La preocupante situación de las finanzas públicas es la clave detrás del DNU del Fondo del Bicentenario, y también de la posterior avasallante remoción del presidente del Banco Central y de los conflictos desatados en su torno. Surge como nota auspiciosa un mayor equilibrio de poderes, con mayor protagonismo del Poder Judicial y del Congreso. La cuestión fiscal puede verse desde dos ángulos. La mirada habitual se dirige hacia el déficit. Después de un récord histórico de seis años, de un superávit del 1,43% del PBI, después del pago de intereses de la deuda, en 2009 la Argentina entró en déficit. Lo propio hicieron casi todos los países desarrollados y muchos países emergentes, por ser ésa una de las principales herramientas de política económica para combatir la peor crisis global en ochenta años.
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Pero hay una gran diferencia, y es que casi todos esos países pueden recurrir al mercado de capitales, interno o externo, para financiarse, mientras que desde hace tres años la Argentina ha hecho todo lo posible para no poder hacerlo. Además, nuestro país no ahorró lo suficiente durante la bonanza de 2003-2008, y por ello tampoco pudo recurrir, como Chile y algunos otros países, a esos recursos.
Otra mirada sobre la cuestión fiscal es la del gasto público consolidado, que incluye todas las erogaciones financiadas con impuestos o contribuciones obligatorias de la Nación, las provincias, los municipios y las obras sociales. Este gasto había llegado ya a un máximo histórico de 37,7% del PBI en 2008. En 2009, el gasto nacional aumentó 30,7%. Dada la escasez de recursos de provincias y municipios, hacemos un supuesto muy conservador de un 23% de aumento del gasto total en 2009, lo que implica un 43% del PBI.
Si se persistiera en seguir gastando como hasta ahora, el gasto público total llegaría en 2010 al 45% del PBI: unos 592.000 millones de pesos, o 144.000 millones de dólares. Este es un nivel sólo superado por una docena de países muy desarrollados. Como dirían los chicos, suena muy loco. Por un lado, la evasión allá es mucho menor que en la Argentina (hay que tener en cuenta que quien paga todos los impuestos aporta aquí la mitad de sus ingresos anuales, y en el caso del agro, aún más). Nuestras tasas impositivas para los cumplidores son las de un país desarrollado.
Además, el jubileo tributario de la moratoria y el blanqueo, que anula todas las sanciones a quien cumpla de aquí en más, ha deteriorado la moral impositiva media, aun en los contribuyentes cumplidores, que era uno de los progresos atesorados por la Argentina en las últimas dos décadas. Por otro lado, por la deficiencia de los servicios públicos, son muchos los que deben pagar por su cuenta la educación, la salud, la seguridad, y a veces hasta la justicia, mediante los arbitrajes. Se trata, en síntesis, de un nivel de gasto muy difícil de financiar normalmente.
A pesar de haber llegado a tales alturas, es clara la intención del Gobierno de seguir gastando tanto como sea posible. Quiérase o no, 2010 también será "un año electoral", y el Gobierno desea perpetuarse, aunque sus probabilidades de lograrlo sean bajísimas. Por ello, también se reducirán al mínimo los ajustes de precios de la energía y los combustibles, que, en parte, serían de estricta justicia y le darían una fuente genuina de financiamiento, al reducir los subsidios. Es probable que éstos sean mantenidos también para la producción de carne (aunque, insólitamente, sólo en feedlots ), con lo que se intenta vanamente retrotraer los fuertes aumentos de precios originados en la política previa de reprimir la producción. En línea, pues, con seguir consumiendo los stocks de petróleo, gas y carne vacuna, a cuenta de los próximos gobiernos y, lo que es mucho peor, de las generaciones futuras, se fueron buscando otros activos para meter mano. Primero fue la expropiación de los fondos acumulados en las cuentas de capitalización de las AFJP, incluso las de quienes habían confiado ingenuamente en el Estado, eligiendo a la administradora del Banco Nación. El año pasado se consumieron también los fondos entregados por el FMI por el aumento de las cuotas de sus miembros.
