La reforma fiscal necesaria: sus lineamientos. Por Jorge Gaggero

(Nota publicada en La Nación on line el sábado 28 de mayo de 2011)
Las presentes circunstancias de nuestro país plantean desafíos a la política fiscal en tres planos igualmente cruciales: el macroeconómico; el de los bienes públicos y la redistribución de ingresos; y el de la competitividad. Se desarrollará aquí un breve esbozo de una reforma orientado a encarar estos desafíos, siguiendo los lineamientos de un texto redactado por mí para el "Plan Fénix" (2006) a partir de una reflexión colectiva de un grupo de especialistas nacionales en cuestiones fiscales [ integrado por Orlando Braceli, Jorge Gaggero (coordinador), Jorge Macon, Marcos Makon, Alejandro Otero, José Sbatella, Angel Sciara y Salvador Treber].

Creo que es necesario primero, para una mejor comprensión de la propuesta, plantear algunas breves referencias acerca de la cuestión de la redistribución de los ingresos, en sus fases "primaria" y "secundaria" (y de sus intervinculaciones).Las fases "primaria" y "secundaria" de la distribución de los ingresos
Los procesos redistributivos han resultado en Occidente, en general, de una larga y ardua tarea de construcción histórica por parte de las sociedades que han logrado altos estándares de bienestar y equidad, como consecuencia de la activa (pertinaz, puede decirse) participación de sus clases, segmentos sociales y asociaciones de diverso tipo. En suma, un proceso de edificación y defensa de nuevas instituciones que permitieron alcanzar y sostener tales estándares en un arduo proceso de avance y consolidación de tipo cultural. Resultan poco frecuentes, en cambio, los casos de "saltos históricos" que hayan logrado subsistir.
En cuanto al conjunto de políticas públicas apropiadas, varían de acuerdo a los respectivos procesos y diferencias estructurales de las sociedades nacionales. En aquéllas donde los mercados juegan un papel de alguna relevancia resulta importante, a efectos tanto analíticos como argumentativos, distinguir entre los procesos y políticas que definen la distribución denominada "primaria" de los que operan en la fase "secundaria". La "primaria" es la fase de la distribución que resulta de la interacción de los mercados, la "sociedad civil" (u "organizaciones del pueblo") y el Estado, con sus intervenciones y regulaciones de todo tipo, excepto la "propiamente fiscal" (vale decir, la que se realiza a través de la recaudación de impuestos y otros ingresos públicos y de la asignación del gasto público). La segunda, la "secundaria", se refiere entonces a la "corrección" -usualmente progresiva, proequitativa- que realiza la acción fiscal del Estado a la "distribución primaria", bastante inequitativa en todas partes.
Ahora bien, resulta vital para alcanzar un cierto grado de equidad que se opere con vigor en ambos planos de la distribución. Ello es así porque la historia parece mostrar que allí donde la "distribución primaria" tiene características extremas ("salvajes") es más limitada la corrección "secundaria" posible. Muy esquemáticamente, esto se explicaría por dos razones principales, en planos diferentes. Por un lado, se plantea un problema de limitación instrumental dado que la capacidad de "corrección fiscal" no es ilimitada (en cuanto a la medida en que resulta capaz de modificar la regresividad "primaria"). Por el otro, en las situaciones de extrema inequidad "primaria" se plantea usualmente un problema de "correlaciones de fuerza" en el plano socio-político muy desfavorables para las mayorías, ya que los actores y procesos que definen tal grado de regresividad "primaria" tendrán también capacidad para bloquear las eventuales reformas fiscales (tributarias y del gasto público) que podrían mitigarla, al menos en parte, en la fase de redistribución "secundaria".
Una agenda relevante de las políticas públicas proequidad en el plano de la "distribución primaria" debería incluir, entre otros temas relevantes, los siguientes: control democrático y diversidad en el área de los medios masivos de comunicación; regulación eficiente de los mercados no competitivos y eficaces políticas antimonopólicas; políticas laborales progresivas; control de la concentración de la propiedad de la tierra y de la propiedad empresaria; redistribución de riqueza donde sea necesario (debe tenerse muy en cuenta, sin embargo, que una vez concentrada la propiedad resulta muy difícil redistribuirla); una política educativa que privilegie a los sectores más desprotegidos, sobre todo en los niveles básicos; y una política de salud de alcance universal, a partir de la constitución de un sistema racional e integrado (que supere el actual esquema: antieconómico, desigual, irracional y desintegrado, sujeto al arbitrio de poderosos intereses económicos y corporaciones). Una cuestión crítica central en la definición de la distribución "primaria" en una sociedad es, "antes" del rol que puedan jugar las políticas públicas mencionadas, la de los valores predominantes en tal sociedad, la propiamente "cultural" antes mencionada (una esfera que resulta de la historia previa y en la cual, usualmente, se verifican muy lentos procesos de cambio).
Para completar esta introducción a la propuesta propiamente dicha, debe recordarse que en la fase "secundaria" lo que resulta clave para lograr más equidad es el nivel y la estructura del gasto público (lo que define, en buena medida, su impacto distributivo). Obviamente, el nivel del gasto está determinado por el nivel de la presión tributaria. A su vez, este último resulta - en última instancia- función del grado de progresividad de la estructura de los ingresos públicos: a mayor progresividad, más alto nivel de recaudación potencial. En síntesis, la estructura de la recaudación tributaria hace posible una mayor equidad, no tanto como consecuencia directa de la misma -su aporte "directo" es relativamente menor o inexistente, como es el caso de la mayor parte de los países de América Latina-, sino a través de la gestión del gasto público, cuyo nivel resulta por ella determinado.Una reforma posible
Ahora sí podemos abordar -sobre bases conceptuales firmes- la cuestión de los cambios fiscales necesarios en Argentina para hacer frente a los tres desafíos mencionados al principio de esta respuesta: el macroeconómico; el distributivo; y el de la competitividad.
En primer término debe situarse, sin duda, el indispensable aporte que la política fiscal debe hacer a la sustentabilidad macroeconómica de mediano y largo plazo. Los éxitos logrados, en los años posteriores a la caída del régimen de convertibilidad, en la mejora de los ingresos públicos y la consecuente generación de fuertes excedentes fiscales -que han permitido, a la vez, hacer frente a los servicios de la deuda, al gasto social y a crecientes inversiones en infraestructura- deben consolidarse hacia el futuro. Esto supone la necesidad de políticas de mediano plazo que puedan anticiparse a las reversiones del ciclo económico. La aceleración inflacionaria del bienio 2007-2008 hubiese requerido, por otra parte, una especial revisión de la política fiscal, que apuntase a un tiempo a intentar que la misma contribuyese con alguna eficacia a su control y a definir cambios graduales en su estructura que asegurasen que tal orientación no resultase en impactos regresivos sobre la distribución del ingreso. Ello suponía encarar diversas reformas, tanto en el campo de los ingresos como en el de la estructura y la gestión del gasto. El compromiso estratégico que han asumido de modo explícito las autoridades nacionales es el de reducir -en la medida de lo posible- el endeudamiento neto y, a la vez, resituar al Estado como palanca de desarrollo, regulador y árbitro eficaz e instrumento clave para alcanzar las metas estratégicas de equidad sin las cuales no habrá progreso económico ni bienestar. En las condiciones de Argentina el cumplimiento simultáneo de estos objetivos sólo resulta posible con una política fiscal consistente, especialmente vigorosa y eficaz.
En segundo lugar, la revalorización del conjunto de bienes públicos que el Estado debe proveer -en particular, los asociados a la salud, la educación, la protección laboral y la previsión social- y más allá de ellos, la de las transferencias adicionales indispensables para alcanzar mayor equidad socio-económica, plantean demandas especialmente exigentes al sistema fiscal. Tanto como consecuencia de la mayor presión tributaria necesaria y de los cambios en la estructura de la imposición que deberían encararse, en un horizonte de mediano y largo plazo, como de los específicos desafíos que supone para la gestión presupuestaria y la administración pública (en todos los niveles de gobierno). El imperativo de reequilibrar la distribución de los ingresos y la demanda de mayor gasto consolidado futuro apuntan, necesariamente, en la misma dirección en materia de ingresos públicos: debería fortalecerse la imposición sobre las rentas personales y los patrimonios (reintroduciéndose, además, el impuesto "a la herencia" y las donaciones a título gratuito) y, por el contrario, atenuarse la carga sobre los consumos de carácter masivo (los suntuarios serían gravados en mayor medida). Deberían integrarse las rentas de cualquier origen en cabeza de las personas físicas con el objeto que el impuesto a las ganancias recaiga sobre todas ellas (sin excepciones relevantes). Un proceso de este tipo demandaría el previo "cierre" de los canales de elusión hoy existentes que son usados por los sectores de mayores ingresos para eludir sus obligaciones tributarias, muchos de los cuales descansan en las debilidades de la gestión orientada a la efectiva aplicación del criterio de "renta mundial" vigente en Argentina (un ejemplo relevante es el brindado, en los últimos años, por la proliferación de "fideicomisos" de todo tipo, incluidos los que se constituyen en "paraísos fiscales").
En tercer término, las reformas fiscales resultan ineludibles para darle mayor competitividad a la economía, en todos los planos en los que la gestión estatal resulta sustantiva. En el tributario, a través de una reducción sustancial de la evasión y la elusión que permita -a la vez- terminar con un proceso histórico de "selección perversa" de agentes económicos basado en una alta "brecha de deslealtad empresaria" y, vía reducción de alícuotas (en especial en el IVA), estimular las actividades económicas internas. Complementariamente, la eliminación de las exenciones que hoy benefician a las actividades financieras y especulativas y el aumento de la presión sobre las personas con alta capacidad contributiva, permitiría terminar con la asimetría que hoy afecta a las empresas (en especial a las pequeñas) y a las actividades productivas. En el plano del gasto, una mayor eficacia administrativa y reguladora del Estado, una dirección más eficiente y racional de sus subsidios, una más alta y mejor direccionada inversión pública y una ambiciosa y equilibrada coordinación regional constituirían otras tantas asignaturas estratégicas indispensables.Los agentes "retardatarios" y algunos requisitos a cumplir
Para que reformas tributarias de este tipo puedan practicarse en Argentina se plantean, en principio, dos requisitos insoslayables y estrechamente vinculados entre sí: legitimar la imposición a través de una mayor eficacia y transparencia del gasto público, como ya se dijo; y afirmar gradualmente, al mismo tiempo, la "ciudadanía fiscal", tan débil en Argentina. Resulta insoslayable la simultánea afirmación, en los hechos, de la disposición (y capacidad) estatal para "imponer", en última instancia y quebrando, dentro de la ley, la resistencia de los más "remisos".
Como muestra evidente de las dificultades que deben ser enfrentadas a este respecto, valen:
i ) el levantamiento de los grandes propietarios "del campo" (2008), con el auxilio de los pequeños, bajo la consigna "sectorial" de que no se permitirá que el Estado "les meta la mano en el bolsillo";
ii ) la silenciosa pero eficiente tarea de desaliento de toda reforma de carácter progresivo por parte de los grandes bancos privados y de las agrupaciones que representan a los titulares de las más importantes empresas; y
iii ) de modo paradojal, los sucesivos embates de algunos dirigentes de la Confederación General del Trabajo (CGT) y ambas fracciones de la otra central, la CTA, contra el tributo sobre las ganancias con el argumento de que se trata de un "impuesto sobre el salario" y por lo tanto debería ser eliminado (en el caso de una de ellas, se impulsado incluso una acción judicial para intentar impugnar legalmente su vigencia) .
No resulta, por cierto, una cuestión menor que la objetiva necesidad de mayor progresividad en Argentina aparezca desafiada a la vez por las patronales agropecuarias -y, con intensidad variable, por los restantes sectores de la actividad productiva-, por importantes actores del sector financiero privado e, incluso, por algunas direcciones sindicales.
Una necesaria contracara de los cambios tributarios requeridos son, entonces, las reformas orientadas a dar mayor eficacia y transparencia a la gestión presupuestaria en todos los niveles de gobierno, en el marco de un escrupuloso cumplimiento de las estipulaciones constitucionales (incluyendo la posible apelación, en ciertos casos de particular importancia, a las nuevas instancias de consulta habilitadas por la reforma de 1996) y el adecuado funcionamiento del régimen republicano y federal de separación de poderes.
Los presupuestos públicos no alcanzan a reflejar hoy siquiera lo que se gasta (ofrecen un parcial panorama "financiero"), cuando deberían expresar con claridad qué se hace con los recursos públicos asignados (la perspectiva de las "necesidades públicas"). Resulta entonces indispensable un cambio en la visión del Estado: el paso del "Estado gastador" al "Estado prestador de servicios".
Se requiere, para ello, de un sistema de planificación que brinde un marco a la definición de las políticas a impulsar y a la posterior asignación de los recursos necesarios. Junto con una mayor flexibilidad gestional en la administración, adecuada a la singularidad de cada organismo. Y la introducción de sistemas de premios y castigos para las instituciones y los funcionarios, los "gerentes públicos". En cuanto a la evaluación de los resultados, resulta también indispensable el buen funcionamiento de un sistema de seguimiento y monitoreo que verifique si el impacto previsto de la prestación de los bienes y servicios públicos se ha alcanzado y que, en caso contrario, permita introducir a tiempo rectificaciones (y también penalidades, cuando corresponda).
El autor es economista, investigador en el CEFID-AR y miembro de Tax Justice Network Leer más...

