domingo, 8 de abril de 2012

El gobierno gastó $13.000 millones en 2011 en firmas renacionalizadas

(Nota aparecida en Clarín. Domingo 8/4/2012)
La avanzada del Gobierno nacional sobre las empresas que nacieron estatales, se privatizaron en los años 90 y volvieron total o parcialmente a la órbita estatal tuvo un costo, para todos los argentinos, de al menos 13.000 millones de pesos en 2011. Los fondos superan ampliamente los 9.000 millones presupuestados para solventar en 2011 la Asignación Universal por Hijo.
La discusión sobre el “Estado empresario” se recalentó en estos días, a partir de la indisimulada intención oficial de avanzar sobre la petrolera YPF , una operación que, de concretarse, tendrá no sólo una altísimo impacto político, sino la exigencia de cuantiosos fondos para poner la producción de gas y petróleo a la altura de las expectativas de los funcionarios.
En lo que va del siglo el Gobierno tuvo la chance de volver a administrar empresas como Aerolíneas, el Correo Argentino y AySA. En cualquier caso lo que se ve es que los estándares de calidad son al menos discutibles y los balances siguen mostrando la necesidad de un auxilio del fisco para mantenerlas en funcionamiento. Del Correo Argentino se sabe poco. Hugo Moyano lanzó en público que la empresa tiene un balance con un rojo de $ 300 millones. La estrechez de recursos que se avecina es una seria amenaza que pesa sobre la marcha de estas compañías.
Los ferrocarriles. Fondos públicos en manos privadas.
Las restatizaciones ferroviarias se llevan $ 3.000 millones anuales en medio de una situación llamativa. Las tres líneas de pasajeros y la empresa de cargas que recuperó el Estado no quedaron bajo la operación de funcionarios del Gobierno, sino por dos sociedades privadas que fueron elegidas a dedo.
Tras rescindir en 2004 la concesión de la línea San Martín que operaba el grupo Taselli, el Gobierno le otorgó el manejo de los trenes a la UGOFE, una sociedad que integran las tres operadoras ferroviarias privadas de los subtes y los trenes metropolitanos: Metrovías, TBA y Metrovías.
En 2006, el Gobierno retoma la administración del ferrocarril Belgrano Cargas y cede la operación a un heterogéneo consorcio denominado SOE (Sociedad Operadora de Emergencia) que reune a los grupos locales Macri, Roggio y Emepa y a los gremios de la Unión Ferroviaria, La Fraternidad y Camioneros.
En 2007, tras cancelar las concesiones de las líneas Roca y Belgrano Sur, la administración K vuelve a entregar la operación de los servicios a la UGOFE.
En todos los casos, el Gobierno abona a los operadores privados una suma mensual por el gerenciamiento y además afronta los sueldos de todos los empleados que pasaron a la órbita estatal.

Aerolíneas Argentinas. Rojo furioso en la empresa que maneja La Cámpora. 
La estatización de Aerolíneas Argentinas y de Austral Líneas Aéreas comenzó el 8 de julio de 2009: esa mañana, previa a un fin de semana largo, Ricardo Jaime se hizo presente en el edificio de Aerolíneas, sobre la calle Bouchard. Secretario de Transportes desde que Néstor Kirchner asumiera en 2003, ese día Jaime aunció que el Estado se haría cargo del pago de los sueldos de la compañía . Fue el comienzo de una estatización de hecho, ya que hasta hoy las acciones de Aerolíneas siguen en poder de la española Viajes Marsans.
Desde 2008, Aerolíneas acumula pérdidas crecientes que ya se computa en miles de millones de dólares. Fueron US$ 320 millones de pérdidas en el primer año y llegaron a US$ 805 millones en 2011. Desde julio de 2008 hasta febrero de este año, los contribuyentes argentinos aportaron al funcionamiento de Aerolíneas y Austral exactamente 2.410 millones de dólares Lo llamativo es que apenas 10% de ese monto fue destinado a la compra de nuevos aviones. El resto fue para pagar el déficit operativo de las dos líneas aéreas.
La gestión al frente de Aerolíneas Argentinas de Mariano Recalde, joven dirigente proveniente de la agrupación La Cámpora, tiene estos punto salientes. Incrementó las rutas y frecuencias dentro del territorio argentino; modernizó la, con un mix entre aviones nuevos y propios (20 Embraer brasileños y dos Boeing 737-700) y otros tantos equipos, algo más viejos y alquilados. El tercer elemento es el creciente costo de la estatización para todos los argentinos.
Correo Argentino. Pobres resultados en el primer ensayo.


