El problema es la política energética. Por Enrique Szewach

(Nota publicada en Diario Perfil el 14/04/2012)

A estas alturas, ya todos saben en la Argentina y en el mundo que tenemos un problema de abastecimiento de combustibles, materia prima para generar energía, impulsar máquinas en las industrias y, obviamente, movilizar, a través del transporte, a personas y cargas.

Sin embargo, bien mirado, lo que en realidad tenemos es un problema de abastecimiento de combustibles, pero a estos precios internos y bajo las reglas actuales.
No es que falten combustibles en el mundo, ni tampoco, si las especulaciones en torno a los recursos petroleros y de gas se concretan, faltan en la Argentina.

Si no hay cantidades suficientes para nuestro mercado es porque, con los actuales precios y reglas, los productores y refinadores de petróleo y gas no tienen los incentivos suficientes para explorar nuevos yacimientos o producir más, ni tampoco están en condiciones de importar directamente la diferencia, dado que ello implicaría vender a pérdida en el mercado interno. Y los generadores y distribuidores de energía tampoco tienen la remuneración adecuada para ampliar y mejorar su producción y servicio.

En el sector energético, como en muchos otros, aunque se note menos por su importancia relativa, el problema es la política aplicada, más allá del comportamiento individual de cada empresa. Es cierto que en el caso particular de YPF también influyen las especiales condiciones que rodearon, en su momento, el ingreso de un nuevo accionista, aunque eso también es parte de la política energética, porque esas condiciones fueron alentadas y aprobadas por las actuales autoridades.

Pero no podemos perder de vista que el problema energético de nuestro país desborda y va mucho más allá de la petrolera de mayoría accionaria española. Hasta ahora, esto fue disimulado con el uso de dineros públicos. Dineros públicos para subsidiar las diferencias de precios entre lo que pagan los consumidores de electricidad y gas y lo que cuesta producir o importar. Dineros públicos que, obviamente, son impuestos privados. Es decir, fueron los impuestos que pagamos todos los que financiaron la energía barata que consumimos algunos.

Otra parte de este “subsidio” fue financiada por los productores, que no recibieron los verdaderos precios, de allí la caída de la producción y la exploración. Pero ante el aumento de la demanda de energía, derivada del crecimiento económico y del derroche generado por los bajos precios, la brecha entre producción local e importada se incrementó. Y con la explosión inflacionaria de la fiesta populista, la distancia entre los costos de producir y los precios pagados por los consumidores también se amplió.

El resultado es que el gasto público en subsidios al sector energético creció ¡unas veinte veces! (en números redondos de $ 2 mil millones en 2005 a $ 40 mil en 2011), y el saldo exportable, de unos US$ 5 mil millones, se convirtió en importaciones por casi US$ 4 mil millones en 2011.

En este contexto, queda claro que lo que hay que cambiar es la política, no la composición del paquete accionario de YPF. La expropiación de YPF, sin cambios en la política energética, no es una solución, es un nuevo problema. Simplemente habría que agregar un renglón en el presupuesto que dijera “subsidios a YPF”. Obviamente, esto si fuera posible, sin romper con la comunidad internacional, y se tuvieran los fondos necesarios para pagarles a los accionistas minoritarios un valor razonable, como obligan las reglas internacionales, más allá del Estatuto de YPF.

Variantes. Si por el contrario se pensara en cambiar la política energética, la expropiación de YPF no sería necesaria. Bastaría, como se hizo ahora, con acordar otro esquema de distribución de dividendos con sus accionistas principales y exigirle, como al resto de las petroleras, el cumplimiento de sus contratos de concesión. Y si el Estado desea tener una empresa petrolera propia, basta también con crear Enarsa y darle la exploración y explotación del litoral marítimo. ¿Cómo dice? ¡¿Que ya está creada?!

En síntesis, el problema de estos años no ha sido YPF, o en todo caso, ha sido YPF inserta en una política energética desastrosa. Sin un cambio profundo de esa política, la expropiación de YPF es sólo un muy mal negocio. Y con el cambio, esa expropiación es, desde todo punto de vista, innecesaria.

Salvo para ampliar nuestro aislamiento del mundo, subir el riego país y espantar las inversiones. Aun más.