron el dictamen lo hicieron con muy buena voluntad pero con poco tiempo para discutirlo, porque tal como se planteó y como pasaron los dictámenes a la firma, hubo menos de una hora para realizar un estudio concienzudo.
Como una de las personas que participó en la redacción original del artículo 20, debo decir que me tomó más de una hora entenderlo, y ofrezco estas conclusiones para que todos seamos conscientes de qué es lo que estamos discutiendo y qué es lo que estamos por aprobar.
Se ha dicho también, y vale la pena recordar, que no es sólo la reforma de la Carta Orgánica sino también la reforma a la Ley de Convertibilidad. Insisto en que es una reforma a la Ley de Convertibilidad y no su derogación.
Con esta reforma a la Ley de Convertibilidad tampoco se eliminan los resabios monetarios de la convertibilidad. De hecho hay un artículo de la Ley de Convertibilidad que subsiste, que es el que establece las relaciones entre las reservas y la base monetaria, que es lo que le permite al gobierno nacional seguir usando reservas para pagar deuda, a diferencia de lo que hacen otros gobiernos provinciales, por ejemplo, que han tenido que salir a emitir deuda en este tiempo porque, como ustedes saben, no tienen la ventaja de quedarse con los recursos de un banco que debiera ser federal pero que todavía no lo es.
Reitero que no deroga la Ley de Convertibilidad y ni siquiera los artículos referidos a las relaciones monetarias de la Ley de Convertibilidad, por una sencilla razón: porque necesita de la Ley de Convertibilidad para seguir usando las reservas. Hasta ahora se han usado 25.000 millones de dólares de las reservas del Banco Central y gracias a la Ley de Convertibilidad se usarán este año quizás otros 10.000 millones más, si es que la decisión es pagar al Club de París. Todo esto se hará gracias a la Ley de Convertibilidad.
Presento esta cuestión como mínimo como una ironía, es decir, que gracias a la Ley de Convertibilidad el gobierno tenga este acceso a las reservas, que gracias a Carlos Menem esté presidiendo el Banco Central Mercedes Marcó del Pont, una funcionaria que no vino a rendir cuentas durante los primeros dos años de su gestión y que cuando vino a explicar la reforma de la Carta Orgánica insistió y fue categórica en decir que no se modificaba el artículo 20.
Les recuerdo que gracias a esta modificación del artículo 20, ahora el financiamiento directo del Banco Central al Tesoro puede pasar de 60.000 millones a 170.000 millones de pesos.
Como algunos de ustedes recordarán, fui presidente del Banco Central entre diciembre de 2002 y septiembre de 2004. Quiero aclararlo porque si no parece que lo que estamos discutiendo es la Carta Orgánica de 1992. La Carta Orgánica de estos últimos años no tiene nada que ver con la de 1992.
De hecho, como presidente del Banco Central no necesité de la Ley de Convertibilidad para modificar la regulación financiera y para establecer las bases de ese retorno al crédito que mencionaba el señor diputado preopinante en su recorrido de la historia.
Nos encontramos con un sistema financiero totalmente desquiciado y desvencijado que desde hacía un año no presentaba balances. No recurrimos a la ley de convertibilidad para establecer las normas que permitieran el resurgimiento del crédito.
Tampoco echamos mano a esa ley para rescatar los 8.000 millones de pesos de cuasimonedas, que representaban un gran estorbo para el funcionamiento de la economía; una vergüenza para muchos gobernadores, que se vieron obligados a emitirlas al margen de la Constitución. Aliviamos esa vergüenza y simplificamos la vida de la gente eliminando las cuasimonedas. Nunca necesitamos hacer uso de la ley de convertibilidad para avanzar en esa dirección.
Durante nuestra gestión en el Banco Central, sin hacer uso de la ley de convertibilidad, también dispusimos controles al ingreso de capitales; se trata de controles que aún subsisten y son materia de autocongratulación de parte de diferentes funcionarios del gobierno. No tuvimos que recurrir a la ley de convertibilidad para modificar esa norma que hoy nos protege de la crisis internacional.
Tampoco utilizamos la ley de convertibilidad para exigir e imponer a los bancos un régimen de transparencia que permitiera al usuario bancario comparar los beneficios en cuanto a tasas y costo financiero total. Por supuesto, la norma no satisfizo la voluntad de los banqueros pero fue el inicio de la fijación de formas de control en beneficio de los más vulnerables dentro del sistema financiero.
