Intereses detrás del ataque a la ciencia climática. Por Jeffrey D. Sach

(Publicado en el Suplemento Económico de La Nación. Domingo 28/02/2010)

En las semanas previas y posteriores a la conferencia sobre cambio climático en Copenhague en diciembre, la ciencia del cambio climático sufrió ataques por parte de críticos que sostienen que los científicos han ocultado evidencias y que la ciencia tiene graves fallas. El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC, según sus siglas en inglés) ha sido acusado de parcialidad.
El público se siente desconcertado. Si los expertos no pueden ponerse de acuerdo respecto de la existencia de una crisis climática, ¿por qué debieran los gobiernos gastar miles de millones de dólares para enfrentarla?

Los críticos -que son pocos, pero agresivos- están utilizando tácticas que perfeccionaron más de 25 años. Han exagerado los desacuerdos científicos para detener las acciones dirigidas a controlar el cambio climático, y sectores con intereses como Exxon Mobil los financian.
Merchants of D oubt (Mercaderes de la duda), un nuevo libro de Naomi Oreskes y Erik Conway, que aparecerá a mediados de 2010, dará una versión autorizada de sus conductas tramposas. Los autores muestran que el grupo de malintencionados, que cuentan con una plataforma gracias a los ideólogos del libre mercado de The Wall Street Journal , ha tratado de confundir al público y desacreditar a los científicos cuya visión está ayudando a salvar al mundo del daño no intencional al medio ambiente.
Quienes llevan adelante la campaña contra las acciones para controlar el cambio climático tienen el apoyo de los mismos lobbies que tomaron partido por la industria del tabaco para desacreditar la ciencia que vinculó el hábito de fumar con el cáncer de pulmón. Más tarde combatieron las evidencias científicas de que el óxido de sulfuro de las usinas a carbón causaba la lluvia ácida. Luego, cuando se descubrió que ciertos productos químicos llamados CFC estaban causando la reducción de la capa de ozono en la atmósfera, los mismos grupos lanzaron campañas malévolas para desacreditar también esa ciencia.
El mismo grupo defendió más tarde a los gigantes del tabaco contra las acusaciones de que el humo de segunda mano causa cáncer y otras enfermedades. Y luego, a partir de la década de 1980, este mismo grupo se enfrentó a quienes batallan contra el cambio climático.
Aunque estos ataques contra la ciencia han estado equivocados por más de 30 años, siguen sembrando dudas sobre hechos reconocidos. Hay mucho dinero respaldando a los negadores del cambio climático, se trate de compañías que no quieren pagar el costo extra de aplicar nuevas normativas, o ideólogos del libre mercado opuestos a cualquier tipo de control estatal.
La última ronda de ataque incluye dos episodios. El primero fue el hackeo de un centro de investigaciones sobre el cambio climático en Inglaterra. Los correos electrónicos robados sugerían la falta de claridad en la presentación de algunos datos del clima. Cualesquiera que sean los detalles de este caso específico, los estudios en cuestión representan una fracción diminuta de las pruebas científicas abrumadoras que demuestran la realidad del cambio climático provocado por el hombre y la urgente necesidad de una respuesta.
El segundo asunto fue un error notorio respecto de los glaciares que apareció en un informe del IPCC. El IPCC edita miles de páginas de texto. Los errores muestran la inevitabilidad de las debilidades humanas y no fallas en la ciencia del clima.
Cuando salieron a la luz los correos electrónicos y el error del IPCC, editorialistas de The Wall Street Journal lanzaron una campaña que describía la ciencia del clima como un embuste. Sostuvieron que los científicos estaban fabricando evidencias para obtener subsidios para investigación, una acusación absurda. Pero entonces recordé que esta línea de ataque -acusar a los científicos de conspiración para llamar a los empresarios a rechazar la ciencia- fue casi idéntica a la utilizada por The Wall Street Journal y otros en el pasado cuando lucharon contra los controles sobre el tabaco, la lluvia ácida, la destrucción de la capa de ozono, el humo de segunda mano y otros contaminantes peligrosos.
La ciencia del cambio climático es una actividad intelectual maravillosa. Grandes mentes científicas a lo largo de muchas décadas aprendieron a "descifrar" la historia de la Tierra, para comprender cómo funciona el sistema del clima. Y el mensaje es claro: el uso a gran escala de petróleo, carbón y gas amenaza la biología y la química del planeta. Estamos alimentando cambios peligrosos en la química del clima y los océanos, provocando tormentas, sequías y otros eventos extremos que afectan la producción de alimentos y la calidad de vida en el planeta.
Necesitamos transformar urgentemente nuestros sistemas de energía, transporte, alimenticio, industrial y de construcción, para reducir el peligroso impacto humano sobre el clima. Es nuestra responsabilidad escuchar, entender el mensaje y actuar.

