Un botón de muestra de la inequidad. Por Adrián Simioni

Lástima. Por ahora, parece, no habrá condiciones para que en el trámite del Presupuesto 2012 en el Congreso se discuta a fondo el modo –muy inequitativo– en que el Gobierno nacional gasta sus recursos. Entre los opositores anestesiados por la paliza electoral y un kirchnerismo más envalentonado que nunca, no parece haber espacio.
Tomemos sólo un ejemplo claro: Aysa, la empresa estatal de aguas y cloacas que reemplazó de un decretazo a Aguas Argentinas, que atiende el área metropolitana.
Según el proyecto enviado por Amado Boudou, el año que viene la empresa tendrá ingresos corrientes (es decir ordinarios) por 1.760 millones de pesos, pero, de esa cantidad, sólo 775 millones serán facturados a sus clientes. El resto, 986 millones, serán subsidios del Gobierno nacional. Pero eso es sólo para sostener la operación normal.

Porque, además, el Gobierno le girará a Aysa otros 3.782 millones para financiar el total de sus inversiones.
O sea que Aysa no sólo no puede “bancar” con sus propios ingresos sus inversiones, sino que además tiene un enorme déficit operativo.
Todo eso lo pagamos el conjunto de los ciudadanos del país, los del Gran Buenos Aires y los del interior. Pero sólo los del Gran Buenos Aires reciben el privilegio.
Vamos al subsidio a los ingresos operativos (o sea, sólo los 986 millones de pesos), para dar una idea de lo que significa. Aysa tiene 1.657.914 conexiones domiciliarias. O sea que se trata de 594 pesos al año por conexión; 49,5 pesos por mes.
¿Saben cuál es el monto de la factura promedio de Aguas Cordobesas? 45,98 pesos, incluyendo el IVA.
O sea que sólo el subsidio operativo del Gobierno nacional supone más que la facturación total de Aguas Cordobesas.
A favor de Aysa hay que decir que también presta el servicio de cloacas, pero su cobertura es muy inferior. Es una porción minoritaria del negocio. No alcanza a explicar la brutal discriminación del Gobierno a la hora de dividir a los argentinos en ciudadanos y siervos.
Las tarifas de Aysa están congeladas desde 2001, mientras que en el resto del país cada gobierno local debió pagar costos políticos para permitir que prestadores estatales, privados o cooperativos aumentaran sus tarifas.
La semana pasada, Carlos Ben, presidente de Aysa, admitió la necesidad de subir las tarifas para reducir el rojo. Pero dijo que de ningún modo podrán costearse con tarifa las inversiones con las que, en nueve años, prevé no sólo agua sino cloacas para toda el área de cobertura.
¿Por qué en Buenos Aires no se puede y en otros lados sí? O bien, ¿por qué en otros lugares simplemente la gente tiene que aceptar que no tendrá agua ni, mucho menos, cloacas, mientras se subsidia al área más rica del país?
Son preguntas elementales que deberían responderse en el Congreso.