Cómo administrar la abundancia. Por Juan Alemann

(Nota publicada en La Nación, martes 18 de enero de 2011)
En los últimos veinte años, la economía argentina experimentó una profunda transformación. En el Gobierno siempre se habla del crecimiento y de los cambios operados durante el período kirchnerista, pero esto induce a error, ya que el cambio se inició en 1989 y el alto crecimiento sólo se explica a partir de las reformas estructurales de la década del 90 y de la revolución tecnológica.
Entre 1990 y 1998, el producto bruto interno creció un 60%. Luego bajó un 20% hasta 2002, y a partir de allí aumentó un 70%. La cuenta total arroja un plus del 126%, y por habitante, algo más del 100%. Aun ajustando algunas cifras del PBI (cuyo cálculo nunca es exacto), el crecimiento ha sido fenomenal, muy superior al histórico (que en el siglo pasado fue, en promedio, del orden del 3,5% anual, con un mucho mayor crecimiento poblacional que en las últimas dos décadas). Pero, además, el crecimiento de 1990 a 2010 estuvo acompañado de transformaciones cualitativas profundas, entre las que se destaca la telefonía móvil y la computadora personal con Internet.

Las causas básicas de este alto crecimiento son tres:
1. Las privatizaciones de la década del 90, mediante las cuales se logró una sensible mejora en los servicios públicos, se dio un fuerte impulso al crecimiento económico, se eliminó una carga insoportable para las finanzas públicas y se obtuvieron importantes ingresos fiscales adicionales. YPF pasó a ser el mayor contribuyente, tanto globalmente como en relación con el impuesto a las ganancias, que antes no pagaba. En materia de telefonía, pasamos de 2,7 millones de líneas en 1990 -que funcionaban defectuosamente- a 8 millones de conexiones fijas y más de 50 millones inalámbricas, por celular. En materia de electricidad, las usinas privatizadas que antes constituían la estatal Segba operan a plena capacidad (que ha sido fuertemente aumentada, sobre todo por introducción del ciclo combinado), con mínimos inconvenientes -a pesar de los palos en la rueda que pone el Gobierno-, cuando en la crisis de enero de 1989 Segba trabajaba a un tercio de su capacidad. En materia portuaria, la mejora es sideral; aquí se suma a la privatización la desregulación. La siderúrgica Somisa sólo podía operar con alta protección y precios elevados, mientras que su sucesora Siderar opera con alta eficiencia, exportando acero, y obtiene ganancias y paga altos importes por el correspondiente impuesto. Y suma y sigue. Sin las privatizaciones, el crecimiento de la primera década del nuevo siglo simplemente no hubiera sido posible. A pesar de que el Gobierno se ocupó, a partir de 2002, de poner trabas a las empresas privatizadas, éstas siguieron operando en forma eficiente. Este es el meollo de la cuestión: el Estado es intrínsecamente ineficiente, en especial cuando maneja empresas.
2. La revolución tecnológica, que tuvo su pico en la década del 90 y que fue la mayor de toda la historia de la humanidad, tuvo un formidable efecto sobre el crecimiento económico. Se concentró en tres aspectos: telefonía (en especial teléfonos móviles); computación y sistemas informáticos (en especial, Internet), y biotecnología (en especial, la elaboración de semillas genéticamente modificadas). Aparte de esto, hubo muchos otros avances; por ejemplo, la introducción generalizada de la siembra directa en nuestra agricultura y la fenomenal expansión de feedlots . Además, la computación también transformó las máquinas, con mayor automaticidad y mucha más productividad por operario. Hubo una verdadera explosión tecnológica.
