Aumentan día tras día las evidencias del fracaso económico y social del centralismo clientelista montado a principios de siglo para repartir arbitrariamente a provincias, municipios y organizaciones sociales rentas extraídas del conjunto del país en magnitudes sin precedente. Las evidencias surgen desde ámbitos tan disímiles como las ocupaciones de tierras en la Capital y el Gran Buenos Aires, los malos resultados de los estudiantes argentinos en las evaluaciones educativas internacionales (PISA 2009) o la vuelta a la concentración de población en el GBA que surge del censo 2010.
No son pocos los que piensan que el sistema perdurará por la ficción que lo envuelve y protege. Aun en las provincias perjudicadas, son muchos los ciudadanos y dirigentes que creen, o quieren creer, que el reparto así montado es una concesión graciosa de la Nación. Que las "transferencias discrecionales" (no mandadas por ley) a provincias y municipios, que este año llegarán a cerca de 35.000 millones de pesos, son un obsequio bien habido y sin cargo.
La verdad es bien distinta, porque el sistema se basa en recursos extraídos a las provincias -a veces ilegal o ilegítimamente- con efectos muy negativos. Por un lado, la Nación se sigue apropiando de ingresos que debería estar coparticipando, como, por ejemplo, el impuesto a los créditos y débitos bancarios; o el 15% de la masa coparticipable que va a la Anses, pese a haber sido legislado en su momento como compensación por los ingresos que se aportaban a las AFJP, que ya no existen. La suma de estas apropiaciones indebidas es del mismo orden de magnitud del supuesto obsequio de las "transferencias discrecionales". Esto obedece, también, a que las retenciones a las exportaciones, que este año llegarán al récord de 50.000 millones de pesos, son recursos extraídos de las provincias, apenas atenuados por el premio consuelo de la devolución de un 30% de las retenciones sobre la soja, unos 5000 millones de pesos en 2010.
A la injusticia de estas apropiaciones indebidas de recursos por parte de la Nación, se agrega una larga lista de inequidades entre provincias y sectores sociales. Santa Cruz recibe transferencias para obra pública similares a las de la provincia de Buenos Aires y cincuenta veces mayores por habitante que las que recibe Córdoba. Una cifra cuidadosamente ocultada, cercana a los 25.000 millones de pesos tomados de las provincias, se distribuye entre sectores pudientes del Gran Buenos Aires para que puedan usar y malgastar la electricidad o el gas a una cuarta parte del precio que rige en países vecinos. En fin, las retenciones a las exportaciones castigan en mayor medida a las provincias del Norte, limitando el desarrollo de sus agroindustrias, de gran potencial, e impulsando emigraciones.
Un sistema de esta índole no es conducente a la convergencia económica y social de las provincias argentinas entre sí, por lo que seguirá motorizando emigraciones muchas veces empobrecedoras. Así se ha visto en los primeros resultados del censo 2010. Por primera vez desde 1980, los 24 partidos del Gran Buenos Aires han vuelto a ganar participación en la población total, del 24 al 24,7%. Si a ellos se agregan los nuevos del "cuarto cordón", el aumento es de 25,7 a 26,7%, porque ellos han crecido el doble que los tradicionales desde 2001. Es indudable que al menos parte de este cambio de tendencia se debe al empobrecimiento relativo de muchas provincias o distritos y a la baja calidad de sus servicios públicos de salud y educación, resultantes ambos de los límites que se imponen a su producción y de la exacción de recursos por parte de la Nación.
En lo que hace a los inmigrantes extranjeros, también influyen por cierto políticas socioeconómicas deficitarias, tanto en Bolivia como en Paraguay. Hace mucho tiempo que los estudiosos de las migraciones han mostrado el irresistible atractivo de las grandes ciudades, por su elevado ingreso medio por habitante y la mayor probabilidad de conseguir un empleo. Pero aquí la cuestión vira de tono, porque al disparatado sistema centralista se agrega el injusto tratamiento a la provincia de Buenos Aires en la coparticipación federal y, contra lo que se cree, también a los partidos del GBA, pese al fondo del conurbano. Según el Iaraf (Instituto Argentino de Análisis Fiscal), entre enero y noviembre de 2010 las provincias recibieron 2430 pesos por habitante en concepto de transferencias legales (no discrecionales), promedio que oculta abismales diferencias: desde los 9144 pesos recibidos por Tierra del Fuego hasta los mínimos de 1276 pesos de la provincia de Buenos Aires y los 634 recibidos por la ciudad de Buenos Aires. Quienes emigran hacia el Gran Buenos Aires no se equivocan, porque pese a todo es probable que sus oportunidades sean mayores allí. Pero la exacción a la que se somete también a esta región del país hace que muchas veces sus sueños se vean frustrados. El mismo sistema centralista y clientelista que los empuja a venir los maltrata a la llegada, como en una broma macabra.
