Como resultado de la gran recesión, los países se han quedado con déficits inéditos en tiempos de paz e inquietos por sus crecientes deudas nacionales. En muchos países, a eso se está respondiendo con medidas de austeridad, políticas que ocasionarán una pérdida de dinamismo de las economías nacionales y mundiales y una desaceleración sustancial en el ritmo de la recuperación. Quienes esperan que los déficits se reduzcan significativamente tendrán una profunda decepción, porque la desaceleración económica presionará a la baja los ingresos fiscales y aumentará las demandas de seguro de desempleo y otros beneficios sociales.
El intento de frenar el aumento de la deuda obliga a los países a centrarse en sus prioridades y sopesar sus valores. Es improbable que en el corto plazo EE.UU. realice grandes recortes al presupuesto, al estilo Reino Unido. Sin embargo, el pronóstico de largo plazo que es especialmente alarmante por la escasa mella que la reforma del sistema de salud está haciendo en los crecientes costos médicos es lo suficientemente sombrío que se está haciendo un creciente esfuerzo bipartidario para hacer algo. El presidente Barack Obama ha nombrado una comisión bipartidaria de reducción del déficit, cuyos presidentes presentaron algunos avances de lo que sería su informe final. Técnicamente, reducir el déficit es simple: reducir el gastos o aumentar los impuestos. Pero es evidente que el programa de reducción del déficit, al menos en EE.UU., va más allá. Es un intento de debilitar la protección social, reducir la progresividad del sistema fiscal y achicar el Estado, todo ello sin afectar intereses, como los del sector militar industrial. En los Estados Unidos (y en otros países avanzados), cualquier programa de reducción del déficit tiene que ser acorde con lo que ha sucedido en la última década: un aumento masivo del gasto de defensa impulsado por dos guerras inútiles, pero que va más allá; un aumento de las desigualdades, en el que el 1% reúne más del 20% del ingreso del país, acompañado de una declinación de la clase media (la mediana del ingreso de los hogares cayó más de 5% en la última década y ya venía en baja incluso antes de la recesión); una subinversión en el sector público, incluida la infraestructura, dramáticamente puesta de relieve por el colapso de los diques en Nueva Orleans, y un aumento de los sostenes a empresas, desde los rescates bancarios hasta los subsidios al etanol y a la agricultura, aun cuando esos subsidios han sido declarado ilegales por la OMC. Como resultado, es relativamente fácil formular un paquete de reducción del déficit que fomente la eficiencia, impulse el crecimiento y reduzca la desigualdad. Se necesitan cinco ingredientes principales. Primero, debe haber un aumento de las inversiones públicas de alto rendimiento. Incluso si esto amplía el déficit en el corto plazo, a largo plazo la deuda nacional se reducirá. ¿Qué empresa no aprovecharía oportunidades de inversión con rendimientos superiores al 10% si pudiera obtener crédito como lo puede hacer el gobierno estadounidense con un interés menor al 3%? Segundo, se debe recortar el gastos militar: no sólo los fondos para guerras inútiles sino también para las armas que no funcionan contra enemigos inexistentes. Seguimos actuando como si la Guerra Fría nunca hubiera finalizado, gastando tanto en defensa como todo el resto del mundo junto. Lo anterior es necesario para eliminar los subsidios a las empresas. Pese a haber despojado a las personas de su red de seguridad, EE.UU. ha fortalecido la red de seguridad para las empresas, lo que ha quedado evidenciado claramente en la gran recesión con los rescates de IG, Goldman Sachs y otros bancos. Los sostenes a las empresas representan casi la mitad del ingreso total en algunos sectores de las agroindustrias estadounidenses; por ejemplo, se conceden miles de millones de dólares en subsidios al algodón a unos cuantos agricultores ricos, mientras que los precios bajan y hay una pobreza creciente entre sus competidores del mundo en desarrollo. Una forma particularmente notoria de tratamiento especial a las empresas es el que se les da a las farmacéuticas. Aun siendo el mayor comprador de sus productos, no puede negociar precios, lo cual deriva en un incremento significativo de los ingresos empresarios y de los costos del Estado que se acerca al billón de dólares en una última década. Otro ejemplo es la gran variedad de beneficios especiales previstos para el sector energético, especialmente petróleo y el gas, con lo que simultáneamente se roba al Tesoro, se distorsiona la asignación de recursos y se destruye el medio ambiente. Después, están las dádivas, que no parecen tener fin, de recursos nacionales, desde la gratuidad del espectro a las emisoras, hasta los subsidios a las madereras, pasando por las bajas regalías de las empresas mineras. También es necesario crear un sistema fiscal más eficiente y justo mediante la eliminación del tratamiento especial a las ganancias de capital y dividendos. ¿Por qué aquéllos que trabajan para vivir tienen que estar sujetos a impuestos más altos que los que viven de la especulación (a menudo a expensas de los demás)? Finalmente, con más del 20% de los ingresos totales concentrado en el 1% de los que más ganan, un pequeño aumento de 5%, por decir, en los impuestos cobrados efectivamente, recaudaría más de un billón de dólares en una década. Un paquete de reducción del déficit diseñado según estas directrices satisfaría las demandas hasta de los halcones del déficit. Aumentaría la eficiencia, promovería el crecimiento y mejoraría el medio ambiente, y beneficiaría a los trabajadores de la clase media. Sólo hay un problema: no beneficiaría a los que están arriba, a los intereses corporativos y otros que han venido dominando el diseño de las políticas en los Estados Unidos. Justamente es por su lógica convincente que hay pocas probabilidades de que dicha propuesta razonable se pueda llegar a adoptar.
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