El Gobierno sigue incrementando las restricciones a la compra de divisas en el mercado “oficial” y limitando “policialmente” las transacciones en el mercado “privado”. (Para entendernos, llamo mercado “oficial” a aquel en el que el Gobierno debe vender reservas del Banco Central, y llamo mercado “privado” a aquel que, siendo una mera transacción entre privados, no afecta las reservas del Banco Central.)
Al mercado oficial de divisas sólo se puede acceder para realizar una importación de bienes o servicios, mediante una autorización previa. O para pagar una deuda, una regalía o algún otro compromiso con el exterior, también mediante una autorización previa. Se puede acceder asimismo a un cupo arbitrario, sujeto a la intervención ilegal de la AFIP, si se viaja al exterior. Finalmente, se pueden hacer transacciones al precio oficial comprando o gastando en el exterior, mediante tarjetas de crédito o débito y, en ese caso, dependiendo del monto y del tipo de bien de que se trate, se abona, además, un anticipo del impuesto a las ganancias o bienes personales del 15% y se pagan los recargos aduaneros correspondientes. Este mercado oficial es “alimentado” por la oferta de los exportadores, obligados a vender sus dólares a plazos que varían, según el producto de que se trate, y a un precio “neto” que también varía, dado que para muchas mercaderías existen derechos de exportación (retenciones) o reembolsos y reintegros.
En síntesis, el mercado “oficial” recibe el producido de las exportaciones y eventuales créditos externos, y limita la venta a los particulares para “cuidar” las reservas del Banco Central.
¿Por qué, de pronto, resulta necesario cuidar las reservas del Banco Central? Porque en los últimos años la política económica desalentó la producción de “exportables” en general, dando preferencia al mercado interno. En ese marco, se obligó a los productores de petróleo, gas, trigo, carne y maíz a vender por debajo del precio internacional –subsidiando al resto de los productores/consumidores, según el caso–. Se siguió una política cambiaria monetaria que generó una caída del tipo de cambio real –tasa de devaluación, comparada con la tasa de inflación verdadera– que se compensó, hasta el año pasado, por la “revaluación” de las monedas regionales, en particular el real, pero que ahora se nota más porque en el último año Brasil devaluó un 25 por ciento. Porque esa caída del tipo de cambio real, sumada al “desprecio” por el “clima de negocios” y la tasa de interés negativa en pesos, llevó a los ahorristas a dolarizar sus portafolios comprando dólares mientras se pudo. Y, finalmente, porque la sequía disminuyó la oferta de dólares provenientes de la soja y subproductos, en un año con vencimientos importantes de deuda externa.
Como el Gobierno no quiere solucionar este faltante de dólares con una devaluación, para no reducir el salario medido en dólares, decidió, entonces, compensar este faltante “racionando”. Y, en lugar del salario, se afecta el empleo privado, que disminuye.
El acceso al mercado oficial sólo podrá aliviarse parcialmente en la medida que el agro –clima y situación internacional mediante– provea más dólares el año que viene, con menos deuda externa a pagar.
¿Por qué, además, el Gobierno interviene en el mercado “privado”, si allí no pierde reservas? Porque necesita emitir pesos a un ritmo del 40% anual para financiar el gasto público –pese al récord de presión tributaria formal– y esos pesos, si se volcaran a comprar dólares en el mercado privado, aumentarían su precio, incrementando aun más la brecha con el precio oficial. Y, más temprano que tarde, eso presionaría sobre el resto de los precios de la economía y la tasa de interés en pesos. De allí la persecución policial y las restricciones en un mercado donde no se pierden dólares de las reservas.
En síntesis, las restricciones a la compra de dólares oficiales dependen de lo que pase con la soja el año que viene. Quizá se alivien algo para importaciones, en alguna fiestita consumista preelectoral. En cambio, las restricciones en el mercado privado responden a la necesidad de emitir muchos pesos para financiar el gasto y tener un “coto de caza” para cobrar el impuesto inflacionario sin una explosión.
Nuestros pesos siguen perdiendo valor. Pero ahora la imprenta es nac & pop.
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