3. La aparición de China y luego de India y otros países, como grandes compradores de commodities que la Argentina exporta. Gracias a ello, el precio internacional de la soja aumentó a más del doble. Pero el fenómeno no sólo afectó a cereales y oleaginosas, sino a toda suerte de metales y minerales que la Argentina produce y exporta en creciente cantidad, e incentivó inversiones en minería. Esto permitió también que la recesión mundial de 2009 tuviera poco impacto en la Argentina, ya que, a diferencia de la crisis del 30, cuando los precios de nuestras commodities se derrumbaron, esta vez se mantuvieron relativamente altos. Los términos de intercambio se modificaron dramáticamente a favor de nuestro país por la suba del precio de las commodities que exportamos y por la baja en el precio de computadoras y productos conexos, que importamos. Si medimos el precio de las maquinarias importadas, no por su peso, sino por su productividad, también hay bajas.
En este contexto, y conforme al "modelo" de los Kirchner, el Estado creció mucho. En sus tres niveles (nacional, provincial y municipal) requería menos del 30% del producto bruto interno en 1990, mientras que ahora está cerca del 40%. Teniendo en cuenta el crecimiento del período, esto significa que en términos absolutos y reales (sin tener en cuenta la inflación), el sector público gasta el triple que hace 20 años, cubriendo la casi totalidad con ingresos genuinos. Además, por el drástico corte de la deuda pública y la reducción compulsiva de intereses, se redujo la carga de los mismos a una fracción de lo que era antes.
Esto permitió implementar políticas sociales que en otras épocas hubieran sido financieramente imposibles: el otorgamiento masivo de subsidios a familias muy pobres; el aumento de las jubilaciones mínimas (muy por encima de la inflación); la incorporación al régimen jubilatorio de unos 2,3 millones de personas que habían cumplido con la edad requerida, pero no con los aportes; el subsidio a 3,5 millones de menores; el regalo de 500 pesos a los que perciben la jubilación mínima y el creciente subsidio a las tarifas de servicios públicos esenciales (electricidad, gas, agua, transporte público), que beneficia fundamentalmente a personas de menores ingresos.
Frente a la abundancia de recursos del Estado, se plantea inevitablemente el interrogante de si en materia social no se podría haber hecho más o haber hecho las cosas mejor. Sin duda, si el Estado no hubiera dilapidado tantos recursos en los últimos años se podrían haber destinado más recursos a programas sociales, especialmente a la vivienda, un problema crítico. El aumento del número de empleados públicos en cerca de un millón en la última década era innecesario. Además, la reestatización de empresas privatizadas y la creación de nuevas empresas estatales tuvo un alto e innecesario costo para el Estado. También hubo dilapidación en la ejecución de inversiones públicas, por proyectos deficientes y mala ejecución, y por haber asumido inversiones que podrían haber hecho (mejor y más barato) empresas privadas. Además, hubo importaciones caras e innecesarias de gasoil, mientras se exportaba el mismo combustible a menor precio. Finalmente, hubo mucho subsidio injustificado, directo e indirecto, a personas pudientes.
Pero, aparte de esto, en materia de vivienda se podría haber hecho más, con métodos constructivos más racionales, con traslado de tareas de terminación a los propios beneficiarios y con apoyo a programas de autoconstrucción y de cofinanciación. Pero, además, el problema no tiene solución si mantenemos una alta inmigración de personas paupérrimas, que pasan a constituir la mayor parte de los pobladores de las villas de emergencia. Nuestro fuerte crecimiento crea un mayor desnivel con países pobres del subcontinente y atrae más inmigrantes.
Un último punto: la ocupación ha crecido mucho menos que el PBI, con una elasticidad-empleo cada vez más baja, de que modo que la desocupación y la subocupación se mantienen más altas de lo que debería ser, con la agravante de una altísima proporción de trabajadores en negro. Los coeficientes serían muy superiores aún si el Estado no hubiera empleado tanta gente que no necesitaba. Este tema requiere ser pensado en profundidad: en especial, es imprescindible repensar la política laboral dando prioridad a los incentivos para emplear más personal por sobre las mejoras a los privilegiados que ya trabajan en blanco.
© La Nacion
El autor, economista, fue ?secretario de Hacienda de la Nación