Tampoco recurrimos a la ley de convertibilidad para establecer límites muy concretos a la compensación que en ese momento pedían los bancos a raíz de la pesificación asimétrica; quizá, podríamos habernos escudado en esa ley, pero ello no hizo falta ya que se trató de una discusión de política y de justicia social, que defendimos en pos del bien común poniendo límites a los bancos.
Finalmente, en aquellos años tampoco hubo que echar mano a la ley de convertibilidad para bajar la inflación del 40 por ciento al 4 por ciento –repito, del 40 por ciento al 4 por ciento-, bien medida en esa época por el INDEC. Además de reducir la inflación bajó la tasa de desempleo en 7 puntos, y la de pobreza, en 17 puntos, en ambos casos –insisto-, bien medidas.
Digo esto porque pareciera que ahora viniéramos a eliminar el esquema de los 90; lo que estamos eliminando es un esquema de metas de inflación bien entendido, que nada tiene que ver con el consenso de Washington ni con el neoliberalismo. Nosotros establecimos un Banco Central que apuntó a la estabilidad de la moneda considerando muchas otras variables –así lo hicimos durante nuestra gestión-, porque entendimos que ésa era la forma de proceder. Si hoy se plantea en estos mismos términos sólo es para que el Tesoro nacional tenga a su disposición todos los recursos disponibles –que hasta ahora no tiene- a fin de llevar adelante lo que denominan “sintonía fina”, para no tener que llamarlo “ajuste”.
Estas son algunas de las reflexiones acerca de lo que no se está haciendo. Creo que todos debemos estar al tanto de lo que propone el dictamen de mayoría. Respecto del primer dictamen de minoría tendremos tiempo para compartir sus distintos ejes.
Esencialmente, en esta instancia –que después complementarán mis compañeros de bloque y mis colegas de la Unión Cívica Radical- deseo indicar que estamos avanzando en razón de un requerimiento de la Constitución de 1994, que en su artículo 75 modificado exigió al Congreso de la Nación la creación de un banco federal, y ya no, nacional.
Entiendo que nosotros debemos hacernos eco de esa manda constitucional que prácticamente lleva veinte años. Por ello, en nuestro dictamen incluimos esa propuesta –que luego será mejor explicada-, que alude, entre otras cosas, al requerimiento de mayorías especiales para que los representantes de las provincias tengan voz y voto en el directorio.
Ya que pareciera que el gobierno nacional ahora empieza a recordar la cuestión del federalismo, entiendo que es oportuno debatir al respecto en este momento que estamos considerando la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, sobre todo si tenemos en cuenta que nos referimos a un mandato que data de hace aproximadamente veinte años.
Por otro lado, exigimos que el Banco Central, que pasará a reunir más facultades aunque seguirá con la misma independencia, tenga aun más obligación de rendir cuentas al Congreso de la Nación. Por eso, no eliminamos la obligación de presentar el programa monetario, a fin de que toda la población sepa que ese órgano independiente tiene metas y que, si no las cumple, debe rendir cuentas por ello. Esta es la manera republicana de proceder.
También exigimos al Banco Central que informe a una comisión bicameral acerca de todos los movimientos relacionados con el programa monetario, con el establecimiento de las reservas mínimas netas y otras cuestiones, a fin de que se entienda que la contracara de la independencia del Banco Central es la responsabilidad de dar información y rendir cuentas. Ello es así porque la obligación del Banco Central es demasiado importante como para dejarla en manos de funcionarios que son tecnócratas o políticos amigos del poder.
Además exigimos otras cosas, pero antes quiero explicar que no estamos en contra de ampliar los objetivos del Banco Central. Creemos que es una buena idea incorporar otros objetivos, además del primordial de defender la estabilidad de la moneda, pues así lo hicimos mientras estuvimos en el Banco Central, pero ello no implica eliminar la obligación de rendir cuentas y responder.
También creemos sano desligar el nivel de las reservas internacionales del valor de los agregados monetarios, pero creemos que ello debe hacerse en forma transparente, brindando información, siguiendo criterios específicos y no bajo el pretexto de que todo lo que sobra es para hacerle fácil la vida al gobierno y difícil a los argentinos, que observarán cómo el patrimonio del Banco Central se torna cada vez más exiguo.