Ya no podemos competir con Brasil. Por Orlando Ferreres

No basta con un tipo de cambio real alto para competir con Brasil. La importancia de mantener las reglas de juego pesa mucho más que un tipo de cambio competitivo a la hora de la verdad, o sea, a la hora de coagular dinero líquido en inversiones de activo fijo y ocupar gente.
A partir de 2002/2003 hemos tenido un "tipo de cambio real alto" en tanto que Brasil siguió la política opuesta, ya que pasó de 3,80 reales por dólar en 2003 al 1,60 reales por dólar de la actualidad. Siguiendo los lineamientos indicados por los defensores de las "devaluaciones competitivas" se tendría que haber verificado un gran saldo negativo de Brasil con Argentina. Los hechos indican lo contrario, somos nosotros los que ahora tenemos un gran saldo negativo con Brasil.
Durante la convertibilidad, período en el que teníamos un "tipo de cambio atrasado", se verificó un importante superávit comercial con Brasil. Parece el mundo del revés ¿cómo puede explicarse este comportamiento contradictorio?

La explicación puede encontrarse en la radicación de industrias que define el MERCOSUR, dominado por Brasil, que hizo que la gran mayoría de las empresas importantes establecieran sus plantas productivas grandes allá.
Una vez radicadas allá, exportan al otro país, en este caso Argentina, por eso es que tenemos déficit comercial con ellos a pesar de que Brasil es mucho más caro que nosotros.
Los empresarios parecen razonar de esta manera: "No hay aranceles entre ambos países, en ese caso es mejor instalarse en Brasil que tiene un mercado interno más grande y, sobre todo, mantiene las reglas del juego. La Argentina tiene un buen mercado interno algo más chico, pero el problema principal es que siempre está pendiente del péndulo fatídico y además carece de una estrategia de largo plazo. A sus políticos no les preocupan las consecuencias de entrar en default cada tanto, de licuar el dinero con inflación alta y otras medidas heterodoxas".
Además, Brasil mantiene buenas relaciones con todos los países del mundo con lo cual les da confianza a los inversores internacionales, tanto de EE.UU. como de Europa, China, Japón y otras regiones. Las autoridades argentinas suelen enemistarse con muchos países y hasta el Canciller les paró un avión a los EE.UU. y los humilló gratuitamente, con lo cual no les da mucha gana de venir a invertir en Argentina.
Las inversiones generan comercio. Anteriormente se consideraba que generar comercio implicaba inversiones y ocupación. Actualmente la relación en el mundo es al revés: las inversiones generan comercio. Si la gran planta se estableció en Brasil, va a exportar desde allá, cualquiera sea el tipo de cambio real, no va a mudar sus plantas por 3 o 4 años de tipo de cambio real alto aquí, que después, cuando comienza a producir, se "vuelve tipo de cambio real bajo", siguiendo el péndulo fatídico. Lo único que se mueve por consideraciones cambiarias parece ser el turismo, que busca siempre el costo más bajo en dólares.
Brasil siempre ha querido ser "el más grande del mundo" cosa que antes nos generaba cierta sonrisa. Hoy, es una realidad. Además, más del 60 % del comercio mundial es entre empresas grandes, básicamente multinacionales, lo que Brasil aprovecha muy bien. Nosotros preferimos la Pyme, que está bien como emprendimiento, pero que no alcanza para competir en un mundo de multinacionales. Hoy nadie piensa en poner su Casa Matriz en Buenos Aires y menos después de observar los cambios de legislación con un decreto que ahora permiten al Estado -vía Anses- poner nuevos directores en las empresas privadas.
Hace 15 años atrás en 1994 y 1995, las inversiones externas en Brasil y Argentina eran similares alrededor de U$S 5000 millones. Actualmente, en 2010, la inversión externa directa fue de U$S 49.000 millones en Brasil y de u$s 6000 millones en la Argentina. Esto explica en buena medida nuestro contradictorio saldo del balance comercial con Brasil ¿Usted cómo cree que van a seguir las exportaciones entre estos dos países en los próximos años, independientemente de cual sea el tipo de cambio real con esos niveles diferenciales de inversiones externas directas?
Adicionalmente, los empresarios brasileños al incrementarse mucho el valor de sus empresas por el tipo de cambio revaluado del real, han colocado parte de su capital en la bolsa y con esos recursos han comprado empresas en diferentes países del mundo, muchas de ellas empresas importantes de la Argentina (Pérez Companc, Loma Negra, Swift, Quick Food, y otras grandes y medianas). Con la extranjerización de nuestro sistema productivo nos dominan doblemente. Esto que hace Brasil lo podemos llamar verdaderamente "estrategia de país a largo plazo", estrategia que Argentina no ha logrado tener.
Los empresarios argentinos, cuando el tipo de cambio estaba atrasado y sus empresas valían muchos millones de dólares, prefirieron vender sus compañía y colocar financieramente sus saldos líquidos en el exterior, antes que comprar más empresas en diferentes países, diversificando el riesgo empresario. Esto muestra un comportamiento muy distinto del empresario brasileño que ha elegido la segunda opción, convirtiendo a sus empresas en compañías de clase mundial.
¿Cuáles son nuestras alternativas dada la situación de hecho en la que hemos caído?: Creo que la mejor estrategia sería seguir el camino de Chile que ha establecido acuerdos de libre comercio con la mayor cantidad de países que ha podido. Esto es mucho más eficiente que seguir dentro de la estrategia del Mercosur, dominado por los intereses de Brasil.