Este año va a perder 300 millones de pesos que los pagamos entre todos”, aseguró el jefe de la CGT, Hugo Moyano, hace un mes. En medio de una pelea con el Gobierno, Moyano le apuntó a un símbolo del kirchnerismo: Correo Argentino fue la primer empresa reestatizadadesde que asumió Néstor en 2003.
En el oficialismo siempre aseguraron que la empresa comenzó a dar ganancias desde que volvió al sector público. “La estatización del Correo Argentino derribó el mito de que las empresas en manos del Estado daban pérdidas”, señaló la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, el año pasado.
El líder de Camioneros puso el dedo en la llaga y sostuvo que en 2012 Correo Argentino perdería 300 millones de pesos.
El correo había sido privatizado en 1997, otorgando una concesión por 30 años. Sin embargo, fue re-estatizado el 19 de noviembre de 2003. En ese momento, el Gobierno decidió rescindir el contrato a la Sociedad Macri (SOCMA) por una millonaria deuda en concepto de canon que la concesionaria debía pagar al Estado.
El decreto que determinó la caída del contrato preveía el llamado a licitación para volver a ofrecerla a una empresa privada, pero esa alternativa quedó desechada debido a los resultados económicos que está ofreciendo la gestión estatal, de acuerdo a lo dicho por el ministro de Planificación, De Vido.
AYSA - Cada año demanda más recursos del presupuesto.
La empresa Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) recibió $3.455,1 millones del Estado durante 2011. En comparación con 2010, la empresa que cubre el servicio de provisión de agua potable y cloaca a 17 distritos del conurbano bonaerense obtuvo un 80% más de dinero de las arcas públicas .
AySA nació el 21 de marzo de 2006 cuando el ex presidente Néstor Kirchner le rescindió el contrato de Aguas Argentinas al grupo francés Suez. La compañía europea arrastraba una mala relación con el gobierno K que le mantenía congeladas las tarifas. Desde el Gobierno aludieron a que Aguas Argentinas incumplía las obras pautadas en el contrato de concesión y por los elevados niveles de nitrato en pozos de agua. “La empresa Suez, con los argentinos más necesitados se portó muy mal”, dijo Kirchner en aquéllos días.
Aquél día de marzo el 90% de la compañía quedó en manos del Estado y el 10% restante bajo el dominio de los trabajadores. Así ingresó el titular del sindicato de Obras Sanitarias, José Luís Lingeri, ingresó al directorio y aún se mantiene en el lugar.
El ente regulador de la empresa, ERAS, fue objeto de polémica ya que le falta participación de los usuarios y es muy dependiente del Ministerio de Planificación.
ARSAT. Las transmisiones satelitales, con la mira en la TV digital. 
La Empresa Argentina de Soluciones Satelitales en realidad es conocida como ARSAT.
El año pasado recibió $2.150,8 millones.
Con la venia del Congreso, la empresa se creó el 6 de junio de 2006. El objetivo de la empresa consistía en “prestar servicios satelitales en lo que hace a la distribución de señal de TV y radio, televisión directa al hogar, Internet, transmisión de datos y transmisión multimedial para locaciones con poca o nula infraestructura”, según palabras del ministro Julio De Vido. Se formó como una sociedad anónima con mayoría estatal.
Para colocar un satélite allá arriba, el Estado primero necesitaba un lugar en el espacio. Entonces le quitaron la concesión a la empresa Nahuel Sat de la posición orbital 81, oeste, amparados bajo el argumento de “falta de inversiones”. Luego el Estado dio un paso más. En octubre de 2006 dejó en manos de Ar-Sat los activos y las acciones de Nahuel Sat que ya contaba con un satélite funcionando en el espacio.
En 2011, ARSAT ingresó al negocio de la TV Digital. Su padre, De Vido, fijó que quienes quieran sumarse al negocio de la TV digital lo harán desde la plataforma y las antenas de ARSAT, a la que tendrán que pagarle $ 24.000.








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