(Nota aparecida en La Voz del Interior el miércoles 27 de mayo de 2009)
Chávez estatizó más de 81 empresas de todo tipo. Pero Kirchner ya estatizó o intervino en más de 26, todas grandes. Y la moda se extiende.
El ministro del Interior, Florencio Randazzo, acaba de decir que Venezuela “está viviendo una etapa pre peronista”. Así pretendió echar un poco de agua fría sobre los caldeados ánimos de los empresarios argentinos ante las nacionalizaciones del venezolano Chávez y el creciente intervencionismo estatal local. La mitad del tiempo, los hombres de negocios meditan sobre cómo el principal conglomerado industrial basado en el país, Techint, va perdiendo empresas en Venezuela a manos chavistas. Con la condescendencia de la Presidenta, que decía que quería crear un “empresariado nacional”.
Los funcionarios kirchneristas se limitan a resaltar una y otra vez que Techint cobra buenas indemnizaciones por cada fábrica que le expropian. Pero los empresarios saben que eso es como quitarle una muleta a quien necesita dos para caminar. Para Techint, las plantas dispuestas en Argentina, Venezuela o México eran resultado de una estrategia para ser el mayor proveedor de tubos sin costura en la industria del petróleo mundial. Sí, le pagaron por Sidor, una de sus muletas. Sin embargo, Techint quedó irremediablemente renga. Pero bueno, tal vez todo esto sea demasiado complejo para un Gobierno que ha hecho del simplismo la marca registrada de sus políticas públicas. La otra mitad del tiempo, muchos empresarios consideran que Venezuela puede ser una caricatura anticipada de la Argentina. Temen que por venganza, si pierde, o por envalentonamiento, si gana, luego de las próximas elecciones Kirchner se torne más bolivariano que nunca. Para ellos, no es como dice Randazzo; puede ser exactamente al revés. Los kirchneristas tienen una prueba de este estado de alerta ante sus narices: la propia Cristina Fernández de Kirchner propala que los 400 millones de dólares (de un total de 1.970) que Techint cobró por Sidor ya están depositados fuera de la Argentina. Lo que nunca parecen preguntarse los Kirchner es por qué será que las empresas no depositan sus capitales en el país. ¡Surprise! Lo más curioso es la sorpresa empresaria. Si bien Chávez estatizó en forma total o parcial más de 81 empresas desde 2007, más de 70 de ellas eran firmas menores de servicios petroleros. El kirchnerismo va atrás, pero no tan atrás: fue estatizando o interviniendo con distintos grados en más de 26 de empresas, todas importantes. Antes de que digan que con la crisis Estados Unidos y Europa también intervinieron empresas, vale decir que nacionalizaciones hubo poquísimas. Hubo masivas inyecciones de fondos públicos en firmas que siguen siendo privadas. Y en Argentina y Venezuela la cosa empezó mucho antes de la crisis internacional. El Gobierno aplicó distintas modalidades, algunas más raras que otras: Asfixiar hasta que se vayan. De entrada, desalojaron a Franco Macri del Correo Argentino porque la empresa no pagaba un canon anual de 102 millones de dólares. Sin tocarle un pelo a la empresa que los Macri habían reestructurado, la estatizaron. De ahí en más, fueron todos elogios al Correo. Claro que el Estado dejó de exigirle el pago del canon anual. Así cualquiera. Esta modalidad se usó también con Aguas Argentinas, a la que se exigía cumplimiento milimétrico de los pliegos en plena hecatombe económica y negándole cualquier mejora tarifaria o subsidio mientras los costos se triplicaban. Hoy Suez ya se fue y los habitantes del Gran Buenos Aires (sólo ellos) reciben multimillonarios subsidios y además el Estado banca el déficit de la empresa. Ya no hay un ente regulador separado de la empresa. Sobre la calidad del servicio se desconocen informes técnicos. Así cualquiera. Chumbar los gremios. Con Aerolíneas Argentinas, se agregó un método: dejar que la ensalada de gremios aeronáuticos dispusiera con