Leer más...

Las dudas sobre el plan oficial. Por Rodolfo Terragno

Si el gobierno fuera reelecto, se produciría -según algunos de sus más calificados voceros- la acentuación del populismo. El viceministro de Economía, Roberto Feletti, lo ha dicho sin ambages: “El populismo, al que muchos critican, debería radicalizarse” (Debate, 6.5.2011).
A su juicio, hasta ahora sólo hubo un populismo tenue porque el Estado “no podía apropiarse de factores de renta importantes”. En caso de reelección, “el proceso no tendrá límites” .
Ernesto Laclau coincide en la necesidad de “profundizar” el populismo , que hasta ahora habría sido sólo “un populismo a medias” (Clarín, 29.10.10). El gobierno -al cual apoya- habría querido ir más allá, pero una trama de intereses frenaba la marcha .

El calificativo “populista” suele ser peyorativo; pero el gobierno lo asume sin complejos . Laclau ofrece fundamentos para el populismo: si las instituciones no satisfacen las demandas sociales, se requiere “un mecanismo no institucional”, construído “desde fuera del Estado”, que represente a la sociedad insatisfecha . “Se puede tener populismo de derecha o de izquierda, pero siempre hay una interrupción del sistema institucional del poder”, concluye.
Feletti es el encargado de aplicar esa doctrina al planeamiento económico . Sus objetivos (que, cabe suponer, son los del gobierno todo) se sintetizan en los puntos siguientes; pero se los puede ver desarrollados por el propio funcionario en el sitio www.robertofeletti.com.ar : 1.
Cambio de las relaciones de fuerza entre el Estado y el poder económico . El gobierno juzga que, tradicionalmente, las corporaciones han influido de forma impropia sobre el sistema político. La idea es reducir la influencia.
2.
Revisión de la matriz de negocios . Esto implica que el Estado analice y compare empresas, según los indicadores que juzgue relevantes (por ejemplo, rentabilidad) para luego establecer rangos. Es el paso previo a tomar decisiones de política económica aplicables a uno o más sectores.
3.
Restricciones al libre mercado . Se anticipa que las decisiones no pueden seguir tomándose “de manera “libremercadista”.
4.
“Mayor control sobre la renta indebida” . Lo indebido sería “apropiarse de excedentes rápidos”. Es lo que harían los sectores financiero y exportador. En forma explícita, el viceministro anuncia una nueva “regulación de la renta exportadora del sector agropecuario”.
5.
Lucha contra los monopolios . Se enfatiza que las corporaciones “no pueden hacer lo que quieran y quedarse con el ingreso de los argentinos”. En los últimos años “se logró una autonomía nacional que ahora necesita profundizarse”.
6.
Las estadísticas del actual INDEC como guía . El gobierno estima que, antes, el INDEC operaba a favor de la “patria financiera”. “Eso se acabó”.
7.
Promoción del consumo, aunque esto produzca cierto grado de inflación . Feletti dice: “El gobierno admite que hay subas de precios, pero de ninguna manera aplicará un programa de ajuste. Creemos que es mejor que haya consumo, aunque se produzcan [nuevas] subas”.
8.
Ampliación de la oferta . La interpretación es que la inflación, en el caso de los alimentos, obedece a una “insuficiencia de oferta”.
9.
“Aumento del gasto público” . “Al aumentar la demanda interna, la expansión del gasto público es autofinanciable”. Se mantendrían los subsidios. Los que abaratan el transporte, se subraya, “son de enorme trascendencia para los trabajadores que se movilizan del Gran Buenos Aires”. Además, se cree que “los subsidios no presentan un obstáculo a la inversión pública”.
10.
Utilización de reservas para no recurrir a préstamos internacionales . Las divisas acumuladas sobrepasan el monto necesario “para defender el peso de cualquier ataque especulativo”. En principio, el “excedente” seguiría usándose para pagar deuda, pero también “podría utilizarse para fondear proyectos de infraestructura a largo plazo”.
El programa es claro pero deja muchas dudas , que sus impulsores harían bien en despejar: ¿Hasta dónde llegaría la radicalización del populismo? ¿Harían falta, para eso, “mecanismos no institucionales”? ¿Cómo revisaría el Estado las matrices de negocios? ¿Hay una definición de “renta indebida” que impida la arbitrariedad? ¿Se puede desconocer la ley de la oferta y la demanda? ¿De qué modo se lucharía contra los monopolios, que sin duda merecen ser combatidos? ¿Hay una razón para no constituir el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia, previsto por la Ley Antimonopolios, cuya misión es evitar que se disminuya, restrinja o se distorsione la competencia? ¿ No correspondería a la justicia decidir si una o más empresas abusan de una posición dominante en perjuicio de la economía nacional? Siendo que -como bien señala el viceministro- la competitividad no depende sólo de “un tipo de cambio alto”, y es inadmisible lograrla mediante “salarios bajos”, ¿Cuáles serían los modos de aumentar la productividad , condición sine qua non para tener una economía más competitiva? ¿Es posible aumentar la oferta sin mayor inversión? ¿O el Estado produciría los bienes y proveería los servicios necesarios para superar la “insuficiencia de oferta”? ¿Se podría revisar las matrices de negocios y regular la renta sin afectar la inversión privada ? ¿Podría el sector público, por sí solo, encargarse de la inversión adicional que se necesita para tener crecimiento sostenido? ¿Cuál sería el límite al gasto público? Y, finalmente: ¿Los subsidios benefician sólo a los sectores más necesitados? ¿Qué pasaría si los no indispensables y, en general, el gasto público acabaran con el superávit fiscal ? ¿La inflación no sería contraproducente, a los fines de elevar la condición de los asalariados? ¿Es injusto decir que esta política tiene lagunas y contradicciones que, de no resolverse, podrían llevarla al fracaso? Leer más...

Un oportuno viraje del FMI. Por Joseph Stiglitz

La reunión anual de primavera del FMI fue notable ya que marcó el intento del Fondo de distanciarse de sus dogmas de años sobre controles de capital y flexibilidad del mercado labora l. Parece que un nuevo FMI –gradual y cautelosamente– surge bajo el liderazgo de Dominique Strauss-Kahn.
Poco más de 13 años antes, en la reunión de Hong Kong de 1997, el Fondo había intentado enmendar su carta para ganar más margen de acción y poder empujar a los países hacia una liberalización del mercado de capitales . El momento no podría haber sido menos oportuno: la crisis de Asia recién se estaba gestando, una crisis que fue, en gran medida, el resultado de la liberalización del mercado de capitales en una región que, dada su elevada tasa de ahorros, no la necesitaba en absoluto.

