En una nota publicada hace un tiempo interrogaba a un interlocutor imaginario sobre cuál es el principal problema de la economía argentina. Luego de un par de intentos fallidos, el diálogo concluía revelando que el principal problema era que la Presidenta parecía creer que las cifras del Indec eran fidedignas.
Que ese problema sigue vigente fue confirmado rotundamente por la misma Presidenta en su reciente visita a los Estados Unidos. Ahora esa cuestión está subsumida en una de mayor amplitud: el principal problema de la economía es la política económica en curso. En esta nota me enfoco en un solo ejemplo de los muchos que podrían citarse.
Entre diciembre de 2009 y diciembre de 2011 el precio del dólar en el "mercado único y libre de cambios" aumentó 12,6% (cifras oficiales). En el mismo período los precios al consumidor se incrementaron alrededor de 52% (cifras privadas) y los salarios del sector privado registrado aumentaron 68% (cifras oficiales). El valor en dólares de los salarios registrados se incrementó consecuentemente 49 por ciento. Cabe resaltar que este cálculo es independiente de la medición de la tasa de inflación ya que resulta del cociente entre dos cifras oficiales.
En esos dos años la economía generó un superávit comercial de 22.000 millones de dólares y, sin embargo, entre diciembre de 2009 y el mismo mes de 2011, las reservas internacionales se contrajeron en unos 2000 millones de dólares.
Esas tendencias eran visiblemente insostenibles en plazos más prolongados. Algo había que hacer. Un intento serio de cambiar el escenario hubiera requerido dejar flotar el tipo de cambio por un corto lapso y estabilizarlo enseguida mediante la intervención vendedora en un nivel que el mercado percibiera sostenible. La corrección cambiaria fracasaría si no fuera acompañada de otras medidas. La devaluación aislada aceleraría la inflación y, de allí en adelante, si las intervenciones del Banco Central en el mercado de cambios repusieran una tendencia a la apreciación cambiaria real, en poco tiempo nos encontraríamos con situaciones similares a las que se procuraba corregir, pero con inflación más alta.
La única forma de hacer viable y sostenible la corrección cambiaria era instrumentarla junto con la aplicación de una política antiinflacionaria. Esta podría haber propuesto al país reducir gradualmente la tasa de inflación, estableciendo, por ejemplo, un objetivo de 15% para el primer año de vigencia del programa. Ese programa debería contener los anuncios de política fiscal, monetaria y de ingresos consistentes con la tasa de inflación propuesta como meta.
Resulta obvio que un programa de esa naturaleza requeriría que el Gobierno reconociera que la inflación tiene la magnitud que toda la sociedad civil conoce (expresada, por ejemplo, en las tasas de los aumentos salariales). Esto implicaría aceptar la falsedad de los datos del Indec y el consecuente costo político. La alta cantidad de votos recibida por la Presidenta en la última elección debería haber sido suficiente para absorber ese costo.
El Gobierno optó por otro camino para enfrentar las tendencias insostenibles. Restringió mediante controles la adquisición de moneda internacional para importaciones, transferencias de empresas y atesoramiento, sin alterar demasiado la tendencia del precio del MULC (Mercado Único y Libre de Cambios). Consecuentemente, la tendencia a la apreciación del tipo de cambio "oficial" continúa. Pero se generó un mercado paralelo cuya brecha con el precio del MULC proporciona fuertes incentivos al arbitraje entre ambos mercados (obtener dólares al precio "oficial" y venderlos en el paralelo). Mientras los precios y los salarios mantengan o aceleren los ritmos de aumento que vienen experimentando y el Banco Central persista en elevar el precio del dólar en el MULC a un ritmo muy inferior, sólo cabe esperar que la brecha de precios entre el paralelo y el MULC sea creciente.
La configuración que armó el Gobierno empeora los problemas existentes a fines de 2011 en lugar de morigerarlos. Las nuevas tendencias resultantes de las medidas aplicadas son tan insostenibles como las que se procuraba revertir. Las medidas consiguieron frenar transitoriamente la caída de las reservas, pero no pararon la pelota. La brecha entre el dólar oficial y el paralelo incentiva la demanda de moneda internacional de importadores y ahorristas. El precio del paralelo induce expectativas de tipo de cambio futuro que pueden contribuir a la aceleración de la inflación. Podríamos tener los efectos inflacionarios de la devaluación sin el beneficio de un tipo de cambio real más competitivo.
Por otro lado, la rápida pérdida de competitividad internacional de la economía establecida por el tipo de cambio del MULC afecta negativamente los niveles de actividad y empleo, que están contrayéndose desde el fin de 2011. La contracción de la actividad y la apreciación del tipo de cambio real afectan negativamente los ingresos fiscales y empeoran la posición deficitaria del sector público nacional y las provincias. Verdaderamente, un invento diabólico.
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