Finalmente, en línea con estas ideas –ya le dejo la palabra al señor diputado Vaquie, según lo acordado-, queremos plantear una cuestión relativa al patrimonio del Banco Central.
Hasta hora, cada vez que el Banco Central efectúa un pago de deuda con reservas, recibe del gobierno nacional una letra intransferible, que prácticamente no tiene ningún valor. Proponemos que esos títulos intransferibles se canjeen por bonos públicos líquidos, a fin de poner al Banco Central en un plano de igualdad con el acreedor externo.
Entendemos que el único objetivo que persigue esta reforma del Banco Central de la República Argentina por parte del Poder Ejecutivo es facilitar la vida de los bonistas del exterior, a los cuales se les está garantizando todas las reservas necesarias para los pagos, a expensas de incomodar la vida de los argentinos, que todos los días ven cómo suben los precios y cae el poder adquisitivo de su moneda. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr. Prat-Gay.- Señor presidente: habiendo escuchado con mucha atención los aportes de cada uno de los señores diputados de la oposición y del Frente para la Victoria, incluidas las últimas exposiciones, desde mi punto de vista subsiste una contradicción en el discurso oficial, que no ha sido resuelta.
Por un lado, se nos dice que el modelo es fabuloso, se nos recuerdan todas las cosas que pasaron en los últimos ocho años, se nos reitera que gracias a las instituciones que usó este modelo hubo crecimiento récord y bajó la pobreza, pero nada se dice acerca de la inflación. No es lo mismo emitir con una inflación del 2 por ciento anual, como lo hace la Reserva Federal, que hacerlo con una inflación del 25 por ciento, pero ésta es otra cuestión.
Incluso, se nos dice que el modelo y sus instituciones pudieron sortear, de manera notable, la crisis internacional de 2009. En resumen, se expresa que está todo muy bien pero se nos pide una reforma de fondo de la institución de política económica quizá más importante de todo país, que es su banco central. Reitero que se trata de una reforma de fondo, no de un cambio menor.
Entonces, hay una incompatibilidad en el discurso: o las cosas no están tan bien como nos dicen o el motivo de la reforma es otro. Esto es lo que ha faltado sincerar en el debate de hoy, tal como he venido planteando en la discusión en comisión.
La respuesta a tal interrogante está dada por ambas cuestiones: no está todo bien, porque el gobierno se ha quedado sin caja, y el motivo fundamental de la reforma nada tiene que ver con el neoliberalismo ni con los malditos 90 ni con la vocación de incrementar el crédito. La reforma apunta a hacer caja teniendo acceso, primero, a los dólares, y luego –gracias a la modificación del artículo 20-, a los pesos; es decir, el gobierno se quedará con los dólares, y con los pesos y la maquinita de imprimir.
Existe un tercer motivo que no hemos tenido tiempo de abordar y se ha pasado por alto en casi todas las exposiciones: mediante algunas modificaciones el oficialismo pretende blanquear prácticas de los últimos años, como mínimo, reñidas con el espíritu de la Carta Orgánica y la ley, y como máximo, hallándose directamente en contra de la ley. Me refiero a los artículos que ahora permitirán al Banco Central girar las utilidades que se le dé la gana; si bien ya venía haciendo esto en la práctica, por lo menos ahora tendrá la pertinente cobertura legal.
Así, el nuevo artículo 38 de la Carta Orgánica pide al Banco Central que publique un balance anual de acuerdo a criterios contables teniendo en cuenta su calidad de autoridad monetaria; es decir que para la autoridad monetaria es válido cualquier criterio contable, si ésa fuese la voluntad de quién esté a cargo del Banco Central.
Ésa es la primera contradicción: se nos dice que todo lo que contribuyó a que estemos bien, ahora requiere una reforma brutal. Yo creo que ni todo está bien ni el motivo de la reforma es el que se ha planteado por lo menos de manera explícita en algunos de los discursos, aun considerando el esfuerzo de sinceridad puesto de manifiesto por el señor diputado Yoma que todos valoramos.