Esa postura era la defendida por los mercados financieros de Occidente, y por los ministros de Finanzas occidentales que tan fieles les son. La desregulación financiera en EE.UU. fue una causa importante de la crisis global que estalló en 2008, y la liberalización financiera y del mercado de capitales en otras partes ayudó a propagar por el mundo ese trauma “made in USA”.
La crisis demostró que los mercados libres y descontrolados no son ni eficientes ni estables. Tampoco necesariamente sirvieron de mucho a la hora de fijar precios (basta con ver la burbuja inmobiliaria), incluyendo los tipos de cambio (que son simplemente el precio de una moneda en términos de otra).
Islandia mostró que responder a la crisis imponiendo controles de capital podía ayudar a países chicos a manejar su impacto. Y el “alivio cuantitativo” (QE1) de la Reserva Federal de EEE.UU. tornó inevitable el deceso de la ideología de los mercados sin control: el dinero va hacia donde los mercados piensan que los retornos son más altos. Frente al auge de los mercados emergentes, y con EE.UU. y Europa de capa caída, era evidente que gran parte de la nueva liquidez que se estaba creando encontraría su destino en los mercados emergentes. Esto resultó especialmente cierto dado que el conducto de crédito de EE.UU. seguía obturado y muchos bancos comunitarios y regionales todavía estaban en situación precaria.
El resultante incremento de dinero que ingresó en los mercados emergentes significó que hasta los ministros de Finanzas y los gobernadores de los bancos centrales que se oponen ideológicamente a intervenir creen que no tienen otra opción que hacerlo. De hecho, país tras país ahora optaron por intervenir de una manera u otra para impedir que el valor de sus monedas se fuera a las nubes.
Ahora el FMI bendijo ese tipo de intervenciones; pero, como concesión para aquellos que todavía no están convencidos, sugiere que se las debería utilizar solamente como un último recurso.
Por el contrario, deberíamos haber aprendido de la crisis que los mercados financieros necesitan regulación, y que los flujos de capital transfronterizos son particularmente peligrosos. Estas regulaciones deberían ser una parte esencial de cualquier sistema para asegurar la estabilidad financiera; recurrir a ellas sólo como un último recurso es una receta para una continua inestabilidad.
Existe un amplio rango de herramientas de gestión de cuentas de capital, y lo mejor es que los países usen una canasta de esas herramientas. Aún si no son plenamente efectivas, normalmente son mucho mejor que nada.
Pero un cambio aún más importante es el vínculo que el FMI finalmente trazó entre desigualdad e inestabilidad. Esta crisis fue, en gran medida, el resultado del esfuerzo por parte de Estados Unidos de estimular una economía debilitada por una mayor desigualdad a través de tasas de interés bajas y una regulación laxa (que hicieron que mucha gente pidiera prestado mucho más allá de sus posibilidades). Deshacer las consecuencias de este endeudamiento excesivo llevará años. Pero, como nos recuerda otro estudio del FMI, éste no es un patrón nuevo.
La crisis también puso a prueba los dogmas de larga data que responsabilizan a la rigidez del mercado laboral por el desempleo, ya que a los países con salarios más flexibles, como EE.UU. les fue peor que a las economías del norte de Europa, entre ellas Alemania. Por cierto, conforme los salarios se debiliten, a los trabajadores les resultará aún más difícil devolver lo que deben, y los problemas en el mercado inmobiliario se agravarán. El consumo seguirá siendo limitado, mientras que una recuperación sólida y sostenible no puede basarse en otra burbuja alimentada por deuda.
Tan desigual como era EE.UU.antes de la Gran Recesión, la crisis, y la manera en que fue manejada, llevó a una desigualdad de ingresos aún mayor, haciendo que la recuperación fuera mucho más difícil. EE.UU. se está preparando para su propia versión de un mal japonés.
Sin embargo, existen soluciones para este dilema: fortalecer la negociación colectiva, reestructurar las hipotecas, utilizar la zanahoria y el garrote para que los bancos vuelvan a prestar dinero, reestructurar las políticas impositivas y de gasto para estimular la economía hoy meidante inversiones a largo plazo, e implementar políticas sociales que aseguren oportunidades para todos. Hoy, con casi una cuarta parte de los ingresos totales y el 40% de la riqueza en manos del 1% que más gana, Estados Unidos hoy es menos una “tierra de oportunidades” que incluso la “vieja” Europa.
Para los progresistas, estos datos abismales son parte de la letanía habitual de frustración y furia justificada. Lo que es nuevo es que el FMI se sumó al coro. Como concluyó Strauss-Kahn en su discurso en la Brookings Institution poco antes de la reciente reunión del Fondo: “En definitiva, el empleo y la igualdad son los pilares de la estabilidad y la prosperidad económica, de la estabilidad y de la paz política. Esto está en el corazón del mandato del FMI. Se lo debe colocar en el corazón de la agenda política”.
Strauss-Kahn está demostrando ser un líder sagaz del FMI. Sólo nos queda esperar que los gobiernos y los mercados financieros presten atención a sus palabras. Leer más...

¿Quién se queda con la renta petrolera? Por Daniel Montamat

Si las cámaras pudieran filmar el subsuelo petrolero argentino la sociedad advertiría que su realidad es mucho más complicada que la de la superficie. Hemos estado consumiendo las reservas de petróleo y gas, sobreexplotando lo que estaba en producción y reduciendo al mínimo la inversión exploratoria para descubrir y desarrollar nuevas reservas. Entre 2003 y 2010 las reservas comprobadas de petróleo cayeron 11% con producción anual declinante, y las de gas natural 43%, con producción declinante desde 2005. En la década de los 80 se perforó un promedio de 102 pozos exploratorios, en la de los 90, 98 pozos. En la década pasada el promedio cayó a 48 pozos, pero en el 2010 la actividad se redujo a sólo 24 pozos exploratorios.

La exploración es la actividad más riesgosa de la industria petrolera y su constante declinación condena a la Argentina a depender de crecientes importaciones de hidrocarburos con fuerte impacto en las cuentas externas y en las cuentas públicas. No habrá más exploración si no hay un replanteo fundamental de la política petrolera.
Se subraya con razón que la Argentina no ha desarrollado todo su potencial petrolero y gasífero. La producción declina no porque no haya más petróleo y gas para descubrir y desarrollar, si no porque el sector ha sido sometido a reglas e intervenciones discrecionales.
En el negocio petrolero se analiza y discute la apropiación y distribución de la renta (diferencia entre precios y costos), más que la propiedad. Aún con una empresa estatal, los fundamentos que presiden el negocio petrolero dependen del reparto de la renta. Petrobras no podría haber asumido el riesgo de la exploración en alta mar cuyo éxito convirtió a Brasil en potencia petrolera, con las reglas que rigen la apropiación y el reparto de la renta en el país. ENARSA fracasó en conseguir socios para explorar las perspectivas que ofrece el Mar Argentino (sobretodo en el talud continental) no sólo por su ineptitud: el alto riesgo de la exploración off-shore no tiene correlato con el reparto de la renta a que está sometido el barril a descubrirse.
Con la política petrolera actual y el nivel de actividad exploratoria resultante nunca sabremos tampoco qué parte de los recursos potenciales de gas no convencional al que aluden algunos estudios pueden convertirse en reservas probadas.
La renta petrolera argentina promedio del trienio 2002-2004 fue de US$ 6.178 millones por año (gas y petróleo). Subió a 12.798 millones en promedio por año en el trienio 2005-2007, y a 18.678 millones en promedio por año en el trienio 2008-2010. La intuición lleva a presumir que el aumento de la renta debió traducirse en mayor nivel exploratorio. Y sucedió lo contrario. Si se analiza cómo se distribuyó esa renta se despeja la paradoja.
La renta promedio año creció al compás de la suba de los precios del petróleo y su incidencia en los precios del gas natural. El precio promedio del barril en el trienio 2002-2004 fue de US$ 32,9; subió a 64,8 entre 2005-2007 y promedió 80,4 entre 2008 y 2010.
Pero la Argentina está divorciada de esas referencias internacionales de precios por retenciones, congelamientos y controles. Esto determina que la mayor parte de esa renta no fue a parar al bolsillo de las empresas que exploran y explotan el petróleo y el gas; fue a los bolsillos de los consumidores de productos petroleros y sobretodo de gas natural, favorecidos con bajos precios (subsidio económico).
En el trienio 2002-2004 un 30% de la renta fue a las empresas, un 35% al gobierno (Nación y Provincias productoras) y un 34% a los consumidores. En el segundo trienio los consumidores recibieron el 50%, el Gobierno el 31% y las empresas el 19%. De la renta del período 2008-2010 un 71% fue a los consumidores, un 25% al Gobierno (regalías, retenciones, impuestos) y un 4% a las empresas.
Sí, en la medida que los precios del petróleo fueron aumentando en el mundo, la transferencia de renta petrolera a los consumidores fue creciendo. Alguien podrá alegar que se logró el objetivo de apropiación de renta para el Estado y los consumidores, reduciéndose a un mínimo la renta que va a las empresas. También puede sostenerse que aún con esos niveles de renta las empresas petroleras que operan en la Argentina siguen dando utilidades.
Pero lo que no puede dejar de reconocerse es que esta política alienta la sobreexplotación de los yacimientos que están en producción con productividad declinante y desalienta los esfuerzos para descubrir nuevos recursos. El “pan para hoy y hambre para mañana” del populismo energético.
El desaliento exploratorio derivado de las reglas que rigen la apropiación y el reparto de la renta (reglas que además han ido cambiando y retroalimentando incertidumbre) frustró la exploración del mar argentino, hizo fracasar la convocatoria a explorar lanzada por esta administración años atrás, y ha tenido secuelas adicionales en los esfuerzos provinciales de interesar nuevos exploradores.
Un 50% de las áreas exploratorias licitadas por las provincias fue a parar a manos de empresas amigas del poder con más vocación de intermediar para vender sus derechos a terceros que cumplir con sus compromisos de inversión.
El subsuelo petrolero en el on-shore provincial tiene muchos nuevos ocupantes que carecen de antecedentes técnicos y aptitud para asumir riesgos en la actividad.
Una nueva política petrolera debe tener como eje una nueva política exploratoria. La nueva política exploratoria debe plantear otra distribución de la renta tomando en cuenta los antecedentes comparados que existen en la propia región (Brasil, Perú, Colombia).
Cuanto mayor es el riesgo exploratorio mayor debe ser la participación en la renta ofrecida al inversor. En las cuencas no productivas y en el Mar Argentino hay que otorgar condiciones más ventajosas. Con reglas transparentes y sin estar sujetas a la discreción de la administración de turno.
Hay mecanismos para dar previsibilidad y certidumbre a la apropiación y reparto de la renta durante toda la vida de la exploración y la explotación. Por ejemplo, utilizando como referencia de adjudicación un canon básico con una fórmula que aumente o baje ese canon en función de cómo evoluciona el valor de las reservas recuperables del yacimiento descubierto y puesto en producción. La nueva exploración será un punto de inflexión a la decadencia petrolera y permitirá apuntalar una estrategia de desarrollo económico y social. Leer más...

Vuelve el fatídico péndulo cambiario. Por Orlando Ferreres

Competitividad y tipo de cambio. La convertibilidad fue acusada de tener un tipo de cambio atrasado que habría provocado en la década del 90 un gran déficit de la balanza comercial, el deterioro y quiebra de muchas empresas argentinas y un aumento significativo del desempleo.
Para salir de aquella situación se llegó a la devaluación del tipo de cambio (bajo el nombre: "salimos de la trampa de la convertibilidad" o "volvemos a ser un país normal") que logró hacer mas "competitiva la industria argentina". Estas medidas fueron apoyadas tanto por los sectores empresarios como por los dirigentes sindicales. Los gremios más opositores al oficialismo sindical y a los "gordos" utilizaban el eufemismo "estamos de acuerdo en recuperar la política cambiaria" para justificar la devaluación. O sea que todos apoyaron una importante caída de los salarios en dólares.