discreción cuándo y cómo se podía viajar en avión, negando mejoras tarifarias y subsidio al combustible aéreo en dólares. Ahora, la Aerolíneas estatal ya subió la tarifa, se subsidia el combustible, el Estado proveerá aviones y además asume millonarias pérdidas. Y los gremios son un corderito. Así cualquiera. Ayer, Javier Tizado, del corazón de Techint, hizo un paralelismo entre esta modalidad y lo que le sucedió con Sidor en Venezuela. Allí también la avanzada fue de los sindicatos. Salir de compras con amigos. Para Repsol-YPF, se aplicó otro método, derivado de su carácter de exportador. Fuertes retenciones móviles en plena efervescencia del petróleo mundial, combinadas con precios controlados en el mercado interno. Para la casa matriz, casi cualquier lugar del mundo resultaba más atractivo para invertir que la Argentina. Y así lo hizo. Con esa expectativa de ingresos, el valor de la empresa resultaba bien barato en comparación con otras petroleras. Con apenas 2.235 millones de dólares, el grupo Petersen adquirió el 15 por ciento del capital. Y con sólo ese porcentaje pudo designar al director general. Es lo natural cuando la principal función en una petrolera no es explorar y extraer sino negociar con el Estado. Casos parecidos sucedieron con la francesa EDF en Edenor y Transener, adonde entró luego Electroingeniería. Así cualquiera. Incautar lo que otros prestaron. Otra modalidad de intervención fue masiva. La estatización de las AFJP dejó en manos estatales acciones de diversas empresas. Al principio se dijo que el Estado no iba a designar directores en esas empresas. Pero después lo hizo. Sin marco regulador, sin proceso de selección pública de los directores, sin nada. Así cualquiera. Clavarse con empresas fallidas. Último grito de la moda. Va un funcionario un día a una empresa –como Guillermo Moreno a la papelera Massuh–y dice que de ahora en más el gerente general es él porque el Estado le alquila la empresa quebrada al quebrantado. La Justicia frena los procesos. Bancos oficiales prestan dinero. Moreno mezcla su negociación por los precios con los supermercados con un pedido para que los súper compren el papel que usen a la papelera. Y decide por sí mismo incumplir las leyes que dicen cómo debe comprar el Estado para darle el monopolio de la provisión del papel a la papelera que él mismo conduce. La cosa se pone de moda. Y se torna más compleja. Porque ahora cualquier jurisdicción hace eso. En Córdoba, los concejales juecistas declaran sujeta a expropiación la fábrica de parabrisas Cive, utilizando normas pensadas para comprar un terreno y dedicarlo a una plaza y violando lo decidido por otro poder y otro nivel del Estado (la Justicia provincial). Nadie se pregunta: ¿con todas las empresas que vayan a quiebra se va a hacer lo mismo? ¿Y si Massuh debe cerrar sencillamente porque su maquinaria y su gestión son obsoletas? ¿Qué pasa si conectarle el pulmotor a Massuh implica una competencia desleal que termina perjudicando a otras papeleras que no le cuestan nada el Estado? ¿De ahora en más quién va a querer prestarle plata a una empresa si, llegado el caso, cualquiera puede declararla sujeta a expropiación, quitándole el respaldo de su préstamo? ¿Ese acreedor confiará en que un municipio le pagará su acreencia, aunque ese municipio no le pueda pagar a sus propios proveedores? Las respuestas a estas preguntas son muy importantes. Porque todo esto tiene alto costo fiscal, transforma contribuyentes impositivos en consumidores intensivos de subsidios, reduce la productividad general de la economía y espanta a cualquiera que proyecte hacer algo, o sea, que quiera invertir. Por ahora, bastaría una respuesta concreta: los sectores políticos que respaldan estas movidas deberían aclarar si –tal como parece– consideran de veras que toda actividad privada es más perniciosa que benéfica para la sociedad o no. Digo, así el resto lo tenemos más claro.