En el discurso existe una segunda contradicción, pues se dice “es esto o el ajuste”. Entiendo que éste es el peor ajuste. Dar al Banco Central la facultad de financiar alegremente y de emitir hasta 100.000 millones de pesos en un año si el Tesoro nacional se lo pide, es el peor ajuste. En cualquier país del mundo que emita a un ritmo del 40 o 50 por ciento, más allá de las teorías estructuralistas y de cómo esté compuesta la oferta, este ritmo de expansión monetaria casi inevitablemente termina en una alta inflación, cuando los recursos productivos están plenamente utilizados, como es la situación actual.
Repetimos, aun a riesgo de cansarnos, que la inflación es el peor de los impuestos. Nadie lo legisla, lo disfruta el soberano, lo pagan todos los habitantes ‑sabiéndolo o no- y lo abonan más proporcionalmente los ciudadanos más vulnerables, quienes tienen menos capacidad de adaptarse al costo de los bienes y a la caída del poder adquisitivo del salario.
Hay una tercera contradicción, que a la luz de las dos anteriores resulta menor y que fue planteada por la diputada Comelli. Creo que deberíamos considerarla, aunque más no sea en la discusión en particular.
He escuchado a varios integrantes del Frente para la Victoria y de bloques afines decir que esta es la reforma que nos permitirá incrementar el crédito. También he escuchado a la presidente del Banco Central hablar sobre la línea del Bicentenario, considerada como el modelo del Banco Central para incrementar el crédito. Hasta ahora esa línea ha tenido un impacto de menos del uno por ciento del total de crédito bancario al sector privado; sólo ciento treinta y cuatro empresas han tenido acceso a esa línea, y una sola empresa ha recibido el 40 por ciento de lo ya ejecutado.
Además de esta incongruencia, se dice en el artículo 28 que a partir de ahora los bancos no podrán integrar, a los efectos del cómputo del efectivo mínimo, nada más que depósitos en el Banco Central. Vale decir que el efectivo en bancos, en transportadora de caudales y en cajeros automáticos, que los bancos necesitan para el funcionamiento habitual de los negocios, pasará a ser una obligación adicional de integración de efectivo mínimo. Estamos hablando de 20 mil millones de pesos. Es decir que diez veces el impacto de lo que logró el fondo del Bicentenario será contrabalanceado por esta medida, si no hay una modificación.
Presumo que esta medida persigue la idea de devolver a los bancos el dinero mediante encajes diferenciados. Me permito dudar de que esto se vaya a hacer –si fuera así‑ de una manera suficientemente transparente.
Quiero efectuar un par de aclaraciones respecto de algunas cuestiones que escuché a los diputados preopinantes. Se dice que un 8,5 por ciento del producto bruto interno como deuda con los acreedores externos es poco, pero ese porcentaje representa una cifra de 36 mil millones de dólares.
No lo sé para ustedes, colegas diputados, pero para mí esa cantidad es mucha plata; por ejemplo, equivale al ciento por ciento de las reservas netas que tiene el Banco Central. Entonces, poner como acreedores privilegiados al Club de París, al Banco Mundial y a los bonistas por encima de todos los demás constituye un privilegio que, definitivamente, debería haberse discutido más. Sobre todo, estando de por medio el poder adquisitivo de los salarios, creo que ello es inadmisible.
Ya se trate de un 8,5 por ciento, un 5 o un 20, no estamos dispuestos a apoyar esa naturaleza de acreedor privilegiado. Además, hablamos de la friolera de 36 mil millones de dólares de privilegios, antes de que puedan llegar a los asalariados.
Creo que hubo una confusión del diputado Feletti con la referencia a los papeles pintados. No sé si el diputado se refería a mi intervención o a otra, pero por las dudas hago la aclaración.
Cuando hablé de los papeles pintados no me refería a los billetes que todos tenemos en los bolsillos, con la firma de los presidentes de las dos Cámaras y del Banco Central, sino a la letra intransferible que recibe el Banco Central cada vez que se hace una utilización de las reservas por fuera de la Carta Orgánica y por dentro del Fondo de Desendeudamiento Argentino, cuya nulidad absoluta ‑como dijo mi compañera de bloque‑ había sido planteada y aprobada oportunamente en este recinto.
¿A qué me refiero? La primera letra intransferible fue aquella con la que el Banco Central, por orden del Tesoro nacional, le giró 10 mil millones de dólares al Fondo Monetario Internacional antes de tiempo.
