No hace falta más que revisar una factura de electricidad en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires para advertir que el subsidio estatal puede representar entre 70 y 80% del total con un consumo medio.
No es el caso, por cierto, de los relativamente pocos usuarios (menos del 5% del total) que, de un mes para otro, sufrieron en 2012 la quita de subsidios después de ocho años, por vivir en barrios caros e independientemente de su situación socioeconómica individual. Pero lo que pagan unos y otros no alcanza ni remotamente para cubrir el costo real de la energía eléctrica, subsidiada en todos los eslabones de la cadena de generación, transporte y distribución.
Una prueba de ello es que, en los primeros ocho meses de este año, el Gobierno debió destinar el equivalente de casi 10.000 millones de dólares a subsidios energéticos, incluyendo las crecientes y costosas importaciones para completar la oferta de gas y combustibles líquidos, que representan el 67% de la generación eléctrica.
Aun así, las distribuidoras del área metropolitana -con tarifas congeladas desde hace diez años- ya no alcanzan a cubrir sus costos operativos. En los últimos meses, Edenor y Edesur debieron dejar parcialmente impagas sus compras mayoristas de electricidad subsidiada, ante la insuficiencia de ingresos frente a gastos abultados por la inflación. Más inexplicable es que el Ministerio de Planificación haya emplazado a sólo de una de ellas (Edenor) a regularizar el pago en 10 días bajo amenaza de multas. Quizá porque Edesur tiene un veedor oficial desde hace casi cuatro meses.
Ni hablar de inversiones. Hace tiempo las compañías advertían que el congelamiento tarifario frenaba inversiones en infraestructura (ampliación de redes) y últimamente en mantenimiento. Ahora afecta no sólo a la compra de energía, sino al pago de aumentos salariales. De hecho, sigue sin cerrarse la paritaria de Luz y Fuerza y los ajustes fueron reemplazados provisoriamente por pagos fijos no remunerativos de 2000 pesos con fondos estatales.
En este marco, resulta difícil determinar en qué proporción los cortes de luz que en la última semana afectaron a muchos barrios porteños y del conurbano obedecieron a la descomunal lluvia o a problemas previos en cámaras y redes. Probablemente hayan sido causas concurrentes. Pero en voz baja las empresas admiten que, en condiciones normales, el restablecimiento del servicio no hubiera demorado tanto en algunas zonas. También aportan otro dato significativo: ya no pueden tercerizar ese servicio y las cuadrillas propias se niegan a trabajar horas extras, para que sus sueldos no queden alcanzados por el impuesto a las ganancias con un piso congelado desde hace 19 meses.
UN PROBLEMA ESTRUCTURAL
Como ocurre con el transporte ferroviario y de colectivos, el servicio público de electricidad en la práctica ha vuelto a ser estatal, sólo que bajo gestión privada aunque casi todas las empresas del sector muestran balances en rojo. Hasta no hace mucho, incluso, se especulaba con una reestatización formal, alentada por Oscar Lescano, el vitalicio titular de Luz y Fuerza. Hay quienes sospechan que ese entusiasmo del gremialista, con intereses en distribuidoras privatizadas del interior, influyó para que el Gobierno desestimara la idea, ante la perspectiva de que las compañías quedaran bajo la órbita sindical antes que la estatal.
Quien se encargó de despejar esos fantasmas fue el propio viceministro de Economía, Axel Kicillof, cuando hace un par de meses prometió a las empresas instaurar el sistema cost plus; o sea, reconocerles los costos más un margen "razonable" de rentabilidad; obviamente, fijado por el Palacio de Hacienda.
Mucho no ocurrió desde entonces. Salvo que las compañías debieron atiborrar de planillas a los técnicos de Cammesa, la operadora mayorista convertida en otro bastión de La Cámpora. Y que duden sobre la posibilidad de que puedan determinar fehacientemente los costos a corto plazo, en medio de la maraña de subsidios cruzados; combustibles sustitutos; pequeñas centrales térmicas de alto costo de generación; precios diferentes del gas nacional e importado; compras de fueloil y hasta la oficialmente reconocida demora en la entrada en servicio de Atucha II para la segunda mitad de 2013. Ello, pese a que había sido inaugurada por Cristina Kirchner poco antes de las elecciones de 2011 con una puesta en escena digna de un film de ciencia ficción. Por lo pronto, los generadores acaban de plantear por escrito su alarma por el atraso en los pagos de Cammesa, cuyo déficit se ubicaría en torno de los 30.000 millones de pesos por subsidios a los combustibles. Y apenas se ilusionan con que, en el mejor de los casos, Kicillof fije de oficio precios mayoristas más acordes con la realidad, más allá de sus consecuencias sobre el resto de la cadena.
Después de tantos años de congelamiento, la brecha entre tarifas políticas y costos se ha convertido en un galimatías para el gobierno de CFK, que se resiste a aumentar los subsidios por su impacto fiscal, pero también las tarifas en otro año electoral.
Pudieron comprobarlo quienes hace un par de semanas asistieron en la UCES a un seminario organizado por los ocho ex secretarios de Energía, con la participación de especialistas de distintas tendencias. Allí, Fernando Navajas (economista jefe de FIEL, a quien no puede sospecharse de estatista), planteó dos senderos posibles para el sector eléctrico: una estatización que vire hacia un monopolio estatal (con pivotes en YPF y Cammesa), que desvincularía costos y precios, pero perpetuaría los subsidios y el déficit; o una reforma hacia un sistema mixto, con planificación y regulación estatal, pero para que los precios converjan con los costos en el mediano plazo. Para más datos, explicó que en el mercado eléctrico mayorista la demanda paga un promedio de 16 precios diferentes (de 22 a 354 pesos por MWh), que en todos los casos están por debajo de los costos contables. También sostuvo que la convergencia y reducción de subsidios demandarían un proceso gradual de no menos de cinco años. Y que se necesitaría una "tarifa social" de suma fija que abarque a la mitad de los usuarios residenciales, para atenuar el impacto sobre sus ingresos.
Más inquietante aún resultó el pronóstico de otros dos especialistas. Guillermo Malinow (del Instituto General Mosconi) destacó que para aumentar en 4700 MW la potencia instalada en hidroelectricidad (frente a los 1200 MW incorporados en los últimos 16 años) se necesitarían inversiones por 15.000 millones de dólares en el período 2012/2023 con un sistema de participación público-privada. A su vez, Francisco Mezzadri calculó que un crecimiento de la oferta total de energía eléctrica de 4,4% anual requerirá incorporar de distintas fuentes unos 4000 MW por año (más una reserva de 3000 MW), lo cual significaría unos 80.000 millones de dólares de inversión hasta 2030.
Son cifras apabullantes para un gobierno sin acceso al financiamiento externo de largo plazo; que agotó el modelo de subsidios para todos; fracasó en su intento de frenar la inflación congelando tarifas; excluyó al petróleo y al gas de la política de sustitución de importaciones, y asfixió a la inversión privada, tras haber demonizado sin excepción a toda una década..
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