Leer más...

Las consecuencias de décadas de una política errática de la Argentina. Por Emilia Subiza y Diego Cabot

(Publicado en el suplemento económico de La Nación. Domingo 28 de febrero de 2010)

La política energética que siguió la Argentina en las últimas dos décadas, más específicamente la vinculada con el petróleo, vuelve a ser cuestionada en un escenario donde subyace la posibilidad de que los británicos encuentren petróleo en las aguas cercanas a las islas Malvinas. La actividad exploratoria en la Argentina, sobre todo la offshore, que requiere aún más inversión, quedó relegada mientras que otros países de la región, con Brasil como caso paradigmático, no dejan de anunciar nuevos descubrimientos mar adentro.
¿Qué pasó? ¿Hay petróleo cerca de las costas de la Argentina o es una utopía pensar en yacimientos considerables mar adentro? Esas son algunas de las preguntas que se hacen a diario los petroleros. Y las respuestas aún no son unánimes. Primero, las causas. En voz baja los ejecutivos de las petroleras y a viva voz los consultores, todos coinciden en que la Argentina perdió mucho tiempo cuando el crudo no dejaba de batir récords en su cotización a mediados de la década pasada. Después el precio bajó y la rentabilidad de esos proyectos ya no fue la misma. La otra razón, coinciden, es una falta de política de Estado capaz de mantener los programas que, se sabe, llevan años de maduración.