Al enemigo público número uno se le pago todo, no sólo en tiempo y en forma, sino antes de tiempo y en forma. El Banco Central, a cambio, recibió una letra intransferible, que no puede vender ni negociar y que sobre los valores actuales no paga ninguna tasa de interés y que va a vencer en enero de 2016. Yo les pregunto a ustedes, para beneficio de los que no estaban en la última reunión de comisión, qué creen que va a ocurrir en enero de 2016 cuando venga el ministro o la ministra de Economía y le diga al presidente o a la presidenta de la República, “Señor o señora presidente: la semana que viene tenemos que girar 10.000 millones de dólares en efectivo al Banco Central porque hay una letra intransferible por pagar”. Permítanme que les adelante lo que yo sospecho que va a ocurrir: le van a dar otra letra, seguramente intransferible y quizás con un plazo más largo, con lo cual va a quedar demostrado que en el fondo no es meramente una utilización de reservas –esto lo podríamos aceptar‑ sino que es directamente un vaciamiento del patrimonio del Banco Central; a eso me refería cuando hablaba de los papeles pintados.
Vuelvo a insistir en la modificación del artículo 20. Quizás algún diputado tiene algún otro número; no lo escuché. En la discusión en comisión nadie desmintió el cálculo al que nosotros habíamos llegado.
Nosotros estimamos que en una máxima exigencia por parte del Tesoro durante el año 2012, el Banco Central puede actuar, ya sea por la vía del pago de reservas a los bonistas y al Club de París ‑como es de manifiesto en el proyecto del gobierno‑, como por la vía de utilidades, que seguramente van a ser mayores que los 14.000 millones que están previstos en el presupuesto nacional, porque ahora ya no hay un criterio transparente para la transferencia de utilidades. También puede hacerlo a través de adelantos atados a la base monetaria o de los nuevos adelantos atados a la recaudación. Si tomamos en cuenta los valores posibles de estos parámetros mediante los cuales se establecen estos adelantos transitorios, estamos hablando de 170.000 millones, que representan ‑para que se entienda bien‑ prácticamente 10 puntos del PBI.
La reforma del artículo 20 no implica solamente modificar un parámetro del 10 por ciento en una condición de emergencia: es, además, cambiar la naturaleza de los adelantos, eliminar la distinción entre adelanto con efecto monetario y sin efecto monetario y básicamente, a todos los fines prácticos, transformar en permanentes lo que hasta ahora eran adelantos transitorios, porque, con la misma lógica, ¿qué va a pasar cuando en doce meses venga el Banco Central y le diga al Tesoro “necesito que me devuelva los adelantos transitorios”? Antes estos adelantos transitorios estaban atados a una condicionalidad. Ahora, que no lo están, seguramente van a decir “Cómo no. Deme usted, Banco Central, un nuevo adelanto transitorio para poder cancelar con él el adelanto que me dio un año atrás”. Es el famoso truco de las dos o tres tarjetas, que puede ser una picardía en la economía familiar pero que en la economía institucional, cuando se trata de miles de millones de pesos en juego, es bastante más que una picardía.
Por supuesto, no nos hemos puesto de acuerdo. Lamento que tampoco lo hayamos hecho en algunas cuestiones que entendemos que son centrales y que no afectan el espíritu ni la letra de lo que ha propuesto el gobierno nacional en términos de federalismo, de establecer un órgano de defensa de la competencia de los usuarios bancarios y de tantas otras cuestiones que podríamos llegar a debatir en la discusión en particular.
No puedo dejar de cerrar esta intervención sin una reflexión personal. Creo que este es un día triste para la Argentina. Esta es mi opinión personal y la de mi bloque, el de la Coalición Cívica – ARI. Seguramente cuando el Frente para la Victoria consiga los votos para aprobar esta norma se pondrá de pie y aplaudirá. El oficialismo también se puso de pie y aplaudió cuando se declaró el default de la deuda en el año 2001, una medida de la cual después muchos se arrepintieron.
Mi única reflexión es la siguiente. Cuando hoy iniciamos la sesión asistimos a un nuevo juramento, en el cual se dijo “que la Patria nos lo demande”. Mi gran temor, mi gran sospecha, es que dentro de algunos años se compruebe efectivamente que lo que se va a aprobar hoy es un zafarrancho y que la Patria y quizás hasta Dios, nos lo demanden. (Aplausos.)
No hay comentarios:
Publicar un comentario