En 1987 regresé al país, luego de once años en el exterior.
Era, entonces, independiente. No tenía militancia alguna y –salvo un año junto a Arturo Frondizi, en mi adolescencia— carecía de antecedentes políticos.
Un libro escrito dos años antes tuvo la virtud (para mí) de acercarme al Presidente Alfonsín. Él leyó
La Argentina del Siglo 21 y me ofreció, “para empezar a construirla”, nada menos que el Ministerio de Obras y Servicios Públicos: un titán burocrático, que producía déficit e inflación como ningún otro sector del Estado; pero daba de comer a 650.000 personas, incluidos los trabajadores de las industrias estatales, a las cuales radicales y peronistas cantaban mantras; y el neoliberalismo dedicaba blasfemias.
La discusión entre “estatistas” y “privatistas” era, para mí, incomprensible.
¿Quién podía sostener que toda empresa o agencia estatal era ineficiente? ¿No comprábamos acaso automóviles Renault?. ¿No había llegado Neil Armtrong a la Luna? Por otra parte, ¿quién había dicho que toda empresa privada garantizaba eficiencia? ¿Qué explicación tenían entonces las quiebras?
Estos razonamientos no me llevaban a los desbarros estatistas. ¿Cómo se podía defender a determinadas empresas que se habían convertido en un hojaldre de corrupción, desinversión y empleos de favor? ¿Resultaba tan difícil comprender que el verdadero ataque a la soberanía era ponerle el respirador artificial a monstruos asfixiados por la desorganización y la falta de capital de trabajo?
En el caso de los hidrocarburos, yo no disimulaba una convicción arrastrada desde los tiempos en los cuales dialogaba con Frondizi: el verdadero golpe a la soberanía era dejar nuestros hidrocarburos bajo tierra e importar petróleo de aquellos países donde los oligopolios petroleros prefieren concentrarse para obtener ganancias exponenciales.
Esto era lo que Alfonsín había leído en el libro que nos aproximó [con comentarios que intercalo, entre corchetes, a la luz de datos actuales]:
- Las reservas de petróleo que falta descubrir en el mundo no pueden ser muchas: a lo sumo, podrían extender el reinado del petróleo hasta el 2070.
- En realidad, ese reinado acabará antes. La tecnología no esperará, para sustituir al petróleo, hasta el 2070. En sesenta u ochenta años más, tener petróleo será como tener púrpura o guano.
- Ahora, el petróleo es esencial. El consumo crecerá y, fuera de la OPEP, será imposible producir mucho más que ahora. A su vez, la OPEP se reducirá en poco tiempo. Al menos cinco de sus miembros (Ecuador, Gabón, Argelia, Nigeria e Indonesia) necesitarán el petróleo para consumo propio. El centro del poder se asentará, otra vez, en el Golfo Pérsico; sobre todo en Arabia Saudita, Irán e Irak”. [Esto se ha cumplido en gran parte: Ecuador, Gabón, Argelia, Nigeria e Indonesia dejaron de ser protagonistas de la OPEP, y tanto la Guerra del Golfo (1991) como la de Irak (1993) demuestran dónde está “el centro del poder”].
- Las reservas ocultas de Argentina pueden ser, en proporción, mayores que las de otros países. Para detectar y explotar esas reservas, hacen falta inversiones colosales.
- El país todavía importa [1985] gas natural (a un costo de 500 millones de dólares por año) y, si no se afana en la explotación, volverá a importar crudo.
- El estado tiene que desenterrar, o hacer desenterrar, más petróleo. Es necesario para exportar en vez de importar; y producir más derivados. La petroquímica —capaz de convertir crudo y gas en unos 3.000 productos— es industria de industrias. Nada se hace, en el mundo actual, sin derivados de petróleo. Los derivados que un país no fabrica, los importa.
- Barriles de combustible y producción petroquímica son seguros contra la dependencia.
A fin de desenterrar petróleo, no necesitábamos privatizar YPF. Yo, que privaticé 100% de algunas empresas (Austral Líneas Aéreas, la telefonía celular, la telefonía satelital) y propuse privatizar 40% de otras (Aerolíneas, ENTEL), creí que la YPF estatal podía captar capital sin cambiar su estructura accionaria.