Otra prueba clara y dolorosa del fracaso del centralismo vigente la dan los resultados de las evaluaciones internacionales PISA 2009 de aprendizajes de lengua, matemática y ciencia, tomadas a jóvenes de 15 años y recién publicadas. En línea con lo hallado por el estudio latinoamericano de educación primaria de la Unesco, se observa que los chicos argentinos aprenden cada vez menos en comparación con sus pares latinoamericanos. Según materias y niveles, la Argentina ha pasado del primero o segundo puesto en América latina a entre el sexto y el noveno en los últimos quince años.
Otro dato muy negativo de la prueba PISA es que de las 66 naciones o regiones participantes, la Argentina es el país en el cual los resultados de lectura dependen más de las diferencias entre escuelas: subsiste a pleno la vieja realidad de escuelas pobres para los pobres. Es evidente que no alcanzó con las leyes votadas en esta década (180 días, educación nacional, educación técnica y financiamiento), pese a haberse aumentado la inversión en educación, ciencia y tecnología del 4,2% del PBI en 2004 a 6% o más en 2010. Ninguna de las metas sustantivas de la ley de financiamiento se ha cumplido y, como se analizó en http://blogs.lanacion.com.ar/ciencia-maldita/, la idea de que el derrame de dinero todo lo arregla ha fracasado una vez más.
Es de todos modos penoso que ni el Gobierno ni la oposición hayan presentado proyectos de ley al Congreso para dar continuidad al financiamiento preferencial que la educación necesita y fijar nuevas metas a alcanzar e institutos que permitan lograrlo. Hay mayor consenso que en el pasado acerca de lo que hay que hacer para mejorar la Justicia y la calidad educativas. Sobresalen cinco puntos: universalizar el alcance de las políticas de desarrollo infantil y universalización del nivel inicial; doble jornada en primaria y media, empezando por las zonas más necesitadas, y con adquisición de competencias laborales a nivel medio; evaluación censal y no muestral de los aprendizajes al menos cada dos años, para que directivos, docentes, padres y alumnos sepan si su escuela está mejorando o no y para diseñar mejores políticas educativas, escuela por escuela, provincia por provincia; en fin, llegar a un nuevo contrato entre la sociedad y los maestros, que elimine flagrantes excesos y jerarquice definitivamente la profesión.
No son pocos los gobernadores que desearían hacer más de estas cosas, pero los recursos los limitan seriamente. Abundan también alternativas fiscales que permitirían mejorar este sistema, y el político que liderara este cambio sería a la larga un genuino triunfador. Mientras tanto, los príncipes de turno, no sólo los de hoy, se solazan en el centralismo clientelista creyendo que el fracaso económico y social no es tan importante, porque de todos modos se pueden seguir ganando elecciones con este sistema. Ya sería hora de que leyeran más certeramente una realidad que está empezando a cambiar y puede deparar sorpresas.
La verdad es bien distinta, porque el sistema se basa en recursos extraídos a las provincias -a veces ilegal o ilegítimamente- con efectos muy negativos. Por un lado, la Nación se sigue apropiando de ingresos que debería estar coparticipando, como, por ejemplo, el impuesto a los créditos y débitos bancarios; o el 15% de la masa coparticipable que va a la Anses, pese a haber sido legislado en su momento como compensación por los ingresos que se aportaban a las AFJP, que ya no existen. La suma de estas apropiaciones indebidas es del mismo orden de magnitud del supuesto obsequio de las "transferencias discrecionales". Esto obedece, también, a que las retenciones a las exportaciones, que este año llegarán al récord de 50.000 millones de pesos, son recursos extraídos de las provincias, apenas atenuados por el premio consuelo de la devolución de un 30% de las retenciones sobre la soja, unos 5000 millones de pesos en 2010.
A la injusticia de estas apropiaciones indebidas de recursos por parte de la Nación, se agrega una larga lista de inequidades entre provincias y sectores sociales. Santa Cruz recibe transferencias para obra pública similares a las de la provincia de Buenos Aires y cincuenta veces mayores por habitante que las que recibe Córdoba. Una cifra cuidadosamente ocultada, cercana a los 25.000 millones de pesos tomados de las provincias, se distribuye entre sectores pudientes del Gran Buenos Aires para que puedan usar y malgastar la electricidad o el gas a una cuarta parte del precio que rige en países vecinos. En fin, las retenciones a las exportaciones castigan en mayor medida a las provincias del Norte, limitando el desarrollo de sus agroindustrias, de gran potencial, e impulsando emigraciones.
