Las patas de la mentira ya no son tan largas. Por Adrián Simioni

Es raro: el debate electoral debería poner sobre la mesa una cuestión clave que, sin embargo, parece obturada por la creencia instalada que da por hechas la postulación y la victoria de Cristina Fernández y porque la agenda económica se oculta tras 
escándalos de poca monta.
La cuestión es que el “modelo” –ahora autodenominado “proyecto nacional y popular”, como si el resto de las fracciones políticas fueran “británicas y oligárquicas”– ha variado de manera sustancial. La progresiva de-saparición de los superávit 
gemelos (el fiscal y el comercial) y del colchón de competitividad de salarios bajos derivados de la devaluación duhaldista modificará la política económica luego de las elecciones (si no antes).

Esto no es el pronóstico de ninguna hecatombe, que nadie prevé. Es sólo que, por dar apenas un ejemplo, ya sin tantos recursos excedentes para sostener déficits como el de Aerolíneas Argentinas, será difícil dedicar cuatro años a seguir autoelogiándose por la decisión de reestatizarla y mantener a los gremios aeronáuticos en relativa calma.
El caso de la inflación. Seguir con el simplismo de falsear la inflación es un claro ejemplo de los límites que se están tocando. Y por razones no sólo políticas –como 
el absurdo de que ahora la cifra más creíble la dé la oposición, con base en el promedio simple de datos privados–, 
sino financieras.
El lunes, en una reunión de la Fundación Mediterránea, el economista Jorge Vasconcelos planteó, entre otras cosas, que también se han achicado los márgenes para que el Estado nacional siga pagando los vencimientos 
de la deuda de la administración pública con los dólares de lo que debería ser un organismo autárquico, como el Banco Central.
Entre 2010 y 2011, se destinaron 15 mil millones de dólares de las llamadas “reservas de libre disponibilidad” 
a cancelar obligaciones. Y, según el cálculo de Vasconcelos, hacia fin de este año 
quedará, según la definición actual de esas reservas, un margen de entre dos mil y tres mil millones de dólares para aplicar al mismo fin.
En parte, esto es por el achique del superávit comercial, que tiende a dejar un menor margen de dólares en el país. Y, con una reducción de su superávit fiscal, el Estado tiende a contar con menos chances que en años anteriores de afrontar los pagos con su propio dinero.
Como los vencimientos superan la cifra de dólares que, se supone, estarán disponibles, lo esperable es que el Estado deba esforzarse, por primera vez en muchos años, por conseguir crédito. Financiamiento real, no el de la Anses, que también ve achicarse sus márgenes. Anses podría obtener recursos para prestarle al Estado si vendiera las acciones en las que se invirtieron los ahorros previsionales de la década de 1990. Pero eso implica obstáculos económicos (tiraría abajo la Bolsa) y políticos (¿cómo explicarlo en 6,7,8?).
La plata es lo de menos. No es que el Estado no consiga que hoy le presten. Pero debe convalidar una tasa de nueve por ciento anual, muy superior al cinco por ciento que paga, por ejemplo, Brasil. Y que puede llegar a ser más alta si cambia el panorama internacional de tasas 
súper deprimidas.
Si quiere abaratar ese costo, Argentina está forzada a cambiar la percepción de los prestamistas sobre su nivel de riesgo. Mentir la inflación es una de las cosas que menos ayuda a ser creíble. No en vano el ministro de Economía, Amado Boudou, abrió una puertita para que, sin que los votantes kirchneristas lo noten demasiado, el Fondo Monetario Internacional (FMI) le avale una nueva forma de medir la variación de precios. Una alternativa es impulsar políticas para que la inflación baje, ya sean “nacionales y populares”, 
como las de controles de precios, o “liberales y salvajes”, como las de ajuste.
El de la inflación es sólo un ejemplo sobre cómo un marco económico que cambió obligará a modificar 
varias políticas públicas, 
que además están encadenadas. El próximo Gobierno tendría, posiblemente, dos opciones:
Correr hacia adelante. Aquí se explican los temores empresarios a que el Gobierno busque nuevos modos de apropiación de rentas, como la nacionalización del comercio de granos, pero en un contexto en el que los tres niveles del Estado se apropian ya del 34,7 por ciento del producto interno bruto.
Doblar más o menos en “U”. Lo cual tendría fuertes costos políticos frente a los sectores estatales, sindicalizados, protegidos de la competencia y/o subvencionados.
Quién sabe... capaz que los perdedores de las próximas elecciones terminen festejando la derrota como una victoria. Después de todo, hoy no parece buen negocio hacerse cargo del futuro gobierno. Y lo mejor sería que quien encendió el horno se encargue de sacar los bollos.