Eso no es todo. Precios de referencia en el mercado interno que están lejos de los valores internacionales, falta de seguridad jurídica -un bien insustituible en proyectos largos- y también una posición cómoda de las petroleras que miraron para otro lado a la hora de atender la exploración en el mar. La consecuencia fue previsible. Hay pocos relevamientos y datos (exploración sísmica) elaborados con la última tecnología. Un ejecutivo de una petrolera lo ejemplificó de la siguiente manera: "Los grandes proyectos de exploración offshore los hizo la YPF estatal. Entonces se hacía sísmica 2D [bidimensional]. Ahora todo lo nuevo es 3D [tridimensional]. Pero estas exploraciones recién comenzaron. Y la diferencia entre uno y otro es como la que hay entre una radiografía y una tomografía computada".
Así las cosas, el país no ha desarrollado su cuenca marítima. ¿Hay petróleo? Nadie lo sabe a ciencia cierta. Por ahora, hay alguna inquietud, casi un acto reflejo por lo que está sucediendo en el vecindario. Pero certezas, pocas. Habrá que invertir para sacarse las dudas.
"La Argentina tiene muy pocos y muy malos contratos para exploración offshore de petróleo. Se usa la figura del concesionario que en el resto del mundo no se aplica desde los 80 y Enarsa es apenas un socio minoritario", dijo un ex secretario de Energía durante el gobierno de Ricardo Alfonsín, Gustavo Calleja. El especialista señaló que por falta de inversión no se ha descubierto ningún nuevo yacimiento de importancia ni siquiera en tierra, y el último importante fue a manos de la antigua petrolera estatal YPF.
La inversión que demanda un proyecto de exploración de petróleo offshore es mucha y varía de acuerdo con variables como la profundidad del agua y la magnitud del proyecto. Calleja cree que con los valores actuales del crudo (más de US$ 80) pueden ser rentables estos proyectos. Dice, además, que países como Gran Bretaña, Brasil o Chile no tienen en mente la rentabilidad sino que buscan el autoabastecimiento.
El consultor Gerardo Rabinovich contó que para Brasil el piso de precio a partir del cual conviene extraer del mar es de US$ 40 por barril: "Actualmente el margen de rentabilidad es más que interesante". Hay quienes dicen que con un precio menor que los US$ 100 por barril, Petrobras no extraerá crudo.
El ex secretario de Energía Daniel Montamat explicó que el negocio exploratorio se basa en la apropiación de la renta y que en la década del 80 había mejores condiciones de largo plazo, a pesar de que el precio internacional del petróleo era inferior. "Ahora hay un gran precio de referencia internacional, pero acá está acotado por las retenciones. En Brasil, en cambio, las empresas pueden tomar la referencia internacional y hacer proyectos de largo plazo", sostuvo.
La ley 25.943 de creación de Energía Argentina Sociedad Anónima (Enarsa), en noviembre de 2004, otorgó a la empresa estatal la titularidad de los permisos de exploración y concesiones de explotación de todos los bloques ubicados en la plataforma continental argentina que no estuvieran adjudicados a la fecha de su creación. Estos bloques se distribuyen en las cuencas sedimentarias del Salado, del Colorado, de Rawson, península Valdés, San Jorge, San Julián, Malvinas, Austral, Argentina y costa afuera.
Los proyectos exploratorios, si bien se cuentan con los dedos de una mano, se han vuelto a poner en marcha. Enarsa trabaja junto con YPF y ENAP Sipetrol (filial de la estatal chilena ENAP) en la cuenca Austral. Según datos proporcionados por YPF en ese proyecto se habrían perforado tres pozos exploratorios, a una distancia de 35 kilómetros de Santa Cruz, con una inversión de alrededor de US$ 71,5 millones.
Enarsa también está asociada a Repsol YPF, Petrobras y PetroUruguay para explorar frente a las costas de Mar del Plata, pero aún no se perforó el fondo marítimo allí.
Según un informe del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG), en la década del 80 se hicieron 84 pozos de exploración en la Argentina, mientras que en los años 90 este número cayó a 46. Y, entre 2002 y 2009 sólo se hicieron apenas nueve, todos ellos en los últimos años, después de una prolongada sequía en materia exploratoria offshore.
"Se hace muy poca exploración en el mar porque la responsabilidad de convocar a licitaciones y llegar a acuerdos es de Enarsa, que hace una intermediación parasitaria, no pone nada y no cuenta con el know how. Además los precios están topeados", dijo Montamat en relación con las retenciones a la exportación que le ponen un máximo al valor del barril. Para el especialista, los pocos proyectos en aguas nacionales de exploración offshore fueron hechos por Repsol YPF porque está obligada a hacer algo de exploración por imagen y por el programa que se comprometió con el Gobierno. La ley de Enarsa
Según la ley, las compañías asociadas a Enarsa son responsables de aportar los fondos necesarios para financiar las inversiones correspondientes a Enarsa durante la etapa de exploración. Este financiamiento será a fondo perdido si las partes decidieran no solicitar la comercialidad del área, mientras que, de producirse un descubrimiento comercial, la empresa estatal se compromete a reintegrar a los socios del consorcio, durante la etapa de explotación y en función de su porcentaje de participación, los fondos aportados por éstos en la etapa de exploración correspondientes al porcentaje de Enarsa.
El proceso hasta que se obtiene petróleo de una cuenca offshore lleva entre 10 y 12 años entre las etapas de sísmica y de perforación, que es la que ahora iniciarán los británicos. Y opinó que en no más de ocho meses la empresa Desire Petroleum sabrá si hay petróleo y en qué magnitud. Montamat contó que Repsol YPF tenía un presupuesto de US$ 100 millones para un pozo en la cuenca Austral y que éste dio resultados negativos. Sólo como muestra, el mayor descubrimiento de Brasil offshore, en Tupí, costó unos US$ 250 millones.
El académico del Instituto Tecnológico Buenos Aires (ITBA) Juan Rosbaco opinó que la estatal Enarsa no hace demasiado para atraer los capitales privados y además hay otros lugares más convenientes por razones geológicas y también por las regulaciones en el precio que la Argentina. "Algunas pocas compañías actúan, pero pondrían ser más fichas si las condiciones fueran mejores", comentó.
"La Argentina no tiene un programa sistemático de presencia en el mar continental, al contrario de lo que hizo Brasil en el mar y Uruguay en su costa. Todos están ávidos, menos la Argentina", dijo el ex secretario de Energía Alieto Guadagni. Esto se explica, de acuerdo con su visión, por la falta de seguridad jurídica y estabilidad tributaria para la actividad en el país. Guadagni señaló que el Gobierno no tiene para invertir y tampoco da reglas de juego claras para que lo hagan los privados. "Enarsa no tiene una política clara de atracción de capitales de riesgo que se necesitan para estas exploraciones", agregó.
Enarsa se defiende. "Desde su creación Enarsa ha desarrollado una intensa actividad de exploración en la plataforma continental argentina", dijo a La Nacion mediante un comunicado. Sólo el tiempo dirá si es verdad.

