La época de las vacas gordas ya ha llegado a su fin. Hemos entrado en la época de vacas flacas. Como los años de bonanza no se aprovecharon para acumular reservas que permitieran aliviar el costo de las adversidades por venir, los años de vacas flacas se proyectan, políticamente, muy difíciles, para cualquiera que gobierne o le toque gobernar.
He aquí una lista de desequilibrios que inexorablemente habrá que corregir:
1. Sentencias a favor de los jubilados a quienes no se les ajustaron sus jubilaciones entre 2002 y 2007. La magnitud del problema es mayor que el que, por las mismas causas, se había acumulado al final del Gobierno del Doctor Alfonsín. En el caso de las sentencias incumplidas de fines de los 80s, la solución en 1992 significó reconocer una deuda de 18 mil millones de dólares (que se saldó con los denominados “BOCONES” previsionales) además de ajustar las jubilaciones hacia adelante con un costo fiscal anual de casi 2 % del PBI.
2. Sentencias en el exterior a favor de las empresas que habían invertido en privatizaciones y reclamaron a través del CIADI, así como sentencias a favor de los denominados “holdouts”, las que pueden resultar por los reclamos de Repsol y las deudas bilaterales que deben re-negociarse en el Club de París. Estos reclamos son superiores a los 15 mil millones de dólares.
3. Desequilibrios entre los precios y tarifas por los servicios públicos (transporte, electricidad, gas y agua) que ascienden a no menos de otros 15 mil millones de dólares anuales y que, en promedio, pueden significar aumentos del 200 % sobre las tarifas que se aplican actualmente.
4. Inversiones imprescindibles en los sectores de la energía y los transportes por no menos de 10 mil millones anuales, para restablecer una capacidad productiva equivalente a la que existía hacia fines de la década de los 90s.
5. Cierre de la brecha entre el precio del dólar paralelo y el dólar oficial, lo que exigirá o una devaluación real que puede llegar a ser del 30 % por arriba de la inflación (si las tasas reales de interés no son fuertemente positivas), o tasas reales de interés positivas que pueden llegar a requerir tasas nominales de interés tres o más veces superiores a las actuales (si es que se quiere evitar la devaluación real)
6. Eliminación de las trabas al comercio exterior y a la compra de monedas extranjeras, para volver a contar con un mercado único y libre de cambios y un nivel sostenible de déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos.
7. Reducción de la presión tributaria a niveles compatibles con adecuados incentivos a la inversión y creación de empleos por parte del sector privado. Son tantos y de tal magnitud los impuestos distorsivos (impuestos sobre la nómina salarial, retenciones a las exportaciones, impuestos a los ingresos brutos provinciales en etapas intermedias de producción, impuesto a las transacciones financieras no tomados a cuenta de IVA o Ganancias) que la reducción de la presión tributaria necesaria para devolver incentivos al sector privado y facilitar el aumento de la productividad puede llegar a representar más de 10 mil millones de dólares anuales.
8. Refuerzo importante de los recursos destinados a las fuerzas de seguridad, para luchar efectivamente contra el crimen y la inseguridad.
9. Refuerzo de todas las partidas destinadas a pagar remuneraciones a trabajadores públicos a los que se les está abonando una parte importante de sus remuneraciones en negro, sin aportes a la seguridad social.
10. Eliminación de gastos superfluos en las áreas no prioritarias para poder redistribuir recursos hacia las que hoy cuentan con asignaciones presupuestarias insuficientes. Estos recortes de gastos, incluido el recorte de los subsidios por fijación de tarifas por debajo de los costos, pueden llegar a ascender a más de 20 mil millones de dólares anuales.
Las decisiones necesarias para corregir estos desequilibrios implican muy fuertes costos políticos para quien las adopte e implemente. Estos son los costos que Cristina está tratando de evitar con discursos que pintan un panorama promisorio cada vez más distante de la realidad. Mi impresión es que no podrá seguir dilatando tres años más las decisiones necesarias para eliminar estos desequilibrios. Ojalá la realidad la obligue a adoptar a la mayor parte de estas decisiones políticamente costosas antes de que termine su mandato. Si ello no ocurriera, el costo político deberá ser soportado por el próximo Gobierno y, una vez más, la ciudadanía quedará confundida sobre cuales son los dirigentes responsables de sus penurias.
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