lunes, 16 de mayo de 2011

¿Quién se queda con la renta petrolera? Por Daniel Montamat

Si las cámaras pudieran filmar el subsuelo petrolero argentino la sociedad advertiría que su realidad es mucho más complicada que la de la superficie. Hemos estado consumiendo las reservas de petróleo y gas, sobreexplotando lo que estaba en producción y reduciendo al mínimo la inversión exploratoria para descubrir y desarrollar nuevas reservas. Entre 2003 y 2010 las reservas comprobadas de petróleo cayeron 11% con producción anual declinante, y las de gas natural 43%, con producción declinante desde 2005. En la década de los 80 se perforó un promedio de 102 pozos exploratorios, en la de los 90, 98 pozos. En la década pasada el promedio cayó a 48 pozos, pero en el 2010 la actividad se redujo a sólo 24 pozos exploratorios.

La exploración es la actividad más riesgosa de la industria petrolera y su constante declinación condena a la Argentina a depender de crecientes importaciones de hidrocarburos con fuerte impacto en las cuentas externas y en las cuentas públicas. No habrá más exploración si no hay un replanteo fundamental de la política petrolera.
Se subraya con razón que la Argentina no ha desarrollado todo su potencial petrolero y gasífero. La producción declina no porque no haya más petróleo y gas para descubrir y desarrollar, si no porque el sector ha sido sometido a reglas e intervenciones discrecionales.
En el negocio petrolero se analiza y discute la apropiación y distribución de la renta (diferencia entre precios y costos), más que la propiedad. Aún con una empresa estatal, los fundamentos que presiden el negocio petrolero dependen del reparto de la renta. Petrobras no podría haber asumido el riesgo de la exploración en alta mar cuyo éxito convirtió a Brasil en potencia petrolera, con las reglas que rigen la apropiación y el reparto de la renta en el país. ENARSA fracasó en conseguir socios para explorar las perspectivas que ofrece el Mar Argentino (sobretodo en el talud continental) no sólo por su ineptitud: el alto riesgo de la exploración off-shore no tiene correlato con el reparto de la renta a que está sometido el barril a descubrirse.
Con la política petrolera actual y el nivel de actividad exploratoria resultante nunca sabremos tampoco qué parte de los recursos potenciales de gas no convencional al que aluden algunos estudios pueden convertirse en reservas probadas.
La renta petrolera argentina promedio del trienio 2002-2004 fue de US$ 6.178 millones por año (gas y petróleo). Subió a 12.798 millones en promedio por año en el trienio 2005-2007, y a 18.678 millones en promedio por año en el trienio 2008-2010. La intuición lleva a presumir que el aumento de la renta debió traducirse en mayor nivel exploratorio. Y sucedió lo contrario. Si se analiza cómo se distribuyó esa renta se despeja la paradoja.
La renta promedio año creció al compás de la suba de los precios del petróleo y su incidencia en los precios del gas natural. El precio promedio del barril en el trienio 2002-2004 fue de US$ 32,9; subió a 64,8 entre 2005-2007 y promedió 80,4 entre 2008 y 2010.
Pero la Argentina está divorciada de esas referencias internacionales de precios por retenciones, congelamientos y controles. Esto determina que la mayor parte de esa renta no fue a parar al bolsillo de las empresas que exploran y explotan el petróleo y el gas; fue a los bolsillos de los consumidores de productos petroleros y sobretodo de gas natural, favorecidos con bajos precios (subsidio económico).
En el trienio 2002-2004 un 30% de la renta fue a las empresas, un 35% al gobierno (Nación y Provincias productoras) y un 34% a los consumidores. En el segundo trienio los consumidores recibieron el 50%, el Gobierno el 31% y las empresas el 19%. De la renta del período 2008-2010 un 71% fue a los consumidores, un 25% al Gobierno (regalías, retenciones, impuestos) y un 4% a las empresas.
Sí, en la medida que los precios del petróleo fueron aumentando en el mundo, la transferencia de renta petrolera a los consumidores fue creciendo. Alguien podrá alegar que se logró el objetivo de apropiación de renta para el Estado y los consumidores, reduciéndose a un mínimo la renta que va a las empresas. También puede sostenerse que aún con esos niveles de renta las empresas petroleras que operan en la Argentina siguen dando utilidades.
Pero lo que no puede dejar de reconocerse es que esta política alienta la sobreexplotación de los yacimientos que están en producción con productividad declinante y desalienta los esfuerzos para descubrir nuevos recursos. El “pan para hoy y hambre para mañana” del populismo energético.
El desaliento exploratorio derivado de las reglas que rigen la apropiación y el reparto de la renta (reglas que además han ido cambiando y retroalimentando incertidumbre) frustró la exploración del mar argentino, hizo fracasar la convocatoria a explorar lanzada por esta administración años atrás, y ha tenido secuelas adicionales en los esfuerzos provinciales de interesar nuevos exploradores.
Un 50% de las áreas exploratorias licitadas por las provincias fue a parar a manos de empresas amigas del poder con más vocación de intermediar para vender sus derechos a terceros que cumplir con sus compromisos de inversión.
El subsuelo petrolero en el on-shore provincial tiene muchos nuevos ocupantes que carecen de antecedentes técnicos y aptitud para asumir riesgos en la actividad.
Una nueva política petrolera debe tener como eje una nueva política exploratoria. La nueva política exploratoria debe plantear otra distribución de la renta tomando en cuenta los antecedentes comparados que existen en la propia región (Brasil, Perú, Colombia).
Cuanto mayor es el riesgo exploratorio mayor debe ser la participación en la renta ofrecida al inversor. En las cuencas no productivas y en el Mar Argentino hay que otorgar condiciones más ventajosas. Con reglas transparentes y sin estar sujetas a la discreción de la administración de turno.
Hay mecanismos para dar previsibilidad y certidumbre a la apropiación y reparto de la renta durante toda la vida de la exploración y la explotación. Por ejemplo, utilizando como referencia de adjudicación un canon básico con una fórmula que aumente o baje ese canon en función de cómo evoluciona el valor de las reservas recuperables del yacimiento descubierto y puesto en producción. La nueva exploración será un punto de inflexión a la decadencia petrolera y permitirá apuntalar una estrategia de desarrollo económico y social.

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