Leer más...

Sálvese quien pueda. Por Carlos Melconián

Dentro de una semana el proyecto para tomar reservas del Banco Central por motivos fiscales cumple dos meses. A hoy, su destino es incierto. Lo mismo vale para el presupuesto público 2010, aprobado antes e incumplible desde el mismo día que se votó.
Respecto de su tratamiento futuro en el Congreso de la Nación, hemos oído o leído durante el fin de semana pasado varias definiciones y hasta propuestas. Entre ellas:
1- Los gobernadores deben acompañar, pero también reclamar los recursos del impuesto al cheque.
2- Debe cambiar la coparticipación del impuesto al cheque y agilizarse el Fondo de ATN.
3- El Fondo no se usará para las provincias, sino será para deuda de la Nación con los acreedores.
4- Para apoyar el Fondo con el voto tendrá que haber recursos para gastos corrientes.

5- Todos estamos de acuerdo con el Fondo, el problema es si es ley o DNU.
6- Debe asegurarse la provisión de recursos frescos a las provincias en forma permanente.
7- No puede haber un cheque en blanco contra promesas vagas.
8- Hay que encontrar una fuente alternativa al uso de reservas.
Las definiciones provienen, según el caso, del Poder Ejecutivo o sus representantes, o de los provinciales o sus representantes. También de lo que se supone que es la oposición. En principio, no opinan la gente común ni probables candidatos a presidente 2011.
No es un tema menor, ya que el camino que seguramente terminará tomando la utilización de recursos del Banco Central va a tener consecuencias macroeconómicas directas de corto plazo (2010) justamente para la gente común y de mediano plazo (2012) para el próximo presidente.
Para entender las consecuencias hay que recordar el origen del problema. Las necesidades de fondos fiscales para 2010 son de $ 40.000 millones (aproximadamente, $ 20.000 millones por lo que sería déficit del Tesoro, $ 7000 millones por déficit de los fiscos provinciales ?más sus vencimientos de deuda menos lo que está acordado refinanciar por la Nación? y $ 13.000 millones por vencimientos de la deuda pública nacional en pesos por capital e intereses netos de lo que se autocobrará el sector público por títulos que tiene tras la toma de las AFJP) y US$ 6500 millones también por vencimientos de deudas del Estado, pero en dólares.
El Fondo del Bicentenario, se supone, calza con este último agujero. Como se ve, aun consiguiendo algún financiamiento externo (cada vez más difícil por cuestiones internas y externas), el tema fiscal no estará resuelto, ni en monto ni en tipo de moneda (faltan pesos más que dólares).
Por lo tanto, más allá de la aprobación del Fondo del Bicentenario, el fisco deberá nutrirse de otros proveedores de financiamiento: el sistema bancario, la Anses y además emisión monetaria lisa y llana, para la que hasta podrían necesitarse ampliaciones adicionales a las actuales vía Carta Orgánica del BCRA, para no salirse de la ley.
Una pesada carga
Aclarado conceptual y numéricamente el tema, vuelvo a los dichos y propuestas del fin de semana.
Medido "almaceneramente", y bajo el concepto de "caja única", el tema no es la redistribución del impuesto al cheque, la automaticidad del envío de fondos o si es DNU o ley.
El problema es que las necesidades de $ 40.000 millones y US$ 6500 millones no cambian. Es cierto que un gobernador o un legislador provincial quiere asegurar lo propio y que el Poder Ejecutivo, con el Fondo del Bicentenario, ha querido asegurar lo suyo, y así sucesivamente. O sea, se trata, hasta ahora, más bien de un sálvese quien pueda. Con excepciones: la gente común y el próximo presidente, que tendrán que cargar con el muerto.
Dado que lo que viene es plata del Central, sí o sí en dólares y en pesos, esta regresión ochentista de emisión más uso de reservas lleva a más inflación monetarista y devaluación para la gente común. ¿Cuánto? Más de lo que el propio "modelo" ya traía inercialmente, y dependiendo de la amortiguación cambiaria o no del real y de la soja. O sea, cuarto año consecutivo a dos dígitos, pero 2010 empezando con dos...
Por otro lado, ¿quiénes tendrán la voz cantante en la mesa de negociación del Congreso para, simultáneamente, llevar al menos al equilibrio operativo a los fiscos nacionales y provinciales a diciembre de 2011? Como se ve en los números proyectados, algo así como $ 30.000 millones ($ 20.000 millones más $ 10.000 millones), que es el monto a que han llegado los déficit operativos de Nación-provincias, de los que alguien se tendrá que hacer cargo a mediano plazo.
Es un mínimo camino de recomposición. No hay que olvidarse de que, hasta hace apenas un año, el ¡superávit! fiscal era uno de los gemelos y ancla del modelo. Aquí sólo se trata del pasaje de una administración a otra por lo menos en equilibrio.
Así, la descapitalización ganadera, energética y primaria ha llegado a las reservas para evitar un default. Pero, aun así, la inflación monetarista y su repercusión en salario, tipo de cambio, rentabilidad, crédito, etc. será inevitable. Por lo tanto, cualquier negociación sensata, además de evitar un default y el sálvese quien pueda, deberá agregar al menos estos temas.