Ahora se intentará, con el canje de deuda, lograr algún acceso al financiamiento voluntario, que probablemente se consiga en montos limitados. Por eso les llegó el turno a las reservas del Banco Central. En un país con una historia monetaria más normal y acceso al financiamiento voluntario, usar las reservas como recurso de financiamiento complementario pasaría inadvertido, salvo para los especialistas. Pero en la Argentina, un país que ha desfondado repetidamente el BCRA, generando inflaciones desbocadas, y que hoy no tiene acceso al financiamiento, se trata de un recurso peligroso que sería mejor no utilizar. Es probable, sin embargo, que una negociación política permita la aprobación legislativa del Fondo del Bicentenario, al precio de un nuevo aumento del gasto público para aliviar a provincias y municipios que el propio poder central ha ahogado con su centralismo tributario. Por ello harán falta más fuentes de financiamiento, y ellas consistirán en "bicicletear" a contratistas y proveedores, lo que puede aportar mucha caja, y un clásico argentino: el impuesto inflacionario. En este contexto, y más allá de lo que se piense respecto de la autonomía del Banco Central, hubiera sido mucho mejor para generar confianza en el peso y calmar las muy riesgosas expectativas de inflación nombrar una conducción del BCRA con mayor independencia del poder político. Por cierto, las nuevas autoridades tienen abierta la oportunidad de hacerlo.
Ante este cuadro, también la oposición enfrenta un complejo dilema. Dadas sus buenas posibilidades de imponerse en 2011, el camino elegido por el Gobierno, de seguir con una política fiscal muy expansiva, unido a insostenibles niveles de subsidios y a precios relativos distorsionados, les dejará una pesadísima herencia a sus sucesores. Por otro lado, no ayudar al Gobierno a encontrar una salida, o pedir un ajuste fiscal, le podría acarrear costos políticos, aunque muchas veces se subestima a los votantes cuando se piensa que ellos no entenderían un mensaje realista sobre los peligros que se corren. Frente a tan difícil situación, surgen algunas visiones extremas. Hay quienes piensan que un gasto público del 45% del PBI no podrá financiarse y deberá licuarse con devaluación e inflación crecientes. Es decir, un brusco aumento del impuesto inflacionario. Otros creen que es posible hacer un gran ajuste fiscal para reducir el gasto rápidamente en varios puntos del PBI. Alguna moderación del gasto habrá de todos modos, por las buenas o por las malas. Pero existen además, y pueden intentarse, otros caminos. El principal de ellos es apostar por el desarrollo, más allá de la recuperación en curso, y hacerlo por vías genuinas, y entonces sí licuar el gasto, pero por el crecimiento de la economía.
No va en esta dirección el trascendido de que parte de las reservas del BCRA podrían usarse para financiar al sector privado, algo que sólo pueden permitirse países más creíbles y con reservas mucho mayores. De lo que se trata es de alentar la inversión con un programa financiero creíble, diciendo la verdad y desarmando gradualmente la maraña de medidas que desalientan la producción. También aquí la oposición tiene un papel por jugar, desde el Congreso y también anticipando sus propuestas de desarrollo a partir de 2011, porque ello ayudará a recuperar la credibilidad en el país, clave pare crecer y evitar los peores caminos. ©LA NACION
El autor es economista y sociólogo.
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Pero hay una gran diferencia, y es que casi todos esos países pueden recurrir al mercado de capitales, interno o externo, para financiarse, mientras que desde hace tres años la Argentina ha hecho todo lo posible para no poder hacerlo. Además, nuestro país no ahorró lo suficiente durante la bonanza de 2003-2008, y por ello tampoco pudo recurrir, como Chile y algunos otros países, a esos recursos.
Otra mirada sobre la cuestión fiscal es la del gasto público consolidado, que incluye todas las erogaciones financiadas con impuestos o contribuciones obligatorias de la Nación, las provincias, los municipios y las obras sociales. Este gasto había llegado ya a un máximo histórico de 37,7% del PBI en 2008. En 2009, el gasto nacional aumentó 30,7%. Dada la escasez de recursos de provincias y municipios, hacemos un supuesto muy conservador de un 23% de aumento del gasto total en 2009, lo que implica un 43% del PBI.
Si se persistiera en seguir gastando como hasta ahora, el gasto público total llegaría en 2010 al 45% del PBI: unos 592.000 millones de pesos, o 144.000 millones de dólares. Este es un nivel sólo superado por una docena de países muy desarrollados. Como dirían los chicos, suena muy loco. Por un lado, la evasión allá es mucho menor que en la Argentina (hay que tener en cuenta que quien paga todos los impuestos aporta aquí la mitad de sus ingresos anuales, y en el caso del agro, aún más). Nuestras tasas impositivas para los cumplidores son las de un país desarrollado.
Además, el jubileo tributario de la moratoria y el blanqueo, que anula todas las sanciones a quien cumpla de aquí en más, ha deteriorado la moral impositiva media, aun en los contribuyentes cumplidores, que era uno de los progresos atesorados por la Argentina en las últimas dos décadas. Por otro lado, por la deficiencia de los servicios públicos, son muchos los que deben pagar por su cuenta la educación, la salud, la seguridad, y a veces hasta la justicia, mediante los arbitrajes. Se trata, en síntesis, de un nivel de gasto muy difícil de financiar normalmente.
