Al compás de la campaña electoral y de los buenos números de la economía, se ha ido gestando la teoría de que la alta inflación, lejos de ser dañina, es benigna al permitir aumentos del consumo, de la producción, de la recaudación fiscal, del gasto público, de los salarios, de los planes sociales y de las jubilaciones, y dejar a todo el mundo contento.
De ser cierta esta visión, estarían equivocados 183 de los 185 países del mundo que en 2010 se esforzaron por mantener la inflación por debajo del 20%, y, más aún, los 161 países que no permitieron que superara el 10%. Acertarían, en cambio, Afganistán y Venezuela, que estuvieron cerca del 20 y del 30%, respectivamente.
¿Y la Argentina? Aquí se ha vuelto riesgoso hablar de la inflación. No hace falta recurrir a odiosas defensas corporativas para preocuparse por el autoritarismo de sancionar a quienes procuran reemplazar los falaces números del Indec. Quienes lo hacen pasan por alto que las pocas provincias que todavía se animan a mediciones independientes muestran números muy superiores a los del Indec y semejantes a las estimaciones privadas; a saber, un 23,3% de aumento anual de los precios al consumidor hasta marzo o abril de este año. Es de esperar que las provincias no sean también sancionadas por eso. Otros indicadores del propio Indec muestran lo mismo; por ejemplo, el aumento del 28,1% anual del rubro "gastos generales" de la construcción, que representa un conjunto significativo de bienes y servicios.
Amén de considerar satisfactorio el comportamiento reciente de la economía pese a los aumentos de precios, los teóricos de la inflación benigna acercan otros dos argumentos. El primero es que nuestro país ya convivió sin mayores problemas durante unos treinta años con la "inflación latina", que promediaba un 25 o 30% anual.
La verdad es que, pese a algunos ciclos favorables, el crecimiento de la economía entre 1945 y 1974 estuvo lejos de ser brillante y sostenido. Pero no se dice, además, que si la inflación pudo mantenerse a raya hasta 1974 fue porque se intentaron en el camino cuatro planes importantes de estabilización, en 1952, 1959, 1967 y 1973, dos de ellos durante presidencias de Perón, que detestaba la inflación aunque no siempre actuara en consecuencia. Pese a los aciertos iniciales ninguno de estos cuatro planes pudo evitar que al tercer año la inflación volviera a subir. Pero sin estas políticas de estabilización la "megainflación", que se inició en 1975 y se mantuvo catorce años por encima del 100% anual, habría llegado mucho antes.
La otra línea argumental de la inflación benigna es cuestionar que sean los pobres quienes más se perjudican con ella por ser el impuesto inflacionario el más regresivo de los tributos. Ello sería así porque el incesante aumento del gasto público y de los programas sociales -tales como la bienvenida asignación por hijo o la sustancial ampliación del número de los jubilados- mitigaría o anularía el castigo a los más pobres.
Estudios recientes, sin embargo, muestran otras facetas. Así, un trabajo del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (Cifra, ligado a la CTA) subraya que el aumento de los salarios reales del conjunto de trabajadores se estancó desde 2007, aunque siguió vigente para los trabajadores registrados. Como consecuencia, la participación de los asalariados en el ingreso se encontraba en 2010 todavía por debajo de los primeros años de la década del 90. En fin, desde 2007 en adelante se estancó la sustancial reducción de la pobreza lograda hasta entonces, observándose en 2010 valores del 22,9% de la población para la pobreza y del 6,1% para la indigencia, más del doble de los estimados por el Indec.
Coinciden con estas apreciaciones, agregando valor, los resultados del último informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (ODSA). Tal como en el estudio de Cifra, se observa en la mayoría de los indicadores económicos y sociales de los hogares una sustancial mejora entre 2004 y 2007 y un estancamiento o caída de allí a 2010.
Uno de los valores agregados por el ODSA es que permite conocer con mayor detalle lo ocurrido a los más pobres. Los indicadores relevados son muy diversos, pero aquí nos concentraremos en los vinculados al nivel de ingresos, a saber, la suficiencia del ingreso monetario mensual, la capacidad de ahorro, la necesidad de recortar gastos en atención de la salud y medicamentos o de postergar pagos de servicios, alquileres o cuotas hipotecarias, el déficit de ropa de abrigo y calzado y, en fin, el riesgo alimentario general. Desde 2007 en adelante, todos estos indicadores han empeorado para el promedio de la población, salvo el del ingreso mensual insuficiente. Para el 25% de la población de menores ingresos empeoraron todos los indicadores, sin excepciones y más intensamente que para el resto de la sociedad. Es cierto que desde 2007 hasta 2010 la economía creció la mitad, que se atravesó una crisis global sin precedente y que la creación de empleos fue menor. Pero es claro que la principal causa del deterioro de los ingresos, especialmente de los más pobres, ha sido la inflación. Una evidencia al respecto es que para el conjunto de la población relevada entre 2009 y 2010 empeoraron cinco de los siete indicadores, y para los más pobres seis de los siete, quedando a salvo sólo el riesgo alimentario general, que bajó levemente, aunque sin mejoras respecto de 2006. Esta caída de los ingresos reales al pasar de un año de recesión y despidos como 2009 a otro de clara recuperación como 2010 no puede explicarse, sino por la aceleración de la inflación.
Los precios al consumidor no parecen estar acelerándose, pero sí lo están haciendo los precios mayoristas, los costos de la construcción y los salarios, estos últimos en respuesta a una inflación de la que los trabajadores no son responsables y que perciben creciente, procurando aumentos preventivos. Todo esto no augura un buen futuro para el IPC, que tampoco se corregirá con el anunciado congelamiento. Además, como ocurre siempre en alta inflación, hay precios que se están retrasando, en especial los de la energía, y en menor medida, el tipo de cambio. Y si bien es cierto que la Argentina tiene hoy un marco externo propicio, que permite financiar estas distorsiones mediante subsidios, su duplicación en lo que va de 2011 muestra el riesgo de tal política.
El problema de inflación que enfrenta la Argentina es serio, y más preocupante aún por perjudicar más a los pobres, pero puede resolverse. Por ello no deja de sorprender la pertinaz actitud del Gobierno de negar la realidad y sortear así también su cura. Siempre hay excusas: en 2008 porque subían las commodities ; en 2009 porque estaban la crisis global y el año electoral ; en 2010 habrá sido por el Bicentenario, y en 2011 porque hay elección presidencial. También se esgrime como prueba de la benignidad y para justificar la inacción el hecho de que la sociedad no le otorga prioridad a este problema en las encuestas y, ya se sabe, se gobierna para ellas, aquí y en otros lados. La gente no está obligada a conocer los riesgos de estas políticas y, en el entramado de las excusas y las encuestas, se la amenaza con el fantasma de que estabilizar es igual a caer en recesión, lo que es falso como lo prueban numerosos casos en nuestro propio continente. Lo que hay es una opción por las conveniencias de corto plazo y un descuido temerario por los costos que ya están pagando los más pobres y se extenderán luego a la sociedad, salvo que se reaccione a tiempo.
Amén de considerar satisfactorio el comportamiento reciente de la economía pese a los aumentos de precios, los teóricos de la inflación benigna acercan otros dos argumentos. El primero es que nuestro país ya convivió sin mayores problemas durante unos treinta años con la "inflación latina", que promediaba un 25 o 30% anual.
La verdad es que, pese a algunos ciclos favorables, el crecimiento de la economía entre 1945 y 1974 estuvo lejos de ser brillante y sostenido. Pero no se dice, además, que si la inflación pudo mantenerse a raya hasta 1974 fue porque se intentaron en el camino cuatro planes importantes de estabilización, en 1952, 1959, 1967 y 1973, dos de ellos durante presidencias de Perón, que detestaba la inflación aunque no siempre actuara en consecuencia. Pese a los aciertos iniciales ninguno de estos cuatro planes pudo evitar que al tercer año la inflación volviera a subir. Pero sin estas políticas de estabilización la "megainflación", que se inició en 1975 y se mantuvo catorce años por encima del 100% anual, habría llegado mucho antes.
La otra línea argumental de la inflación benigna es cuestionar que sean los pobres quienes más se perjudican con ella por ser el impuesto inflacionario el más regresivo de los tributos. Ello sería así porque el incesante aumento del gasto público y de los programas sociales -tales como la bienvenida asignación por hijo o la sustancial ampliación del número de los jubilados- mitigaría o anularía el castigo a los más pobres.
Estudios recientes, sin embargo, muestran otras facetas. Así, un trabajo del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (Cifra, ligado a la CTA) subraya que el aumento de los salarios reales del conjunto de trabajadores se estancó desde 2007, aunque siguió vigente para los trabajadores registrados. Como consecuencia, la participación de los asalariados en el ingreso se encontraba en 2010 todavía por debajo de los primeros años de la década del 90. En fin, desde 2007 en adelante se estancó la sustancial reducción de la pobreza lograda hasta entonces, observándose en 2010 valores del 22,9% de la población para la pobreza y del 6,1% para la indigencia, más del doble de los estimados por el Indec.
Coinciden con estas apreciaciones, agregando valor, los resultados del último informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (ODSA). Tal como en el estudio de Cifra, se observa en la mayoría de los indicadores económicos y sociales de los hogares una sustancial mejora entre 2004 y 2007 y un estancamiento o caída de allí a 2010.
Uno de los valores agregados por el ODSA es que permite conocer con mayor detalle lo ocurrido a los más pobres. Los indicadores relevados son muy diversos, pero aquí nos concentraremos en los vinculados al nivel de ingresos, a saber, la suficiencia del ingreso monetario mensual, la capacidad de ahorro, la necesidad de recortar gastos en atención de la salud y medicamentos o de postergar pagos de servicios, alquileres o cuotas hipotecarias, el déficit de ropa de abrigo y calzado y, en fin, el riesgo alimentario general. Desde 2007 en adelante, todos estos indicadores han empeorado para el promedio de la población, salvo el del ingreso mensual insuficiente. Para el 25% de la población de menores ingresos empeoraron todos los indicadores, sin excepciones y más intensamente que para el resto de la sociedad. Es cierto que desde 2007 hasta 2010 la economía creció la mitad, que se atravesó una crisis global sin precedente y que la creación de empleos fue menor. Pero es claro que la principal causa del deterioro de los ingresos, especialmente de los más pobres, ha sido la inflación. Una evidencia al respecto es que para el conjunto de la población relevada entre 2009 y 2010 empeoraron cinco de los siete indicadores, y para los más pobres seis de los siete, quedando a salvo sólo el riesgo alimentario general, que bajó levemente, aunque sin mejoras respecto de 2006. Esta caída de los ingresos reales al pasar de un año de recesión y despidos como 2009 a otro de clara recuperación como 2010 no puede explicarse, sino por la aceleración de la inflación.
Los precios al consumidor no parecen estar acelerándose, pero sí lo están haciendo los precios mayoristas, los costos de la construcción y los salarios, estos últimos en respuesta a una inflación de la que los trabajadores no son responsables y que perciben creciente, procurando aumentos preventivos. Todo esto no augura un buen futuro para el IPC, que tampoco se corregirá con el anunciado congelamiento. Además, como ocurre siempre en alta inflación, hay precios que se están retrasando, en especial los de la energía, y en menor medida, el tipo de cambio. Y si bien es cierto que la Argentina tiene hoy un marco externo propicio, que permite financiar estas distorsiones mediante subsidios, su duplicación en lo que va de 2011 muestra el riesgo de tal política.
El problema de inflación que enfrenta la Argentina es serio, y más preocupante aún por perjudicar más a los pobres, pero puede resolverse. Por ello no deja de sorprender la pertinaz actitud del Gobierno de negar la realidad y sortear así también su cura. Siempre hay excusas: en 2008 porque subían las commodities ; en 2009 porque estaban la crisis global y el año electoral ; en 2010 habrá sido por el Bicentenario, y en 2011 porque hay elección presidencial. También se esgrime como prueba de la benignidad y para justificar la inacción el hecho de que la sociedad no le otorga prioridad a este problema en las encuestas y, ya se sabe, se gobierna para ellas, aquí y en otros lados. La gente no está obligada a conocer los riesgos de estas políticas y, en el entramado de las excusas y las encuestas, se la amenaza con el fantasma de que estabilizar es igual a caer en recesión, lo que es falso como lo prueban numerosos casos en nuestro propio continente. Lo que hay es una opción por las conveniencias de corto plazo y un descuido temerario por los costos que ya están pagando los más pobres y se extenderán luego a la sociedad, salvo que se reaccione a tiempo.
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