Leer más...

La salida es el desarrollo. Por Juan J. LLach

La preocupante situación de las finanzas públicas es la clave detrás del DNU del Fondo del Bicentenario, y también de la posterior avasallante remoción del presidente del Banco Central y de los conflictos desatados en su torno. Surge como nota auspiciosa un mayor equilibrio de poderes, con mayor protagonismo del Poder Judicial y del Congreso. La cuestión fiscal puede verse desde dos ángulos. La mirada habitual se dirige hacia el déficit. Después de un récord histórico de seis años, de un superávit del 1,43% del PBI, después del pago de intereses de la deuda, en 2009 la Argentina entró en déficit. Lo propio hicieron casi todos los países desarrollados y muchos países emergentes, por ser ésa una de las principales herramientas de política económica para combatir la peor crisis global en ochenta años.

Esto saldra en la pagina al pulsar leer mas
Pero hay una gran diferencia, y es que casi todos esos países pueden recurrir al mercado de capitales, interno o externo, para financiarse, mientras que desde hace tres años la Argentina ha hecho todo lo posible para no poder hacerlo. Además, nuestro país no ahorró lo suficiente durante la bonanza de 2003-2008, y por ello tampoco pudo recurrir, como Chile y algunos otros países, a esos recursos.
Otra mirada sobre la cuestión fiscal es la del gasto público consolidado, que incluye todas las erogaciones financiadas con impuestos o contribuciones obligatorias de la Nación, las provincias, los municipios y las obras sociales. Este gasto había llegado ya a un máximo histórico de 37,7% del PBI en 2008. En 2009, el gasto nacional aumentó 30,7%. Dada la escasez de recursos de provincias y municipios, hacemos un supuesto muy conservador de un 23% de aumento del gasto total en 2009, lo que implica un 43% del PBI.
Si se persistiera en seguir gastando como hasta ahora, el gasto público total llegaría en 2010 al 45% del PBI: unos 592.000 millones de pesos, o 144.000 millones de dólares. Este es un nivel sólo superado por una docena de países muy desarrollados. Como dirían los chicos, suena muy loco. Por un lado, la evasión allá es mucho menor que en la Argentina (hay que tener en cuenta que quien paga todos los impuestos aporta aquí la mitad de sus ingresos anuales, y en el caso del agro, aún más). Nuestras tasas impositivas para los cumplidores son las de un país desarrollado.
Además, el jubileo tributario de la moratoria y el blanqueo, que anula todas las sanciones a quien cumpla de aquí en más, ha deteriorado la moral impositiva media, aun en los contribuyentes cumplidores, que era uno de los progresos atesorados por la Argentina en las últimas dos décadas. Por otro lado, por la deficiencia de los servicios públicos, son muchos los que deben pagar por su cuenta la educación, la salud, la seguridad, y a veces hasta la justicia, mediante los arbitrajes. Se trata, en síntesis, de un nivel de gasto muy difícil de financiar normalmente.
A pesar de haber llegado a tales alturas, es clara la intención del Gobierno de seguir gastando tanto como sea posible. Quiérase o no, 2010 también será "un año electoral", y el Gobierno desea perpetuarse, aunque sus probabilidades de lograrlo sean bajísimas. Por ello, también se reducirán al mínimo los ajustes de precios de la energía y los combustibles, que, en parte, serían de estricta justicia y le darían una fuente genuina de financiamiento, al reducir los subsidios. Es probable que éstos sean mantenidos también para la producción de carne (aunque, insólitamente, sólo en feedlots ), con lo que se intenta vanamente retrotraer los fuertes aumentos de precios originados en la política previa de reprimir la producción. En línea, pues, con seguir consumiendo los stocks de petróleo, gas y carne vacuna, a cuenta de los próximos gobiernos y, lo que es mucho peor, de las generaciones futuras, se fueron buscando otros activos para meter mano. Primero fue la expropiación de los fondos acumulados en las cuentas de capitalización de las AFJP, incluso las de quienes habían confiado ingenuamente en el Estado, eligiendo a la administradora del Banco Nación. El año pasado se consumieron también los fondos entregados por el FMI por el aumento de las cuotas de sus miembros.