Posteriormente, un "pilar del modelo económico actual" fue el tipo de cambio real alto, que básicamente significa salarios reales bajos en dólares. Esto favorecía la actividad tanto de las industrias competitivas como de las no competitivas al tener un tipo de cambio real más alto que el de equilibrio de largo plazo.
Es sabido por la experiencia internacional, y por la nuestra propia en el pasado que, en el largo plazo (dentro de los 60 meses) el tipo de cambio real vuelve al nivel de equilibro, como si fuera un péndulo porfiado, si no hacemos nada importante para cambiar la productividad. Es decir, los precios en dólares vuelven, dentro de ese lapso, aproximadamente a ser los mismos que antes de la devaluación.
Costo salarial en dólares. Veamos la elocuencia de las cifras. Durante la convertibilidad el salario medio mensual sujeto a aportes era de unos 940 dólares por mes, nivel que se mantuvo bastante estable por varios años. En esa década del 90 los salarios en Brasil estaban en los 400 dólares por mes, lo que dificultaba las exportaciones nuestras a ese mercado y también al resto del mundo.
Con la devaluación "competitiva" de 2002 se logró tener costos más bajos. Uno de los principales costos es el salarial que cayó de los 940 dólares por mes a 300 dólares por mes, por trabajador. La contrapartida fue que la pobreza aumentó de un 34% a un 56% de la población. Se estima que un 20 % de clase media pasó a clase baja: fueron los nuevos pobres. Progresivamente, la pobreza ha retornado a las cifras de fines de los 90 tomando en cuenta el nivel de precios real de las cosas, aunque desde que se aceleró el ritmo del aumento de precios, esa reducción de la pobreza no ha seguido su tendencia descendente.
En los últimos años el costo salarial no fue acompañado por el mismo ritmo de corrección del tipo de cambio, por lo cual nos encarecimos en dólares. Esto dificulta la exportación de muchos sectores, y facilita la importación ya que no hubo inflación internacional y sí en los costos locales. Por suerte también se encareció Brasil aunque, a pesar de eso, tenemos un déficit comercial descomunal con ese país. Leer más...

La presión tributaria argentina es la más alta de América Latina. Por Annabella Quiroga

(Nota publicada en iEco de Clarín el Domingo 15/05/2011)
Por obra y gracia de la inflación, la Argentina pasó a liderar el ranking latinoamericano de países con mayor presión tributaria (PT). El peso impositivo que soportan individuos y empresas equivale al 37,2% del PBI. A este guarismo llega una medición del IERAL, el instituto dependiente de la Fundación Mediterránea. Para otras consultoras, que no incluyen el llamado “impuesto inflacionario”, la PT oscila entre el 32 y el 33% del PBI.

También el FMI ubica a la Argentina al tope de la lista. Utilizando estrictamente la información del INDEC (qué, según las consultoras, subestima tanto la inflación como el PBI nominal), determina que la PT argentina es del 38,9%, arriba del 37,4% de Brasil (ver infografía), tradicionalmente el país con mayor carga impositiva de la región. Argentina no sólo lidera la tabla general, sino que también es el estado en el que la PT ha dado el salto más alto en los últimos diez años, con un incremento del 58%, según el FMI.
“La relación de ingresos tributarios sobre PIB se encuentra en niveles récord, ubicándose en 33,9% del PIB en 2010, 13,4 puntos porcentuales (p.p) por encima del promedio de los 90’s y 18,5 p.p por encima de los 80’s”, dice Maximiliano Castillo Carrillo, de la consultora ACM.
El aumento de la presión tributaria guarda relación directa con el modelo económico del kirchnerismo, que crece aferrado a los superávits gemelos: para cuidar la caja es clave mantener resultados positivos en las cuentas fiscales y en la balanza comercial. Esta táctica derivó en que tributos que vieron la luz durante los años de la emergencia económica, como el impuesto al cheque y las retenciones a las exportaciones, se hayan consolidado hasta transformarse en componentes básicos de la recaudación nacional. Bajo el mismo esquema, el Gobierno desechó cualquier posibilidad de aplicar el ajuste por inflación al pago de Ganancias, lo que termina inflando las contribuciones de las empresas y las personas físicas.
A esto se suma que la inflación genera transferencias implícitas en la economía. Al reducirse el valor real del dinero emitido por el estado, la suba de precios se convierte en una fuente de ingresos que beneficia al sector público. “Si se computa un impuesto inflacionario equivalente a 2,5% del PIB, la presión tributaria total alcanzó a 37,2% en 2010”, sostiene Marcelo Capello, director del IERAL. De este modo, el peso del impuesto inflacionario llega a ser mayor que el de otros considerados distorsivos, como el impuesto al cheque, que representa 1,9% del producto.
En la región, la contracara es Chile con una PT del 17%. Para Capello, el país trasandino “muestra una política fiscal contracíclica, verdaderamente keynesiana, mientras que Argentina hace caso omiso al ciclo: procíclico en el gasto, su presión tributaria efectiva sube siempre desde 2003, sin reparar en alzas o bajas de la actividad económica, hasta resultar el país sudamericano con mayor presión fiscal”.
Para el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), el nivel de presión tributaria efectiva del sector público argentino (la recaudación de los tres niveles de gobierno: nacional, provincial y municipal) habría cerrado el 2010 cerca del 32% del PBI.
Desde Economía&Regiones, Guillermo Giussi indica que la presión tributaria consolidada es del 38% – tomando como base el PBI del INDEC – y del 31,2% con el producto estimado por la consultora. “De los 10 puntos porcentuales de suba de la presión tributaria que ocurrieron en la última década, 9 puntos corresponden a impuestos aplicados por la Nación y sólo 1 a los provinciales”, señala Giussi.
Según el IARAF, de los 10 pp. de alza en la presión tributaria, prácticamente la mitad (4,6 pp.) se explican por el impuesto al cheque y las retenciones, mientras que el resto del aumento se debe, en parte, a mejoras en la recaudación de algunos tributos, que por mayores niveles de cumplimiento y de eficiencia en la recaudación crecieron a más velocidad que el producto.
Una de las características centrales del sistema tributario argentino es el peso excesivo de los llamados impuestos distorsivos. En esta lista se anotan el impuesto al cheque, las retenciones y tributos provinciales como Ingresos Brutos y Sellos. Según Nadín Argañaraz, del IARAF, el 26% de la presión tributaria actual está explicada por estos tributos. En el 2000 sólo representaban el 11%.
El otro elemento central es el enorme peso de los impuestos indirectos. La estructura tributaria del sector público nacional (sin considerar las contribuciones a la seguridad social) está constituida en un 72% por impuestos indirectos (el IVA, el impuesto al cheque, a los combustibles y otros gravámenes que se aplican sobre el consumo), frente a un 28% de impuestos directos (Ganancias, Bienes Personales, transferencias de inmuebles, entre otros). En países desarrollados como Australia o Canadá, los impuestos directos constituyen el 70 y 66%, respectivamente, de la recaudación. Argañaraz señala un matiz importante en esta comparación. “Estos dos países se encuentran en diferentes estadios de desarrollo que la Argentina. Es probable que, inicialmente, estos países hayan fundamentado sus estructuras tributarias en impuestos indirectos para financiar la inversión inicial, para luego, a medida que se avanzó en el crecimiento, ir virando hacia estructuras basadas en tributación directa”.
La matriz impositiva argentina es compartida por los países de América Latina. “En promedio, en la región el 55,3% de los recursos provienen de la imposición sobre bienes y servicios mientras que sólo un 28,9% es el resultado de impuestos directos”, dice Capello.
Con relación a Brasil, si bien la PT es similar, Capello destaca una diferencia central. Dice que, en la Argentina, muchos de los impuestos que gravan a las exportaciones no están sujetos a reintegros o tienen devoluciones parciales, mientras que, en el país vecino, la situación es más favorable para los exportadores. Por eso, concluye que la PT argentina afecta la competitividad ya que recarga por demás a las empresas. Para revertir esta situación, “hace falta un plan estratégico de menor suba del gasto público para generar un espacio fiscal que en el futuro permita bajar impuestos”.
¿La elevada presión tributaria es necesariamente mala? No siempre. Gran parte de los países más desarrollados tienen grados de PT muy altos que coexisten con un uso eficiente de los ingresos. “La presión tributaria puede ser elevada y con ello proveer de recursos a un estado con amplia participación en la economía, que, a través de un gasto eficiente, propenda al logro de objetivos como una mayor competitividad de las empresas, una mayor inversión para lograr un crecimiento económico sostenido, y corregir así cuestiones de inequidad en la distribución de la riqueza”, dice Argañaraz, señalando uno de los caminos posibles. Claro que también existe otra alternativa, en la que “los mayores ingresos por una presión tributaria elevada pueden convalidar un gasto elevado, pero muy ineficiente y distorsivo, que trabe las posibilidades de desarrollo productivo y socioeconómico del país”. Leer más...

