ES tanto, pero tanto que resulta complicado de dimensionar. El kirchnerismo ha logrado algo inédito: convertir a los colectivos urbanos y de larga distancia, que jamás en la historia tuvieron subsidios, en un yunque para las finanzas de la Argentina.
Desde 2002, salieron de la ventanilla oficial pagos por $ 34.000 millones destinados a los empresarios del transporte, que, claro está, benefician a los usuarios que pagan una tarifa baja, sobre todo en Capital Federal y el Gran Buenos Aires. ¿Qué significa este número que se parece a una peregrinación de nueve ceros seguidos? Por ejemplo, que cada día que pasó desde aquel aciago mayo de 2002, cuando la Argentina estaba aturdida por la crisis, el Estado aportó 10 millones diarios o, lo que es lo mismo, 425.000 por cada 60 minutos.
Desde entonces, cuando se instauró un precio diferenciado de gasoil para todos los colectivos que andan por el país, se entregaron 5300 millones de litros de ese combustible. A diferencia de otros consumidores, los transportistas pagan casi el 80% del gasoil que consumen a $ 0,97, muy por debajo de los 3,60 a los que se consigue en los surtidores porteños.
Si se lo quisiera acopiar, habría que tener un recipiente cúbico de 176 metros de largo por la misma altura para colocar todo el combustible que se subsidió al sector. Simple ejercicio gráfico: para cargar los 388 millones de litros de gasoil que el Gobierno entregó sólo al transporte porteño en 2010 se necesitaría una fila de alrededor de 640.000 Volkswagen Gol -el auto más vendido de la Argentina- que carguen su tanque. Cuando el primero termine de cargar el combustible en el Congreso, el último de la cola estaría a pocos kilómetros de Río Gallegos.
Este festival de cifras y millones que acompañan al transporte argentino no es más que la información pública que da a conocer mes a mes la Secretaría de Transporte y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y que La Nacion compiló en una base de datos que se irá actualizando mes por mes y que permitirá tener una radiografía de un sector clave, tanto para los usuarios como para la economía.
Como se dijo, las cifras abruman. En promedio, cada uno de los 9516 colectivos que circulan por la ciudad -según datos a diciembre de la CNRT- recibe 3410 litros de gasoil a precio diferencial, lo que da un total anual de 40.870 litros. Si el transportista tuviese que pagar ese combustible, necesitaría desembolsar $ 147.118. Sin embargo, gracias al precio subsidiado paga 39.640; del resto, 107.478, se hace cargo el Estado. A esa cifra habrá que sumarle una transferencia en efectivo que desde 2002 reciben los dueños de las líneas para hacer frente a los mayores costos -mucho mayores- con una tarifa prácticamente congelada. En promedio, cada colectivo que circula por la Capital Federal -numerados del 1 al 200- cobra para andar 23.367 por mes, lo que da un total anual de 280.410.
Así las cosas, cualquier usuario porteño que se pare en una esquina de Buenos Aires y que vea pasar uno de los 9516 colectivos que están declarados como que circulan puede estar seguro de que el Estado le entregó ese día $ 1062 a cada uno de ellos. Mañana, otro tanto, y pasado mañana, otro monto similar.
Nadie parece estar tan cómodo en un esquema que empezó en la emergencia, que se acentuó con los años y que ahora se tornó una carga para funcionarios y empresarios. Más allá de las sospechas que siempre rodearon y rodean a un sector que liquida esta catarata de millones con la simple presentación de una declaración jurada, la bola de nieve que se formó es cada vez más complicada de desarticular, especialmente en el transporte urbano.
Daniel Millaci, presidente de la Cámara de Empresarios del Autotransporte de Pasajeros, que reúne a gran parte de los dueños de colectivos porteños, le pone palabras al pensamiento de gran parte del sector. "Creemos que hay necesidad de incrementar las tarifas del sector porque el desfase que existe es enorme", dice. En la Capital Federal hay tres secciones de boleto que pagan $ 1,10, 1,20 y 1,25 pesos. "Cuando llega un delivery a su casa -dice a La Nacion-, seguro que le da más de un peso. Ya nada sale un peso." La realidad es que, según los datos que tienen los propios transportistas, el subsidio en efectivo más el gasoil subvencionado representan el 70% del total de lo que se recauda por cada unidad. Sólo $ 3 de cada 10 los aporta la tarifa.
Desde el Gobierno apuntan al Sistema Unico de Boleto Electrónico (SUBE) como la manera de transparentar el complejo sistema que prácticamente tiene desarticulados los controles desde hace años. Juan Pablo Schiavi, secretario de Transporte, habló anteayer con lanacion.com. "El Estado tiene, por primera vez, un control absoluto de todas las transacciones que existen gracias a la memoria electrónica, lo que permite blanquear todas las actividades económicas ligadas a este sector y tener una idea clara de la cantidad de viajes y de pasajeros transportados en la ciudad", explicó. Admitió que la medida despertó resistencias en algunas empresas de transporte, pero ya fueron superadas.
Tener en línea las transacciones no soluciona el problema. El SUBE tiene un costo que se paga a las empresas que intervienen en la comercialización, recarga, administración, almacenamiento y procesamiento de los datos. ¿Quién pagará por ese servicio si la tarifa está congelada? ¿Serán los transportistas relegando algo de su dinero o el Estado con más subsidios? La gimnasia de estos años indica que siempre que se incrementaron los costos, fue el Estado el que puso el dinero. En la Capital, los principales receptores de dinero público fueron el Grupo Plaza (de los Cirigliano), la línea 60 (Monsa), la 216, Azul (una empresa rosarina) y DOTA, el principal actor si se suman todas las empresas que tiene. Estas empresas son del grupo de las que reciben más de $ 100 millones por año.
El asunto no tiene principio ni fin en los límites de la Capital Federal. Desde hace años, el sistema de ómnibus de larga distancia también tiene fuertes subsidios, no en dinero en efectivo, pero sí en gasoil. Cada una de las unidades que transitan por el país lo hace con combustible barato. Desde 2006, se otorgó un cupo de 5200 millones de litros. Allí, los principales receptores de gasoil subsidiado son Flecha Bus (de la familia entrerriana Derudder), Plaza, Vía Bariloche, Nueva Chevallier y Crucero del Norte.
Años de políticas públicas, erradas o no, formaron esta maraña de millones. Es fácil aproximarse desde una base de datos y contar la fila de ceros que forman cada número; pero es imposible desarmarla de un día para otro.
Reactivación de demanda versus desinflación
Hace 1 mes
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