Ahora se intentará, con el canje de deuda, lograr algún acceso al financiamiento voluntario, que probablemente se consiga en montos limitados. Por eso les llegó el turno a las reservas del Banco Central. En un país con una historia monetaria más normal y acceso al financiamiento voluntario, usar las reservas como recurso de financiamiento complementario pasaría inadvertido, salvo para los especialistas. Pero en la Argentina, un país que ha desfondado repetidamente el BCRA, generando inflaciones desbocadas, y que hoy no tiene acceso al financiamiento, se trata de un recurso peligroso que sería mejor no utilizar. Es probable, sin embargo, que una negociación política permita la aprobación legislativa del Fondo del Bicentenario, al precio de un nuevo aumento del gasto público para aliviar a provincias y municipios que el propio poder central ha ahogado con su centralismo tributario. Por ello harán falta más fuentes de financiamiento, y ellas consistirán en "bicicletear" a contratistas y proveedores, lo que puede aportar mucha caja, y un clásico argentino: el impuesto inflacionario. En este contexto, y más allá de lo que se piense respecto de la autonomía del Banco Central, hubiera sido mucho mejor para generar confianza en el peso y calmar las muy riesgosas expectativas de inflación nombrar una conducción del BCRA con mayor independencia del poder político. Por cierto, las nuevas autoridades tienen abierta la oportunidad de hacerlo.
Ante este cuadro, también la oposición enfrenta un complejo dilema. Dadas sus buenas posibilidades de imponerse en 2011, el camino elegido por el Gobierno, de seguir con una política fiscal muy expansiva, unido a insostenibles niveles de subsidios y a precios relativos distorsionados, les dejará una pesadísima herencia a sus sucesores. Por otro lado, no ayudar al Gobierno a encontrar una salida, o pedir un ajuste fiscal, le podría acarrear costos políticos, aunque muchas veces se subestima a los votantes cuando se piensa que ellos no entenderían un mensaje realista sobre los peligros que se corren. Frente a tan difícil situación, surgen algunas visiones extremas. Hay quienes piensan que un gasto público del 45% del PBI no podrá financiarse y deberá licuarse con devaluación e inflación crecientes. Es decir, un brusco aumento del impuesto inflacionario. Otros creen que es posible hacer un gran ajuste fiscal para reducir el gasto rápidamente en varios puntos del PBI. Alguna moderación del gasto habrá de todos modos, por las buenas o por las malas. Pero existen además, y pueden intentarse, otros caminos. El principal de ellos es apostar por el desarrollo, más allá de la recuperación en curso, y hacerlo por vías genuinas, y entonces sí licuar el gasto, pero por el crecimiento de la economía.
No va en esta dirección el trascendido de que parte de las reservas del BCRA podrían usarse para financiar al sector privado, algo que sólo pueden permitirse países más creíbles y con reservas mucho mayores. De lo que se trata es de alentar la inversión con un programa financiero creíble, diciendo la verdad y desarmando gradualmente la maraña de medidas que desalientan la producción. También aquí la oposición tiene un papel por jugar, desde el Congreso y también anticipando sus propuestas de desarrollo a partir de 2011, porque ello ayudará a recuperar la credibilidad en el país, clave pare crecer y evitar los peores caminos. ©LA NACION
El autor es economista y sociólogo.

Leer más...