Un modelo que sólo sobrevive con más confiscaciones. Por Roberto Cachanosky

Ayer Cristina Fernández sostuvo que no se muere por volver a ser presidenta y que ya ha dado todo lo que tenía que dar. No sabemos si esta frase es para frenar a Moyano, porque está agotada de los desbordes económicos que tiene que afrontar (ejemplo inflación y déficit fiscal) o bien porque presiente que dominar la situación económica en el futuro será muy complicado.

En 2003, el kirchnerismo se encontró con varias ventajas. En primer lugar recibió un sostenido aumento de los commodities que se había iniciado en el segundo semestre de 2002, particularmente la soja, que le generó una fenomenal caja al Gobierno en todos estos años. Para tener una idea de la caja que el complejo sojero le aportó al Gobierno recordemos que en 2001 todo el complejo sojero exportó U$S 4600 millones, con cero retenciones, mientras que en 2010 los derechos de exportación recaudados por el complejo sumaron U$S 6000 millones aproximadamente. Es decir, en 2010 el Gobierno recaudó por derechos de exportación del complejo sojero el equivalente a todas las exportaciones de ese complejo de 2001 más un 30%.
En mayo de 2003, para comprar un dólar en Brasil había que entregar 3 reales y ahora 1,60 reales por dólar, un dato no menor porque esto permitió incrementar las exportaciones a nuestro socio del Mercosur, particularmente automotores. Y aún así tenemos déficit de balance comercial bilateral y serios conflictos comerciales con nuestro vecino.
Junto con este contexto internacional favorable, la economía interna le ofrecía un dólar alto, fruto de la devaluación de enero de 2002. Al mismo tiempo, la industria utilizaba sólo el 64% de su capacidad instalada. Este dato no es menor porque para aumentar la producción no hacía falta realizar inversiones. Sólo con un poco de capital de trabajo el sector podía comenzar a operar sustituyendo importaciones gracias al dólar alto de ese momento.
En definitiva, el famoso modelo económico kirchnerista apuntó a la reactivación en vez del crecimiento (inversiones), usufrutuó la devaluación de 2002 y se encontró con un contexto internacional muy favorable. Su apuesta fue, entonces, poner el consumo por encima de la inversión. Para eso utilizó todos los mecanismos a su mano. Por un lado se apropió de crecientes flujos de ingresos (impuesto a las ganancias sin ajustar balances dentro de un contexto crecientemente inflacionario) e incremento de las retenciones para financiar un creciente gasto público. Por otro lado confiscó stock de capital (AFJP) y reservas del BCRA y, finalmente, consumió stock de capital para financiar el mayor consumo (política ganadera, energética y rutas, por ejemplo).
Pasados ocho años de esta política, la famosa caja desapareció porqué hoy el sector público tiene déficit fiscal cuando se quita la contabilidad creativa de ingresos corrientes que no los son. Por otro lado, el tipo de cambio real cayó dramáticamente al punto que hoy un sojero tiene un tipo de cambio efectivo en términos reales menor al de la convertibilidad y sólo sigue produciendo gracias al precio internacional, precio sobre el cual hay dudas que pueda sostenerse en el largo plazo. La sustitución de importaciones se agotó por la caída del tipo de cambio real fruto del proceso inflacionario que desató el BCRA en todos estos años y con mayor intensidad en 2010. Por eso Moreno frenó las importaciones. Porque al caer el saldo de balance comercial por el aumento de las importaciones, se achicaba el saldo de comercio exterior corriendo el riesgo de quedarse sin dólares para financiar la fuga de capitales, que desde 2007 hasta diciembre del año pasado superó los U$S 57.000 millones. Si el tipo de cambio no saltó fue porque el saldo comercial financió esa fuga.
Hoy el sector público tiene déficit fiscal La estrategia no consistió en apostar a crear un contexto institucional de reglas de juego claras que estimularan la inversión, para crear más puestos de trabajo, bajar la desocupación y mejorar el salario real. Una muestra evidente del fracaso del modelo económico es la Asignación Universal por Hijo y demás planes llamados sociales. Si hubiese habido inversión y crecimiento, esos planes no hubiesen sido necesarios porque la gente habría tenido la oportunidad de conseguir un trabajo bien remunerado y no caer en la indignidad de tener que vivir de las dádivas del Estado. Puesto en otros términos, los crecientes fondos destinados a subsidios han hecho que la gente tome esos subsidios como una forma de vida, cuando sólo deberían aplicarse en casos muy especiales. Dignidad es que la gente pueda sostener a su familia con el fruto de su trabajo, y no depender del puntero político para alimentar a su familia.
Una muestra evidente del fracaso del modelo económico es la Asignación Universal por Hijo Este tema no es menor, porque los problemas que habrá que enfrentar en el futuro implican hacer correcciones con un mínimo colchón social dadas la pobreza e indigencia imperante.
Con sólo ver el nuevo récord de expansión monetaria de abril que llegó al 40% interanual y el fenomenal stock de deuda de corto plazo del Central ($ 100.000 millones), uno puede advertir el descontrol monetario y fiscal que hoy tenemos. A esto hay que sumarle otro desborde que consiste en los subsidios para mantener artificialmente baja las tarifas de energía, gas y transporte público, además de las empresas estatales. Entre 2006 y el primer trimestre de este año se destinaron más de U$S 36.5000 millones para sostener artificialmente bajas las tarifas mencionadas y las pérdidas de las empresas estatales. Entre 2006 y 2010 los subsidios se multiplicaron por 5.
La pregunta es: ¿Le conviene a la Presidenta heredarse a sí misma? Porque de ir por la reelección, y en el supuesto que gane, no tendrá la posibilidad de echarle la culpa a su antecesor de la situación heredada, al tiempo que no parece quedar demasiado margen para seguir incentivando el consumo sin inversiones que aumenten la oferta.
El dilema de la Presidenta es saber si tendrá algún mecanismo para seguir financiando consumo sin producir más. Pero al mismo tiempo, si quisiera cambiar de estrategia e incentivar la inversión, pocos le tendrían confianza luego del tsunami de arbitrariedades económicas que se han cometido en todos estos años. Recrear la confianza no es tan sencillo luego de tantos dislates.
El dilema de la Presidenta es saber si tendrá algún mecanismo para seguir financiando consumo sin producir más Por otro lado, ¿cuál es el equipo económico que tiene para inspirar confianza? ¿Moreno con sus medidas? ¿Marcó del Pont creyendo que el crédito se imprime en billetes?
Si ahora la Presidenta se queja de las presiones de Moyano, después de haberlo tenido de aliado y mirar para el costado cuando bloqueaba diarios y empresas, la conflictividad social será fenomenal el día que haya que corregir la distorsión de precios relativos y el desborde de gasto público. Y ni que hablar si la santa soja deja de estar en los U$S 500 por tonelada. Hacer correcciones en la economía sin la ayuda de la santa soja sería una tarea que no se la envidio a nadie.
Para sostener este mismo modelo cuatro años más habrá que seguir buscando nuevos flujos de los cuales apropiarse o bien confiscar más activos, porque la economía ya no genera flujos suficientes de ingresos para sostener este desborde de gasto y nivel consumo artificial.
No me sorprendería que en el hipotético caso que el oficialismo ganara en octubre estatice el comercio exterior de granos. El Gobierno quitaría las retenciones, le pagaría la mitad al productor y se quedaría con la diferencia de la exportación. La 125 quedaría a la altura de un poroto frente a esta estatización.
Pedir más directores en las empresas privadas de las cuales la Anses tiene acciones para que repartan utilidades es un ejemplo de la desesperada necesidad de caja que hoy ya tiene el Gobierno.
Es claro que la Argentina tiene que cambiar 180 grados el rumbo económico porque éste ya se agotó. El problema es que ese giro de 180 grados tendría que hacerlo un gobierno que genere confianza en los inversores. Y la credibilidad es algo que no se compra con la caja. Se conquista con el comportamiento. Con los actos de gobierno.
Considerando que no es justamente éste un activo del kirchnerismo, si la Presidenta intenta un segundo mandato o tercero kirchnerista, la pregunta clave que debería formularse sería: ¿tengo suficientes flujos y stocks para seguir confiscando en el futuro para sostener el consumo artificial y evitar que las minas plantadas en la economía me exploten a mí? Leer más...

Carne para todos, Big Mac para nadie. Por Martín Lousteau

Como a la mayoría de los argentinos, me gusta el asado. Creo, además, que no hay punto de comparación posible entre un corte doméstico y cualquier hamburguesa de cadena de comidas rápidas. Suscribiría con muchas ganas un slogan de campaña nacionalista que se basara en el título de este artículo. Pero aún los buenos enunciados pueden esconder muchas veces un significado alternativo.