Chávez estatizó más de 81 empresas de todo tipo. Pero Kirchner ya estatizó o intervino en más de 26, todas grandes. Y la moda se extiende.
El ministro del Interior, Florencio Randazzo, acaba de decir que Venezuela “está viviendo una etapa pre peronista”. Así pretendió echar un poco de agua fría sobre los caldeados ánimos de los empresarios argentinos ante las nacionalizaciones del venezolano Chávez y el creciente intervencionismo estatal local. La mitad del tiempo, los hombres de negocios meditan sobre cómo el principal conglomerado industrial basado en el país, Techint, va perdiendo empresas en Venezuela a manos chavistas. Con la condescendencia de la Presidenta, que decía que quería crear un “empresariado nacional”.
Los funcionarios kirchneristas se limitan a resaltar una y otra vez que Techint cobra buenas indemnizaciones por cada fábrica que le expropian. Pero los empresarios saben que eso es como quitarle una muleta a quien necesita dos para caminar. Para Techint, las plantas dispuestas en Argentina, Venezuela o México eran resultado de una estrategia para ser el mayor proveedor de tubos sin costura en la industria del petróleo mundial. Sí, le pagaron por Sidor, una de sus muletas. Sin embargo, Techint quedó irremediablemente renga. Pero bueno, tal vez todo esto sea demasiado complejo para un Gobierno que ha hecho del simplismo la marca registrada de sus políticas públicas. La otra mitad del tiempo, muchos empresarios consideran que Venezuela puede ser una caricatura anticipada de la Argentina. Temen que por venganza, si pierde, o por envalentonamiento, si gana, luego de las próximas elecciones Kirchner se torne más bolivariano que nunca. Para ellos, no es como dice Randazzo; puede ser exactamente al revés. Los kirchneristas tienen una prueba de este estado de alerta ante sus narices: la propia Cristina Fernández de Kirchner propala que los 400 millones de dólares (de un total de 1.970) que Techint cobró por Sidor ya están depositados fuera de la Argentina. Lo que nunca parecen preguntarse los Kirchner es por qué será que las empresas no depositan sus capitales en el país. ¡Surprise! Lo más curioso es la sorpresa empresaria. Si bien Chávez estatizó en forma total o parcial más de 81 empresas desde 2007, más de 70 de ellas eran firmas menores de servicios petroleros. El kirchnerismo va atrás, pero no tan atrás: fue estatizando o interviniendo con distintos grados en más de 26 de empresas, todas importantes. Antes de que digan que con la crisis Estados Unidos y Europa también intervinieron empresas, vale decir que nacionalizaciones hubo poquísimas. Hubo masivas inyecciones de fondos públicos en firmas que siguen siendo privadas. Y en Argentina y Venezuela la cosa empezó mucho antes de la crisis internacional. El Gobierno aplicó distintas modalidades, algunas más raras que otras: Asfixiar hasta que se vayan. De entrada, desalojaron a Franco Macri del Correo Argentino porque la empresa no pagaba un canon anual de 102 millones de dólares. Sin tocarle un pelo a la empresa que los Macri habían reestructurado, la estatizaron. De ahí en más, fueron todos elogios al Correo. Claro que el Estado dejó de exigirle el pago del canon anual. Así cualquiera. Esta modalidad se usó también con Aguas Argentinas, a la que se exigía cumplimiento milimétrico de los pliegos en plena hecatombe económica y negándole cualquier mejora tarifaria o subsidio mientras los costos se triplicaban. Hoy Suez ya se fue y los habitantes del Gran Buenos Aires (sólo ellos) reciben multimillonarios subsidios y además el Estado banca el déficit de la empresa. Ya no hay un ente regulador separado de la empresa. Sobre la calidad del servicio se desconocen informes técnicos. Así cualquiera. Chumbar los gremios. Con Aerolíneas Argentinas, se agregó un método: dejar que la ensalada de gremios aeronáuticos dispusiera con discreción cuándo y cómo se podía viajar en avión, negando