A pesar de haber llegado a tales alturas, es clara la intención del Gobierno de seguir gastando tanto como sea posible. Quiérase o no, 2010 también será "un año electoral", y el Gobierno desea perpetuarse, aunque sus probabilidades de lograrlo sean bajísimas. Por ello, también se reducirán al mínimo los ajustes de precios de la energía y los combustibles, que, en parte, serían de estricta justicia y le darían una fuente genuina de financiamiento, al reducir los subsidios. Es probable que éstos sean mantenidos también para la producción de carne (aunque, insólitamente, sólo en feedlots ), con lo que se intenta vanamente retrotraer los fuertes aumentos de precios originados en la política previa de reprimir la producción. En línea, pues, con seguir consumiendo los stocks de petróleo, gas y carne vacuna, a cuenta de los próximos gobiernos y, lo que es mucho peor, de las generaciones futuras, se fueron buscando otros activos para meter mano. Primero fue la expropiación de los fondos acumulados en las cuentas de capitalización de las AFJP, incluso las de quienes habían confiado ingenuamente en el Estado, eligiendo a la administradora del Banco Nación. El año pasado se consumieron también los fondos entregados por el FMI por el aumento de las cuotas de sus miembros.
Ahora se intentará, con el canje de deuda, lograr algún acceso al financiamiento voluntario, que probablemente se consiga en montos limitados. Por eso les llegó el turno a las reservas del Banco Central. En un país con una historia monetaria más normal y acceso al financiamiento voluntario, usar las reservas como recurso de financiamiento complementario pasaría inadvertido, salvo para los especialistas. Pero en la Argentina, un país que ha desfondado repetidamente el BCRA, generando inflaciones desbocadas, y que hoy no tiene acceso al financiamiento, se trata de un recurso peligroso que sería mejor no utilizar. Es probable, sin embargo, que una negociación política permita la aprobación legislativa del Fondo del Bicentenario, al precio de un nuevo aumento del gasto público para aliviar a provincias y municipios que el propio poder central ha ahogado con su centralismo tributario. Por ello harán falta más fuentes de financiamiento, y ellas consistirán en "bicicletear" a contratistas y proveedores, lo que puede aportar mucha caja, y un clásico argentino: el impuesto inflacionario. En este contexto, y más allá de lo que se piense respecto de la autonomía del Banco Central, hubiera sido mucho mejor para generar confianza en el peso y calmar las muy riesgosas expectativas de inflación nombrar una conducción del BCRA con mayor independencia del poder político. Por cierto, las nuevas autoridades tienen abierta la oportunidad de hacerlo.
Ante este cuadro, también la oposición enfrenta un complejo dilema. Dadas sus buenas posibilidades de imponerse en 2011, el camino elegido por el Gobierno, de seguir con una política fiscal muy expansiva, unido a insostenibles niveles de subsidios y a precios relativos distorsionados, les dejará una pesadísima herencia a sus sucesores. Por otro lado, no ayudar al Gobierno a encontrar una salida, o pedir un ajuste fiscal, le podría acarrear costos políticos, aunque muchas veces se subestima a los votantes cuando se piensa que ellos no entenderían un mensaje realista sobre los peligros que se corren. Frente a tan difícil situación, surgen algunas visiones extremas. Hay quienes piensan que un gasto público del 45% del PBI no podrá financiarse y deberá licuarse con devaluación e inflación crecientes. Es decir, un brusco aumento del impuesto inflacionario. Otros creen que es posible hacer un gran ajuste fiscal para reducir el gasto rápidamente en varios puntos del PBI. Alguna moderación del gasto habrá de todos modos, por las buenas o por las malas. Pero existen además, y pueden intentarse, otros caminos. El principal de ellos es apostar por el desarrollo, más allá de la recuperación en curso, y hacerlo por vías genuinas, y entonces sí licuar el gasto, pero por el crecimiento de la economía.
No va en esta dirección el trascendido de que parte de las reservas del BCRA podrían usarse para financiar al sector privado, algo que sólo pueden permitirse países más creíbles y con reservas mucho mayores. De lo que se trata es de alentar la inversión con un programa financiero creíble, diciendo la verdad y desarmando gradualmente la maraña de medidas que desalientan la producción. También aquí la oposición tiene un papel por jugar, desde el Congreso y también anticipando sus propuestas de desarrollo a partir de 2011, porque ello ayudará a recuperar la credibilidad en el país, clave pare crecer y evitar los peores caminos. ©LA NACION
El autor es economista y sociólogo.
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