Un sistema de esta índole no es conducente a la convergencia económica y social de las provincias argentinas entre sí, por lo que seguirá motorizando emigraciones muchas veces empobrecedoras. Así se ha visto en los primeros resultados del censo 2010. Por primera vez desde 1980, los 24 partidos del Gran Buenos Aires han vuelto a ganar participación en la población total, del 24 al 24,7%. Si a ellos se agregan los nuevos del "cuarto cordón", el aumento es de 25,7 a 26,7%, porque ellos han crecido el doble que los tradicionales desde 2001. Es indudable que al menos parte de este cambio de tendencia se debe al empobrecimiento relativo de muchas provincias o distritos y a la baja calidad de sus servicios públicos de salud y educación, resultantes ambos de los límites que se imponen a su producción y de la exacción de recursos por parte de la Nación.
En lo que hace a los inmigrantes extranjeros, también influyen por cierto políticas socioeconómicas deficitarias, tanto en Bolivia como en Paraguay. Hace mucho tiempo que los estudiosos de las migraciones han mostrado el irresistible atractivo de las grandes ciudades, por su elevado ingreso medio por habitante y la mayor probabilidad de conseguir un empleo. Pero aquí la cuestión vira de tono, porque al disparatado sistema centralista se agrega el injusto tratamiento a la provincia de Buenos Aires en la coparticipación federal y, contra lo que se cree, también a los partidos del GBA, pese al fondo del conurbano. Según el Iaraf (Instituto Argentino de Análisis Fiscal), entre enero y noviembre de 2010 las provincias recibieron 2430 pesos por habitante en concepto de transferencias legales (no discrecionales), promedio que oculta abismales diferencias: desde los 9144 pesos recibidos por Tierra del Fuego hasta los mínimos de 1276 pesos de la provincia de Buenos Aires y los 634 recibidos por la ciudad de Buenos Aires. Quienes emigran hacia el Gran Buenos Aires no se equivocan, porque pese a todo es probable que sus oportunidades sean mayores allí. Pero la exacción a la que se somete también a esta región del país hace que muchas veces sus sueños se vean frustrados. El mismo sistema centralista y clientelista que los empuja a venir los maltrata a la llegada, como en una broma macabra.
Otra prueba clara y dolorosa del fracaso del centralismo vigente la dan los resultados de las evaluaciones internacionales PISA 2009 de aprendizajes de lengua, matemática y ciencia, tomadas a jóvenes de 15 años y recién publicadas. En línea con lo hallado por el estudio latinoamericano de educación primaria de la Unesco, se observa que los chicos argentinos aprenden cada vez menos en comparación con sus pares latinoamericanos. Según materias y niveles, la Argentina ha pasado del primero o segundo puesto en América latina a entre el sexto y el noveno en los últimos quince años.
Otro dato muy negativo de la prueba PISA es que de las 66 naciones o regiones participantes, la Argentina es el país en el cual los resultados de lectura dependen más de las diferencias entre escuelas: subsiste a pleno la vieja realidad de escuelas pobres para los pobres. Es evidente que no alcanzó con las leyes votadas en esta década (180 días, educación nacional, educación técnica y financiamiento), pese a haberse aumentado la inversión en educación, ciencia y tecnología del 4,2% del PBI en 2004 a 6% o más en 2010. Ninguna de las metas sustantivas de la ley de financiamiento se ha cumplido y, como se analizó en http://blogs.lanacion.com.ar/ciencia-maldita/, la idea de que el derrame de dinero todo lo arregla ha fracasado una vez más.
Es de todos modos penoso que ni el Gobierno ni la oposición hayan presentado proyectos de ley al Congreso para dar continuidad al financiamiento preferencial que la educación necesita y fijar nuevas metas a alcanzar e institutos que permitan lograrlo. Hay mayor consenso que en el pasado acerca de lo que hay que hacer para mejorar la Justicia y la calidad educativas. Sobresalen cinco puntos: universalizar el alcance de las políticas de desarrollo infantil y universalización del nivel inicial; doble jornada en primaria y media, empezando por las zonas más necesitadas, y con adquisición de competencias laborales a nivel medio; evaluación censal y no muestral de los aprendizajes al menos cada dos años, para que directivos, docentes, padres y alumnos sepan si su escuela está mejorando o no y para diseñar mejores políticas educativas, escuela por escuela, provincia por provincia; en fin, llegar a un nuevo contrato entre la sociedad y los maestros, que elimine flagrantes excesos y jerarquice definitivamente la profesión.
No son pocos los gobernadores que desearían hacer más de estas cosas, pero los recursos los limitan seriamente. Abundan también alternativas fiscales que permitirían mejorar este sistema, y el político que liderara este cambio sería a la larga un genuino triunfador. Mientras tanto, los príncipes de turno, no sólo los de hoy, se solazan en el centralismo clientelista creyendo que el fracaso económico y social no es tan importante, porque de todos modos se pueden seguir ganando elecciones con este sistema. Ya sería hora de que leyeran más certeramente una realidad que está empezando a cambiar y puede deparar sorpresas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario