Cuenta pendiente: la reforma tributaria. Por Carlos Petroli

(Publicado en La Voz del Interior, Suplemento Agropecuario, 03/06/2011)
Cambios importantes en el encuadramiento impositivo del agro están contenidos en la propuesta de reforma tributaria que esta semana llevaron al Congreso las principales cámaras empresarias de la Región Centro.
En la proximidad de la campaña electoral, la presentación no califica sólo por su valor coyuntural, de oportunidad. Su mayor relevancia es de otro rango: contribuye a instalar y poner de nuevo sobre el escenario político un tema de fondo para los intereses estratégicos de largo plazo del país.

Gane quien gane las elecciones y se instale en la Casa Rosada y el Congreso, los puntos centrales del documento seguirán mostrando la punta del iceberg: la necesidad “inmediata e impostergable”, como advierten los empresarios, de implementar una reforma integral del sistema tributario en sus tres niveles (nacional, provincial y municipal).
Con ese ambicioso expediente, en un marco de crecientes demandas sociales, la Argentina podría fomentar las inversiones productivas, fortalecer el desarrollo económico y social y aumentar el nivel de actividad y el empleo.
Aguad y Juez, presentes. Oscar Aguad y Luis Juez, actuales legisladores nacionales por Córdoba y aspirantes a la gobernación, recibieron a la comitiva de técnicos y empresarios de la Región Centro, junto a otros miembros del Congreso.
La creación de un Consejo Económico y Social que asesore al Congreso sobre la reforma en materia de impuestos al comercio exterior, sugerida en el documento, también está en los planes de Ricardo Alfonsín. Durante un encuentro con los ruralistas de Carbap, el candidato presidencial de la UCR apuntó que un Consejo Económico y Social, similar al que funciona en Brasil, permitiría una fluida interacción del Gobierno con los actores sociales y económicos.
En los lineamientos elaborados por una treintena de técnicos y cámaras empresarias de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, se menciona que dicho Consejo asesoraría al Congreso “sobre la implementación o no” de derechos de exportación y las alícuotas a aplicar. “Si se decide su aplicación, deberán tener alícuotas moderadas, respetar la realidad económica y la no confiscatoriedad, deberá existir razonabilidad y proporcionalidad y deberá asegurar un óptimo equilibrio fiscal. Debería permitirse su utilización como pago a cuenta del Impuesto a las Ganancias”, recomiendan los empresarios.
¿Qué utilidad tendría el análisis multisectorial con participación del Estado nacional, el Congreso, las organizaciones empresarias y sociales?
Según los privados, tal abordaje radica en que la imposición al comercio exterior tiene aristas complejas: está vinculada al perfil que asume el país dentro de la economía mundial y es un tema estrechamente conectado con el rumbo de la política económica nacional, con implicancias cambiarias, fiscales y monetarias.
En el caso de las retenciones agropecuarias, los técnicos de la Región Centro eluden un abordaje oportunista: las ubican en la categoría de “otros tributos que merecen un análisis especial”, junto con el impuesto de Sellos y sobre los Ingresos Brutos.
En cambio, enumeran en la lista de “tributos que deberían eliminarse” a los de Ganancia Mínima Presunta; contribución especial sobre el capital de las cooperativas; impuesto a los débitos y créditos bancarios y varias tasas municipales.
La gran cantidad de impuestos nacionales y alta complejidad en su administración son parte de un diagnóstico contundente: si se mide la presión teórica sobre los que pagan, la carga tributaria en relación con el producto interno bruto formal habría ascendido al 48 por ciento en 2010, por encima de varios países del primer mundo.