mejoras tarifarias y subsidio al combustible aéreo en dólares. Ahora, la Aerolíneas estatal ya subió la tarifa, se subsidia el combustible, el Estado proveerá aviones y además asume millonarias pérdidas. Y los gremios son un corderito. Así cualquiera. Ayer, Javier Tizado, del corazón de Techint, hizo un paralelismo entre esta modalidad y lo que le sucedió con Sidor en Venezuela. Allí también la avanzada fue de los sindicatos. Salir de compras con amigos. Para Repsol-YPF, se aplicó otro método, derivado de su carácter de exportador. Fuertes retenciones móviles en plena efervescencia del petróleo mundial, combinadas con precios controlados en el mercado interno. Para la casa matriz, casi cualquier lugar del mundo resultaba más atractivo para invertir que la Argentina. Y así lo hizo. Con esa expectativa de ingresos, el valor de la empresa resultaba bien barato en comparación con otras petroleras. Con apenas 2.235 millones de dólares, el grupo Petersen adquirió el 15 por ciento del capital. Y con sólo ese porcentaje pudo designar al director general. Es lo natural cuando la principal función en una petrolera no es explorar y extraer sino negociar con el Estado. Casos parecidos sucedieron con la francesa EDF en Edenor y Transener, adonde entró luego Electroingeniería. Así cualquiera. Incautar lo que otros prestaron. Otra modalidad de intervención fue masiva. La estatización de las AFJP dejó en manos estatales acciones de diversas empresas. Al principio se dijo que el Estado no iba a designar directores en esas empresas. Pero después lo hizo. Sin marco regulador, sin proceso de selección pública de los directores, sin nada. Así cualquiera. Clavarse con empresas fallidas. Último grito de la moda. Va un funcionario un día a una empresa –como Guillermo Moreno a la papelera Massuh–y dice que de ahora en más el gerente general es él porque el Estado le alquila la empresa quebrada al quebrantado. La Justicia frena los procesos. Bancos oficiales prestan dinero. Moreno mezcla su negociación por los precios con los supermercados con un pedido para que los súper compren el papel que usen a la papelera. Y decide por sí mismo incumplir las leyes que dicen cómo debe comprar el Estado para darle el monopolio de la provisión del papel a la papelera que él mismo conduce. La cosa se pone de moda. Y se torna más compleja. Porque ahora cualquier jurisdicción hace eso. En Córdoba, los concejales juecistas declaran sujeta a expropiación la fábrica de parabrisas Cive, utilizando normas pensadas para comprar un terreno y dedicarlo a una plaza y violando lo decidido por otro poder y otro nivel del Estado (la Justicia provincial). Nadie se pregunta: ¿con todas las empresas que vayan a quiebra se va a hacer lo mismo? ¿Y si Massuh debe cerrar sencillamente porque su maquinaria y su gestión son obsoletas? ¿Qué pasa si conectarle el pulmotor a Massuh implica una competencia desleal que termina perjudicando a otras papeleras que no le cuestan nada el Estado? ¿De ahora en más quién va a querer prestarle plata a una empresa si, llegado el caso, cualquiera puede declararla sujeta a expropiación, quitándole el respaldo de su préstamo? ¿Ese acreedor confiará en que un municipio le pagará su acreencia, aunque ese municipio no le pueda pagar a sus propios proveedores? Las respuestas a estas preguntas son muy importantes. Porque todo esto tiene alto costo fiscal, transforma contribuyentes impositivos en consumidores intensivos de subsidios, reduce la productividad general de la economía y espanta a cualquiera que proyecte hacer algo, o sea, que quiera invertir. Por ahora, bastaría una respuesta concreta: los sectores políticos que respaldan estas movidas deberían aclarar si –tal como parece– consideran de veras que toda actividad privada es más perniciosa que benéfica para la sociedad o no. Digo, así el resto lo tenemos más claro.
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