El año pasado la carne vacuna subió un 70%, y en lo que va de 2011 ya suma otro 23% de aumento. Con estos precios, el valor en dólares se acercó mucho al vigente en Brasil o Uruguay, aunque en el caso de ellos sea porque las monedas locales se apreciaron. Ambos vecinos sufren adicionalmente la tensión de precios que genera una mayor demanda externa. La misma tiende a aliviarse en el largo plazo ya que, al permitir un mayor precio para la hacienda, la ganadería se torna buen negocio y ello lleva a una mayor oferta.
El sendero en nuestro país es el opuesto: tras castigarse desde la Secretaría de Comercio la cría de vacunos, los precios actuales son consecuencia de una menor oferta vacuna, que llevará tiempo revertir. Esta sutil diferencia explica cómo los precios van equiparándose a ambos márgenes del Río de la Plata a pesar de que, teniendo un potencial productivo muy inferior, Uruguay exporta un volumen equiparable al de nuestro país. La "Carne para Todos" puede resolver este tema, pero sólo para el 0,8% del consumo total argentino.
Con semejante panorama, quizás te sorprenda el precio local de un Big Mac , que es tan solo de $16. Tan llamativo como eso puede resultarte que la oferta cuente con escasa promoción, tanto fuera como dentro de los locales de Mc Donald´s. Si prestás atención, verás que no hay siquiera una foto principal del mismo encima de las líneas de caja: tendrás que buscarlo en alguna esquina. De cien países en los que McDonald´s está presente, sólo en uno el Big Mac tiene menos presencia promocional que en Argentina. Se trata de India, donde el producto fue reemplazado por el Mac Maharaja de pollo, ya que los hinduistas no consumen carne vacuna. Y su peculiar composición ni siquiera ha impedido que el semanario británico The Economist lo incluya para elaborar su conocido Índice Big Mac .
La lógica de dicha metodología es sencilla. Primero se toma la misma canasta de bienes en dos países distintos, por ejemplo EEUU y Argentina. Si el valor de la misma allá es de 100 dólares y acá de 200 pesos, podemos deducir que tener un dólar en Estados Unidos otorga un poder adquisitivo similar a poseer dos pesos en Argentina. En lugar de recabar el costo de una canasta equivalente en varios países -algo que sería complejo-, The Economist optó por utilizar un único bien, relativamente homogéneo y bastante universalizado: el Big Mac.
Una aplicación adicional de este ejercicio consiste en ver si el dólar está sobre o subvaluado en determinado país. Por ejemplo, en 2003 el Big Mac costaba 4,1 pesos en Argentina y 2,71 dólares en EEUU. De esta manera, un estadounidense podía venir con sus 2,71 dólares, comprar 7,62 pesos (al tipo de cambio de 2,81 pesos por dólar de aquel entonces) y comerse 1,85 Big Macs . En esa época Argentina le resultaba barata. Pero la situación se altera cuando suben los precios o el dólar. Hoy la famosa hamburguesa vale alrededor de 16 pesos acá y 3,8 dólares allá que, al aterrizar en Buenos Aires, pueden transformarse en 15,5 pesos (a 4.08 pesos por dólar). Con estos valores, al visitante de los EE.UU. ya no le alcanza para comer una hamburguesa entera. Y ello significa que el Peso dejó de ser barato.
Esta es la breve historia de cómo una conocida hamburguesa puede darnos indicios de la pérdida de competitividad de la moneda y de la inflación subyacente. Más aún: a principios de año, The Economist publicó un gráfico que mostraba la diferencia entre la suba del Big Mac y la inflación oficial de cada país. En ese (extremadamente básico) ranking de estadísticas "sospechosas", la hamburguesa había subido 19% contra un 10% del IPC que calcula el Indec.
Todos estos ejercicios tienen obvias y múltiples falencias técnicas. Lamentablemente, a algunos les resulta más difícil encontrar errores en una metodología simplificada que controlar y culpar al precio de una comida rápida. Quizás ello explique por qué el Big Mac es 25% más barato que su equivalente en la competencia local o que esté muy desfasado contra otros productos de la cadena cuando comparamos la estructura de precios doméstica con la vigente en países limítrofes. Hay quienes eligen castigar al mensajero antes que comprender el mensaje.
Cuando se lo compara con otras ofertas de la misma empresa, el Big Mac -que en otros lugares es un producto primordial- resulta en Argentina barato pero inhallable. Aunque en ello intervenga la Secretaría de Comercio, el comportamiento empresarial de establecer un precio extremadamente accesible y después disuadir el consumo por falta de presencia en la comunicación resulta sumamente extraño. Quizás no se trate más que de una nueva paradoja de nuestra economía: la carne para todos está demasiado cara; pero el Big Mac , artificialmente barato, termina oculto e inaccesible.

Leer más...

Dulce de leche, colectivos y "el modelo". Por Martín Lousteau

El Gobierno destaca recurrentemente la importancia y la necesidad de preservar "el modelo". Agradece a aquellos que lo ratifican, como ocurrió con Hugo Moyano en estos días, y hasta reclamará el voto de los ciudadanos con el mismo fin. Quizás valga la pena, entonces, pensar con algún grado de detalle en lo que significa dicho "modelo".
Entre 2003 y 2011, el PBI argentino habrá crecido a una ritmo anual del 6,5%. Esa cifra duplica al promedio histórico. Se trata de uno de los ciclos más exitosos de la historia económica del país, sólo superado por los 1903-1911 (7,6% de crecimiento anual) y 1918-1926 (6,9%). Esto, sumado al recuerdo aún fresco de la depresión 1998-2002, es un elemento imprescindible a la hora de explicar el amplio respaldo del que goza el oficialismo.

Todos estamos a favor del crecimiento, como estamos a favor de la educación o la salud. Pero sostener que el mismo constituye de por sí un modelo es similar a pensar que la selección de fútbol tenía un plan de juego bien definido en el Mundial 2010 después de las victorias contra Nigeria, Corea y Grecia.
Dado que muchas veces la Presidenta ha recomendado al resto del mundo la adopción de nuestra fórmula, es interesante analizar qué nos diferencia de otros y qué es lo que deberían ellos modificar para sumarse a este carro del éxito.
Centrémonos en América del Sur, que es donde habitamos. Entre 2003 y 2010 la región creció a una tasa anual promedio del 4,7%. El país que más lo hizo fue Perú (6,6% anual) seguido de cerca por la Argentina (6,4%), mientras los menos dinámicos alcanzaron "sólo" un 4% anual (Brasil y Chile). Hasta 2006 la economía argentina duplicó la tasa de crecimiento promedio, debido en parte a que estábamos recuperando la caída acumulada del 20% del PBI que había tenido lugar. Pero entre 2007-2010 nuestro país muestra una evolución similar o inferior a la de sus pares, superando únicamente a Venezuela, Chile y Ecuador.
Las semejanzas no terminan allí. Nuestras exportaciones subieron, pero un poco menos que el conjunto (166% vs 224%), y Chile nos sobrepasó como segundo exportador de la región. Nuestras reservas crecieron 398%, pero esta cifra también está por debajo del 437% que se verificó para el total de América del Sur. Por el contrario, nuestro desempleo de 7,8% es apenas superior al promedio regional de 7,4% y la pobreza también (23,6% contra 21,8%).
Como se ve, el muy buen desempeño económico ha sido una regla más que la excepción. Y en la raíz de tanto parecido hay un común denominador: la mejora en los precios de los principales productos exportados por la región que, luego de permanecer relativamente estables durante varias décadas, a partir de 2003 comenzaron a subir a una velocidad inusitada y acumularon un crecimiento de nada menos que el 150%. Ello permitió a todos los países de la región eludir sus históricas restricciones para el crecimiento sostenido.
Lo que sí ha diferido en años recientes son las políticas fiscales adoptadas en este contexto de bonanza. Porque mientras entre 2003 y 2006, el gasto público argentino en relación al PBI mostró una evolución idéntica a la de sus vecinos, desde 2007 su crecimiento triplicó al de los demás países. Y una de las consecuencias más evidentes de ese manejo fiscal pro-cíclico es su impacto en la evolución de los precios: la Argentina ya lleva siete años con inflación de dos dígitos, y en 2010 quintuplicó el promedio de los países de la región (excluyendo a Venezuela, que junto a nuestro país lideran el ranking mundial de inflación).
En la campaña presidencial de 2007, no sin cierta rimbombancia, Cristina Fernández de Kirchner bautizó al esquema económico vigente en nuestro país como un "modelo de acumulación con matriz diversificada, tipo de cambio competitivo e inclusión social". Sin embargo, para poder hablar de un verdadero modelo es preciso, cuanto menos, cumplir con un requisito básico: la consistencia interna.
En ese sentido, la preocupación que denota la Asignación Universal por Hijo es incompatible con el desdén por la inflación y su impacto en el componente de "inclusión social". La suba de precios también genera una pérdida sistemática de competitividad de la moneda: ignorarla y pretender tener mantener un "tipo de cambio competitivo" es otra incoherencia que redunda luego en primitivas limitaciones a las importaciones. Y en este contexto de miopía y discreción a la hora de gestionar, la inversión sufre y es difícil que se detone un proceso "de acumulación" y de "diversificación productiva".
Más allá de algunos éxitos indudables de estos años, lo cierto es que no estamos frente a un Nuevo Desarrollismo. Por suerte, el mundo y las ventajas que para nosotros entraña nos evitan urgencias de otros tiempos y nos dan aún el tiempo necesario para pensar e implementar un verdadero modelo de desarrollo. Aprovecharlo depende enteramente de nosotros. Leer más...

Corrigiendo a Bretton Woods. Por Barry Eichengreenn

En 1944, la conferencia de Bretton Woods donde nacieron el FMI y nuestro sistema monetario internacional basado en el dólar. estuvo signada por un enfrentamiento entre EE.UU. y el Reino Unido, representados por los economistas Harry Dexter White y John Keynes, respectivamente. El Reino Unido quería un sistema en el que la liquidez mundial fuese regulada por una institución multilateral, mientras que EE.UU., por intereses propios, prefería un sistema basado en el dólar.