Horacio Losoviz, dio impulso a la reingeniería de YPF. La ejecutó Daniel Montamat —un economista de 33 años— a quien ubiqué al frente de la empresa.
Montamat diseñó el PetroPlan, merced al cual se formaron cientos de uniones transitorias de empresas (UTEs) con diversas petroleras.
En 1988, pese a la crisis económica, YPF no dio pérdidas y alcanzó niveles de producción a los cuales nunca había llegado. El país se autoabasteció de petróleo. Aprobamos grandes inversiones privadas en hidrocarburos (350 millones de dólares) y en petroquímica (1.500 millones). Todo sin ceder reservas ni acciones.
Sin embargo, yo debí sufrir —junto con Montamat— agresiones verbales y físicas. El PJ, y los gremios controlados por el peronismo, nos acusaba de “traición a la Patria”. Asumían la defensa talibán de los monopolios estatales.
Cuando el PJ llegó al gobierno, en 1989, se produjo un giro sorprendente.
Las reservas fueron entregadas en concesión a empresas privadas... hasta el año 2017. YPF fue privatizada por completo, y en la peor forma.
El traspaso al sector privado no fue resultado de una política energética, sino del ansia por lograr, cuanto antes, recursos para el fisco.
Claro que, aun desde el punto de vista fiscal, fue un mal negocio.
- Se decidió colocar las acciones de YPF en bolsa, ofreciendo 58,5% de una sola vez. Cuando se lanzan papeles de una compañía muy grande, que nunca antes ha cotizado, la colocación debe ser secuencial. Así ocurrió en el caso de British Petroleum (se empezó colocando sólo 7% de sus acciones) o Nippon Telephone and Telegraph (10%).
- El gobierno del PJ tampoco fijó un precio mínimo e invitó a presentar ofertas de compra en firme, por encima de ese umbral. En vez de ese sistema —usual en Estados Unidos— hizo un sondeo con diversas instituciones, desoyendo el consejo del Financial Times de Londres, que había dicho: “Los consultados son potenciales inversores, y procurarán tirar el precio abajo”.
- La privatización no fue acompañada por una estricta regulación. Tampoco se adoptaron, antes de la venta, las medidas necesarias para asegurar una activa competencia en el mercado interno de hidrocarburos.
Con todo, el país tuvo inversiones que el Estado exhausto —primero por la hiperinflación, después por los ajustes— no habría podido hacer. En una década, el gas natural —hoy en el centro de la escena— mostró alzas en: producción (96%), transporte interno por ductos (70%), extensión de redes (52,7%) y número de consumidores (33%).
No fue suficiente. Como el gas se volvió 4 a 5 veces más barato que el fuel oil o el gas oil, muchas industrias pasaron a gas. Además, se multiplicaron las centrales de ciclo combinado, movidas a gas, que hoy generan 25% de la electricidad del país. El consumo de GNC, a su vez, se triplicó.
Todo, mientras las empresas sobre-explotaban sin reponer reservas y el Estado se cruzaba de brazos: ni inducía, ni estimulaba, ni orientaba, ni negociaba. Por momentos, los funcionarios confiaron en las bondades de un mercado ideal (Menem, y también De la Rúa salvo el período de Montamat-Giorgi en Energía). Luego, vino la megadevaluación y la pesificación asimétrica (Duhalde). Hoy vivimos un
reality show en el cual todo (hasta una mala o ausente política energética) parece legitimarse con un alto
rating.
El último episodio de ese
reality show consiste en crear un remedo de YPF, esta vez sin hidrocarburos, sin capital y sin tecnología, para hacerla operar como “testigo” de los costos de producción. Para eso, deberá acometer la más compleja y costosa de las operaciones:
off shore.
Lo que empieza mal, termina mal. El gobierno beneficiará al país, y se ayudará a sí mismo, en caso de encarar la crisis energética con serenidad y sin extravagancias. Un microemprendimiento para buscar petróleo en el lecho oceánico es una aventura que —aun si ahora se anuncia que se lo hará con la cooperación de la venezolana PDVSA— forma parte de una extraña tendencia a resolver errores acumulados por medio de un nuevo, e irremediable, error.
2 comentarios:
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