Debido a su poder financiero y económico, EE.UU. ganó la pulseada. Keynes no logró imponer su idea de conferirle al FMI la facultad de crear una nueva unidad internacional de reservas como alternativa al dólar. Y tampoco pudo cerrar un acuerdo sobre medidas que obligasen tanto a países deficitarios como superavitarios, y tanto al emisor de la moneda internacional como a sus usuarios, a hacer ajustes. El fantasma de este último fracaso nos persigue hasta hoy. Los países con superávit externo crónicos, como China, y los países cuyas monedas se usan en todo el mundo, como EE.UU., no sufren la misma presión que otros países que corrigen sus políticas cuando surgen desequilibrios económicos. En marzo, los líderes del G20 reunidos en Nanjing, China, prometieron ocuparse de este problema. Le encomendaron al G20 desarrollar una serie de indicadores destinados a señalar cuándo un país, incluidos EE.UU. y China, está en riesgo de crisis. La idea es contar con un proceso que garantice que cuando se enciendan luces de alerta, el país en cuestión sea obligado a corregir sus políticas. Lamentablemente, esos indicadores de peligro son mejores para reflejar la crisis pasada que para prevenir la siguiente. La naturaleza del riesgo financiero cambia constantemente de modos difíciles de detectar con indicadores que miran hacia atrás como los que desarrolló el G20. En cualquier caso, el único procedimiento para actuar en función de tales indicadores es la "presión del grupo", que difícilmente da resultados. La otra política de moda que, en definitiva, resultará impracticable es transformar los créditos del FMI conocidos como Derechos Especiales de Giro (DEG) en una moneda internacional rival del dólar. El problema es que los DEG no se usan ni para transacciones extrafronteras ni como una unidad en que se denominen bonos internacionales. Eso significa que no hay mercados privados para DEG, y crearlos implicaría un largo y arduo proceso. Además, para que los DEG se convirtiesen en una verdadera moneda global, el FMI tendría que ser autorizado a emitir más en caso de crisis, algo como lo que hizo la Fed de EE.UU. cuando les dio a bancos centrales extranjeros US$120.000 millones en créditos de emergencia tras el colapso de Lehman Brothers. En otras palabras, el FMI debería contar con las facultades de un banco central mundial. No parece probable que Ron Paul, presidente liberal de la comisión de asuntos bancarios del Senado, quien duda de que EE.UU. siquiera necesite un banco central, esté dispuesto a aceptar esto. En cambio, lo que, en última instancia, va a reemplazar al sistema financiero monetario internacional basado en el dólar es un sistema tripolar organizado alrededor del dólar, el euro y el yuan. Pese a los lamentos en Europa por su futuro, el euro no va a ningún lado. Y China, por su parte, trabaja intensamente para internacionalizar su moneda y avanza más rápido de lo que la mayoría de la gente ve. Como resultado, el mundo estará en mejor situación. La existencia de alternativas del dólar significará que los emisores de monedas de uso internacional sentirán la disciplina del mercado antes y en forma más consistente. Cuando EE.UU. vuelva a dar señales de caer en el exceso financiero, no recibirá financiamiento externo tan fácilmente como antes. Después de todo, los bancos centrales que quieren reservas en divisa extranjera tendrán otras opciones que no sea adquirir dólares, de modo que los extranjeros no le darán a EE.UU. tanta cuerda con qué ahorcarse. El resultado será un mundo financiero más seguro. Después de todo, la raíz de la crisis financiera de 2007-2009 fue la peligrosa falta de coherencia entre una economía mundial multipolar y su sistema financiero y monetario aún dominado por el dólar .La buena noticia es que esto cambiará en el transcurso de la próxima década, restableciendo la sintonía entre los arreglos monetarios internacionales y las realidades económicas. La mala noticia es que diez años es mucho tiempo. Si la historia reciente sirve de guía, la salvación podría estar todavía a tres crisis de distancia . Leer más...

Pensando el futuro del gasoil. Por Alieto Guadagni

Nuestra economía ha crecido nada menos que un 55 por ciento por encima del nivel del 2003, pero sin embargo la producción de petróleo es hoy un 22 por ciento inferior a la de mayo de ese año, ya que cae mes a mes desde hace ya varios ciclos.
Esta tendencia negativa se agravará en el futuro por la caída en la exploración y la consiguiente reducción en las reservas. Hacia el 2003, más de la cuarta parte de la producción de petróleo era exportada, mientras que actualmente comenzamos a ser importadores, no de petróleo crudo, sino de sus derivados, particularmente gasoil.
Esto se explica fácilmente, pues hace décadas que no se amplía la capacidad de nuestras refinerías. Este insumo energético es muy importante para el sector agropecuario, ya que el costo del gasoil incide en los costos de las labores agrícolas.
Pero, además, como tampoco se ha modernizado el ferrocarril de cargas y la inmensa mayoría del transporte de los productos del campo se hace mediante camiones, el gasoil también es un elemento gravitante en los costos de comercialización.
Esta dependencia de la rentabilidad agropecuaria del costo de los fletes camioneros, especialmente en las zonas más alejadas de los puertos de embarque, hace oportuna una reflexión acerca del futuro en el abastecimiento de gasoil.
Hacia el 2004 se producían anualmente alrededor de 12 millones de metros cúbicos de gasoil, se consumían 11,3 millones y, por lo tanto, las exportaciones netas llegaban a los 0,7 millones de metros cúbicos. Desde entonces el país creció y el consumo trepó en el año 2010 a 16 millones de metros cúbicos, es decir, un 41 por ciento más, pero la producción de gasoil apenas subió un 7,5 por ciento, ubicándose el año pasado en 12,9 millones de metros cúbicos.
El déficit de producción nacional fue cubierto con nada menos que 3,1 millones de metros cúbicos de gasoil importado a precios internacionales, valores superiores a los vigentes en el mercado interno.
En el 2004 éramos exportadores de gasoil, pero como cayó la producción de petróleo y, a pesar de las declaraciones de Comercio, Guillermo Moreno, hacia el año 2006, la anunciada gran refinería de petróleo a ser instalada en Comodoro Rivadavia nunca se concretó, y la producción nacional de gasoil está, de hecho, estancada.
En síntesis, en estos últimos años pasamos de ser exportadores de gasoil a ser fuertes importadores. En estos momentos, la quinta parte del consumo de gasoil es cubierto con importaciones. Esta proporción, en el caso de que se mantenga la actual política energética sin inversiones ni en producción de petróleo ni en nuevas refinerías, crecerá considerablemente en los próximos años, ya que el 100 por ciento del incremento del consumo interno tendrá que ser cubierto por nuevas importaciones.
El escenario se complica porque, además, como también cae la producción de gas natural por la acelerada caída en la exploración y las reservas, las centrales eléctricas tienen que consumir más gasoil (un insumo muy caro para ser lamentablemente quemado en unidades de generación), permitiendo así liberar gas para compensar la declinante oferta de gas orientada al consumo de las familias.
En el mundo se producen y consumen por cada litro de nafta un poco más de gasoil (1,1 litros), con grandes diferencias entre Estados Unidos-Japón (se consume más nafta que gasoil) y Europa (donde se consume más gasoil que nafta).
En la Argentina, hace cuarenta años se consumía un 50 por ciento más de nafta que de gasoil, pero en la actualidad somos uno de los países con mayor consumo relativo de gasoil en el mundo: más de dos litros de gasoil por cada litro de nafta (sin contar el gasoil que queman las centrales eléctricas).
Por esta razón somos un país “gasoil dependiente”, ya que, por décadas, los impuestos a los combustibles fueron más altos para las naftas, lo cual produjo una modificación estructural en nuestro parque automotriz. El menor impuesto al gasoil fue, en su momento, justificado por su utilización en las tareas agrícolas y en el transporte carretero, pero a la larga impulsó a la industria automotriz a promover los autos gasoleros, (cosa que no ocurrió en Brasil, que sencillamente prohibió el patentamiento de autos gasoleros).
Con la actual política energética que avanza sin cesar desde hace siete años a la pérdida del autoabastecimiento, tanto en petróleo como en gas, en el próximo trienio el gasoil importado llegará a representar alrededor de la tercera parte del consumo total interno.
En este nuevo escenario, los precios internacionales comenzarán a pesar más fuertemente en nuestros valores internos que los subsidios fiscales; la creciente dependencia externa presionará sobre los precios actuales y tenderá a achicar la actual diferencia a nuestro favor cuando nos comparamos con nuestros vecinos del Cono Sur, donde los precios del gasoil superan a los nuestros de acuerdo a estos porcentajes: Brasil 45%, Chile 40%, Perú 36%, Paraguay 27% y Uruguay 90%.
La situación más difícil se encuentra en el transporte de pasajeros, ya que por la gravitación de los subsidios las diferencias son aquí mucho más grandes. Un vehículo de pasajeros en Paraguay paga por el gasoil casi cinco veces más que uno nuestro, y en el Uruguay paga siete veces más.
El dato nuevo a tener en cuenta en este futuro escenario es que en los últimos años se ha instalado nueva capacidad para procesar 2,6 millones de toneladas de biodiesel. Habrá entonces que prever un crecimiento en la importancia de los biocombustibles. Leer más...